El Proceso de Desamortización de Mendizábal: Contexto, Causas y Objetivos

La Desamortización Eclesiástica de Mendizábal

Hecho Histórico

La Desamortización Eclesiástica de Mendizábal. El 19 de febrero de 1836 se declaraban en venta todos los bienes nacionalizados pertenecientes al clero regular, y los fondos obtenidos se destinaban al pago de la deuda pública. Sus objetivos declarados eran: ganar la guerra, restaurar la confianza en el crédito del Estado, hacer una reforma en la Hacienda, liberalizar la economía creando un tipo de propiedad privada y favorecer el desarrollo de la industria y el comercio.

Sus objetivos fundamentales eran: sanear la Hacienda reduciendo la deuda, conseguir el acceso a la propiedad privada de sectores campesinos y burgueses, y crear un sector social de nuevos propietarios vinculados al régimen liberal.

El método de venta de los bienes se realizaba mediante pública subasta. Si el pago se efectuaba con títulos de deuda pública, estos se aceptaban con un descuento del 10% sobre su valor nominal; si el pago era en efectivo, el descuento era del 5%.

La formación de los lotes para subasta se dejó en manos de los ayuntamientos, que tendieron a formar lotes de grandes propiedades, lo que dejaba fuera de la puja a los pequeños y medianos propietarios.

Con todo ello, se desamortizó aproximadamente el 62% de las propiedades de la Iglesia.

Contexto Histórico de la Desamortización

La Desamortización de Mendizábal sucedió a nivel nacional durante la regencia de María Cristina, en el proceso de construcción del Estado Liberal y con grandes cambios de gobiernos progresistas y moderados, y en el desarrollo de la Primera Guerra Carlista.

A nivel internacional, estos acontecimientos sucedieron durante la Europa de la Restauración y bajo la influencia de la Segunda Revolución Liberal Burguesa de 1830 en nuestro país.

Causas de la Desamortización

Ya en el reinado de Carlos III apareció la crítica a la amortización, y en 1795, bajo el gobierno de Godoy, se inició la desamortización de bienes eclesiásticos de instituciones benéficas.

Durante la Guerra de la Independencia, el gobierno de José I y las Cortes de Cádiz realizaron una legislación paralela de supresión de conventos y órdenes religiosas.

En el Trienio Liberal se aprobó el Decreto de supresión de monacales en 1820 y se emprendió la desamortización de bienes de propios y baldíos de los municipios. Pero en 1823, con el retorno del régimen absolutista con Fernando VII, se obligó a restituir los bienes vendidos, lo que provocó la indignación de los compradores.

A lo largo de la regencia de María Cristina, el proceso de desamortización se precipitó debido a la Guerra Carlista, que obligaba al Estado a obtener recursos; al clima anticlerical frecuente en los años 1834 a 1836; y a que los antiguos compradores de los bienes desamortizados en el Trienio Liberal presionaban al gobierno para que les devolvieran sus bienes.

Finalmente, de los 2000 conventos existentes, solo subsistieron 300.