Modalidades de Legitimación, Control Social, Parlamentario y Constitucional en España

Modalidades de legitimación en el proceso contencioso-administrativo

Existen dos modalidades excepcionales de legitimación:

1. La que la LJCA confiere a cualquier ciudadano, sin necesidad de acreditar ningún tipo de interés, en el ejercicio de la acción popular, solo cuando así esté previsto en la ley.
2. La que permite el ejercicio de la acción vecinal, en nombre o interés de su entidad local, para la defensa de los bienes y derechos de esta, cuando no recupere por sí misma, pese a haber sido requerida para ello.

Actuaciones preparatorias

Emplazamiento de los interesados

Examinada de oficio la demanda por el órgano jurisdiccional, declarará la validez de la comparecencia a través de dichos escritos y acordará, si lo solicita el recurrente, la publicidad de las actuaciones en el periodo oficial. Los anuncios tienen por objeto llamar a terceros interesados para que comparezcan si a su derecho interesa.

Al mismo tiempo, se requerirá a la Administración la remisión del expediente administrativo, ordenándole que emplace a quienes aparezcan como interesados en él, para que puedan personarse en el plazo de nueve días. Formalmente, la reclamación del expediente produce el efecto de emplazamiento de la Administración y su envío equivale a su personación.

La remisión del expediente es muy importante, ya que el demandante y las demás partes tienen derecho a conocer antes de formular demanda u oposición a ella, de forma que puedan fundamentarla con conocimiento de causa.

Si los emplazados no se personan en el plazo concedido, el proceso sigue sus trámites y, si se personan posteriormente, se les tendrá por parte solo para los trámites que no hayan precluido.

Control social

Los ciudadanos, organizaciones, grupos, instituciones privadas, medios de comunicación, comunidades de vecinos, empresas, sindicatos, etc., que en defensa de sus propios intereses, grupales, corporativos o vecinales, actúan ante la Administración, ya sea mediante modos de organización propios, a fin de defender su propio interés, pueden también denunciar su actividad o conducta perversa o corrupta, en cuanto se desvíe de la defensa del interés general en beneficio de personas individuales, partes o grupos concretos.

Control jurisdiccional y parlamentario

Control jurisdiccional

Las formas de control jurídico-institucional nos sitúan ante un Estado de Derecho parlamentario, que en el caso español se denomina Estado de las Comunidades Autónomas o simplemente Estado autonómico, diferente del federal y regional. Los controles concretos de la Administración y la ausencia o presencia de algún otro control suelen ser las clases o formas de control de la Administración en el modelo parlamentario continental europeo.

Control parlamentario

Las Cortes Generales representan el pueblo español y controlan la acción del Gobierno. Este imperativo constitucional se ejerce principalmente a través de los siguientes instrumentos:

• Control de disposiciones del Gobierno, programas e informes.
• Comisiones de Investigación.

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas con rango y valor de ley. Sin embargo, el Congreso, en un plazo de 30 días desde su promulgación, debe convalidarlos o derogarlos.
2. Se han constituido las interpelaciones como las preguntas al Gobierno y a cada uno de sus miembros. Las interpelaciones se dan en el Pleno y pueden dar lugar a una moción en la que la Cámara exprese su posición.
3. El tercer instrumento es la facultad que tienen las Cámaras para nombrar Comisiones de Investigación sobre cualquier asunto de interés público. La comparecencia de la persona o personas investigadas es obligatoria. Los resultados son de naturaleza política, pero el resultado de la investigación puede ser comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas.

Control constitucional

El Tribunal Constitucional controla directa o indirectamente la actuación de los tres poderes públicos, a fin de verificar su presunta inconstitucionalidad. Está integrado por 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso, cuatro del Senado, dos del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Son nombrados para un periodo de nueve años, y entre ellos elige al Presidente.

Decimos que dirige o controla a los tres poderes en cuanto tiene competencia para anular las leyes, disposiciones normativas con fuerza de ley y las providencias sentencias de los jueces y tribunales contrarias a la Constitución Española. En conclusión, el control sobre los gobiernos, estatutos y autonomías se realiza a través de los conflictos de competencia, a fin de que las disposiciones normativas no invadan las competencias atribuidas al Estado o a las Comunidades Autónomas por la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Y a través del recurso de amparo, se protege a los ciudadanos frente a la violación por los poderes públicos de sus derechos y libertades fundamentales constitucionales.