Rehabilitación de Exterroristas: Reinserción Social y Seguridad Pública

El pasado 18 de junio se promulgó la Ley Nº 30794, la cual impide que personas que, tras cumplir su rehabilitación y condena por delitos graves, incluyendo el terrorismo, queden inhabilitadas para prestar servicios en el sector público. Ante esta situación, surge la pregunta: ¿Está de acuerdo con que los terroristas rehabilitados puedan ejercer cargos o funciones en el sector público? En mi opinión, los exterroristas deben demostrar un alejamiento constante de su ideología y se les debe prohibir asumir jefaturas, tanto en el ámbito público como privado. A continuación, se presentarán los argumentos que sustentan mi posición.

Mecanismos de Rehabilitación y Reinserción

El Estado debe adecuar mecanismos correctos de rehabilitación psicológica para asegurar que, además de arrepentidos, sus valores estén debidamente orientados y puedan volver a ser útiles a la sociedad. En primer lugar, Europa cuenta con programas de reinserción psicológica y moral, aunque algunos son cuestionados.

Ejemplos Internacionales de Programas de Reinserción

• Francia: Ofrece ayuda psicológica y monitoreo a exterroristas de entre 18 y 30 años, apoyándolos en aspectos educativos y laborales. Facilita su reubicación en entornos distantes y alejados de influencias fundamentalistas.
• España: Implementa un programa integral dirigido a personas condenadas por terrorismo y crimen organizado. Este programa busca que los reclusos conozcan su realidad social, reflexionen sobre su pasado y se integren a una sociedad democrática.
• Singapur: Posee un prestigioso programa de rehabilitación y reintegración de terroristas, con la participación activa de autoridades y la sociedad civil.
• Indonesia: Los condenados por terrorismo deben participar en un programa gubernamental de desintoxicación extremista antes de su liberación.

Evaluación y Normativa para el Sector Público

Asimismo, el Estado debe crear sistemas de monitoreo y evaluación para verificar el alejamiento de la ideología extremista. Debido al grave daño social causado, es necesario diseñar una normativa que establezca que estas personas juramenten voluntariamente no aceptar jefaturas en puestos públicos.

Por tanto, se requiere una nueva normativa y procesos para el sistema de rehabilitación y reinserción de aquellos criminales que han causado mayor daño a la sociedad. Esto evitaría el riesgo inherente de que asuman funciones de mando en el sector público o privado. Dado que el Perú pertenece a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no puede aplicar la pena de muerte, se debería perfeccionar el sistema de rehabilitación de ex criminales. De esta manera, se cumpliría también el espíritu de la Constitución Política del Perú, que busca reinsertar al condenado que, habiendo pagado su pena, se encuentra en condición de «rehabilitado».

Existe el riesgo de que estas personas recaigan en actos terroristas. Por ello, es fundamental reorientar su moral y que juramenten voluntariamente no asumir cargos de mando como funcionarios públicos. En caso contrario, si la Ley 30794 se aplicara estrictamente sin estas consideraciones, los ex terroristas quedarían excluidos de la sociedad, manteniendo el riesgo de reincidencia en los fundamentos de su ideología. No obstante, la propuesta planteada no contravendría la Constitución ni las leyes vigentes, y permitiría que la figura de la rehabilitación se complete de manera efectiva.

Conclusión

En conclusión, los exterroristas deben demostrar de manera constante su alejamiento de su ideología, y se debe evitar que asuman jefaturas públicas o privadas. Para ello, es necesario adecuar mecanismos correctos de rehabilitación psicológica, similares a los aplicados en Europa o el Sudeste Asiático. A su vez, se debe evaluar su conducta y su distancia de dicha ideología. Considerando el grave daño social causado, se debe diseñar una normativa que les exija juramentar voluntariamente no aceptar jefaturas en puestos públicos.

Todos los cambios normativos, si bien no tendrían carácter retroactivo, sentarían un precedente para establecer las bases de una sociedad más segura, coherente y madura, con miras al desarrollo. Esto es especialmente relevante al haber transcurrido casi 200 años de nuestra independencia como país libre.