Organización del Espacio Agrario, Reformas Estructurales y Políticas Agrícolas

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Bloque temático: Fundamentos y condicionantes de la organización de los espacios agrícolas y rurales

Las posibilidades de la agricultura y los factores del espacio agrario. Los estudios geográficos sobre el mundo rural han ido modificando sus planteamientos en paralelo al desarrollo de la propia ciencia geográfica. En consecuencia, en sus primeros momentos como disciplina académica, la geografía agraria —como era denominada entonces— se consagraba al estudio de las relaciones entre el medio natural y el hombre. Es evidente que la agricultura requiere una serie de condiciones naturales, aunque también es cierto que en determinados casos las actividades agrarias conocen situaciones de escasa o nula dependencia respecto del medio físico (cultivos de invernaderos, hidropónicos, avicultura integrada, etc.).

Los indudables progresos técnicos en el terreno agrario (mejoras de suelos, ingeniería genética, regadío...) y la aproximación de la geografía a las ciencias sociales son razones que han orientado a los investigadores a menospreciar, cuando no a ignorar, la trascendencia de los factores físicos, otorgando, por el contrario, un protagonismo absoluto y total a los condicionamientos sociales y económicos en la explicación del espacio rural, ya que en aquel se instalan y expansionan actividades y funciones hasta hace poco típicamente urbanas (industrias, residencias, turismo verde, etc.).

La preponderancia, cuando no monopolio causal, que se asigna al medio socioeconómico es una actitud que cuenta con crecientes seguidores y que va encaminada a la defensa del espacio geográfico como producto social; planteamiento sin duda correcto, pero que parece olvidar la importancia que el factor tiempo ejerce: un factor temporal que matiza, pero que no puede hacer olvidar, el peso de las condiciones naturales. Unas condiciones naturales, desde luego, cuyo significado como factor explicativo es de difícil precisión, puesto que solo en algunos casos extremos actúan de manera autónoma, ya que normalmente se encuentran en interacción con otros condicionamientos socioeconómicos, lo que dificulta el establecimiento de normas o leyes generales. Este escollo no puede conducir a ignorarlas, sino a explicarlas en función de una organización social determinada. Sin duda se trata de un proceso metodológico complicado, pero hacia el que hay que tender, pues de lo contrario muchos espacios agrarios son de difícil explicación.

¿Cómo, si no, explicar la existencia o ausencia de terrazas en las montañas mediterráneas? ¿Cómo entender el campo de Dalías, en Almería, antes y después de la introducción de los cultivos enarenados y bajo plásticos? ¿Cómo razonar, sino buscando esa dialéctica entre factores físicos y humanos, ante muchos espacios de montaña hoy abandonados y en proceso de reorganización, que antaño alcanzaron altas densidades y espléndidos ejemplos de profunda transformación por el hombre? Estas preguntas apuntan a la complejidad que obliga a alejarse de explicaciones mecanicistas, monocausales y absolutas para todo tiempo y lugar.

Los condicionantes sociojurídicos: propiedad, explotación y reformas agrarias

La actual apropiación del espacio rural es, de hecho, el resultado de una evolución muy larga, que no ha tenido en todas partes ni el mismo ritmo ni idénticas características. Efectivamente, en el mundo actual coexisten la propiedad colectiva, con diversos caracteres, y la propiedad individual, también con características diversas. Propiedad y explotación se configuran, así, como las dos células o estructuras básicas del espacio agrario. Ambas son aspectos esenciales para comprender la dinámica agrícola, puesto que, al menos en gran parte del mundo, las unidades de propiedad y explotación definen las posibilidades económico-sociales del grupo o individuo que las detenta. Con mucha frecuencia, los problemas derivados de estructuras desequilibradas de la propiedad y de las explotaciones se han pretendido solucionar mediante reformas agrarias, las cuales han afectado a agriculturas muy diversas.

La propiedad de la tierra aparece hoy dividida en dos grandes conjuntos: pública (o colectiva) y privada. La primera puede corresponder a una propiedad estatal o comunal. Otras propiedades públicas pertenecen a organismos municipales o estatales como, en España, el ICONA, diputaciones, cabildos, ayuntamientos, juntas vecinales o institutos religiosos. Las cooperativas en los países capitalistas representan una situación intermedia, pues constituyen una propiedad colectiva integrada por la suma de propiedades privadas.

Frente a la propiedad pública, la privada se ha ido materializando históricamente por la segregación de fragmentos de patrimonios públicos, bien por conquista, por cesión de las monarquías a los estamentos nobiliarios y militares, o por ocupación de hecho por el campesinado. Esta propiedad privada, a través del mercado de la tierra, ha ido evolucionando hacia un tipo de propiedad o explotación de carácter latifundista, minifundista o bien colectiva, empresarial o familiar. Esta última, en virtud del derecho de herencia igualitaria entre los hijos, ha abocado frecuentemente a divisiones extremas que han acabado convirtiéndose en auténticos minifundios. Son explotaciones en las que, en todo caso, pueden sumarse las tierras gestionadas en régimen directo (propiedad) a las trabajadas en regímenes de tenencia indirectos (arrendamiento, aparcería u otros).

Se entiende por reforma agraria el conjunto de operaciones que tienden a transformar la estructura territorial de un Estado o una región mediante la modificación de las relaciones sociales, con el fin de asegurar la mejora de las técnicas de cultivo y el aumento de la producción agrícola. En todas las definiciones aparece una idea común: la transformación o reorganización de la estructura agraria exigida por la acumulación de unos lastres históricos que la hacen disfuncional. La reforma agraria continúa siendo una necesidad en las sociedades agrarias con economía de subsistencia, grandes desigualdades y acusada pobreza, marcos espaciales en los que puede conseguir sus mayores éxitos.

Tipos de reformas agrarias

La reforma agraria puede alcanzar varios grados según su extensión geográfica o la importancia de las innovaciones que introduzca. De este modo, se hablará de reforma parcial cuando, como en el caso de Italia en 1950, se refiere únicamente a algunos sectores del país; por el contrario, se aludirá a reforma agraria general cuando se lleva a cabo una total transformación de las estructuras de producción, como ocurrió en el sector soviético, en la China de Mao Zedong o en la Cuba de Fidel Castro. Existen dos tipos básicos en los que se fundamentan las posteriores: la reforma agraria mexicana, pionera entre las liberales, y la revolución soviética, acaecidas ambas en el año 1917 y basada esta última en la propiedad social o estatal de la tierra y en el establecimiento de grandes explotaciones colectivas.

Los precedentes remotos los podemos encontrar en la Revolución francesa y en el reformismo ilustrado del Siglo de las Luces, así como en los desequilibrios agrarios y tensiones sociales. En una época más reciente se registraron las reformas agrarias de Europa oriental en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, cuyos objetivos comunes se cifraban en acallar las quejas del campesinado, eliminar los usos feudales y compensar a los soldados que habían participado en la contienda. En los países socialistas podemos distinguir, a su vez, el modelo soviético o de macroempresa mecanizada y el modelo chino, que se apoyó en el pueblo y en el empleo de la abundante mano de obra preexistente.

Las reformas agrarias liberales

La reforma italiana de 1950 se basó en dos tipos de lote: los poderi o explotaciones completas de 7,4 hectáreas de superficie media —algo inferior en regadío (de 4 a 5 ha)— y las quote (parcelas complementarias) de 2,3 ha. La reforma agraria no supuso un cambio significativo en la estructura de las explotaciones, aunque mejoró la situación de las pequeñas, a pesar de que prácticamente se mantuvo la de las grandes. La ley de 1950 afectó exclusivamente a las explotaciones que rendían una renta fiscal superior a las 30.000 liras. Se toleró, no obstante, que cada propietario conservara 300 hectáreas en reserva, con tal de que fueran bien cultivadas. Pero la acción de los organismos de reforma se vio frenada por sus escasas disponibilidades financieras y por la obligación de indemnizar a los propietarios, de manera que las compras de terreno cesaron prácticamente desde 1960. En conjunto, se vieron afectadas 8,5 millones de hectáreas (el 28% del territorio nacional), pero solo fueron adquiridas 767.000 ha y se crearon 113.000 explotaciones. Italia perdió así una ocasión única de poner en orden su patrimonio agrario.

La reforma de la Segunda República española: La derecha en el poder entre octubre de 1934 y febrero de 1935 aprovechó la ocasión para acabar con lo que quedaba del proceso. El régimen de Franco cambió después la reforma por una política técnica basada en la colonización, como sucedió en los planes de Jaén y Badajoz o, ya en otro orden de cosas, en el Plan de Tierra de Campos y en las grandes infraestructuras hidráulicas y de regadío de los años cincuenta y sesenta. Si más que la española, la reforma agraria italiana puede ser considerada como representativa de lo sucedido en los países desarrollados con bastante presión humana sobre la tierra, esta presión ha sido y es mucho mayor en otros ámbitos territoriales en los que se han llevado a cabo reformas de gran resonancia, como ha sucedido en el mundo iberoamericano y, especialmente, en México.

Las reformas agrarias iberoamericanas

En este marco geográfico, las mayores tensiones se van a producir entre los hacendados, por una parte, y los campesinos minifundistas o las comunidades indígenas, por otra. Los focos de mayores tensiones se localizaron en el altiplano mexicano, en el nordeste brasileño y en las tierras altas y valles interiores andinos.

La más destacable de todas ellas es la reforma agraria mexicana. Ya en 1910 el 1% de la población mexicana controlaba el 97% de la tierra, mientras que el 96% de esa población no disponía más que del 1% de las tierras. Esta extrema concentración se había producido durante la centuria independiente, merced a la ideología liberal imperante entre los gobernantes, la cual había favorecido la expropiación de bienes comunitarios y públicos que pasaron a manos de los hacendados en perjuicio de las comunidades campesinas. La revolución de 1910, expropiando la tierra a los grandes dominios, dio paso a la reforma agraria recogida en la Ley de 1915, que se configuró definitivamente en la Constitución de 1917, en la que se reconocía la nacionalización del derecho a la tierra.

La reforma agraria a partir de la Constitución de 1917 quedó en manos de la voluntad de cada presidente, de modo que hasta la presidencia de Cárdenas (1934-1940) se caracterizó por la lentitud y la falta de eficacia, relanzándose durante su mandato. En este periodo el número de ejidos se elevó de 4.000 a 14.000, el de adjudicatarios de 780.000 a casi 1.600.000, y la superficie distribuida de 7,7 a más de 25 millones de hectáreas. Sin embargo, el proceso perdió ritmo entre 1940 y 1958 (12,5 millones de hectáreas), pero se relanzó de nuevo a partir de 1958, pues entre esta fecha y 1970 se repartieron otros 44 millones de hectáreas. Finalmente, con López Portillo (1976-1982) se entregaron otros 15 millones de hectáreas. La célula básica de la reforma agraria mexicana ha sido el ejido (comunidad campesina). El inconveniente principal de la reforma agraria ha residido en la pequeñez de las explotaciones, aunque también se explica por el mantenimiento de la gran propiedad.

En el bloque iberoamericano ha sido la reforma agraria mexicana la que mayor impacto ha tenido —si exceptuamos el caso cubano, de carácter socialista—, aunque han sido numerosas. Entre ellas citaremos la Ley de Reforma Agraria de Bolivia de 1953 y las leyes de 1964 y 1969 en Perú. El resto de países latinoamericanos se puede agrupar en tres conjuntos:

  1. El Cono Sur: con las reformas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile; en general con escasas transformaciones, y de las que destacaremos la reforma agraria chilena con tres períodos bien diferenciados: el de la reforma liberal bajo el democristiano Frei, el de la reforma socialista con Salvador Allende, para concluir con la contrarreforma agraria del general Augusto Pinochet.
  2. América Central: con las reformas de Guatemala, El Salvador, Honduras y, la más importante, la de Nicaragua a partir de las leyes de 1979 y 1981.
  3. Países orientados a la colonización técnica: Brasil, Ecuador, Colombia y Venezuela, que se han orientado hacia la colonización, transformación técnica y promoción agrarias más que hacia una reforma agraria redistributiva, a pesar de haber dictado diversas leyes de reforma.

Dos conclusiones principales se obtienen de la experiencia de la reforma agraria iberoamericana: la primera es la de su valoración positiva, y la segunda es la de su insuficiencia, dado que los problemas agrarios quedaron sin resolver. El mundo agrícola moderno no crea el número suficiente de empleos para absorber el aumento de la población activa, y ello ejerce presiones sobre los recursos en forma de tierra del campesinado, lo cual se debe en gran medida al desarrollo de la mecanización con su consustancial ahorro de mano de obra.

En síntesis, los resultados de las reformas liberales se pueden considerar más pobres de lo que contempla la legislación, con la creación de una pléyade de minifundistas, la falta generalizada de asistencia técnica y financiera, y una clara contradicción entre los objetivos sociales de las reformas y los intereses de muchos de sus promotores (terratenientes, hacendados, estancieros...) con gran poder económico y político.

Por todo ello podemos concluir que la reforma agraria en buena parte de Asia, Iberoamérica y África árabe no ha tenido las virtualidades previstas, por lo que el patrimonio territorial de estos países conserva enormes desequilibrios estructurales. Mientras las economías nacionales continúen siendo incapaces de ofrecer una salida válida a las masas campesinas en otros sectores económicos, la reforma agraria se ha de mantener como un objetivo insoslayable, complementándose con la revolución verde para alcanzar metas sociales viables.

Las reformas agrarias socialistas

Frente a las reformas agrarias liberales, las socialistas fueron radicalmente distintas, porque afectaron no solo a la estructura de la propiedad, sino íntegramente a la vida de las comunidades agrarias. El resultado es ambivalente, pero de lo que no se puede dudar en ningún caso es de que la reforma agraria en los países socialistas fue mucho más ambiciosa que en los de economía de mercado, aunque en un principio adoptó las formas y pautas de los sistemas liberales. Tal sucedió, por ejemplo, en la URSS hasta que Stalin decidió, a partir de 1928, la colectivización dura. Por el contrario, el caso chino nos ofrece un ejemplo muy distinto, en el que la reforma agraria no supuso más que un paso rápido hacia la organización socialista de la sociedad campesina. En Cuba, la evolución fue muy rápida, basada en la experiencia soviética. El ejemplo soviético también influyó en los países de Europa oriental, pero con bastantes singularidades.

La reforma agraria de la Unión Soviética: Sus antecedentes se pueden rastrear en la Rusia zarista, concretamente con la reforma de 1861 que liberaba de la servidumbre feudal al campesinado y que se extendió rápidamente al mir o comunidad campesina con sus tierras, al tiempo que fue tomando cuerpo el proceso de kulakización. En vísperas de la Revolución de Octubre existían 15,4 millones de hogares campesinos, de los que aproximadamente la mitad disponían de tierras en régimen de propiedad privada y la otra mitad en régimen comunitario, en el marco del mir.

Mediante la ley agraria del 26 de octubre de 1917 se abolió el derecho de propiedad privada de la tierra, que fue sustituido por el de propiedad estatal; se suprimieron todos los pagos por arrendamiento y se autorizó a los campesinos a ocupar las tierras de los grandes propietarios a través de los comités locales. Todas estas medidas significaron un primer paso hacia la socialización, pero los inconvenientes (entre ellos la ola de hambre de 1921-1922) retrasaron la implantación del socialismo en el campo. Durante la etapa de la NEP (Nueva Política Económica) y a partir del Código Agrario de 1922 se dio opción al campesinado a permanecer con explotaciones individuales o a organizarse en colectivas. Merced a esta situación el mir conoció un renacimiento asombroso: en 1927, antes de la colectivización dura estaliniana, las tierras en posesión del mir alcanzaban un 94%, las explotaciones privadas un 3%, los sovjoses un 2% y los koljoses un 1%.

La nueva orientación política promovida por Stalin a partir de 1928 dio lugar al triunfo del koljós. En esta etapa desaparecieron las propiedades privadas, tanto de los kulaks como de los medianos propietarios, pero también se asistió al sacrificio de la agricultura en pro de la creación de un fondo de inversión y desarrollo industrial. Descendieron los precios de los productos agrarios, lo que provocó tensiones campesinas que abocaron a la concesión de un lote individual de tierras —el dvor— y a la tolerancia de un mercado paralelo de productos koljosianos. Esta política pesó enormemente en el desarrollo agrario de las comunidades rurales soviéticas hasta el cambio de 1965, que consideró prioritaria a la agricultura, pero no fue capaz de eliminar los lastres heredados.

La evolución agraria de los años 60 y 70 estuvo marcada por una reorganización del koljós y una primacía del sovjós. La granja estatal fue adquiriendo mayor peso. Los lotes privados ocupaban una escasa superficie (pequeños huertos de 0,5 ha para las familias koljosianas). Sin embargo, no se encontró el equilibrio deseado: el koljós acogía todavía a más de la mitad de los empleados agrarios del país y generaba un excedente importante de población agraria.

Mijaíl Gorbachov, responsable de la agricultura soviética entre 1979 y 1982, conocía bien sus problemas. En 1985 sustituyó los organismos agrarios por un solo superministerio: el Gosagroprom. En septiembre de 1987 concedió nuevos estímulos a los lotes privados (superando las 0,5 ha) y en julio de 1988 estableció que los contratos de arrendamiento de la tierra por koljoses y sovjoses a favor de agricultores individuales, familias o brigadas podían hacerse por 50 años, con obligación de entregar al Estado la cuota convenida y comercializar el resto libremente. A partir del 15 de marzo de 1990 entró en vigor un nuevo sistema que permitía al agricultor poseer tierra de por vida y transmitirla en herencia, aunque sin posibilidad de compraventa.

El modelo agrario soviético puede ser cuestionado por su falta de dinamismo, el desabastecimiento crónico de productos básicos o la mayor eficacia productiva de los lotes privados. La reforma y evolución en la URSS condujeron a un modelo socialmente igualitario pero económicamente insuficiente. No obstante, las reformas socialistas demostraron una eficacia estructural notablemente superior a la de los sistemas liberales para erradicar viejas desigualdades, a pesar de sus deficiencias productivas.

Las políticas agrarias contemporáneas

Tradicionalmente predominaba una concepción individualista en la configuración de los paisajes rurales. Esta concepción insistía mucho en el término «organización», en contraposición al concepto de «ordenación» que se fue generalizando más recientemente cuando se transmitió la idea de que determinados espacios no son fruto de acciones individuales espontáneas, sino el producto de una intervención planificada. La ordenación de los espacios rurales es un fenómeno ligado al creciente papel de los factores políticos, como las políticas agrarias estatales o comunitarias.

Toda actuación de política agraria persigue unos objetivos concretos (corregir la desigual distribución de la propiedad, ampliar el regadío, equilibrar la balanza comercial), respondiendo a los intereses dominantes de la sociedad que la formula. Si el alto grado de concentración de la propiedad ha sido históricamente el gran problema del campo español, otros asuntos centrales han sido el minifundismo, la atomización parcelaria y la política hidráulica. A estos problemas estructurales clásicos se han sumado el desequilibrio de rentas intersectorial (paridad agraria), la financiación y los canales de comercialización.

El GATT y la Política Agrícola Común (PAC)

En la Ronda Uruguay (1986-1994) del GATT (actual OMC) se discutieron por primera vez los intercambios comerciales agrarios, originando amplias controversias. La Ronda Uruguay finalizó con compromisos para los 124 países firmantes:

  • Reducción en un 36% de los aranceles existentes y arancelización de las medidas de protección en frontera.
  • Reducción del apoyo interno global de cada país a su sector agrario.
  • Reducción de las subvenciones a la exportación en un 36%.

En última instancia, el conflicto comercial recurrente entre Europa y Estados Unidos refleja dos modelos de agricultura diferentes, fuertemente subsidiados en el marco de la economía de mercado internacional.

De la Política Agraria Común hacia el enfoque agroambiental y rural

La PAC ha sido la política comunitaria europea con mayor dotación presupuestaria. Ha experimentado una reorientación progresiva: desde una política de sostenimiento de precios e intensificación productiva hacia el fomento integral del desarrollo rural y la sostenibilidad ambiental.

La política socioestructural comunitaria se articuló con la creación de los fondos en 1973:

  • FEDER: Instrumento de desarrollo regional y reconversión industrial.
  • FEOGA-Orientación: Desarrollo sostenible del medio rural y mejora de explotaciones problemáticas.
  • Fondo Social Europeo (FSE): Empleo y formación profesional.
  • Fondos de Cohesión: Complementarios para infraestructuras y medio ambiente.
  • FEOGA-Garantía: Destinado a cubrir los gastos de mercado y sostenimiento de precios agrarios.

En 1975 se aprobó la Directiva de Áreas Desfavorecidas, que amparó a más del 50% de la superficie comunitaria. Con las reformas de 1988 y la integración del Acta Única Europea se definieron las regiones Objetivo 1 (atrasadas) y Objetivo 5b (zonas rurales frágiles), así como el Objetivo 5a de carácter horizontal (modernización, jóvenes agricultores). Se promovieron iniciativas comunitarias como ENVIREG (medio ambiente), INTERREG (cooperación transfronteriza y ordenación territorial) y LEADER (desarrollo endógeno local).

La reforma de la PAC de 1992 redujo el sesgo productivista impulsando la extensificación, la reforestación, la retirada de tierras y la jubilación anticipada. La reforma de la PAC de 1999 (Agenda 2000) consolidó el desarrollo rural como el «segundo pilar» indiscutible sobre tres ejes primordiales: refuerzo agrario y forestal, competitividad territorial y preservación ecológica.

Los objetivos en este marco posproductivista apuntan hacia una Política Agraria, Agroambiental y Rural Común (PAARC) orientada a:

  • Conservar vivo el territorio con criterios multifuncionales.
  • Garantizar una producción saludable, segura y de alta calidad.
  • Mantener la sostenibilidad de los recursos naturales frente a la sobreexplotación.

La política agraria en los países subdesarrollados

Los países en vías de desarrollo muestran marcadas contradicciones: con frecuencia, la intervención estatal ha aplicado una política de precios agrarios artificialmente bajos para beneficiar a las poblaciones urbanas, perjudicando gravemente a los pequeños campesinos productores de subsistencia. Por otra parte, la protección y subsidios se han volcado en las plantaciones y explotaciones agroexportadoras. Paralelamente, muchos programas de ayuda internacional han acentuado la dependencia económica exterior y la degradación ecológica, confirmando en numerosos casos la ineficacia de las intervenciones foráneas no adaptadas a la realidad socioespacial autóctona.

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