Régimen Jurídico del Acto Administrativo: Invalidez, Sanciones y Recursos

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1. Invalidez de los Actos Administrativos

La invalidez se produce cuando el acto administrativo está viciado en alguno de sus elementos (subjetivo, objetivo o formal). Se considera como grado superior a la nulidad o anulabilidad la inexistencia del acto, y por debajo de ellas, la mera irregularidad no invalidante.

Nulidad absoluta o de pleno derecho (artículo 47.1)

Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los siguientes casos:

  • Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
  • Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
  • Los que tengan un contenido imposible.
  • Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta.
  • Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
  • Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
  • Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.

Anulabilidad (artículo 48)

Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

Transmisibilidad (artículo 49)

La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. Asimismo, la nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.

Conversión (artículo 50)

Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de este.

Convalidación (artículo 52)

La Administración podrá convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto para la retroactividad de los actos administrativos:

  • Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.
  • Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.

2. Sanciones Administrativas

Una sanción administrativa consiste en cualquier mal infligido por la Administración a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal, a resultas de un procedimiento administrativo y con una finalidad puramente represiva. Esto se cumple, por lo general, en el caso de las multas. Es importante señalar que las multas coercitivas son independientes de las que puedan imponerse en concepto de sanción, pues están adscritas a la potestad ejecutiva de la Administración.

Clases de sanciones

Además de las multas, las sanciones administrativas consisten habitualmente en la pérdida de derechos que el propio ordenamiento administrativo reconoce y reglamenta, y de los que priva justamente por su infracción. Pueden clasificarse en función de la relación que une al sancionado con la Administración:

  • Sanciones de policía general o de orden público: Competencia de las autoridades gubernativas generales.
  • Sanciones sectoriales: A cargo de la Administración especializada.
  • Sanciones que traen causa en una relación de supremacía especial: Concepto del que se ha abusado históricamente para burlar las garantías a que debe estar condicionado todo poder represivo. Destacan las sanciones funcionariales y corporativas (sanciones disciplinarias).

Graduación y principio de proporcionalidad

Como las sanciones administrativas pueden llegar a ser extraordinariamente graves, la jurisprudencia ha impuesto la vigencia del principio de proporcionalidad para limitar la inadmisible discrecionalidad de la Administración en la aplicación de las sanciones. La normativa obliga a las Administraciones Públicas a guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, e impone los siguientes criterios de proporcionalidad:

  • La existencia de intencionalidad o reiteración.
  • La naturaleza de los perjuicios causados.
  • La reincidencia por comisión, en el término de un año, de más de una infracción de la misma naturaleza.

Se incluye también la norma constitucional sobre la imposibilidad de que las sanciones administrativas pecuniarias en ningún caso impliquen, directa o indirectamente, la privación de libertad.

3. Recursos Administrativos

Recurso de alzada

  • Objeto: Resoluciones y actos de trámite que decidan directa o indirectamente sobre el fondo, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, o produzcan indefensión o perjuicio irreparable.
  • Órgano de interposición: Ante el mismo órgano que dictó el acto o ante el superior jerárquico del que dictó el acto.
  • Plazo de interposición: Si se trata de un acto expreso, un mes; si es un acto presunto, tres meses. La no interposición del recurso conlleva la firmeza del acto.
  • Resolución: Corresponde al superior jerárquico.
  • Plazo de notificación: Tres meses. Si no recae resolución expresa, se entenderá desestimado o estimado (según las reglas aplicables de silencio administrativo).

Recurso potestativo de reposición

  • Objeto: Actos que pongan fin a la vía administrativa. No cabe contra la resolución de un recurso de alzada.
  • Órgano de interposición: Ante el mismo órgano que dictó el acto.
  • Plazo de interposición: Acto expreso: un mes; acto presunto: tres meses.
  • Resolución: Corresponde al mismo órgano.
  • Plazo de notificación: Un mes. Contra la resolución de este recurso no cabe interponer nuevamente reposición.

Recurso extraordinario de revisión

  • Objeto: Actos firmes en vía administrativa cuando concurran las siguientes causas:
    • Error de hecho al dictarlos, derivado de los propios documentos incorporados al expediente.
    • Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución.
    • Que en la resolución hubieran influido documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme.
    • Que la resolución se hubiera dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho o violencia.
  • Órgano de interposición: Ante el mismo órgano que dictó el acto.
  • Plazo de interposición: Cuatro años desde la notificación de la resolución (en caso de error de hecho) o tres meses desde el conocimiento de los documentos o desde la firmeza de la sentencia.
  • Resolución: Corresponde al mismo órgano.
  • Plazo de notificación: Tres meses. Si no hay resolución expresa, se entiende desestimado.

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