Marco Jurídico Español: Tratados, Reglamentos y Derechos Fundamentales

Marco Jurídico Español: Tratados Internacionales

Los Tratados Internacionales son acuerdos celebrados entre España y otros Estados. Cuando involucran a dos Estados, se denominan bilaterales. También se utilizan para establecer la participación de España en organizaciones internacionales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se encarga de la gestión de estos tratados. Su regulación se encuentra en el Art. 96.1 de la Constitución Española (CE) y el Art. 5.1 del Código Civil (CC). La Constitución también aborda los tratados internacionales en sus artículos 93 a 96.

La aprobación de una ley por las Cortes Generales (Parlamento) es necesaria cuando España contrae obligaciones económicas con otros Estados, en tratados de carácter político o militar, o cuando implican la modificación de alguna ley interna.

Reglamentos y Disposiciones Jurídicas

Los Reglamentos no son leyes en el sentido estricto, sino disposiciones jurídicas de rango inferior a la Ley, cuya función es desarrollarla y complementarla. Existen distintas clases, como:

• Órdenes Ministeriales
• Reales Decretos
• Circulares
• Resoluciones
• Instrucciones

Disposiciones Jurídicas de la Unión Europea

Las disposiciones jurídicas más importantes de la Unión Europea son tres:

• Reglamento: En el contexto de la Unión Europea, el reglamento es el equivalente a una ley nacional. Es la categoría superior y es directamente aplicable en todos los Estados miembros desde la fecha indicada en su publicación.
• Directiva: Establece la obligación de desarrollar en el Derecho interno las directrices sobre una determinada materia. Otorga libertad a cada Parlamento nacional para transponer la directiva a su ordenamiento jurídico interno, respetando unos mínimos. Las directivas establecen un plazo para su transposición; el incumplimiento de este plazo puede acarrear sanciones.
• Decisión: Son obligatorias para un destinatario individual, que puede ser una persona física, jurídica, o uno o varios Estados.

Derechos y Libertades Fundamentales en España

Los Derechos y Libertades Fundamentales son derechos humanos reconocidos y recogidos en la Constitución Española. España también ha ratificado tratados internacionales y declaraciones de Derechos Humanos.

Su regulación se encuentra en la Constitución a partir del Art. 10.1 CE. Los derechos y deberes fundamentales se fundamentan en la dignidad de la persona. El Estado español se compromete, a través de sus poderes, a respetar estos derechos. Además, según el artículo 9.2 CE, se deben remover los obstáculos que impidan la participación democrática de los ciudadanos.

La Constitución establece dos grupos principales de derechos. En primer lugar, los Derechos Civiles o Individuales, reconocidos tanto para españoles (Art. 14 CE) como para extranjeros (Art. 13 CE), ya que todos forman parte de la población del Estado español.

Derechos Civiles o Individuales Destacados

1. Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica (Art. 15 CE): Implica el respeto a la integridad física y psíquica de las personas. No tienen cabida los tratos inhumanos ni la tortura. Queda abolida la pena de muerte.
2. Derecho a la libertad y seguridad (Art. 17 CE): Supone que una persona no puede ser detenida sin garantías legales. Establece un plazo máximo de 72 horas (Art. 17.2 CE) para que una persona sea puesta a disposición judicial.

Otros Derechos Fundamentales Relevantes

• Art. 18 CE:
  • Derecho a la intimidad personal y familiar (Art. 18.1 CE)
  • Inviolabilidad del domicilio (Art. 18.2 CE)
  • Secreto de las comunicaciones, especialmente de la correspondencia (Art. 18.3 CE)
• Art. 16 CE: Libertad religiosa e ideológica.
• Art. 19 CE: Libertad de residencia y de circulación.
• Art. 20 CE:
  • Libertad de cátedra.
  • Libertad de expresión.
• Art. 21 CE: Derecho de reunión.
• Art. 22 CE: Derecho de asociación.
• Art. 23 CE: Derecho a la participación política.
• Art. 28 CE: Derecho a la huelga.
• Art. 33 CE: Derecho a la propiedad privada.

Existe la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, que establece un procedimiento rápido y preferente para la defensa de los derechos individuales.