El Reinado de Fernando VII: Absolutismo, Liberalismo y Conflicto Dinástico en España (1814-1833)
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Reinado de Fernando VII (1814-1833)
Restauración del Absolutismo (1814-1820)
Tras la Guerra de la Independencia, Fernando VII regresó a España. Aunque inicialmente debía jurar la Constitución de 1812 en Madrid, ante la desconfianza de los liberales, el monarca dilató su viaje. Los absolutistas, principalmente la nobleza y el clero, vieron en su regreso la oportunidad de restaurar el Antiguo Régimen y redactaron el Manifiesto de los Persas, un documento que solicitaba la vuelta al absolutismo. Fernando VII, apoyado por una parte de la población que lo aclamaba, traicionó sus promesas iniciales. Mediante el Real Decreto de 4 de mayo de 1814, anuló la Constitución y las leyes de las Cortes de Cádiz, restaurando el absolutismo.
Esta vuelta al Antiguo Régimen implicó la persecución de los líderes liberales, muchos de los cuales fueron ejecutados o forzados al exilio. Se restablecieron la Inquisición y las antiguas instituciones. En el contexto europeo, la derrota de Napoleón favoreció el auge del absolutismo y la creación de la Santa Alianza.
A partir de 1815, Fernando VII y su gobierno se enfrentaron a un país devastado por la guerra: la agricultura estaba arruinada, el comercio paralizado y las colonias americanas iniciaban sus procesos de independencia. La Hacienda se encontraba en bancarrota. Además, se produjo un cambio de mentalidad en varios grupos sociales: los campesinos se negaban a pagar las rentas señoriales, mientras que la burguesía y los empresarios demandaban la vuelta al régimen constitucional. Los gobiernos de Fernando VII fueron incapaces de solucionar estos problemas. La respuesta a los pronunciamientos militares liberales y a los amotinamientos del campesinado fue la represión.
El Trienio Liberal (1820-1823)
En 1820, el coronel Rafael del Riego, al frente de una compañía destinada a América, se sublevó y recorrió Andalucía proclamando la Constitución de 1812. La pasividad del ejército, la acción de los liberales y la neutralidad del campesinado obligaron a Fernando VII a aceptar la Constitución el 10 de marzo. Se formó un nuevo gobierno que convocó elecciones a Cortes, donde los liberales obtuvieron la mayoría. Se inició una importante obra legislativa, restaurando gran parte de las reformas de Cádiz.
Se impulsó la liberalización de la industria y el comercio, se abolió el diezmo y los gremios, favoreciendo el desarrollo de la burguesía. Sin embargo, estas reformas generaron la oposición de la monarquía. Fernando VII, que había aceptado el nuevo régimen a la fuerza, paralizó cuantas leyes pudo y conspiró contra el gobierno.
Las medidas liberales tampoco satisfacían plenamente a los campesinos, ya que no facilitaban el acceso a la tierra y mantenían la posibilidad de ser expulsados por impago. Los campesinos más pobres, incapaces de pagar las nuevas contribuciones, se sumaron a la agitación. La nobleza y el clero, perjudicados por la supresión del diezmo y la venta de bienes comunales, impulsaron la revuelta.
Además, surgieron tensiones entre los propios liberales, divididos en moderados (partidarios de reformas que no perjudicaran a la nobleza y la burguesía propietaria) y exaltados (que defendían reformas más radicales a favor de las clases populares).
La Década Ominosa (1823-1833)
La intervención de la Santa Alianza, a petición de Fernando VII, puso fin al régimen liberal. En abril de 1823, los Cien Mil Hijos de San Luis, un ejército francés, entraron en España y repusieron a Fernando VII como monarca absoluto. Aunque las potencias restauradoras consideraban necesarias algunas reformas moderadas en España, Fernando VII volvió a reprimir duramente a los liberales, que se vieron obligados a exiliarse. Se depuró la administración y se persiguió a los opositores.
El principal problema seguía siendo la Hacienda, agravada por la pérdida de ingresos de las colonias americanas. Fernando VII, sin atreverse a aumentar los impuestos a la nobleza, buscó la colaboración del sector moderado. Esto provocó el descontento de los ultraconservadores, que se agruparon en torno a Carlos María Isidro, hermano del rey, que hasta entonces no tenía descendencia.
Conflicto Dinástico
En 1830 nació Isabel, hija de Fernando VII, lo que desencadenó un conflicto sucesorio. La Ley Sálica, de origen francés, impedía reinar a las mujeres. Fernando VII, influido por su esposa María Cristina, derogó la ley mediante la Pragmática Sanción. Los carlistas, el sector más conservador de los absolutistas, se negaron a aceptarlo y presionaron al rey, ya enfermo, para que nombrara a su hermano Carlos como sucesor.
Se formaron dos bandos: alrededor de don Carlos, los partidarios del Antiguo Régimen y opuestos al liberalismo; y en torno a María Cristina, que buscaba apoyos para el trono de su hija, los liberales. María Cristina fue nombrada regente durante la enfermedad de su esposo y decretó una amnistía que permitió el regreso de los exiliados liberales.
En 1833 murió Fernando VII, reafirmando en su testamento a su hija Isabel, de tres años, como heredera del trono. La reina María Cristina fue nombrada gobernadora hasta la mayoría de edad de Isabel. El mismo día, Carlos se proclamó rey, iniciándose los levantamientos absolutistas en el norte de España y dando comienzo a la Primera Guerra Carlista.