Memoria Histórica: Represión Franquista, Trabajo Forzado y Violencia en la Transición

Parte I: Esclavos por la patria

Prólogo escrito por Luis del Val.

Introducción: Un país partido y destrozado

El 1 de abril de 1939 concluye formalmente la guerra civil española, dando inicio a un periodo marcado por la devastación social, las cartillas de racionamiento y una estricta política económica intervencionista.

El «INEM rojo» de Franco

El régimen franquista estructuró la rentabilidad de su sistema penitenciario mediante la Inspección General de Campos de Concentración y el uso de ficheros psicotécnicos y fisiotécnicos, sustentando el mecanismo legal e ideológico de la redención de penas por el trabajo.

El mapa del trabajo esclavo

A partir de 1943 se multiplicaron los envíos forzosos de reclusos fuera de sus prisiones de origen hacia obras de diversa índole:

• Obras hidráulicas: Canal del Bajo Guadalquivir (conocido como el Canal de los Presos), embalses de Benagéber y Riosequillo.
• Red ferroviaria: Trazados estratégicos como Madrid-Burgos y Madrid-Galicia.
• Reconstrucción: Regiones Devastadas actuó en poblaciones destruidas como Guernica.
• Infraestructuras y minería: Edificación de cuarteles y viviendas protegidas, así como extracción intensiva en las cuencas mineras de Asturias y León.

Los caídos en el Valle

El 3 de junio de 1939, tras las exequias del general Emilio Mola, se afianza el proyecto monumental de Cuelgamuros. En mayo de 1943 se destinaron tres destacamentos penales permanentes a la construcción del Valle de los Caídos. Los últimos presos políticos abandonaron las obras en 1950, prolongándose los trabajos hasta la inauguración definitiva de la cripta en 1964.

La vida forzada

Las condiciones de trabajo destacaban por su extrema dureza, crueldad cotidiana (reclusión en sacos, castigos corporales), humillación moral continuada y el encuadramiento en batallones disciplinarios de trabajadores penados.

El negocio penitenciario

El sistema garantizaba un ahorro considerable para las arcas estatales al tiempo que suministraba mano de obra gratuita o semigratuita a empresas privadas concesionarias. Los cautivos debían aguardar hasta diez años para percibir un tercio del subsidio estipulado.

Autarquía en la autarquía

Los centros penitenciarios operaron como recintos autosuficientes a costa de rebajar al mínimo las condiciones materiales y los derechos de supervivencia de la población reclusa.

¿Samaritanos o explotadores?

Iniciativas como las del barrio de Mirasierra encubrieron la lógica económica ideada por el jesuita José Antonio Pérez del Pulgar, articulador del patronato de redención de penas: las obras de Regiones Devastadas sirvieron de puente directo hacia la capitalización de empresas privadas afines al régimen.

Presos de la enfermedad

La combinación de desnutrición endémica, jornadas abusivas, hacinamiento y ausencia de salubridad e higiene básica generó epidemias devastadoras como tifus exantemático, tracoma, tuberculosis y paludismo.

La resistencia

La administración concentracionaria persiguió quebrar la solidaridad interna de los presos mediante propaganda, censura y manipulación en la prensa oficial, buscando extirpar cualquier militancia política. Pese a ello, las prisiones se transformaron en hervideros de resistencia y organización clandestina.

Difícil retorno, penosa espera

Tras la excarcelación, las secuelas se extendieron a los núcleos familiares: niños vulnerables tutelados o expoliados a sus madres (institucionalizados hacia 1946), mujeres abocadas a la miseria y a la prostitución, y la consagración legal y social de ciudadanos de primera y de segunda categoría.

Los esclavos españoles de Hitler

Miles de republicanos españoles exiliados tras la caída de Francia fueron deportados durante la Segunda Guerra Mundial a campos de concentración nazis (más de 10.000 prisioneros, principalmente en Mauthausen-Gusen), siendo explotados como mano de obra esclava para conglomerados industriales como BMW e IG Farben.

Epílogo: Una deuda forzosa

La restitución moral y material del esfuerzo de los penados por las libertades democráticas sufrió un prolongado silencio institucional. Las primeras indemnizaciones formales se retrasaron hasta 1990 bajo el Gobierno de Felipe González, persistiendo resistencias políticas por parte de figuras procedentes de la administración franquista, como Manuel Fraga.

• Anexo I: Algunas obras y empresas vinculadas a la explotación de presos.
• Anexo II: Testimonios de los represaliados.
• Bibliografía y fuentes documentales.

Parte II: Los estertores del franquismo y la violencia en la Transición

Prólogo por Eduardo Haro Tecglen. Organizaciones y movimientos. Nota preliminar.

Los últimos fusilados por Franco

El 27 de septiembre de 1975 se ejecutan las últimas cinco penas de muerte del régimen contra miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) y de ETA. El 1 de octubre de 1975, en la Plaza de Oriente, el régimen organiza la última gran concentración de adhesión al dictador, fecha que cataliza la conformación del grupo armado GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre).

Procesos judiciales sumarios

Entre el 28 de agosto y el 29 de septiembre se sustanciaron cuatro consejos de guerra con nulas garantías procesales, dictándose las sentencias capitales definitivas el 26 de septiembre.

La noche más larga

En la prisión de Carabanchel pasaron sus últimas horas los condenados: Ramón García Sanz, José Humberto Baena Alonso, Ángel Otaegui, Juan Paredes Manot («Txiki») y José Luis Sánchez-Bravo.

Las ejecuciones al alba

• Txiki: Fusilado en las proximidades del cementerio de Collserola (Barcelona) en presencia de sus letrados Marc Palmés y Magda Oranich, junto a su hermano Mikel.
• Otaegui: Ejecutado en el penal de Burgos sin asistencia ni testigos directos.
• Baena, Sánchez-Bravo y García Sanz: Fusilados en el campo de tiro de Hoyo de Manzanares / Matalagrana, con la presencia del párroco don Alejandro.
• Reclamaciones posteriores: En septiembre de 2002, la madre de Humberto Baena acudió al Tribunal Militar Territorial Primero y posteriormente al Tribunal Constitucional; en mayo de 2004, este órgano desestimó el amparo alegando la irretroactividad constitucional. La tragedia familiar condujo asimismo al suicidio del hermano menor de Sánchez-Bravo.

Atado y bien atado: La sucesión monárquica

El acercamiento de la corona comenzó en 1948 con el traslado formativo de Juan Carlos de Borbón. La ley de sucesión transformó nominalmente el Estado franquista en reino sin rey. El 22 de julio de 1969, Juan Carlos fue propuesto formalmente y juró el 23 de julio ante las Cortes franquistas la sucesión a título de rey. El 19 de julio de 1974 asumió de manera interina la jefatura del Estado durante la enfermedad del dictador. Tras el fallecimiento de Franco el 20 de noviembre de 1975, el monarca fue proclamado sin consulta electoral previa sobre el modelo de Estado.

El papel de Rodolfo Martín Villa

Hijo de un ferroviario adscrito a la CNT, Martín Villa ascendió desde las estructuras del SEU y la secretaría general del Sindicato Vertical (1969-1973). En diciembre de 1975 pasó al Ministerio de Relaciones Sindicales y posteriormente al de Gobernación/Interior. Senador, ministro de Administración Territorial y vicepresidente con Leopoldo Calvo-Sotelo, vivió el colapso electoral de UCD en 1982 antes de reubicarse en consejos empresariales vinculados al PP, ostentando la presidencia de Endesa en 1997 (marcada por la gestión de la crisis del Prestige) y de Sogecable.

La Operación Mallorca

El 5 de abril de 1978 se perpetró en Argel el intento de asesinato contra Antonio Cubillo, dirigente del MPAIAC. La operación involucró presiones diplomáticas, la coordinación policial atribuida al comisario Roberto Conesa y al gobernador civil Mariano Nicolás, junto con el sicario José Luis Espino y la intermediación encubierta de altos mandos de seguridad como el teniente general José Antonio Sáez de Santamaría.

Manuel Fraga y la propaganda del régimen

Nacido el 23 de septiembre de 1922 y promovido como «niño prodigio» de la burocracia estatal en 1948, Manuel Fraga Iribarne asumió en 1962 el Ministerio de Información y Turismo, controlando la censura institucional y la campaña del referéndum de 1966. Tras el escándalo del caso Matesa (1969), fue embajador en el Reino Unido. En 1975 fungió como vicepresidente y ministro de la Gobernación con Carlos Arias Navarro, periodo marcado por los sucesos de Montejurra (mayo de 1976) y la matanza de Vitoria, antes de su derrota política frente al reformismo suarista en 1977.

La Operación Reconquista y los sucesos de Montejurra

Dotada con fondos reservados de 42 millones de pesetas, la operación ejecutada el 9 de mayo de 1976 buscó dirimir violentamente la pugna carlista entre la línea progresista de Carlos Hugo y la facción ultraderechista encabezada por Sixto Enrique de Borbón. Elementos neofascistas internacionales armados atacaron a los asistentes, resultando asesinados Aniano Jiménez Santos y Ricardo Pellejero Rodríguez.

Adolfo Suárez y la reforma televisada

Antiguo secretario de Fernando Herrero Tejedor desde 1955 en el Gobierno Civil de Ávila, Suárez dirigió RTVE a partir de 1965 y asumió el gobierno civil de Segovia durante el hundimiento del complejo de Los Ángeles de San Rafael el 15 de junio de 1969. De vuelta a la cúpula de TVE a finales de 1969, ocupó el Ministerio Secretaría General del Movimiento en 1975 durante los sucesos de Vitoria y Montejurra. Designado presidente en julio de 1976, pilotó la Ley para la Reforma Política y la aprobación de la Constitución de 1978, revalidando la presidencia en 1979 hasta su dimisión en 1981.

Los crímenes de la ultraderecha y el Sindicato Vertical

A finales de enero de 1977, la denominada «Semana Negra» de Madrid desestabilizó el proceso político:

• 23 de enero de 1977: Grupos ultraderechistas asesinan al estudiante Arturo Ruiz. En la protesta subsiguiente, el impacto de un bote de humo policial provoca la muerte de Mari Luz Nájera. Los GRAPO responden con secuestros y atentados.
• 24 de enero de 1977: Matanza de los abogados laboralistas de Atocha, saldada con cinco letrados asesinados y cuatro heridos de gravedad.
• 26 de enero de 1977: Histórica concentración pacífica antifascista de repulsa.
• Tramas armadas: Las investigaciones vincularon a sectores del Sindicato Vertical del Transporte, Falange, Guardia de Franco y Fuerza Nueva, empleando pistolas oficiales del Ejército (marca Star) y subfusiles Ingram M10 suministrados por redes neofascistas italianas.

José María de Areilza y los hermanos Rosón

En el clima de tensión política reflejado en testimonios y entrevistas de 1977, convergieron perfiles procedentes del aparato burocrático franquista:

• José María de Areilza: Alcalde de Bilbao tras la ocupación militar de la urbe, director general de Industria, consejero nacional de Falange y posterior ministro de Asuntos Exteriores de la monarquía, integrado temporalmente en la órbita de UCD.
• Juan José Rosón: Procedente del SEU y RTVE, mano derecha de Martín Villa en el Ministerio del Interior.
• Antonio Rosón: Procurador en Cortes y dirigente agrario provincial.

La pervivencia del aparato judicial: El Tribunal de Orden Público

La transición institucional no acometió una depuración profunda del estamento judicial. Jueces formados en el Tribunal de Orden Público (TOP), como Rafael Gómez Chaparro —encargado de instruir causas clave como Montejurra y Atocha—, mantuvieron sus prerrogativas y fueron redistribuidos sin solución de continuidad en órganos de nueva planta, singularmente la Audiencia Nacional.

Continuidad en los cuerpos policiales y represivos

Se garantizó la inmunidad y el ascenso de mandos de la Brigada Político-Social (entre ellos el comisario Roberto Conesa y los hermanos Creix), preservando la estructura funcional de las fuerzas de seguridad del Estado antes y después de la promulgación de la Constitución de 1978.

Organizaciones paramilitares y pervivencia involucionista

Bajo la cobertura tácita de redes de información estatales y mandos afines, proliferaron escuadras armadas y de agitación callejera (Guerrilleros de Cristo Rey, Defensa Universitaria, Guardia de Franco y los destacamentos de Fuerza Nueva liderados por Blas Piñar) con el fin de hostigar militarmente a sindicatos y formaciones de izquierda. Esta corriente involucionista cristalizó ideológicamente en el Manifiesto de los Cien, antecedió la tentativa de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y mantuvo presencia en la oficialidad militar durante décadas posteriores.