La Primera Guerra Carlista y la Regencia de María Cristina

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Fernando VII abolió la Ley Sálica para asegurar el trono a su hija Isabel, lo que Carlos María Isidro, su hermano, no aceptó, apoyándose en los carlistas (Antiguo Régimen). El Rey se apoya en los liberales moderados y nombra a Cea Bermúdez Jefe de Gobierno. Fernando VII enferma, y María Cristina asume la regencia. Tras la muerte de este en 1833, su hermano, publica el Manifiesto de Abrantes, reclamando el trono y dando comienzo a la primera guerra carlista, la guerra civil entre liberales y absolutistas. Los carlistas defendían la monarquía absoluta (solo varones), la sociedad estamental, la religión y el mantenimiento de los fueros. Tuvo apoyos en zonas rurales (País Vasco, Navarra y Cataluña), mientras que a Isabel II la apoyaban las clases urbanas y los altos cargos. La primera etapa, supone el control del País Vasco, Navarra y Cataluña (- las ciudades), por los carlistas. El general Zumalacárregui consigue el control de las zonas rurales, pero no Bilbao. La segunda etapa ciertas expediciones fracasan, y Espartero libera Bilbao. La tercera etapa supone la división de los carlistas en transaccionistas (negociar la paz) y exaltados (seguir luchando). Espartero (líder liberal) y Maroto (líder transaccionistas) firman la paz con el Convenio de Vergara (1839), donde Espartero se compromete a incorporar a los carlistas en el ejército. Los exaltados siguieron luchando bajo el mando de Cabrera hasta 1840. - Esta guerra afecta a la regencia de María Cristina, que pone a Cea Bermúdez como Jefe de Gobierno y los liberales progresistas le apoyaron para acabar con el Antiguo Régimen. Bermúdez, realiza reformas (división en provincias) para implantar un liberalismo más moderado, lo cual fue criticado por los progresistas. Para asegurarse el apoyo de estos, María Cristina pone a Martínez de la Rosa como Jefe de Gobierno, liberal que promulga el Estatuto Real (1834): carta donde redacta que las Cortes serían bicamerales, que estas no podían redactar leyes, solo solicitarlas, y no mencionaba derechos individuales. Tras la negativa de los progresistas, María Cristina nombra a Mendizábal como Jefe de Gobierno, progresista que implanta la Ley de Desamortización eclesiástica y la reforma del ejército; estos y la Iglesia le atacaron, y fue sustituido por el moderado Istúriz. Los progresistas, en apoyo a Mendizábal realizan el Motín de la Granja de San Ildefonso (1836), por los que María Cristina nombra Jefe de Gobierno a Calatrava. Con Mendizábal como ministro de Hacienda, restauró la Constitución de 1812. Se realizan reformas como la desamortización eclesiástica de Mendizábal, se eliminan señoríos y se promulga la Constitución de 1837, escrita por ambos bandos, pero de carácter moderado. La Constitución de 1837 resalta, la soberanía nacional, derechos individuales, capacidad legislativa de la Corona (convocar Parlamento, vetar leyes) y la residencia del poder ejecutivo en ella (lo delega en el Jefe de Gobierno). El poder legislativo recae en el Parlamento, dividido en Congreso (sufragio) y Senado (elegidos por el rey). Satisfechos progresistas con esta, María Cristina cesa a Calatrava, y entre 1837 y 1839 estuvieron en el poder diversos moderados, pero en 1840, estos intentaron aprobar una nueva Ley de Ayuntamientos, que descontentó a los progresistas. Por lo que María Cristina cede la regencia y comienza la de Espartero. Espartero mantuvo una política progresista con nuevas desamortizaciones, disolvió el Parlamento y bombardeó Barcelona para frenar una revuelta. Este, sin apoyos, se exilia en 1843 tras el triunfo del pronunciamiento de Narváez, líder de los moderados. Moderados y progresistas adelantaron la mayoría de edad de Isabel (13 años), pero fracasó el intento de gobernar conjuntamente, ya que esta se rodeó de una camarilla.


Su reinado efectivo estuvo marcado por la alternancia de poder. El Partido Moderado, liderado por Narváez, defendía la soberanía compartida, sufragio restringido, Estado confesional y derechos individuales limitados. El Partido Progresista, liderado por Espartero, defendía la soberanía nacional, sufragio menos restringido, libertad religiosa y derechos individuales amplios. Los moderados predominaron en el gobierno, por la preferencia de Isabel II, mientras que los progresistas solo accedían al poder mediante revueltas. Surgen otros partidos como la Unión Liberal el Partido Demócrata. Durante el mandato de Narváez como presidente, se elaboró la Constitución de 1845: Soberanía compartida, Estado confesional, se reconocen derechos individuales, pero se limitan. El rey podría convocar o disolver el Parlamento, así como vetar leyes. El poder legislativo reside en el Parlamento, bicameral, compuesto por el Congreso y Senado. En esta década se elaboran muchas leyes para establecer un sistema político liberal conservador. Medidas legislativas: limitación de los derechos, creación de la Guardia Civil, mantenimiento de la influencia de la Iglesia, tras la reconciliación por el Concordato de 1851, donde la Santa Sede reconocía el régimen liberal español. Se fomenta la centralización y unificación del sistema legal, con la Administración provincial y local, la reforma de la Hacienda y la unificación jurídica. Estas medidas, unido al fracaso de casar a Isabel II con Carlos, dan lugar a la Segunda Guerra Carlista, caracterizada por guerrillas. Tras al agotamiento de este modelo político, en 1849 miembros del Partido Progresista, formaron el Partido Demócrata que defiende el sufragio universal y se crea el Partido Republicano. Esta época termina debido al autoritarismo de Bravo Murillo, la mala situación económica y el enriquecimiento de la camarilla de la reina. Esta etapa comienza en 1854 con la sublevación de moderados enfrentados a la cuadrilla real. El general O’Donnell da un golpe militar en Vicálvaro, y junto al general Serrano, firma el Manifiesto de Manzanares, redactado por Cánovas del Castillo. Con el apoyo de moderados y progresistas, la sublevación triunfa, e Isabel II se deshizo de su camarilla y nombró jefe de gobierno a Espartero, que designó a O’Donnell como ministro de la Guerra. Se llevan a cabo reformas como la desamortización de Madoz, y se redacta la Constitución non nata de 1856, de carácter liberal, que no tuvo tiempo de ser aprobada. A finales de esta etapa había una situación difícil debido al conflicto social y nacimiento del movimiento obrero; hostilidad política ante el incumplimiento de la promesa del sufragio universal; y las diferencias entre Espartero y O’Donnell. Este último funda la Unión Liberal y en 1856 es nombrado jefe de gobierno, concluyendo el Bienio Progresista. El gobierno de O’Donnell se caracteriza por la estabilidad social y crecimiento económico. Ocurre una guerra con Marruecos (destaca el general Prim, progresista) Entre 1863 y 1868 se suceden gobiernos moderados y unionistas, pero ninguno consiguió solucionar ciertos problemas: crisis económica, política y social. Los progresistas, liderados por Prim, intentan acceder al poder mediante pronunciamientos. Prim firma con los demócratas el Pacto de Ostende en 1866 para destronar a Isabel II. O’Donnell no lo acepta, pero tras su muerte en 1867, su sucesor, Serrano, se une al pacto. En 1868, este pronunciamiento se convierte en una revolución de carácter popular, denominada la Revolución Gloriosa, que concluirá con el exilio de Isabel II.

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