Organización Político-Administrativa de Canarias: Instituciones y Municipios
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Organización Político-Administrativa de Canarias
Estructura Territorial
La organización político-administrativa de Canarias se estructura en diferentes niveles:
- Cabildos Insulares: Son las instituciones de gobierno de cada una de las islas. Su función principal es aprobar los presupuestos y los planes insulares.
- Municipios: Son las entidades territoriales básicas de la organización del Estado. Tienen plena autonomía en el ejercicio de sus competencias. Cada municipio tiene la representación, administración y gobierno de su término municipal, realizadas por los ayuntamientos, que están integrados por los Concejales (elegidos por los vecinos del municipio por sufragio universal) y el Alcalde. Los ayuntamientos prestan servicios básicos a la ciudadanía (agua, alcantarillado, policía local, alumbrado, limpieza…).
Otras divisiones político-administrativas son las mancomunidades de municipios, como la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria (Ingenio, Agüimes y Santa Lucía), la Mancomunidad del Norte (Arucas, Firgas, Santa María de Guía,...).
Instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias
De acuerdo con el Estatuto, la Comunidad Autónoma de Canarias ejerce sus poderes a través de las siguientes instituciones:
El Parlamento de Canarias
El Parlamento de Canarias representa al pueblo canario y está formado por diputados, cuyo número no puede ser inferior a 50 ni superior a 70, elegidos por sufragio universal cada cuatro años. En la actualidad son 60 diputados.
Funciones:
- Elaborar leyes de la comunidad.
- Aprobar el presupuesto autonómico.
- Control de la acción del gobierno.
- Presentar propuestas de leyes a las Cortes Generales.
Tiene su sede en Santa Cruz de Tenerife.
El Gobierno de Canarias
Es el órgano que ejecuta las distintas políticas así como la administración de la comunidad autónoma. El Parlamento puede exigirle responsabilidades por medio de la moción de censura.
El Gobierno está compuesto por el Presidente y los Consejeros. Su sede se alterna entre las dos provincias.
El Presidente del Gobierno de Canarias es elegido entre los miembros del Parlamento de Canarias y nombrado por el Rey. Tiene la máxima representación de la comunidad. Se encarga de dirigir y coordinar la actividad del gobierno, de la cual es el responsable ante el Parlamento.
Los Consejeros, nombrados por el Presidente del Gobierno de Canarias, son los encargados de las distintas ramas de la administración autonómica: economía y hacienda, empleo, turismo, etc.
El Diputado del Común
Vigila las actividades de las administraciones públicas canarias para evitar vulneraciones de los derechos y libertades constitucionales de la ciudadanía canaria. Esta institución tiene su sede en Santa Cruz de La Palma.
El Tribunal Superior de Justicia
Es el órgano judicial más alto dentro de la organización judicial del territorio canario, sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo del Estado. Su sede se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria.
Otras Instituciones Autonómicas
Otras instituciones autonómicas son:
- La Audiencia de Cuentas (controla la gestión económica y financiera de la Administración).
- El Consejo Consultivo (ajusta las propuestas de ley del Parlamento canario con el Estatuto de Autonomía y la Constitución).
- El Consejo Económico y Social (como órgano que asesora al gobierno).
Sistema Electoral
El sistema electoral es el de la representación proporcional, y cada una de las siete islas constituye una circunscripción electoral. Dicho sistema es en la actualidad objeto de discusión en relación al peso que tiene el criterio de la representación territorial sobre el criterio del peso poblacional, la distribución de escaños por islas y, por lo tanto, de la representatividad del Parlamento de Canarias. Las islas mayores están más pobladas e infrarepresentadas.
La existencia de elevadas barreras electorales (6% regional y 30% insular) excluye a partidos políticos que han obtenido un apoyo electoral significativo en sus circunscripciones. Algunas propuestas hablan del 5% del total de cada circunscripción electoral para poder tener representación.
El proceso de reforma del sistema electoral exige una mayoría de 2/3 para su modificación, más que la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que puede ser reformado por mayoría absoluta.