Posición jurídica del ciudadano frente a la Administración Pública: derechos fundamentales, servicios públicos y participación

Posición jurídica del administrado ante el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, en la prestación de servicios públicos y en el ejercicio de las tareas administrativas

a) Ante el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas

Es fundamental analizar las distintas posiciones jurídicas. Nuestros derechos y las posiciones jurídicas del administrado se encuentran en la Constitución Española (CE), del artículo 14 al 29, incluido el 30.1, que son los derechos fundamentales. No obstante, existen otros derechos con una configuración distinta. Los derechos fundamentales que se derivan del artículo 53.1 requieren una ley para su reconocimiento y deben tener un contenido esencial, es decir, aquello sin lo cual dejarían de ser derecho.

Además de estos, existen otros derechos fundamentales que son las libertades públicas, como el derecho a la vivienda digna, la defensa de los consumidores, etc., que se encuentran en el capítulo tercero de la CE. Son derechos fundamentales, pero la posición jurídica del administrado es distinta, denominándose principios rectores de la política social y económica. No son derechos subjetivos ni imponen deberes a las administraciones públicas. Estos derechos fundamentales, como precisa el artículo 53.1, constituyen materia reservada de ley, por lo que el reglamento carece de eficacia directa por sí mismo, al margen de las fórmulas de remisión normativa.

b) En la prestación de servicios públicos

Para precisar la posición subjetiva de los ciudadanos en relación con los servicios públicos, deben diferenciarse tres planos:

El derecho a la creación y el mantenimiento de los servicios públicos

Con carácter general, no existe un derecho subjetivo a la implantación de los servicios públicos. Se suele reconocer a la administración una potestad discrecional para decidir sobre la implantación y supresión de un establecimiento o centro público, entre otras razones, por las consecuencias presupuestarias. Sin embargo, en el ámbito local sí existe este derecho frente a la administración. Por ejemplo, tenemos derecho al alcantarillado y al agua, y si la administración no cumple, podemos acudir a los tribunales.

El derecho de acceso a los servicios y prestaciones públicas

En la delimitación del derecho de acceso al servicio ya implantado, se diferencian dos tipos de problemas. De un lado, el servicio o prestación puede tener un destinatario universal o reservarse a determinados colectivos. Las normas que regulen el derecho de acceso a los centros y prestaciones públicas deben respetar el derecho de acceso igualitario a los servicios públicos. No obstante, esta exigencia no impide que, en cumplimiento del mandato constitucional de promover la igualdad material, las normas contengan una discriminación positiva o compensatoria a favor de determinados colectivos, siempre que se realice con criterios razonables, objetivos y no arbitrarios.

De otro lado, el servicio o centro puede tener una capacidad de admisión limitada, o la prestación económica puede estar limitada por la correspondiente consignación presupuestaria. Asimismo, en relación con el acceso a los bienes y servicios a disposición del público, deben tenerse en cuenta los principios relativos a las políticas en materia de discapacidad y el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres.

La posición del usuario de los servicios públicos

En general, cuando el ciudadano accede a un servicio público, adquiere un conjunto de derechos y deberes que conforman un régimen estatutario, que en algunos casos puede suponer una relación de especial sujeción. Aunque este régimen es diverso, destacan dos cuestiones:

• Si las características del servicio lo permiten, la administración debe establecer técnicas de participación de los usuarios en la prestación de servicios para garantizar su adecuado funcionamiento y mejora.
• Debe destacarse el derecho a la calidad de las prestaciones del servicio público, para lo cual la administración debe implantar modelos de gestión que posibiliten su mejora continua y la evaluación de la calidad.

c) Participación en las tareas administrativas

Según el artículo 23 de la CE, “los ciudadanos tienen el derecho fundamental a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. A partir de este precepto, un sector de la doctrina ha inferido que el derecho a participar en las funciones administrativas es un derecho fundamental. Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado que la participación en los asuntos públicos a la que se refiere el artículo 23.1 es la participación política, realizada mediante referéndum y elecciones, pero no la participación administrativa en un asunto concreto, para la cual se requiere un especial llamamiento legal.

Es importante aclarar que nos referimos a la participación del ciudadano en el funcionamiento de la administración no como parte de un procedimiento (es decir, como titulares de derechos e intereses legítimos propios), sino como miembros de la comunidad afectados por el interés general.

Existen tres círculos de actuación ciudadana sobre las funciones administrativas:

• Orgánica ordenada sobre el modelo corporativo, en que el ciudadano se incorpora a órganos de la administración.
• Actuación funcional, en la que se incorpora a un órgano administrativo formal.
• Actuación cooperativa, en la que el administrado, sin dejar de actuar como tal ni cumplir funciones materialmente públicas, secunda con su actuación privada el interés general en un estilo específico que la administración propugna.