La Reforma Agraria en la II República Española: Contexto, Desafíos y Legado de la Ley de Azaña
español con un tamaño de 4,46 KBContexto Histórico de la Ley de Bases de la Reforma Agraria (1932)
El presente documento es un fragmento de la Ley de Bases de la Reforma Agraria, decretada por el gobierno republicano-socialista de Manuel Azaña durante el Bienio Progresista (1931-1933) de la II República Española. Se trata de una fuente primaria fundamental para el estudio y de un texto político-jurídico cuyo objetivo era delimitar las acciones y supuestos que se tendrían en cuenta para la puesta en funcionamiento de la reforma agraria.
La II República y las Reformas de Azaña
La Ley de Bases de la Reforma Agraria se aprobó en el Parlamento español en septiembre de 1932 y constituye uno de los ejes fundamentales de las reformas impulsadas por el gobierno de Azaña en ese período. Este gobierno, elegido en junio de 1931 tras la proclamación de la II República en abril del mismo año, había iniciado una serie de cambios, logros democráticos y conquistas sociales sin precedentes en la historia de España. Así, junto a la Constitución aprobada en diciembre de 1931, se acometieron:
- La reorganización del ejército.
- La separación entre Iglesia y Estado.
- La promoción de la educación pública.
- La protección laboral.
- Medidas profundas y radicales sobre la distribución de la propiedad agraria.
Desafíos de la Reforma Agraria en España
El texto final de la ley se aprobó en septiembre de 1932, un mes después del fallido intento de golpe de Estado de Sanjurjo y con los ánimos renovados tras el fracaso de aquel complot para malograr la República. De todas las reformas iniciadas, la agraria era la más esperada y también la más difícil. El problema de la tierra en España no tenía fácil solución por varias razones:
Complejidad de la estructura de la propiedad
Existía un predominio de valores extremos (latifundios y minifundios) y marcadas diferencias regionales: abundancia de minifundios en el norte y dominio de la gran propiedad en el sur.
Fracaso de intentos previos
A pesar de los intentos de reforma agraria desde finales del siglo XVIII, todavía quedaba todo por hacer.
Fuerte oposición política y social
Era prácticamente imposible distribuir tierras sin generar una fuerte oposición, máxime si se consideraba que las mayores extensiones de tierra no estaban en manos de la Iglesia, la nobleza o propietarios extranjeros, sino en manos de la burguesía, plenamente integrada en la estructura de la Nación y que constituía una base sólida.
Por ello, cualquier reforma agraria planteada, por moderada que fuese, sería percibida por los propietarios como una revolución expropiadora. Así, la cuestión de la tierra se convirtió en uno de los ejes del conflicto durante la República y acabó siendo un componente sustancial de la violencia política durante la Guerra Civil Española.
Disposiciones Clave de la Ley
La Ley de Bases de la Reforma Agraria establecía la expropiación, sin indemnización, de las tierras de los Grandes de España y, con indemnización, de las grandes fincas no cultivadas directamente por los propietarios, las deficientemente cultivadas y las no regadas en zonas de regadío.
Aplicación y Limitaciones del Instituto de Reforma Agraria (IRA)
Su aplicación fue llevada a cabo por el Instituto de Reforma Agraria (IRA), que entregaba las tierras a las juntas provinciales para su distribución individual o colectiva. Sin embargo, el alcance de la ley fue limitado, ya que los gobernantes siempre temieron la resistencia de los propietarios y los efectos de una auténtica transformación social en el campo. Diversos factores contribuyeron a una ineficaz aplicación de la reforma:
- La división de opiniones entre los partidos políticos.
- La oposición de los propios afectados.
- La complejidad intrínseca de la ley con todos sus supuestos.
- La falta de presupuesto para las indemnizaciones.
- El carácter burocrático del IRA y sus carencias técnicas.
Esto, a su vez, generó la oposición y el descontento del campesinado hacia el gobierno de Azaña, evidenciando las profundas dificultades de implementar una reforma tan ambiciosa en un contexto de alta polarización social y política.