Principios Católicos: Relación Iglesia-Estado, Libertad Religiosa y Democracia

La Distinción entre Iglesia y Estado: Fundamento del Cristianismo

Es propio de la estructura fundamental del cristianismo la distinción entre lo que es del César y lo que es de Dios, esto es, entre Estado e Iglesia o, como dice el Concilio Vaticano II, el reconocimiento de la autonomía de las realidades temporales. Esto no significa que la realidad creada sea independiente de Dios o que los seres humanos puedan usarla sin referencia al Creador. La criatura sin el Creador desaparece; el olvido de Dios oscurece la propia criatura.

La comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas. Ambas, sin embargo, están al servicio de la vocación personal y social del ser humano. Este servicio lo realizarán mejor en la medida en que cultiven una sana cooperación.

La Libertad Religiosa como Derecho Fundamental

El Concilio indica cómo la libertad religiosa (tratada en la Declaración Dignitatis Humanae) debe ser reconocida en el ordenamiento jurídico como un derecho fundamental. Esta libertad consiste en la prohibición de coacción por parte de particulares, grupos sociales y cualquier potestad, de modo que en materia religiosa nadie sea obligado a actuar contra su conciencia. Esta inmunidad debe amparar no solo a las personas individualmente consideradas, sino también reconocerse cuando actúan en común.

Por lo tanto, las comunidades religiosas, siempre que no violen las justas exigencias del orden público, deben poder regirse por sus propias normas. Los límites de la libertad religiosa serán el bien común y el orden público.

La confesionalidad del Estado implica la inspiración del Estado en la doctrina de la Iglesia o de otra religión (como en Inglaterra o Grecia). Sin embargo, un Estado confesionalmente católico debe reconocer la libertad religiosa.

La Democracia y la Doctrina Social de la Iglesia

La democracia, según San Juan Pablo II, es la mejor forma de gobierno porque facilita la participación. Es el sistema donde más fácilmente se puede dar el principio de participación. Benedicto XVI llega a decir que la ayuda que puede prestar la Iglesia al Estado es indicar lo que es justo aquí y ahora. Todo gobierno persigue el bien común mediante la justicia, que es un principio moral.

San Juan Pablo II, en la encíclica Centesimus Annus (CA) de 1 de mayo de 1991, reconoce una crisis de los sistemas democráticos, los cuales a veces parecen haber perdido la capacidad de decidir según el bien común:

“Los interrogantes que se plantean en la sociedad no son examinados a menudo según criterios de justicia y moralidad, sino más bien de acuerdo con la fuerza electoral o financiera de los grupos que los sostienen. Semejantes desviaciones de la actividad política, con el tiempo, producen desconfianza y apatía, lo cual disminuye la participación y el espíritu cívico entre la población, que se siente perjudicada y desilusionada.”

Sistemas Políticos y la Participación Ciudadana

La Iglesia Católica no propone un régimen político específico y considera que las estructuras de gobierno son cambiantes y no dogmáticas. Los católicos son libres de preferir cualquier forma de gobierno, siempre que promueva el bien común y se ajuste a la ley moral.

La Iglesia destaca la existencia de una ley moral objetiva y universal, sin la cual no puede haber acuerdo pleno y seguro entre los seres humanos (Mater et Magistra, 53, Juan XXIII). Los católicos deben actuar con cautela en la política para mantener la coherencia con su fe.

El Voto y los Partidos Políticos

El derecho y deber de votar son esenciales para la participación ciudadana en la política. La abstención se considera un pecado de omisión, salvo cuando manifiesta una voluntad específica. Los partidos políticos deben promover el bien común y subordinarse a los electores (Gaudium et Spes, 75).

El Concilio Vaticano II señala que ningún partido puede reivindicar la autoridad de la Iglesia para sus posturas políticas (Gaudium et Spes, 43). Aunque los partidos son legítimos al canalizar la participación ciudadana, los católicos no deben apoyar programas o leyes contrarias a los principios fundamentales de la fe y la moral, como en los casos de:

• Aborto
• Eutanasia
• Ataques a la protección de la familia
• Restricciones a la libertad religiosa