La Lucha Obrera en España (1830-1900): Desarrollo y Consolidación

El Movimiento Obrero en España durante el siglo XIX

De la Resistencia a la Organización

La incorporación del vapor a las fábricas, al inicio de la década de 1830, provocó despidos y generó algunos episodios de destrucción de maquinaria, como el incendio de la fábrica Bonaplata en Barcelona (1835). Pero el luddismo apenas tuvo repercusión en España. Los primeros atisbos de organización obrera fueron las sociedades de ayuda mutua. En 1840 se fundó en Barcelona la Sociedad de Protección Mutua de Tejedores de Algodón y pronto proliferaron por todo el país sociedades semejantes. Pero en 1844 los moderados las prohibieron y la mayoría de ellas pasó a la clandestinidad.

Durante el Bienio Progresista (1854-1856), y gracias a la experiencia revolucionaria de 1854, el movimiento obrero cobró un gran desarrollo. Se sucedieron de nuevo protestas contra la generalización de las hiladoras y tejedoras mecánicas, y los disturbios llevaron a frecuentes choques contra las tropas. La Ley de Trabajo que aprobaron las Cortes resultó decepcionante al defender los intereses patronales. A partir de entonces los obreros comprendieron que los progresistas no iban a defender su causa, por lo que pasaron a alinearse con demócratas y republicanos.

Durante el gobierno de la Unión Liberal (1858-1863) el movimiento obrero permaneció aletargado, en parte por la prosperidad económica, pero también por la dura represión gubernamental. Sin embargo, a partir de 1863, coincidiendo con la vuelta al gobierno de los moderados, volvieron las movilizaciones, ahora abiertamente politizadas.

La revolución de 1868 despertó las esperanzas de obreros y campesinos que creyeron que, con ella, comenzaría el ansiado proceso de reformas sociales. El reconocimiento del derecho de reunión y asociación coadyuvó a esta idea. No obstante, la detención del proceso revolucionario, la permanencia de las quintas, la simple sustitución de los consumos y el mantenimiento de la monarquía, provocaron la separación del movimiento obrero respecto a los partidos demócrata y republicano y la rápida implantación en España de la Internacional.

En octubre de este mismo año llegó a España G. Fanelli, enviado por Bakunin, con el objetivo de organizar la sección española de la AIT sobre la base de las tesis anarquistas. Fanelli estableció dos secciones, en Madrid y en Barcelona, esta última la más sólida. En junio de 1870 se celebró en Barcelona el I Congreso de la sección española de la Internacional, donde se constituyó la Federación Regional Española (FRE), de tendencia anarquista.

En la primavera de 1871, y ya bajo el reinado de Amadeo de Saboya, sobrevino la insurrección de la Comuna de París. El impacto que la revolución causó en las clases dirigentes europeas fue enorme, y en España se tradujo en una serie de medidas represivas contra la AIT. Por otra parte, en diciembre, había llegado a Madrid P. Lafargue, dirigente de la AIT y partidario de la corriente marxista, cuyos postulados fueron aceptados por este núcleo. Sin embargo, tras el Congreso de Zaragoza (junio de 1872) los líderes marxistas madrileños fueron expulsados y un mes más tarde fundaron la Nueva Federación Madrileña, que se convirtió en la sección española del ala marxista de la AIT.

La proclamación de la I República provocó una oleada de manifestaciones y huelgas que forzaron a los patronos a hacer concesiones importantes en jornadas y salarios. Una vez más Barcelona actuó como punta de lanza del movimiento reivindicativo; mientras, en Andalucía, se sucedieron las ocupaciones de tierras. La participación obrera en la huelga de Alcoy (julio de 1873) y en el movimiento cantonal fue utilizada por los sectores conservadores para acabar con la AIT. El 10 de enero de 1874, tras el golpe de Pavía, Serrano decretaba su disolución.

Tras la restauración borbónica el movimiento obrero pasó a la clandestinidad. Pero a partir de 1881 los gobiernos liberales de Sagasta suavizaron la represión, sobre todo cuando en 1887, durante su “gobierno largo”, se aprobó la Ley de Asociaciones por la que se reconocía la libertad sindical.

La implantación del anarquismo fue notable en Cataluña, Aragón, Valencia y Andalucía, pero las divisiones internas y la represión policial provocaron a finales de los ochenta su escisión:

• La corriente anarcosindicalista, centrada en la instrucción, la libertad de asociación y en las formas y tácticas organizativas de la lucha obrera (caja de resistencia, uso de la huelga…)
• La corriente revolucionaria conspirativa o insurreccional, seguidora de la FRE del Sexenio y de su heredera, la FTRE (Barcelona, 1881). Defendía la “acción directa” o la “propaganda por el hecho”. Partía del carácter espontáneo de una insurrección campesina y popular que destruyese el Estado y toda forma de poder (acracia).

La última década del siglo y la primera del siglo XX se caracterizó por una oleada de atentados (1893, Martínez Campos; Bomba en El Liceo; asesinato de Cánovas, 1897…) que alimentó una continua dinámica de acción-represión.

Después de la represión de 1874 los socialistas madrileños se organizaron en torno al núcleo de los tipógrafos. Fueron ellos quienes, junto a algunos intelectuales y otros artesanos, fundaron en mayo de 1879 el PSOE. Pablo Iglesias se convirtió en su principal líder. A lo largo de la siguiente década el partido fue creciendo e implantándose por todo el país. En 1888 se fundó en Barcelona la UGT. Desde entonces se marcaría una línea divisoria clara entre el partido, con objetivos políticos, y el sindicato, cuya función reivindicativa e inmediata era la defensa de los trabajadores. El partido adoptó, además, el sistema de congresos periódicos para definir su línea ideológica y su táctica política. En 1890, siguiendo la consigna de la II AIT, celebró por vez primera el 1º de Mayo. Dos hechos le permitieron al partido afianzar más su posición: la obtención en las elecciones municipales de 1890 de cuatro concejales en las principales ciudades y su persistente denuncia de la Guerra de Cuba como una guerra imperialista y su oposición al servicio militar discriminatorio.

También intentaron organizarse a principios del siglo XIX movimientos obreros de inspiración católica. La encíclica Rerum Novarum de León XIII denunció el socialismo y, tras hacer una moderada crítica del sistema capitalista, animó a servirse del Evangelio para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. El sindicalismo católico partía de la desigualdad social como hecho incontestable que no se podía eliminar. Pretendía paliar los efectos del paro, las huelgas o las duras condiciones del trabajo mediante la relación paternalista del patrono que protegía a sus trabajadores. Los primeros sindicatos católicos fueron impulsados por el padre Vicent, Círculos de Obreros Católicos, siendo el marqués de Comillas quien dirigió este movimiento al presidir la Junta Central de los Congresos Católicos.

Conceptos Clave

Burguesía: Según el pensamiento marxista, clase social cuyos componentes se caracterizan por no ser asalariados, esto es, por ser los propietarios de los medios de producción. Por extensión, también se denomina burgueses a los poseedores de grandes sumas de capital. En Sociología, la clase burguesa suele ser descrita como una clase conservadora política y socialmente, aunque emprendedora en materias profesionales.

Proletariado: grupo de personas que carecen de propiedad y dependen para su subsistencia de su capacidad para obtener un salario a cambio de un trabajo. El proletariado o clase obrera surge en el seno de la sociedad industrial capitalista y se irá dotando de la “conciencia de clase” que orientará sus reivindicaciones.

Poder político: Es la consecuencia lógica del ejercicio de las funciones por parte de las personas que ocupan un cargo representativo dentro de un sistema de gobierno en un país. El poder político se identifica en los sistemas democráticos con el poder ejecutivo y legislativo, mientras que el tercer poder del estado, el poder judicial, está dentro de un esquema distinto ya que su legitimidad no está sostenida por el voto del pueblo como los otros dos poderes, sino por cumplimiento del ejercicio de sus funciones. El poder político es legítimo cuando es elegido conforme a las leyes del país (Constitución). En países democráticos tiene como sustento la legitimidad otorgada por el pueblo por medio del voto popular (Elecciones). Sin embargo, según el pensamiento marxista clásico, a través de su ejercicio y apropiación la burguesía impone sus intereses sobre el conjunto de la sociedad, luego es ilegítimo al servirse de la coacción para lograr tal fin.