Procedimiento abreviado y juicio rápido en el proceso penal español: diligencias previas, sobreseimiento, fianza y derechos del detenido
La conclusión de las diligencias previas
A diferencia de lo que sucede en el procedimiento ordinario por delitos graves, en el procedimiento abreviado no existe una resolución equivalente al auto de conclusión del sumario. Por tanto, no hay auto de conclusión de las diligencias previas, sino que estas terminan mediante alguna de las 5 resoluciones previstas en el art. 779 LECrim, que deben adoptarse en forma de auto:
→ La primera posibilidad es que proceda el sobreseimiento. Dentro de este supuesto cabe distinguir 3 tipos de resoluciones en función a la interpretación que haga el juez instructor:
- Si considera que el hecho no constituye infracción penal, acordará de oficio el sobreseimiento libre.
- Si el hecho es constitutivo de infracción penal, pero se estima que no aparece suficientemente justificada su perpetración, acordará también de oficio el sobreseimiento provisional.
- Si, aun siendo el hecho aparentemente delictivo, no existe autor conocido, acordará también de oficio el sobreseimiento provisional.
→ El auto de sobreseimiento debe notificarse a la víctima, que podrá recurrirlo aunque no se hubiera personado en la causa, en el plazo legalmente previsto (20 días).
→ Si el hecho investigado fuera constitutivo de delito leve (no hay fase de instrucción en los delitos leves), ordenará la remisión de la causa al juez competente, cuando no le corresponda a él el enjuiciamiento.
→ Si el hecho estuviera atribuido a la jurisdicción militar, se inhibirá a favor del órgano competente. Si todos los investigados fuesen menores de edad, se dará traslado de lo actuado al Fiscal de Menores, para que inicie los trámites de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.
→ El auto de transformación o auto de motivación para el procedimiento abreviado: cuando el hecho investigado constituya alguno de los delitos del art. 757 LECrim (delitos que han de enjuiciarse por los trámites del procedimiento abreviado) y exista autor conocido, el juez dará paso a la fase intermedia del procedimiento abreviado. Esta resolución, en la práctica, recibe el nombre de auto de transformación y ha de contener la determinación de los hechos punibles objeto del proceso y la identificación de la persona a la que se imputan. Además, solo podrá adoptarse si se ha tomado declaración a dicha persona en el marco de la «primera comparecencia» regulada en el art. 775 LECrim. En esa comparecencia, en primer lugar, se informa al investigado de sus derechos, especialmente de los reconocidos en el art. 118.1 LECrim, y si lo desea, que designe domicilio en España o persona que reciba las notificaciones, con la advertencia de que ese domicilio o persona permitirá la celebración del juicio en ausencia del investigado siempre que se den el resto de requisitos del art. 787 LECrim. En segundo lugar, el juez instructor debe informarle de los hechos que se le imputan y recibirle declaración sobre ellos. Además, el investigado tiene derecho a entrevistarse reservadamente con su abogado antes y después de declarar. Cuando del resultado de las diligencias de investigación se produzca algún cambio relevante en el objeto de la imputación, el juez deberá informar de ello al investigado de forma bastante para permitir el pleno ejercicio de su derecho de defensa.
→ La transformación del procedimiento abreviado en diligencias urgentes: la 5.ª resolución recogida en el art. 779 establece que si el investigado, asistido de su abogado, reconoce los hechos en presencia del juez y estos son constitutivos de delito castigado con pena dentro de los límites del art. 801 LECrim, el juez mandará convocar inmediatamente al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que manifiesten si formulan escrito de acusación con la conformidad del acusado. En caso afirmativo, incoará diligencias urgentes y ordenará la continuación de las actuaciones por los trámites previstos en los artículos 800 y 801.
Requisitos para la celebración del juicio en ausencia del acusado
El art. 787.1 LECrim establece una serie de requisitos que permiten la celebración del juicio en AUSENCIA DEL ACUSADO:
- Que el acusado haya sido citado personalmente o en el domicilio o persona que haya designado a tal efecto en fase de instrucción.
- Que, a pesar de haber sido citado en forma, no haya comparecido sin alguna justificación.
- Que el Ministerio Fiscal u otra parte acusadora solicite la continuación del proceso.
- Que sea oída la defensa del acusado (que, por tanto, ha debido comparecer).
- Que el juez o tribunal entiendan que existen elementos suficientes para celebrar la vista y juzgar al acusado.
- Que la pena más grave solicitada no exceda de 2 años de privación de libertad, que no exceda de 6 años si se trata de pena de distinta naturaleza, o que se trate de pena de multa cualquiera que sea su cuantía o duración. Si son varios los delitos enjuiciados y se ha solicitado respecto de varios de ellos penas privativas de libertad, la suma total de las penas solicitadas no puede exceder de 5 años.
El principio de oportunidad reglada
En los juicios por delitos leves rige la forma de oportunidad reglada, regulada en los arts. 963.1 y 964 LECrim. Esto significa que, en determinados delitos leves, el procedimiento puede cerrarse sin llegar al juicio si así lo solicita el Ministerio Fiscal.
Recibida la denuncia o el atestado, el juez deberá (el juez está vinculado si se dan los requisitos) acordar el sobreseimiento y archivo de las actuaciones cuando lo solicite el Ministerio Fiscal y concurran 2 requisitos:
- Que el hecho denunciado sea de muy escasa gravedad, atendiendo a la naturaleza del hecho, sus circunstancias y las personales del autor;
- Y que no exista un interés público relevante en la persecución del hecho.
La ley añade una precisión importante: en los delitos leves patrimoniales, se entenderá que no existe interés público relevante cuando se haya procedido a la reparación del daño y no exista denuncia del perjudicado.
La fianza
La fianza se acuerda mediante auto. El presupuesto para su adopción aparece en el art. 589 LECrim, conforme al cual la fianza se podrá acordar desde que existan indicios de criminalidad contra una persona. Este artículo establece además que la fianza no puede bajar en cuanto a su cuantía de la tercera parte del importe probable de las responsabilidades pecuniarias. Por tanto, la fianza sirve para garantizar anticipadamente el eventual pago de la responsabilidad civil, de la multa y de las costas.
Además, todas las diligencias relativas a fianzas y embargos se tramitan en pieza separada, conforme al art. 590 LECrim. Esto significa que se documentan y sustancian en un conjunto procesal separado del principal, aunque conectado con él.
Las modalidades de la fianza aparecen reguladas en el art. 591 LECrim. La fianza puede ser personal, pignoraticia (prenda) o hipotecaria, o prestarse mediante caución. A su vez, la caución tiene 3 variantes: puede constituirse en dinero efectivo, mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito, o por cualquier otro medio que, a juicio del juez o tribunal, garantice la inmediata disponibilidad de la cantidad de que se trata.
El auto en el que el juez califica la suficiencia de la fianza es susceptible de recurso de apelación, conforme al art. 596 LECrim.
Ámbito de aplicación de los juicios rápidos
El art. 795 LECrim es el precepto más importante para determinar el ámbito de aplicación de los juicios rápidos, ya que establece los requisitos que deben concurrir para que pueda seguirse esta clase de proceso. Estos requisitos son acumulativos, de manera que no basta con que concurra uno solo, sino que deben darse todos a la vez:
- Existen límites penológicos. Solo podrá seguirse este procedimiento respecto de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de 5 años, o con cualesquiera otras penas, únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de 10 años, así como con pena de multa cualquiera que sea su cuantía.
- Es necesario que el proceso se haya incoado en virtud de atestado policial.
- Que el investigado esté a disposición del juez de guardia, ya sea porque la Policía Judicial lo ha detenido o porque, sin haberlo detenido, lo haya citado (la Policía Judicial) para comparecer ante el juez de guardia en calidad de denunciado en el atestado policial.
- Debe concurrir alguna de estas 3 circunstancias:
- Que se trate de un delito flagrante: el delito flagrante es aquel que se está cometiendo o acaba de cometerse cuando el delincuente es sorprendido en el acto. Se entiende sorprendido en el acto: el delincuente detenido en el momento de cometer el delito, el detenido o perseguido inmediatamente después, o el que es sorprendido con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación.
- Que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumiblemente sencilla, aunque no sea flagrante (art. 795.1).
- Con independencia de lo anterior, que se trate de alguno de los delitos enunciados en el art. 795.1.2.ª. Hay 8 tipos de delitos que el legislador considera que deben ser enjuiciados por la vía de los juicios rápidos:
- Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a que se refiere el art. 173.2 CP (violencia doméstica).
- Delitos de hurto, de robo y de hurto y robo de uso de vehículos.
- Delitos contra la seguridad del tráfico.
- Delitos de daños del art. 263 CP.
- Delitos contra la salud pública del art. 368 y ss. CP.
- Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial, previstos en los arts. 270, 273, 274 y 275 CP.
- Delitos de allanamiento de morada del art. 202 CP.
- Delitos de usurpación del art. 245 CP.
No obstante, existen 2 límites negativos importantes: no procederá el juicio rápido cuando el delito que reúna estos requisitos sea conexo con otro que no los cumpla, si ambos han de enjuiciarse conjuntamente; en ese caso, la causa deberá seguirse por los trámites del procedimiento abreviado u ordinario. Tampoco procede cuando sea necesario acordar el secreto de las actuaciones, pues ello es incompatible con la idea de una instrucción breve, sencilla y concentrada.
Las diligencias urgentes
Las diligencias urgentes son el nombre que recibe la fase de instrucción del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos (juicios rápidos). Una vez que la Policía Judicial ha concluido sus actuaciones preparatorias, remite el atestado al juez de guardia, acompañado de los objetos, instrumentos y pruebas que procedan, poniendo además a disposición judicial al detenido, si lo hubiere. Recibido el atestado, el juez debe decidir si procede la incoación del procedimiento especial y, en caso afirmativo, dictará auto incoando diligencias urgentes, resolución que es irrecurrible. Estas diligencias han de practicarse con la participación activa del Ministerio Fiscal.
Las diligencias de investigación que pueden practicarse con carácter urgente aparecen enumeradas en el art. 797.1 LECrim:
- Pedir por el medio más rápido los antecedentes penales del investigado.
- Pedir los informes periciales que hubiera solicitado la Policía Judicial, si todavía no se hubieran recibido.
- Ordenar que el médico forense examine a las personas que hayan comparecido cuando esto sea pertinente y proporcionado en función del delito.
- Tomar declaración al detenido o al investigado no detenido que haya comparecido por haber sido citado por la Policía Judicial (denunciado). Durante esta declaración, el detenido/investigado debe estar asistido por abogado; si no designa uno de libre elección, deberá procederse a la designación de letrado de oficio. Si el investigado, debidamente citado, no comparece, el juez podrá incluso acordar su inmediata detención. (SIEMPRE)
- Tomar declaración a los testigos citados por la Policía que hayan comparecido. Si alguno de ellos no comparece, el juez podrá ordenar que sea traído por los agentes de la autoridad y aplicar las consecuencias legales previstas en el art. 487. (SIEMPRE)
- Informar de sus derechos a los ofendidos y perjudicados por el delito. (SIEMPRE)
- Practicar el reconocimiento en rueda del investigado, cuando sea procedente.
- Ordenar los careos que el juez considere convenientes.
- Ordenar la citación de otras personas cuya declaración estime necesaria, con la particularidad de que no podrá citarse a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuya declaración conste ya en el atestado, salvo que excepcionalmente se considere imprescindible su comparecencia.
- Acordar la práctica de cualquier otra diligencia pertinente que pueda llevarse a cabo en el acto o durante el servicio de guardia.
- Acordar la práctica de prueba preconstituida, prevista en el art. 797.2 LECrim. La regla general en el proceso penal es que la prueba debe practicarse durante el juicio oral, pero excepcionalmente puede practicarse antes cuando exista un riesgo razonable de que esa prueba no pueda llevarse a cabo en el juicio o de que su ausencia pueda provocar la suspensión de la vista. En estos casos, el juez de guardia la practicará de forma inmediata, asegurando siempre la contradicción de las partes. Esta diligencia deberá documentarse en soporte apto para la grabación y reproducción de imagen y sonido, o mediante acta autorizada por el LAJ, y podrá ser valorada como prueba en el juicio oral si la parte interesada solicita expresamente la reproducción de la grabación o la lectura del acta.
Los derechos del detenido
Los derechos del detenido tienen una importancia capital. Su base constitucional se encuentra en el art. 17 CE, y su regulación detallada aparece en el art. 520 LECrim, que regula los derechos del detenido y también del sujeto sometido a prisión provisional.
Entre los principales derechos del detenido destacan los siguientes:
1.º Derecho a que la detención se practique de la forma que perjudique lo menos posible al detenido en su persona, reputación y patrimonio. Debe ejecutarse de forma digna y evitando perjuicios innecesarios.
2.º Derecho a ser informado de forma inmediata, por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible y en una lengua que comprenda, de los hechos que se le imputan, de las razones de su detención y de sus derechos. En la práctica, estos derechos no solo se le explican oralmente, sino que también se le entregan por escrito para que el detenido los firme.
En concreto, los derechos que le asisten como detenido y de los que debe informársele son los siguientes:
- Derecho a guardar silencio, a no contestar a alguna o algunas preguntas que se le formulen o a manifestar que solo declarará ante el juez.
- Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
- Derecho a designar abogado y a ser asistido por él sin demora injustificada. Este derecho comprende varias facultades concretas:
- Puede designar abogado de libre elección (salvo si la detención es incomunicada). Si no lo hace o su abogado no acepta el encargo, no es hallado o no comparece, se le nombrará uno de oficio.
- El abogado designado de oficio debe acudir al lugar de detención con la mayor brevedad posible y, en todo caso, dentro del plazo máximo de 3 horas desde la recepción del encargo.
- Como regla general, la asistencia letrada al detenido es irrenunciable, salvo en los delitos contra la seguridad del tráfico, y en ese caso el detenido podrá revocar su renuncia en cualquier momento.
- La asistencia del abogado al detenido durante la declaración tiene un contenido concreto: 1) el abogado debe asistir a la declaración y, al final de la misma, puede solicitar su ampliación o aclaración si lo considera conveniente, además de hacer constar en acta cualquier incidencia relevante producida durante la detención; 2) el abogado debe velar por el respeto de los derechos del detenido, solicitar, si procede, su reconocimiento médico, intervenir en las diligencias de declaración del detenido, en las diligencias de reconocimiento de que sea objeto y en las de reconstrucción de los hechos; 3) el abogado debe entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial (salvo que la detención sea incomunicada).
- Las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter confidencial.
- Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o de la privación de libertad. Este derecho se conecta directamente con la posibilidad de cuestionar judicialmente la detención y con el procedimiento de habeas corpus.
- Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar, o persona que designe el detenido, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se encuentra detenido en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país. En caso de que el detenido tenga 2 o más nacionalidades, podrá elegir a cuáles autoridades consulares debe informarse de que se encuentra privado de libertad y con quién desea comunicarse.
- Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con una tercera persona de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el fiscal (salvo en caso de detención o prisión incomunicada).
- Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a mantener correspondencia con ellas.
- Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje.
- Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para acreditarlo y condiciones para obtenerla.
- Derecho a ser informado del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su detención (procedimiento de habeas corpus).
- Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.
Todos estos derechos no solo deben ser explicados verbalmente, sino que además deben entregarse por escrito, y el detenido tiene derecho a conservar en su poder esa declaración escrita de derechos durante todo el tiempo de la detención.
En caso de que el detenido sea menor o persona con la capacidad modificada judicialmente, existen ciertas garantías adicionales:
- Si el detenido es menor de edad, será puesto a disposición de las secciones de menores de la Fiscalía, pues recordemos que en el procedimiento penal de menores la instrucción corresponde al Ministerio Fiscal. Además, la detención y el lugar de custodia deben comunicarse a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda de hecho. Si existiera conflicto de intereses con estas personas, se les nombrará un defensor judicial.
- Si el detenido tuviera su capacidad modificada judicialmente, la información sobre sus derechos se comunicará a quienes ejerzan su tutela o guarda de hecho, dando cuenta asimismo al Ministerio Fiscal. Y si el detenido menor o con capacidad modificada judicialmente fuera además extranjero, la detención deberá notificarse de oficio al Cónsul de su país.
La tesis de desvinculación en el procedimiento ordinario
Al finalizar las sesiones del juicio oral, una vez practicada la prueba y una vez que las partes han formulado sus conclusiones definitivas, puede suceder que el tribunal considere que el hecho punible ha sido calificado de forma errónea. En tal caso, se le ofrece al tribunal la posibilidad de plantear a las partes la tesis de desvinculación, es decir, una calificación jurídica del hecho punible distinta a la mantenida por las partes. Pues bien, la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que se puede plantear esta tesis en los siguientes casos:
- Cuando el tribunal considere que debería condenarse por un delito más grave que el que ha sido planteado por las partes.
- Cuando considere que la calificación jurídica correcta implicaría condenar por un delito de la misma o incluso menor gravedad al planteado por las partes, siempre que se trate de delitos no homogéneos (los homogéneos son aquellos que protegen el mismo bien jurídico).
- Para apreciar agravantes no alegadas por las partes.
- Para elevar el grado de ejecución del delito (consumado en vez de en tentativa) o para aumentar el grado de participación de los acusados (de complicidad a autoría).
- Para apreciar circunstancias eximentes o atenuantes no alegadas por las partes.
- Para disminuir el grado de ejecución o participación de los acusados.
En todos estos casos, existe un límite infranqueable: que se mantenga el hecho punible. El tribunal puede plantear calificaciones jurídicas diversas a los hechos, pero no puede fundar su sentencia en hechos no alegados por las partes.
Además, el Tribunal Supremo ha establecido un requisito esencial para que el tribunal pueda dictar sentencia con base en la tesis: que la tesis sea asumida por el Ministerio Fiscal o por alguna otra parte acusadora mediante una nueva calificación o una modificación de las anteriores. Esto es así porque, de lo contrario, el tribunal estaría quebrantando dos principios: el principio acusatorio (la acusación ha de ser sostenida por alguien distinto del juez) y el principio de imparcialidad.