Reinado de Isabel II: Regencias, Guerras Carlistas y Evolución Política (1833-1876)
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El Reinado de Isabel II: Las Regencias, las Guerras Carlistas y la Transición al Liberalismo (1833-1876)
Las Guerras Carlistas
Tras la muerte de Fernando VII en 1833, se desató una lucha por el poder entre dos legitimidades enfrentadas. Este conflicto dio lugar al surgimiento de un Estado liberal que, hasta 1843, fue disputado por moderados y progresistas. El carlismo, un movimiento político antiliberal, buscaba entronizar a Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, con el objetivo de restablecer el Antiguo Régimen. Los partidarios de Carlos no reconocían a Isabel II como reina, considerando que la Ley Sálica no había sido debidamente abolida por la Pragmática Sanción de 1830. Su lema era "Dios, patria, rey y fueros".
La primera guerra carlista estalló tras el fallecimiento de Fernando VII. Don Carlos reivindicó sus derechos dinásticos en el "Manifiesto de Abrantes". Entre 1833 y 1835, se organizó un ejército carlista bajo la dirección del general Zumalacárregui, empleando tácticas de guerrilla y controlando las provincias vascas y Navarra. Un foco secundario apareció en la unión de Aragón, Valencia y Cataluña, liderado por el general Cabrera. Estos focos nunca se unificaron ni conquistaron ninguna capital, lo que les restó apoyo diplomático y social.
Entre 1836 y 1837, los carlistas organizaron expediciones militares, llegando a las puertas de Madrid. Sin embargo, la falta de respaldo popular les hizo desistir. También fracasaron en su segundo intento de tomar Bilbao, donde destacó la figura del general isabelino Baldomero Espartero. Desde 1838, los isabelinos, liderados por Espartero, recibieron los recursos necesarios para emprender una ofensiva victoriosa. Los carlistas, desmoralizados, se dividieron entre ultras (partidarios de continuar la guerra) y moderados (buscaban una solución pacífica). La superioridad de estos últimos condujo a la firma del Convenio de Vergara en Guipúzcoa, en agosto de 1839. Don Carlos, en contra del pacto, se exilió a Francia.
El problema del carlismo no se solucionó y permaneció vigente durante todo el siglo XIX. El nuevo Estado liberal provocó la reacción de varios sectores sociales, destacando la resistencia del campesinado a las nuevas formas productivas del capitalismo y el rechazo de los territorios forales al centralismo. Los carlistas continuaron reivindicando el trono por la vía militar.
Entre 1846 y 1849, se desarrolló la segunda guerra carlista, impulsada por el fracaso del planeado matrimonio entre Isabel II y Carlos VII (hijo de Carlos María Isidro). El enfrentamiento tuvo como principal escenario el campo catalán, aunque con un escaso desarrollo bélico. Los carlistas fueron fácilmente derrotados.
La tercera guerra carlista aprovechó la inestabilidad del Sexenio Revolucionario, iniciado por el exilio de Isabel II en 1868 y el nombramiento de Amadeo I de Saboya como rey en 1871. El líder carlista, Carlos VII, llegó a crear un Estado alternativo en los territorios forales. Resistieron hasta 1876, ya con Alfonso XII en el trono. Desde entonces, abandonaron las armas y buscaron reivindicar sus ideas mediante la política.
La Transición del Absolutismo al Liberalismo
Paralelamente a la primera guerra carlista, se inició la transición del absolutismo al liberalismo. No fue un cambio inmediato. Al principio, María Cristina se apoyó en ministros reformistas como Javier de Burgos, quien en 1833 estableció una división provincial similar a la actual, y Francisco Martínez de la Rosa, autor del Estatuto Real de 1834. En esta carta otorgada, la monarquía conservaba todo el poder, ya que las Cortes dependían de su autoridad.
El Estatuto Real no satisfizo a los liberales más exaltados. La Corona nunca ofreció el gobierno a los progresistas, por lo que estos recurrieron a pronunciamientos para acceder al poder. En 1836, un grupo de sargentos se sublevó en La Granja de San Ildefonso, irrumpiendo en el Palacio Real y obligando a María Cristina a restablecer la Constitución de Cádiz de 1812.
El Breve Periodo Progresista y la Constitución de 1837
Comenzó un breve periodo de dominio progresista, impulsando la ruptura con el Antiguo Régimen. Junto a la desamortización de Mendizábal en 1836, su obra más importante fue la Constitución de 1837. Esta constitución recogía las principales ideas del partido progresista: soberanía nacional, reconocimiento de derechos individuales, libre elección de los Ayuntamientos y la existencia de la Milicia Nacional. Era más conservadora que la de 1812, ya que las Cortes eran bicamerales y el sufragio era censitario.
El Retorno del Liberalismo Moderado y la Regencia de Espartero
Entre 1837 y 1840, el liberalismo moderado recuperó el poder gracias al apoyo de la regente. Su objetivo principal era derogar algunas medidas progresistas e imponer sus ideas: soberanía compartida entre Corona y Cortes, limitación de los derechos individuales y apoyo a los sectores sociales más ricos. En 1840, se aprobó una ley de ayuntamientos que otorgaba a la Corona el nombramiento de los ediles. Esto provocó un movimiento popular que logró el apoyo necesario para que María Cristina renunciara a la regencia y se exiliara.
Las Cortes eligieron a Baldomero Espartero, líder progresista, como nuevo regente. Aunque impuso medidas avanzadas como desamortizaciones y recortes de privilegios, aplicó métodos muy autoritarios. Esto le generó muchos enemigos entre civiles y militares. En 1843, el general Narváez, líder del Partido Moderado, protagonizó un pronunciamiento que obligó a Espartero a exiliarse.