El Reinado de Fernando VII: Absolutismo, Liberalismo y Guerras Carlistas

El Reinado de Fernando VII: Entre el Absolutismo y el Liberalismo (1814-1833)

El Retorno al Absolutismo (1814-1820)

El regreso de Fernando VII a España en 1814 marcó un punto de inflexión en la historia del país. Los absolutistas, la nobleza y el clero, vieron en su vuelta la oportunidad perfecta para desmantelar la obra de las Cortes de Cádiz y restaurar el Antiguo Régimen. Se organizaron y, a través del Manifiesto de los Persas, demandaron la restauración del absolutismo. Fernando VII, mediante el Real Decreto de 4 de mayo de 1814, anuló la Constitución de Cádiz y todas sus leyes, anunciando el retorno al absolutismo.

La monarquía procedió a la restauración de las instituciones del régimen señorial y de la Inquisición. Este giro hacia el Antiguo Régimen se vio favorecido por el contexto europeo, marcado por la derrota de Napoleón y el restablecimiento del viejo orden a través del Congreso de Viena y la creación de la Santa Alianza, que garantizaba la defensa del absolutismo.

Fernando VII y su gobierno se enfrentaron a la ardua tarea de reconstruir un país devastado por la guerra, con una agricultura en ruinas. Los gobiernos de la restauración del Antiguo Régimen fracasaron. Las elevadas pérdidas humanas y materiales arruinaron al campesinado. Además, la Hacienda Real entró en bancarrota debido a la falta de recursos económicos. El campesinado había dejado de pagar las rentas señoriales y las protestas se sucedían. La libertad de fabricación y de mercado había permitido el desarrollo de empresas. Gran parte de la burguesía reclamaba la vuelta al régimen constitucional.

Los gobiernos de Fernando VII fueron incapaces de dar respuesta a los problemas. La represión fue la única respuesta de la monarquía a las demandas políticas y sociales.

El Trienio Liberal (1820-1823)

En 1820, el comandante Rafael del Riego se sublevó y recorrió Andalucía proclamando la Constitución de 1812. La pasividad del ejército, la acción de los liberales en las ciudades y la neutralidad de los campesinos obligaron a Fernando VII a aceptar la Constitución. Se formó un nuevo gobierno que convocó elecciones a Cortes.

Se restauraron gran parte de las reformas de Cádiz, como la libertad de industria, la abolición de los gremios y de los mayorazgos. Se impulsó la liberación de la industria y el comercio, así como la libre circulación de mercancías. Se inició la modernización política y administrativa del país y se reconstruyó la Milicia Nacional.

La Década Ominosa y la Crisis Sucesoria (1823-1833)

Todas estas reformas provocaron la oposición de la monarquía. Fernando VII paralizó todas las leyes que pudo, recurriendo al derecho de veto que le otorgaba la Constitución. Los antiguos señores feudales se convirtieron en los nuevos propietarios, y los campesinos en arrendatarios que podían ser expulsados de las tierras si no pagaban. No se produjo una rebaja de impuestos y, en una economía todavía de autosuficiencia, resultaba muy difícil vender a buen precio. La nobleza y la Iglesia impulsaron la revuelta contra los gobernantes liberales y, en 1822, se alzaron partidas absolutistas.

Las tensiones también surgieron entre los propios liberales, que se dividieron en moderados (partidarios de reformas limitadas que no perjudicasen a las élites sociales) y exaltados (que planteaban la necesidad de reformas más profundas, favorables a las clases medias y populares). Sin embargo, el fin del régimen liberal no se debió a estas divisiones internas, sino a la intervención de la Santa Alianza, que invadió España y restauró a Fernando VII como monarca absoluto.

Se inició entonces una dura represión contra los liberales, con depuraciones en la administración y el ejército, y la persecución de los partidarios de las ideas liberales. Otro problema que acuciaba al monarca era la crisis económica, agravada por la pérdida definitiva de las colonias americanas. Esto forzó un mayor control del gasto público, y el rey buscó el apoyo del sector moderado de la burguesía financiera y comercial.

Esta actitud incrementó la desconfianza de los realistas, descontentos con el monarca porque no había restablecido la Inquisición y no actuaba de forma más contundente contra los liberales. En 1830, el nacimiento de Isabel, hija del rey, parecía garantizar la continuidad borbónica. Sin embargo, la Ley Sálica impedía el acceso al trono a las mujeres. María Cristina, esposa del rey, derogó la ley, abriendo el camino al trono a su hija y heredera.

El sector más ultraconservador, los carlistas, se negó a aceptar la nueva situación y presionó al monarca para que repusiera la Ley Sálica, que beneficiaba como candidato al trono a Carlos María Isidro, hermano del rey. Alrededor de Carlos se aglutinaron los partidarios del Antiguo Régimen, opuestos a cualquier forma de liberalismo. María Cristina comprendió que, para asegurar el trono a su hija, debía buscar el apoyo de los sectores liberales.

Fernando VII murió en 1833, reafirmando en su testamento a su hija Isabel como heredera del trono y nombrando gobernadora a María Cristina hasta la mayoría de edad de Isabel. El mismo día, Carlos María Isidro se proclamó rey, dando comienzo a la Primera Guerra Carlista.