El Reinado de Fernando VII y la Transición al Liberalismo en España (1813-1833)

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Sexenio Absolutista (1814-1820)

Con el Tratado de Valençay (1813), Napoleón devolvió la corona a Fernando VII, dando comienzo al Sexenio Absolutista. Este recibió presiones de los estamentos privilegiados y acabó reinstaurando el absolutismo para “mantener el orden del país” y desacreditó a las Cortes (Manifiesto de los Persas). Firmó el Decreto de Valencia con los militares para eliminar la Constitución de 1812 y sus reformas. Este recuperó las prácticas del Antiguo Régimen abolidas por los liberales, que fueron perseguidos junto a los afrancesados. Además, la agravada crisis económica tuvo un gran impacto en su reinado, pero comenzó a proponer soluciones que se llevarían a cabo posteriormente. La oposición liberal se basó en los pronunciamientos, llevados a cabo por sociedades secretas opuestas al régimen que trataron de conseguir apoyo militar para derrocar al monarca. El Pronunciamiento de Riego (1820) consiguió, con el ejército destinado a América, extenderse por varias ciudades y, además, el ejército enviado para frenarlo se acabó uniendo a la insurrección. Posteriormente, el rey juró la Constitución de 1812 y estableció un gobierno liberal en el que los militares comenzaron a tener influencia política.

Trienio Liberal (1820-1823)

Las Cortes del llamado Trienio Liberal (1820-1823) estaban divididas ideológicamente en:

  • Moderados doceañistas: apoyados por las élites y partidarios de reformar la Constitución de 1812 garantizando un mayor poder real.
  • Exaltados veinteañistas: una minoría que representaba al pueblo y su voluntad de imponer reformas liberales extremas.

Las Cortes abolieron de nuevo las leyes y prácticas del Antiguo Régimen y restauraron las libertades políticas. También crearon una Milicia Nacional para proteger al liberalismo. Además, trataron de elaborar una legislación (Código Civil, Penal) para reforzar la organización administrativa del Estado, pero no se completó por la brevedad del periodo. Además de la oposición del rey a estas mejoras por su capacidad de veto suspensivo, se produjo en el país un conflicto entre el gobierno moderado y las Cortes exaltadas, que llevaron a una crisis política. Los absolutistas fracasaron en su intento de restaurar el absolutismo por la fuerza, hasta que en 1823, Fernando VII fue ayudado por la Santa Alianza (ayuda europea externa) y se impuso como monarca absoluto, poniendo fin al Trienio Liberal.

Década Ominosa (1823-1833)

Durante la Década Ominosa (1823-1833), Fernando firmó el Manifiesto del Puerto de Santa María, con el que eliminó las propuestas liberales e impuso de nuevo las leyes y prácticas del Antiguo Régimen. El Gobierno nombrado por el monarca se centró en las modificaciones de carácter económico de la Administración. Se hicieron reformas hacendísticas para aumentar los ingresos reduciendo gastos e implementando la Ley de Minas, que reservaba las mejores tierras al Estado. Esta también garantizó la libertad del comercio, mejorando así el funcionamiento del mercado junto con la creación de organismos como el Banco de San Fernando o la Bolsa de Comercio. Ante estas reformas, los absolutistas de procedencia rural más extremistas trataron de rebelarse, pero fueron detenidos por la fuerza. Por otro lado, los liberales retomaron los pronunciamientos para intentar volver a imponer su ideología liberal.

La Cuestión Sucesoria

Cuando Fernando VII tuvo a su hija Isabel, anuló la Ley Sálica, que prohibía a la mujer acceder al trono, con una Pragmática Sanción. Los absolutistas, que apoyaban a Carlos María Isidro, se mostraron en contra de la medida y lucharon contra Isabel en las Guerras Carlistas, para evitar así el cambio del país hacia el liberalismo. Durante la Regencia de su madre, tras la muerte de Fernando, María Cristina firmó el Estatuto Real (1834) que aprobó un modelo de Estado a medio camino entre el absolutismo y el liberalismo.

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