La Reforma Agraria en la Segunda República Española: Contexto y Consecuencias

Naturaleza, carácter y descripción de las fuentes

El mapa es una fuente primaria de 1932 en la que se representa, por provincias, el porcentaje de fincas superiores a 200 hectáreas. El texto es otra fuente primaria legislativa, ya que se trata del artículo 44 de la Constitución de 1931, que aborda la expropiación de la riqueza privada para el servicio público. Ambos documentos son de carácter público y están destinados al pueblo español; el autor del primero es Pascual Carrión y el del texto son las Cortes Constituyentes de 1931.

La idea principal de estos documentos es la Reforma Agraria de la Segunda República. El mapa presenta el desigual reparto de la tierra, caracterizado por grandes latifundios pertenecientes a la oligarquía o a la Iglesia, que permanecían abandonados o explotados bajo estructuras del Antiguo Régimen. Esto contrastaba con la situación de los jornaleros, quienes vivían en condiciones de pobreza y semiesclavitud. Por su parte, el fragmento de la Constitución sostiene que toda la riqueza del país está subordinada a la economía nacional y afecta al sostenimiento de las arcas públicas.

Contexto Histórico

El texto se encuadra en 1931, tras la victoria de las candidaturas republicano-socialistas en las elecciones municipales y la posterior abdicación del rey Alfonso XIII. El Gobierno Provisional convocó elecciones a Cortes Constituyentes, cuyo resultado fue la victoria de los partidos de izquierda y los republicanos. Estas Cortes aprobaron una Constitución que declaraba a España como un país pacifista y de trabajadores, reconocía el derecho a las autonomías dentro de la unidad del Estado, la separación Iglesia-Estado y una amplia declaración de derechos, como el sufragio femenino. Asimismo, se reconocía la propiedad privada, aunque esta podía ser expropiada en caso de nacionalización o utilidad social.

El gobierno comenzó a realizar las reformas que consideraban necesarias para la modernización del país y la solución de los problemas tradicionales agravados por la Crisis del 29. Las principales reformas fueron:

• Reforma del ejército (Ley Azaña).
• Separación Iglesia-Estado y reformas educativas.
• Reformas laborales.
• Estatutos de autonomía.
• La Reforma Agraria, objeto de este estudio.

Todas ellas contaron con la oposición de grupos políticos y sociales que no habían aprobado la Constitución; unos por considerar inapropiadas las reformas y otros por considerarlas lentas y poco profundas.

Desarrollo y Aplicación de la Reforma Agraria

La Reforma Agraria fue una de las medidas centrales desarrolladas por el Bienio Reformista-Azañista, aunque fue aprobada sin consenso. Por ello, se redactó la Ley de Bases de la Reforma Agraria en 1932, que buscaba acabar con el reparto desigual de la propiedad de la tierra, reducir el paro en el campo, modernizar la agricultura y aumentar la producción y la renta agraria.

Esto suponía la expropiación forzosa de las grandes fincas, con o sin indemnización, y su reparto entre los campesinos sin tierra. Para poner en marcha la ley, se estableció el Instituto de Reforma Agraria (IRA).

Resultados, Oposición y Crisis del Gobierno

No obstante, la reforma agraria obtuvo escasos resultados debido a su lentitud, la falta de presupuesto, su complejidad técnica, la resistencia de los grandes propietarios, el escaso interés de algunos sectores republicanos y la gestión del ministerio correspondiente.

A pesar de los limitados resultados, se movilizaron campesinos en Andalucía, Extremadura y La Mancha, sobre todo jornaleros anarquistas, que ocuparon fincas pero fueron reprimidos por la Guardia Civil, produciéndose incidentes graves en Castilblanco y Casas Viejas.

A estos conflictos se sumaron el acoso de la patronal al gobierno de Manuel Azaña y las movilizaciones de la CNT. Además, surgió la oposición a la reforma religiosa por parte de los republicanos católicos, como Niceto Alcalá-Zamora, y el debate interno en el PSOE sobre su continuidad en el gobierno.

El avance de los radicales y de la CEDA en las elecciones municipales de 1933 llevó a Alcalá-Zamora a forzar la dimisión de Azaña y encargar a Alejandro Lerroux la formación de un nuevo gabinete. Finalmente, Alcalá-Zamora disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones generales para noviembre de 1933.