Metodología Efectiva para la Resolución de Casos Jurídico-Penales
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Metodología para la Resolución de Casos Jurídico-Penales
1. Comprensión del Supuesto de Hecho
Es conveniente leer los hechos tantas veces como sea necesario, extrayendo aquellos datos que nos parezcan jurídicamente relevantes.
Puede resultar útil confeccionar un pequeño esquema o gráfico en el que se estructure el supuesto, con el objeto de establecer el exacto orden cronológico de los hechos y de separar las acciones u omisiones de cada uno de los sujetos intervinientes.
2. Identificación de los Problemas Jurídico-Penales Planteados
En la resolución de casos en Parte General, para aislar el o los problemas que se hayan de resolver, es imprescindible seguir el orden de la estructura del delito, examinando uno a uno los elementos que fundamentan la responsabilidad penal según el esquema que se desarrolla a continuación (o cualquier otro de los que se mantienen en la doctrina científica, siempre que se haga de manera rigurosa).
Una vez que se entienda que concurre un elemento (por ejemplo, el “comportamiento humano”) se pasará a examinar los siguientes (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad).
La profundidad del análisis requerido para verificar la presencia o ausencia de los diferentes elementos dependerá de cuál sea el problema o problemas centrales del caso. Sin perjuicio de hacer referencia a todos los elementos del delito, el análisis debe centrarse especialmente en estos últimos.
3. Resolución de los Problemas Jurídico-Penales
La responsabilidad de cada uno de los sujetos intervinientes se examinará por separado. Si la resolución del caso ha conducido a entender que existen autor(es) y partícipe(s), en la resolución escrita deberá determinarse la responsabilidad del autor en primer lugar, y abordarse después la de los partícipes.
Cada uno de los problemas detectados habrá de ir resolviéndose (siempre por el orden establecido) con la ayuda de los instrumentos técnicos que se poseen: textos legales (Código Penal actualizado) e interpretaciones de la doctrina y la jurisprudencia. Cada una de las soluciones alcanzadas por el alumno (sea para afirmar o negar la concurrencia de una de las categorías integrantes del delito) deberá argumentarse con claridad, para lo que debe hacerse referencia, en su caso, al concreto precepto legal aplicado, así como, en general, a las razones que sirven de apoyo a la postura adoptada.