Marco Legal de la Protección Ambiental y Régimen Sancionador en España

Protección del medio ambiente

La regulación básica estatal y la autonómica de desarrollo deben asegurar, por imperativo del artículo 45 de la Constitución Española, la protección y preservación del medio ambiente. Según dicho artículo, todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida, así como defender y restaurar el medio ambiente.

Es competencia exclusiva del Estado, según lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección.

En ejercicio de las competencias atribuidas en los artículos 153 (desarrollo legislativo y ejecución en protección del medio ambiente), 154 (competencia exclusiva en espacios naturales protegidos) y 156, 157 y 158 (ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda) de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Gobierno de Canarias procedió a elaborar la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, modifica el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), recogiendo que el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y tendrá competencia en la protección del medio ambiente, entre ellas:

• Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

Esa misma LBRL establece que, con el objeto de evitar duplicidades administrativas, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar a los municipios, entre otras, las siguientes competencias (artículo 27):

• Vigilancia y control de la contaminación ambiental.
• Protección del medio natural.

Normativa sobre emisiones y vertidos contaminantes

Corresponde a las entidades locales ejercer aquellas competencias en materia de control de vertidos, calidad del aire y protección de la atmósfera que tengan atribuidas en el ámbito de su legislación específica, así como aquellas otras que les sean atribuidas en el marco de la legislación básica del Estado y de la legislación de las comunidades autónomas en esta materia.

En desarrollo de las competencias tanto del Estado (art. 45 C.E.), como de la Comunidad Autónoma de Canarias (art. 153 E.A.C.) y de los Municipios (art. 25.2 LBRL), algunas de las principales normativas europeas, estatales y autonómicas en materia de emisiones y vertidos contaminantes son:

• Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos.
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
• Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
• Ley 1/1999, de 29 de enero, de residuos de Canarias.

Debemos recordar que, en materia de limpieza viaria y de recogida y tratamiento de residuos, la LBRL en su artículo 26.1.a) y b) establece la obligación de prestar dichos servicios. Esta competencia genérica se completa con lo dispuesto en el artículo 12.5 de la Ley 7/2022, que atribuye a las Entidades Locales la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios.

Las Entidades Locales podrán, entre otras cuestiones:

• Gestionar los residuos comerciales no peligrosos en los términos que establezcan sus respectivas ordenanzas.
• Obligar al productor de residuos peligrosos domésticos a que adopten medidas para eliminar o reducir dichas características o a que los depositen en la forma y lugar adecuados.
• Dotarse de los medios humanos y materiales suficientes para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta ley (autorización, vigilancia, inspección, sanción e información).

Humos, ruidos y vibraciones

La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, junto a su extenso desarrollo reglamentario, ha servido como norma básica para enmarcar la respuesta a los problemas de la contaminación del aire. Su objeto es establecer las bases en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica para evitar o aminorar los daños a las personas y al medio ambiente.

El tratamiento del ruido viene recogido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido y el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, comprendiendo tanto el ruido como las vibraciones. Quedan excluidos del ámbito de aplicación:

• Las actividades domésticas o comportamientos de vecinos, cuando se mantengan dentro de límites tolerables según ordenanzas municipales.
• Las actividades militares.
• La actividad laboral.

Atendiendo al principio de autonomía local y al artículo 25.2 b) de la LBRL, los municipios deben aprobar ordenanzas que regulen medidas para proteger la salud (art. 43 C.E.), el medio ambiente (art. 45 C.E.) y la intimidad (art. 18 C.E.), pudiendo tipificar infracciones sobre:

• El ruido procedente de usuarios de la vía pública.
• El ruido producido por actividades domésticas o vecinos cuando exceda los límites tolerables.

Régimen sancionador en las infracciones administrativas

Las leyes 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC) y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), contienen la regulación básica de la potestad sancionadora. Los principios que rigen el procedimiento sancionador (arts. 25 a 31 de la Ley 40/2015) son: legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y non bis in idem.

No podrán sancionarse los hechos que ya hayan sido sancionados penal o administrativamente, cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes; en su defecto, se aplicarán los plazos generales (muy graves: 3 años; graves: 2 años; leves: 6 meses para infracciones; 1 año para sanciones leves).

El procedimiento sancionador se divide en fases:

• Fase de instrucción: El órgano instructor investiga los hechos mediante documentos, dictámenes e informes para emitir una propuesta de resolución. Incluye el trámite de alegaciones y la práctica de prueba como garantía del derecho de defensa.