El Problema Agrario y la II República Española

El Problema Agrario en la II República

Este texto, de contenido político-social, es obra de Manuel Azaña. Forma parte del ensayo «Causas de la Guerra de España», publicado en 1939, tras la Guerra Civil Española. Manuel Azaña, escritor y político, contribuyó al advenimiento de la República, formando parte del comité revolucionario. Llegó a ser Presidente de la II República entre 1936 y 1939. Destaca como el político más sobresaliente de este periodo histórico e impulsor de las reformas para modernizar España.

Idea Principal

El texto se centra en la obligación y necesidad que tenía la II República de hacer frente al problema agrario. Este problema tuvo mucha importancia debido al papel que la agricultura tenía en la economía española. La reforma agraria pretendía cambiar la estructura de la propiedad de la tierra y mejorar las condiciones de vida y trabajo de los campesinos sin tierra. Esto beneficiaba a los campesinos, pero lesionaba los intereses de la oligarquía rural.

Análisis del Problema

El problema agrario se manifestaba en:

• Una estructura social arcaica, propia de un país atrasado económica y socialmente.
• Grandes latifundios característicos de la mitad sur y oeste del país, en manos de unos pocos terratenientes, con escasa productividad y una mano de obra sobreexplotada.
• Áreas de minifundios en la zona norte que no cubrían las necesidades mínimas de subsistencia de los pequeños propietarios y familias.

De lo anterior se desprendía que la República tenía la obligación ética de mejorar las condiciones de vida de la población campesina.

La Reforma Agraria de 1932

La reforma agraria era urgente, ya que el problema agrario era sumamente grave en un país que, a pesar del proceso de industrialización y terciarización que se había operado en los últimos años, era todavía un país predominantemente agrario.

En 1932 se aprobó la Ley de Reforma Agraria tras discusiones y debates, superando el obstruccionismo realizado por los partidos de derechas, opuestos a esta reforma. Esta ley tenía como finalidad la desaparición del latifundismo y que la tierra proporcionara beneficios. Así, se contemplaba la expropiación con y sin indemnización y luego el reparto a los campesinos, la aplicación de la jornada de ocho horas, la obligatoriedad de cultivar las tierras bajo amenaza de confiscación y un salario mínimo.

Para poner en marcha la Reforma se creó el Instituto para la Reforma Agraria, organismo que tenía la función de señalar las fincas objeto de expropiación, así como la forma de explotación y el reparto entre los campesinos. Pero la lentitud del reparto provocó graves tensiones entre estos, que les llevó a ocupar tierras y enfrentarse con la fuerza pública.

El cambio político por las elecciones de 1933 dio el triunfo a la derecha y causó la puesta en marcha de una auténtica contrarreforma agraria. La derecha paralizó la reforma incrementando la cuantía de las indemnizaciones, recortando el presupuesto estatal dedicado a los campesinos sin tierra y devolviendo a los aristócratas las propiedades que habían sido confiscadas por el gobierno republicano-socialista.

El triunfo del Frente Popular en 1936 proporcionó un impulso decisivo a la marcha de la Reforma Agraria, repartiéndose medio millón de hectáreas entre 150.000 campesinos.

Frustración y Consecuencias

A pesar de los esfuerzos, la reforma representó una gran frustración para la mayoría de los campesinos, debido a las siguientes razones:

• Complejidad de la ley y lentitud burocrática para su aplicación.
• Resistencia de los propietarios y de la oligarquía terrateniente.
• Falta de presupuesto para las indemnizaciones.

La aplicación de la Ley generó una tensión social y decepcionó a los campesinos, que confiaban en las reformas de la República. Además, la reforma fue una de las causas del Alzamiento Nacional, que contó con el apoyo de los grandes propietarios, con lo que los decretos y aplicaciones de la ley fueron anulados en la dictadura de Franco.