El Reinado de Isabel II: Transición y Conflictos en la España del Siglo XIX

Introducción

Tras el regreso de Fernando VII a Madrid y el inicio de la Década Ominosa, se produjo una acentuada represión política por la que muchos liberales tuvieron que abandonar España. El hermano de Fernando, Carlos María Isidro, creía que Fernando VII era demasiado moderado, por lo que comenzó a organizar a los más radicales a su alrededor, produciéndose así sucesivas insurrecciones carlistas.

En mayo de 1830 se anunció el embarazo de la esposa de Fernando VII, María Cristina de Borbón. Un año antes, se había publicado la Pragmática Sanción, mediante la cual se derogaba la Ley Sálica, pudiendo así su hija heredar el trono. Aunque los sucesos de la Granja estuvieron a punto de impedir que esto ocurriese, al final Fernando VII muere y deja el trono a su hija Isabel II, con solo dos años, produciendo un clima de guerra civil en España.

1. La Regencia de María Cristina

1.1. El Régimen del Estatuto Real

Don Carlos María reclamaba la corona porque la Ley Sálica impedía a una mujer ocupar el trono, comenzando así la Primera Guerra Carlista. Se hizo inevitable el cambio de gobierno y, a pesar de que la regente no era propicia a las tesis de los liberales, tuvo que llamar a Martínez de la Rosa. Fue él quien concibió el Estatuto Real, una constitución con carácter de carta otorgada. Este estatuto, en realidad, era una convocatoria de Cortes con dos cámaras: el Estamento de Próceres y el Estamento de Procuradores. La soberanía era compartida entre las Cortes y el Rey. El sufragio era censitario, ya que solo podía votar una minoría con una renta elevada. Esta reforma constitucional no satisfacía ni a los liberales progresistas, que pedían mayor participación de la ciudadanía, ni a los absolutistas, a los que les parecía inaceptable la reforma, mientras que para los moderados esta reforma era suficiente.

1.2. Los Gobiernos Progresistas (1835-1837)

El Conde de Toreno sustituyó a Martínez de la Rosa en la presidencia del gobierno en 1835 y, durante su breve mandato, llevó a cabo importantes reformas junto con Mendizábal. Se produjeron levantamientos en algunas ciudades españolas, dando lugar a la creación de juntas locales para organizar el gobierno "revolucionario". Debido a estas "revoluciones" de carácter progresista, la regente llamó a Mendizábal, un liberal progresista, para formar gobierno.

Sin embargo, la situación política no se estabilizó. Se intentó un cambio de gobierno mediante un levantamiento por los progresistas y la Guardia Nacional se declaró en favor de la Constitución de 1812, que la Corona se negó a aceptar.

Como consecuencia, el 12 de agosto de 1837 se produjo la rebelión de un grupo de suboficiales, conocida como la "Sargentada de la Granja", que dio lugar al cambio de gobierno de signo progresista, en el que se restableció parte de la legislación de las Cortes de Cádiz y del Trienio sobre la propiedad señorial y desamortización, y sobre los gobiernos municipales. Los ayuntamientos pasaron a ser elegidos por sufragio universal masculino.

Sin embargo, la consecuencia más importante del motín de la Granja fue la convocatoria de unas Cortes que elaboraron una nueva constitución, la Constitución de 1837. Esta se diferenciaba de la Constitución de 1812 en que se reforzó el poder de la Corona (el poder legislativo estaba compartido entre las Cortes y el Rey, y la Corona tenía derecho de veto) y las Cortes pasaron a ser bicamerales (Congreso de los Diputados y Senado). Se mantuvo de la Constitución de 1812 la separación de poderes y la importancia a los derechos individuales. Además, la ley electoral de 1837 era de sufragio censitario y no universal masculino, por lo que, aunque esta fue una constitución de carácter progresista, en el fondo era moderada.