Principios Fundamentales del Derecho Público Chileno

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La Nulidad de Derecho Público

La infracción del principio de legalidad por parte de los titulares de órganos públicos o personas señaladas en la Constitución genera responsabilidad, que puede ser política, civil, penal o administrativa, con la sanción correspondiente, siendo la penal la más grave.

Dos Principios de Derecho Público

1. Principio de Legalidad

En derecho público, solo se puede hacer lo que la Constitución o la ley permiten o autorizan, mientras que en derecho privado se puede hacer todo lo que la ley no prohíbe expresamente. Este principio no impide una interpretación extensiva.

2. Principio de Separación Orgánica de Funciones

Este principio, consagrado en la Constitución, establece que cada órgano del Estado tiene su propio campo de acción y competencia. Aunque se otorguen funciones preponderantes a un órgano, existen atribuciones secundarias radicadas en otros órganos. Por ejemplo, el Presidente tiene funciones de gobierno y administración, pero también participa en la función legislativa como colegislador.

Reconocimiento Positivo de la Interdicción de la Arbitrariedad

La interdicción de la arbitrariedad está consagrada en la Constitución:

  • Artículo 19 Nº 2 inc. 2º C.P.E.: para el legislador.
  • Artículo 19 Nº 2 inc. 2º C.P.E.: para toda autoridad estatal, incluidas las administrativas y de gobierno.
  • Artículo 19 Nº 3 inc. 5º y artículo 19 Nº 7 letra i: para la autoridad jurisdiccional.
  • Artículo 20 C.P.E.: para toda autoridad civil, entendiéndose como el titular de cualquier órgano con poder.

El Principio de Probidad

El artículo 8º inciso primero C.P.E. obliga a los titulares de funciones públicas a cumplir estrictamente con el principio de probidad en todas sus actuaciones. Este principio es incompatible con la corrupción.

El Principio de Publicidad

El artículo 8º inciso segundo C.P.E. establece que los actos y resoluciones de los órganos del Estado son públicos, incluyendo sus fundamentos y procedimientos. Sin embargo, una ley de quórum calificado puede establecer la reserva o secreto de estos cuando la publicidad afecte:

  • El debido cumplimiento de las funciones de los órganos.
  • Los derechos de las personas.
  • La seguridad de la Nación.
  • El interés nacional.

Condena del Terrorismo

El terrorismo es contrario a los derechos humanos. Una ley de quórum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad. Los responsables quedarán inhabilitados por 15 años para ejercer cargos públicos, explotar medios de comunicación, ser dirigentes de organizaciones o desempeñar funciones relacionadas con la emisión de opiniones o informaciones.

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