Recurso de Amparo: Protección de Derechos Constitucionales en Argentina

Recurso de Amparo

El recurso de amparo es una acción o un recurso, dependiendo de la legislación del país de que se trate, que tutela los derechos constitucionales del ciudadano. Este recurso es conocido y fallado por un tribunal específico, como un Tribunal Constitucional, Corte Suprema, o bien un juez de tribunal ordinario, según lo dispuesto en la legislación procesal de cada país. El amparo cumple una doble función: de protección al ciudadano en sus garantías fundamentales y a la propia constitución al garantizar la inviolabilidad de sus preceptos, ya sea por normas generales contrarias a dichos preceptos o por actos de autoridad que vulneren el contenido o los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

Tipos de Amparo

Según el Derecho procesal de cada país, el amparo puede garantizarse a través de:

• Acción jurisdiccional: El amparo consiste en proteger, de modo originario, todos los derechos diferentes a los que se encuentren regulados especialmente por la misma constitución o por una ley especial con rango constitucional. El amparo tiende a garantizar cualquiera de los demás derechos fundamentales que no se encuentren regulados especialmente.
• Recurso procesal: El amparo es una garantía procesal añadida para el ciudadano. Si bien cualquier órgano judicial tiene la obligación de hacer cumplir la legislación, cuando se haya finalizado la vía judicial ordinaria y el ciudadano estime que se han vulnerado sus derechos fundamentales, podrá interponer un recurso de amparo ante el órgano judicial competente.

Contexto del Recurso de Amparo en Argentina

Antes del año 1957, en la República Argentina no existía esta acción hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación la introdujo en el caso Siri, con el antecedente del caso San Miguel de 1950, con fallo en disidencia del Dr. Tomás D. Casares. Al año siguiente, el caso Kot añadió nuevos elementos de procedencia del amparo. Es entonces, a partir del año 1957, sin existir ley alguna en el orden federal, que el amparo quedó reconocido -pretorianamente- como una garantía arraigada en la Constitución Nacional.

Desarrollo Legal del Amparo

En 1966, se dicta la ley 16.986, sobre amparo contra actos estatales, y en 1968, por la ley 17.454, se incorporó al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación el amparo contra actos de los particulares. Finalmente, la acción de amparo recibió rango constitucional cuando fue introducida en la Constitución Nacional en la reforma de 1994, creándose un Segundo Capítulo en la Primera Parte de la misma, titulado Nuevos derechos y garantías.

¿Qué es y cuándo se aplica un recurso de amparo?

El amparo es una acción o un recurso, dependiendo de la legislación del país de que se trate, que tutela los derechos constitucionales del ciudadano. Este recurso es conocido y fallado por un tribunal específico, como un Tribunal Constitucional, Corte Suprema, o bien un juez de tribunal ordinario, según lo dispuesto en la legislación procesal de cada país. El amparo cumple una doble función: de protección al ciudadano en sus garantías fundamentales y a la propia constitución al garantizar la inviolabilidad de sus preceptos, ya sea por normas generales contrarias a dichos preceptos o por actos de autoridad que vulneren el contenido o los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

Consideraciones sobre el Amparo

Como acción, el amparo consiste en proteger, de modo originario, todos los derechos diferentes de la libertad física o ambulatoria (estos se encuentran protegidos específicamente por el habeas corpus). Así como el habeas corpus garantiza el ejercicio de la libertad física o ambulatoria, el amparo tiende a garantizar cualquiera de los demás derechos fundamentales. De modo que puede recurrir a esta acción quien se vea privado de ejercer cualquiera de los derechos reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución, una ley o, en su caso, en tratados internacionales.

Como recurso, el amparo es una garantía procesal añadida para el ciudadano. Si bien cualquier órgano judicial tiene la obligación de hacer cumplir la legislación, cuando se haya finalizado la vía judicial ordinaria y el ciudadano estime que se han vulnerado sus derechos fundamentales, podrá interponer un recurso de amparo ante el órgano judicial competente.