El Reinado de José I Bonaparte y la Cuestión Sucesoria en España

José I Bonaparte (1768-1844)

Adepto desde joven al ideario de la Revolución Francesa, fue proclamado por su hermano como rey de Nápoles (1806), y luego escogido para ocupar la corona de España. Gobernó con el texto constitucional de Bayona (1808). Sus apoyos estaban en sectores de las élites ilustradas: aquellos intelectuales, profesionales y también ricos hacendados que habían visto truncados sus proyectos de reforma del Antiguo Régimen, tras el derrocamiento de Godoy, y que vieron en el cambio dinástico la posibilidad de llevarlos a cabo (era el grupo al que se le denominó "afrancesados").

Gobernó España durante cuatro años. Además de aprobar el primer texto constitucional que hubo en España (obra de Napoleón Bonaparte), tomó importantes medidas para la administración de España, como la igualdad contributiva, la desamortización de bienes de conventos, la abolición de la jurisdicción señorial, de los mayorazgos, la supresión de aduanas interiores y la organización en departamentos provinciales, así como la articulación del poder municipal. Pero la acción reformista no alcanzó a consolidarse: José I no consiguió autonomía política de Napoleón, cuya administración obligaba a desviar gran parte de los ingresos de la Hacienda española para mantener las fuerzas de ocupación francesa. Intentó evitar que se llevaran a cabo los decretos napoleónicos que segregaban las provincias del norte del Ebro del gobierno de Madrid (1810). Además, siempre tuvo enfrente a la Junta Central y las guerrillas. Evacuó Madrid tras la batalla de Arapiles (1812), dirigió la batalla de Vitoria (1813), y tras su derrota volvió a Francia. Caído el Imperio marchó a Estados Unidos, y en 1841 a Florencia.

El Pronunciamiento

El término pronunciamiento fue utilizado por primera vez en el levantamiento del general Riego en 1820 y es una de las expresiones castellanas que han pasado a formar parte del vocabulario universal. Se trata de una sublevación o rebeldía, militar o civil, a través de la cual el jefe de una tropa o una institución se erige en portavoz de un sector social o estado de opinión representativo de la voluntad nacional y busca el apoyo de las fuerzas políticas y la opinión pública para lograr un cambio en la política del gobierno, o incluso la conquista directa del poder. No sólo usaron esta táctica los militares, sino también las fuerzas civiles como recurso para forzar un cambio de gobierno. De hecho, en 1835, 1836 y 1840 son las instituciones civiles, como los ayuntamientos de 1840, las que se pronuncian para cambiar el rumbo del gobierno.

Normalmente fueron acciones protagonizadas, en la mayoría de los casos, por militares que, implicados en una conspiración política, sacaban sus tropas a la calle y se pronunciaban por medio de arengas, bandos, proclamas o manifiestos donde explicaban las causas de su actitud y amenazaban con la utilización de la fuerza al tiempo que pedían la participación popular. Un pronunciamiento no es un golpe de Estado porque no busca el asalto directo del poder y tampoco es un cuartelazo porque no es sólo un movimiento militar, sino que es parte de una conspiración política con importantes apoyos cívicos. Los primeros pronunciamientos fueron protagonizados por liberales revolucionarios, como Porlier (1815), Lacy y Milans del Bosch (1817), Riego (1820), o Torrijos (1831). Otros hechos militares, a mitad de camino entre el pronunciamiento del primer liberalismo y un golpismo de nuevo cuño, fueron los de Diego de León (1841), O'Donnell (1854), Pavía (1874) o Martínez Campos (1874). El caso de 1868 sí que fue una amplia conjunción de fuerzas sociales en donde los militares fueron expresión instrumental de partidos, como en el caso de Serrano y Prim.

La Cuestión Sucesoria

El 18 de mayo de 1829 falleció la tercera esposa de Fernando VII, doña María Josefa Amalia. El rey vio inmediatamente la posibilidad de contraer un nuevo matrimonio y tener descendencia. La elegida fue su prima María Cristina de Borbón. La legalidad dinástica antes del matrimonio real era la siguiente: Felipe V, siguiendo la ancestral costumbre de los Borbones, había establecido la Ley Sálica mediante el Auto Acordado del 10 de mayo de 1713.

Las Cortes aprobaron el 30 de septiembre de 1789 la vuelta a "la costumbre inmemorial" plasmada en las Partidas por la que "si el Rey no tuviera hijo varón, heredará el Reino la hija mayor" y pasaron su acuerdo al Consejo de Castilla para que se siguiera el trámite de la publicación mediante una Pragmática. Sin embargo, por razones de índole exterior el gobierno decidió aplazar hasta otro instante más oportuno "la publicación de un acto que ya está completo en la sustancia". A comienzos de abril de 1830 Fernando VII mandó publicar en la Gaceta esta Pragmática Sanción. Con esta ley el infante don Carlos quedaba prácticamente excluido de la sucesión puesto que si el estado de buena esperanza en que se hallaba la reina María Cristina llegaba a buen fin el hijo o la hija que naciese sucedería directamente a Fernando VII.

Los efectos políticos de la publicación de la Pragmática Sanción fueron indudables. A partir de ese momento los realistas se opusieron manifiestamente a esta alteración de la ley sucesoria por el interés que tenían en que don Carlos llegara al trono, ya que con él veían factible unos la reforma que predicaban y otros la posibilidad de que no hubiera una solución de continuidad. Por su parte, los liberales no se opusieron a la modificación del orden de sucesión porque éste era el único camino para lograr sus esperanzas ya que eliminaban definitivamente a don Carlos y se abría la posibilidad de una minoridad lo que a la larga les daría un amplio margen de actuación.

El 14 de septiembre de 1832 a la enfermedad de la gota que padecía Fernando VII se le unió un fuerte catarro que llevó a los médicos de la corte a declarar que el Rey se hallaba en grave peligro de muerte. La reina, informada de la situación que podría crearse en el caso de la muerte del Rey entre la sucesión de su hija o evitar una guerra civil, eligió la segunda posibilidad, para lo que se preparó un decreto que debía permanecer en secreto hasta la muerte de Fernando VII, derogando la reciente Pragmática Sanción. Ante su esposa y los ministros que se encontraban en La Granja, el rey rubricó, de forma no violenta y con la pluma que había puesto en su mano la Reina, el decreto que previamente había leído en voz alta el ministro de Justicia Calomarde.

Como ocurre frecuentemente, el decreto que debía haberse mantenido en secreto, se convirtió en un secreto a voces, de tal forma que las noticias de la derogación sirvieron de acicate a los liberales que inmediatamente empezaron a desarrollar sus actividades y mover sus resortes con vistas a mantener la Pragmática Sanción por encima de todo para lo que empezaron a influir en la Reina. Una vez que el rey se restableció y que se contó con una fuerza militar adicta se cambió a todo el gobierno por uno nuevo presidido por el embajador de España en Londres don Francisco Cea Bermúdez. Don Carlos perdió con este gabinete la posibilidad de acceder directamente al trono español: se había llevado a cabo un auténtico golpe de Estado.

El nuevo gabinete ministerial, con el pleno apoyo de la reina María Cristina, se planteó dos objetivos fundamentales: hacerse con el poder a todos los niveles y resolver el problema planteado con la firma del decreto derogatorio de la Pragmática Sanción. El primer objetivo se logró sustituyendo cuidadosa y paulatinamente a todos los mandos militares y policiales que pudieran estar comprometidos con las ideas del infante don Carlos y desmontando los cuerpos de voluntarios realistas. Para proporcionar a la reina la fuerza que necesitaba en el caso de que los seguidores del infante intentaran actuar contra la situación nacida del golpe de estado, María Cristina concedió una amnistía general que supuso de hecho un pacto entre la reina y el liberalismo: la monarquía isabelina se asentaría con el apoyo de todos los liberales mientras que éstos realizarían sus ideales bajo la bandera de la legitimidad. El segundo objetivo tuvo dos fases bien diferenciadas. En la primera de ella se buscó a una cabeza de turco en la persona de Calomarde. Para llevar a cabo la segunda fase se esperó a dominar plenamente todos los resortes del país.

A las doce de la mañana del 31 de diciembre de 1832 el Rey declaró públicamente que el decreto por el que había derogado la Pragmática Sanción era nulo y de ningún valor, al mismo tiempo que tachaba a los que habían sido sus ministros de desleales, ilusos, embusteros y pérfidos, defectos en los que él había sido un auténtico maestro. Esta declaración hizo posible que la infanta Isabel fuese jurada heredera por unas Cortes restringidas en mayo de 1833.

El 29 de septiembre de 1833 Fernando VII murió "definitivamente" dejando como herencia a su hija Isabel una guerra civil que ensangrentaría el territorio español y las bases para poder establecer un nuevo régimen: el liberal.