Regulación jurídica de la televisión en España: normativa, jurisprudencia y evolución

Regulación jurídica de la televisión

Existe una falta de uniformidad a la hora de afrontar la regulación de los medios. En algunos sectores de la información (prensa, agencias) prima el principio de libertad de prensa del art. 38 de la CE; en la televisión, en cambio, está sometido a controles y no prima este derecho, sino una restringida libertad en cuanto a la gestión indirecta de los medios.

Se ve un excesivo control por parte del Estado sobre esto, posiblemente por la ausencia de un consenso entre fuerzas políticas sobre el modelo de medios de comunicación que se desea.

1.- Régimen jurídico de la televisión

No existe una verdadera televisión privada (hay gestión privada y limitada, pero no es totalmente privada). La regulación de la televisión en España es compleja por:

• Distintos ámbitos geográficos de regulación (desde la normativa de la UE a la descentralización española y las comunidades autónomas).
• Diversidad de televisión ofrecida (TDT, ondas hertzianas, satélite, cable), cada una con su regulación concreta.
• Esto da como resultado una multiplicidad normativa que hace difícil conocer la regulación jurídica.

a) Del pasado mosaico informativo al intento de corrección de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual

A continuación se explican las distintas normas jurídicas que han regulado la televisión en España:

• 1980 (UCD): Ley 4/1980 “Estatuto de Radio y Televisión” (la televisión es un servicio público esencial cuya titularidad corresponde al Estado).
• Ley 7/2010 reguladora del tercer canal de televisión. Por primera vez en la historia existen otros canales alternativos a la primera y segunda cadena, y se comienza a disfrutar de pluralidad informativa.
• Ley 31/1987 “Ordenación de las Telecomunicaciones”, modificada por la Ley 11/1998.
• Ley 10/1988 “Televisión Privada”, modificada. No es exactamente televisión privada, sino una concesión administrativa.
• 1989 “Televisión sin fronteras”: se incorpora al ordenamiento jurídico a través de la Ley 35/1992 “Televisión por satélite”, pero es modificada. A partir de esta norma, comienza a regularse la televisión en España según el cauce de emisión.
• 1995: se publica la única norma que contempla que hay un tipo de televisión (por satélite) que no se publica. Por ello, sí se puede hablar de un mercado libre en España: Ley 37/1995.
• 1997: Ley 66/1997, que afecta a Canal Digital y Vía Digital. Nuevamente se da una concesión para su gestión indirecta por entidades privadas.

No es fácil abarcar todo el itinerario normativo de la televisión.

b) La jurisprudencia constitucional sobre la materia

Destaca la STC 12/1982, de 31 de marzo (“Sentencia Antena TV”), porque verifica la consideración de la televisión como un “servicio público esencial”.

En primer lugar se plantea el problema de determinar en qué medida la Ley 4/1980 “Estatuto de Radio y Televisión” se opone a la televisión privada.

La clave se encuentra en el fundamento jurídico 4º de la sentencia, al afirmar el TC que la configuración de la televisión como servicio público se encuentra dentro de los poderes del legislador. Con esto quiere decir que caben dos tipos de televisión: pública y privada, y que esta elección es potestad del legislador.

Junto con esta sentencia destaca otra que conecta directamente con el fundamento jurídico 4º: la STC 127/1994, de 5 de mayo, que resuelve un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP, la Generalitat y el Parlamento vasco sobre televisión privada.

c) El contenido normativo básico

• La Ley del Tercer Canal de 1983 (derogada) daba cobertura legal a las televisiones autonómicas, regulando la gestión directa del servicio público de televisión a las comunidades autónomas.
• La Ley de Televisión Privada de 1988 (derogada) mantiene la configuración de la televisión como servicio público, pero precisa que la titularidad estatal del servicio no implica un régimen de exclusividad, sino que, por el contrario, la gestión puede ser realizada de forma directa por el Estado y de forma indirecta por particulares.
• A partir de 1995 aparecen leyes que regulan los cauces de transmisión.
• La Ley 32/2003 deroga la de 1998 y la actualiza con los nuevos avances tecnológicos. Tiene 8 títulos y 58 artículos.
• En junio de 2009 se aprueba la Ley de Medidas Urgentes en materia de Telecomunicaciones, que posibilita la fusión entre cadenas de televisión, siempre que estas no superen el 27% de la cuota de pantalla.
• Directiva 2007/65/CE de Servicios de Comunicación Audiovisual del Parlamento Europeo y del Consejo, incorporada al ordenamiento jurídico español. Establece las normas básicas en materia audiovisual, sin perjuicio de las competencias reservadas a las CC. AA. y a las entidades locales en sus respectivos ámbitos. Se centra en regular y coordinar el mercado audiovisual, en los prestadores públicos del servicio de comunicación audiovisual, y regula el régimen sancionador. Dicta que quedan derogadas cualesquiera disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a esta ley.

d) Especial referencia a la Ley 17/2006, de 5 de junio

Su estructura es sencilla, con solo 2 títulos, que regulan los principios básicos de la ley, el carácter estatal del servicio público y sus fines.

Se regula la nueva Corporación RTVE como sociedad mercantil estatal con especial autonomía, con forma de sociedad anónima y capital social de titularidad estatal, dividida en 2 sociedades mercantiles: Sociedad Estatal RTVE y Sociedad Estatal de Radio y Televisión.

Esta ley regula la aprobación de los mandatos-marco por las Cortes Generales para marcar a la Corporación RTVE sus objetivos generales de la función del servicio público que tiene encomendada (tiene vigencia de 9 años). Por último, se abordan las líneas estratégicas de contenidos, emisión y producción, y las obligaciones financieras.