Política Criminal: Conceptos, Interacciones y Desafíos Actuales

Concepto de Política Criminal

La Política Criminal es aquel sector del conocimiento que tiene como objeto el estudio del conjunto de medidas, criterios, argumentos y estrategias que emplean los poderes públicos para prevenir y reaccionar frente al fenómeno criminal. Se sustenta en estrategias y métodos para reducir la criminalidad.

Situación Actual de la Política Criminal

La Política Criminal actual debe estar revestida, al menos, con alguna de estas características:

1. Conectada con la realidad y la actualidad: Debe responder a los desafíos contemporáneos.
2. Carácter integrador: Debe tener en cuenta la incidencia tanto del individuo como del contexto social.
3. Abierta a la participación de la comunidad: La sociedad tiene derecho a participar en su diseño y aplicación.
4. Inspirada en el principio de igualdad:
   • No debe orientarse de forma individualista.
   • No debe sustentarse en populismos punitivos.
   • No debe caer en tentaciones pseudoprogresistas.
   • No debe recurrirse a facilismos para implantar tendencias modernas.
5. Inspirada en el respeto a los Derechos Fundamentales y la dignidad del Ser Humano.
6. Sometida a la evaluación continua de sus resultados.

Política Criminal y Criminología

La Política Criminal no estudia el crimen de forma empírica directamente, sino que obtiene su conocimiento del fenómeno criminal a través de la Criminología.

• La Criminología proporciona el fundamento científico y empírico del crimen, analizando su fenomenología y su etiología.
• La PC transforma esta información en estrategias y medidas concretas para la prevención del delito.
• El Derecho Penal convierte todo esto en leyes.

Política Criminal y Victimología

• La Victimología estudia a la víctima desde un enfoque criminológico, analizando su sufrimiento, las consecuencias del delito y las medidas de apoyo necesarias.
• El Derecho Penal (DP) considera a la víctima como el sujeto pasivo del delito.
• La PC integra estos enfoques para diseñar estrategias y programas que atiendan a las víctimas, evitando tanto su abandono como posibles excesos en su tratamiento.

El Sistema Penal y sus Penas

El nuevo sistema de penas se caracteriza por dos rasgos fundamentales:

• La simplificación del conjunto de penas.
• La limitación del uso de la pena de prisión.

El Código Penal (CP) de 1995 prevé, junto al sistema de penas, el sistema de Medidas de Seguridad (MS).

Clasificación de las Penas

1. El Artículo 32 establece que las penas que pueden imponerse, bien con carácter principal o bien como accesorias, son: privativas de libertad, privativas de otros derechos y de multa.
2. Las penas anteriores se clasifican, en función de su naturaleza y duración, en graves, menos graves y leves.

Principios Generales de las Medidas de Seguridad

Los presupuestos materiales que deben fundamentar la imposición de las MS son:

1. La peligrosidad criminal del sujeto.
2. La comisión de un delito previo.

El Derecho Penal Simbólico

Se utiliza con fines políticos para dar una sensación de seguridad, sin garantizar una aplicación real de las normas.

Está estrechamente relacionado con el populismo punitivo y la instrumentalización del Derecho Penal (DP).

Críticas al Derecho Penal Simbólico

• Ineficacia en la prevención del delito.
• Generación de desconfianza en la justicia.
• Promoción de reformas legislativas sin sustento real o empírico.

Aplicación Excepcional

Debe evitarse su uso excesivo y solo aplicarse en contextos específicos de protección de bienes jurídicos de suma importancia.

El Derecho Penal del Enemigo

Se caracteriza por castigar antes de que se cometa un delito, imponer penas elevadas y reducir las garantías procesales.

Se aplica principalmente en casos de terrorismo y crimen organizado.

Críticas al Derecho Penal del Enemigo

• Vulnera derechos fundamentales.
• Crea una diferencia entre ciudadanos y "enemigos", afectando el principio de igualdad ante la ley.

Aplicación Excepcional

Su uso debe ser restringido a delitos de extrema gravedad y siempre bajo un control estricto para evitar abusos y garantizar el respeto a los principios constitucionales.