Reformas Agrarias, Desarrollo Ferroviario y Guerras Carlistas en la España del Siglo XIX

El Impacto de las Reformas Liberales en la España del Siglo XIX

La Cuestión Agraria y la Desamortización

1. En el Antiguo Régimen, la agricultura era la fuente esencial de riqueza y a ella se dedicaba más del 80% de la población. Esta se encontraba sometida a un régimen señorial que les obligaba a entregar la mayor parte de sus rentas agrarias, manteniéndoles así en el límite de la supervivencia. La mayor parte de la tierra cultivable estaba fuera del mercado: la tierra no se podía comprar ni vender y debía transmitirse en herencia. Esto sucedía con las propiedades nobiliarias, que estaban vinculadas a la casa nobiliaria mediante el mayorazgo; y con las propiedades de la Iglesia y las comunales de los ayuntamientos, que estaban amortizadas (“tierras de manos muertas”). Los ilustrados del siglo XVIII, especialmente las Sociedades Económicas, consideraban el atraso agrícola como el mayor problema de la economía española: veían las trabas que impedían disponer de la propiedad (señoríos, mayorazgos y tierras muertas) como un obstáculo cuya eliminación era indispensable. En consecuencia, criticaron sistemáticamente el régimen señorial y los mayorazgos, las formas de propiedad de la Iglesia y la propiedad comunal. (cont1)

2. Así, los gobiernos liberales del siglo XIX, especialmente los progresistas, establecieron los nuevos principios de la propiedad privada y de la libre disponibilidad de la tierra. Para desmantelar el antiguo sistema de propiedad, emprendieron una reforma agraria que se llevó a cabo a partir de tres grandes medidas:

1. La abolición del régimen señorial: eliminó la jurisdicción señorial y la tierra pasó a manos del antiguo señor que se convirtió en el nuevo propietario. Muchos campesinos, ahora libres, pasaron a la condición de arrendatarios o jornaleros.
2. La desvinculación (supresión de mayorazgos): permitió a los propietarios poder vender libremente sus tierras, hasta entonces unidas a perpetuidad a la familia.
3. La desamortización de bienes eclesiásticos y municipales: que ya había sido usado por Godoy (1789), por José I (1808) y por las Cortes de Cádiz (1811-1813). Sin embargo, las más importantes fueron las de Mendizábal (1836) y Madoz (1855). (con2)

3. En 1835, el presidente Mendizábal disolvió las órdenes religiosas (excepto las dedicadas a la enseñanza y la asistencia sanitaria) y su patrimonio fue incautado por el Estado: ahora eran “bienes nacionales” y se incorporaban al mercado. Los bienes nacionalizados, mediante el decreto que estamos comentando, fueron puestos en subasta pública y adquiridos con dinero o títulos de deuda pública. Esta desamortización pretendía tres objetivos: obtener recursos para abastecer el ejército liberal, disminuir el déficit de la Hacienda y mejorar las finanzas reales, y forjar una clase de propietarios defensores del liberalismo. A más largo plazo, también debía favorecer el desarrollo de la agricultura, ya que los nuevos propietarios estarían dispuestos a introducir mejoras en las formas de producción y cultivo. (con3)

El Impulso del Ferrocarril y la Modernización Económica

4. La extensión de la red ferroviaria, en un país con un gran atraso de los transportes en relación con otros de Europa, es una de las acciones más importantes del gobierno progresista. Pero ello hubiera sido imposible sin dos leyes de ese mismo gobierno:

1. La nueva ley Desamortizadora de 1855, obra del ministro Pascual Madoz, cuyos ingresos fueron invertidos, en buena parte, en la red de ferrocarriles, considerada pieza clave para fomentar los intercambios y el crecimiento industrial del país.
2. La ley de bancos y sociedades de crédito (1856), considerada el punto de arranque de la modernización del sistema bancario español y de las sociedades de crédito destinadas a gestionar los negocios.

El tendido del ferrocarril se realizó en tres fases:

• 1844-1854: Las primeras empresas ferroviarias se crean con tecnología y apoyo económico extranjero. Antes de la ley que comentamos, sólo funcionaban 475 km de líneas férreas, entre ellas la de Barcelona-Mataró, inaugurada en 1848 y la de Madrid-Aranjuez (1851), además de otras relacionadas con la minería.

5. 1854-1866: fue el referente normativo de la construcción de la red y condicionó la historia económica de España en las décadas siguientes: en primer lugar, se consolidó una estructura radial de la red con centro en Madrid, con el deseo de consolidar un Estado centralizado, articulado a partir de la capital. En segundo lugar, se estableció un ancho entre carriles mayor que el de casi todas las líneas europeas, lo que obstaculizó los intercambios con el resto de Europa. El motivo de esta decisión fue técnico: instalar calderas de vapor más grandes, que aumentaran la potencia de las locomotoras para superar pendientes. La ley mayores.se autorizó a las compañías constructoras, mayoritariamente extranjeras, a importar libres de aranceles aduaneros todos los materiales utilizados en la construcción ferroviaria y, por ello, hasta 1887, la importación se realizó sin ningún gravamen. Esto se considera una oportunidad perdida para incentivar la industria española: la construcción del ferrocarril podría haber reportado un aumento de la demanda sobre el sector siderúrgico y de maquinaria, que aquí no tuvo lugar.

6. Se abrió una etapa de intensa construcción, durante la que se tendieron más de 5100 km en 10 años. La rapidez en la construcción y el enorme volumen de capitales movilizados -extranjeros en buena medida- se explica por las subvenciones que ofreció el Gobierno a las compañías ferroviarias por kilómetro de vía construida. Las principales compañías fueron:

1. La Compañía Madrid-Zaragoza-Alicante (MZA) con su banco, Sociedad Española Mercantil e Industrial de los Rothschild (Madrid-Alicante, 1858).
2. Los Ferrocarriles Andaluces, financiados por la Compañía General de Crédito, de A. Prost (Sevilla-Cádiz, 1861).
3. La Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, financiada por el Banco de Crédito Mobiliario, con capital francés de los Pereire (Madrid-Irún, 1864).

Desde 1866: La crisis financiera de 1866 puso al descubierto que los ferrocarriles producían unos beneficios muy escasos, lo que provocó el hundimiento de las acciones de ferrocarril en Bolsa y la paralización de las construcciones. A partir de 1873, se inició una nueva etapa constructiva, con la construcción de unos 3000 km más, aunque habían desparecido la mayoría de las compañías, permaneciendo tan solo la del Norte y la MZA.

Las Guerras Carlistas y la Cuestión Foral

7. El fin de la primera guerra carlista con el Convenio de Vergara y la ley de 25 de octubre de 1839, así como el posterior Decreto de Espartero de 1841, no marcaron el final del enfrentamiento entre carlistas y liberales. La inestabilidad política durante el Sexenio Democrático (1868-1874), y concretamente la llegada de Amadeo de Saboya, dan argumentos a los carlistas para volver a intentar una insurrección armada. Una parte de la oligarquía vasca (jauntxos) y las clases medias propietarias, inicialmente partidarios del liberalismo moderado, pero ahora asustadas por el contenido democrático y laico del nuevo régimen, se inclinan ahora por el carlismo como alternativa que defiende el orden, la religión, y, en menor medida, los fueros. En abril de 1872, una vez desaparecida Isabel II, los carlistas se sublevaron animados por las posibles expectativas de sentar en el trono a su candidato, Carlos VII, nieto del primer pretendiente. La insurrección fue un rotundo fracaso, por lo que en mayo se formó en Amorebieta una breve tregua, por la que el general Serrano daba una amnistía a los carlistas, a cambio de que depusieran las armas. Pero los carlistas, entre los que destacaba el cura Santa Cruz, aprovecharon para reorganizarse, agrupando un ejército de entre veinte y cuarenta mil hombres. (Con1)

8. En diciembre de 1872, se sublevaron de nuevo en el País Vasco, Cataluña, Aragón y Valencia, controlando toda la zona rural y Tolosa. En 1874, los carlistas iniciaron el sitio de Bilbao, que resistió los bombardeos hasta ser liberada por el general Concha. Los carlistas establecieron la capital en Estella y Durango, nombraron un Gobierno y crearon un boletín oficial, un Real Tribunal de Justicia, una Casa de la Moneda y una Universidad (Oñati). Asimismo, las Diputaciones y Ayuntamientos se organizaron bajo los principios forales y se recuperó el euskera como lengua propia. La Restauración borbónica a finales de 1874 en la persona de Alfonso XII provocó la pérdida de apoyo que católicos y conservadores habían dado inicialmente al pretendiente Carlos VII. En enero de 1876 se inició la ofensiva final contra el ejército carlista: las tropas de Martínez Campos tomaron Estella y se desplegaron hasta San Sebastián. El 27 de febrero, Carlos VII cruzaba la frontera francesa hacia el exilio y la guerra se dio por finalizada. El carlismo, derrotado militarmente, optaría por la lucha política, surgiendo una facción ultracatólica conocida como “los integristas”. (Con2)

9. La presión política contra los fueros era muy grande, ya que se consideraba que había sido la causa fundamental del estallido de la sublevación carlista. En ese contexto, las Cortes aprobaron la ley de 21 de julio de 1876, la llamada “ley de abolición foral”, pese a la oposición de los diputados vascos. Aunque el texto legal no habla de abolición de los fueros, la ley suprimía los privilegios vascos en relación con las quintas (servicio militar obligatorio) y con la contribución a la Hacienda por parte de estas provincias (impuestos), aun previendo la posibilidad de una autonomía fiscal y administrativa. (Con3)