Relaciones de Andalucía con la Unión Europea: Competencias, Participación y Comercio Interior
Relaciones con la Unión Europea
Desde la adhesión de España a la Unión Europea en 1986, junto a Portugal, la UE tiene un carácter político con matices constitucionales. Ello ha alterado la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (CCAA). Es necesario normativizar en qué grado participan las CCAA en la UE, tanto en sentido ascendente como descendente. La realidad europea no debe trastocar el reparto establecido en la Constitución.
Los nuevos Estatutos son muy europeístas, como el de Andalucía (artículo 50). La impregnación europea de los Estatutos autonómicos era absolutamente necesaria. Se establece la participación de las CCAA en la formación de las posiciones del Estado ante la UE tanto en su vertiente directa como indirecta.
Fase ascendente
La fase ascendente hace referencia al proceso de formación de la voluntad de los Estados miembros en el seno de la UE.
- Fase ascendente interna: posibilidad de participar en la formación de la posición estatal (artículo 130.2 y 3 del Estatuto de Andalucía). Cuando el Estado fije su posición, deberá justificarse en relación con los asuntos que afecten exclusivamente a la comunidad autónoma, y deberá comunicarse siempre en los términos que establezca la legislación estatal.
- Fase ascendente externa: posibilidad de que la comunidad autónoma participe en las delegaciones españolas que negocien o participen con la UE. Se prevé que la jefatura asuma la representación y presidencia.
Fase descendente
La fase descendente corresponde a la calidad, desarrollo y ejecución del Derecho de la Unión Europea en las materias de su competencia (artículo 235). En algunos casos se contemplan previsiones específicas respecto del ejercicio de las competencias ejecutivas o de las competencias de desarrollo legislativo de las normas europeas.
Participación en el control del principio de subsidiariedad
En la UE se pone en marcha un procedimiento normativo que deberá ir acompañado del principio de subsidiariedad. Se prevé la posibilidad de que los parlamentos nacionales, en un plazo de ocho semanas, puedan emitir un dictamen en el que se dé cuenta de la posible vulneración del principio de subsidiariedad. Se establece que incumbirá a cada cámara del parlamento consultar si procede a los parlamentos regionales que tengan competencia legislativa (artículo 237).
Competencia exclusiva en comercio interior
La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencias exclusivas en materia de comercio interior y defensa del consumidor y usuario, sin perjuicio de la política general de precios y de la legislación sobre la defensa de la competencia. Estas competencias deben ejercerse de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y la política monetaria del Estado. Las competencias autonómicas comprenden tanto la función normativa como la ejecutiva o de gestión.
Los poderes públicos, entre los que se incluyen, obviamente, las comunidades autónomas, tienen la obligación de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
Directiva de Servicios 2006/123/CE
En 2006 se creó la Directiva sobre la libertad de establecimiento y prestación de servicios de la UE. Se establece la necesidad de que los Estados miembros no pongan grandes trabas al establecimiento de superficies comerciales. El Estado central solo puede dictar una ley básica, y no dictar los contenidos. Cualquier norma de desarrollo debe ser aprobada en cada una de las CCAA, y podrían concretarse entonces elementos que completen la directiva.
La ley de 2010 en Andalucía modifica la ley de comercio interior y homologa el ordenamiento andaluz a la normativa comunitaria. Con esta ley desaparecen requisitos a la hora de autorizar el establecimiento de superficies comerciales.
Coordinación entre niveles normativos
Existe una norma directiva (2006), una ley estatal y una ley de desarrollo en Andalucía. Deben ponerse de acuerdo las tres. Esto está dictado por las normas comunitarias. Es una competencia exclusiva pero no excluyente, por lo que el Estado debe intervenir. Este caso es especial al entrar la UE en juego. Es imprescindible la cooperación, coordinación y colaboración entre las administraciones implicadas.