Ley de procedimiento administrativo
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Precinto de obra sin haber obtenido licencia, tras la correspondiente resolución:
actividad material de la administración o restitución de la legalidad urbanística (si no se prevé el plan urbanístico te lo precintan).
Omisión de la resolución expresa de un recurso de alzada :
Inactividad formal de la administración, silencio negativo (acto presunto) porque, y de acuerdo con el art. 24.1 LPAC, se trata de una disposición acto o revisión de oficio o puede ser silencio positivo si concurre la excepción de la excepción.
Omisión del pago del justiprecio tras sentencia firme:
incumplimiento de la sentencia, inactividad material de la actuación de la administración.
Entrada en domicilio sin autorización del morador ni de la autoridad judicial:
actividad material de la administración en vía de hecho a efectos del art 30 LJCA.
2. Omisión del tramite de audiencia en un procedimiento iniciado a solicitud del interesado:
El tramite de audiencia es absolutamente esencial. Está recogido en el art. 82 LPAC y supone la obligación de la administración de entregar a los interesados una específica ocasión para defender sus intereses y derechos. Se permite al sujeto el derecho a acceder al expediente, poder analizar y solicitar y obtener copia de cualquiera de los documentos que en el aparezcan recogidos, y derecho a formular alegaciones. Se debe conocer a los interesados en un plazo no inferior a 15 días ni superior a 15. La omisión o defectuosidad determina la anulabilidad de la resolución que pone fin al procedimiento cuando se genera una situación de indefensión. No hay indefensión si el particular puede interponer recurso contencioso-
Administrativo
3. El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dictó resolución por la que fijó el justiprecio en una cantidad que, a juicio del Ministerio de Fomento, es desorbitada, sin justificación por lo que pretende recurrir a la vía jurisdiccional. Responda Usted si puede hacerlo, si el acto es recurrible directamente por agotar la vía administrativa y ante qué órgano debería efectuarlo.
Nos encontramos ante un supuesto de declaración de necesidad, donde el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa agota la vía administrativa y por tanto el acto es recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Podrá emitir un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de la Comunidad Autónoma correspondiente. El acuerdo del jurado de expropiación sobre el justiprecio agota la vía administrativa, por lo tanto, en caso de desacuerdo cualquiera de las dos partes podrá recurrir en reposición contra el mismo jurado o potestativamente ante el TSJ en vía contencioso-administrativa.
4. La Directora general de sostenibilidad de la costa del mar otorgó a la empresa Desarrollo de Ocios S.L. Por delegación de la ministra una concesión de dominio público marítimo- terrestre para instalar en la isla de Ibiza un Beach Club. El dueño del Hotel U, vecino a la playa donde pretende implantarse la instalación quiere recurrirlo, ¿qué recursos caben en vía administrativa y judicial?
Se trata de una concesión demanial, y al ser una concesión demanial procede. Se trata de un acto definitivo por delegación, pero el que delega es un ministro por lo que agota la vía administrativa. La delegación exige que sea expresa, publicada en el Boletín Oficial correspondiente. Como consecuencia, se podrán interponer tanto recurso potestativo de reposición (plazo de 1 mes), como contencioso-administrativo, (plazo de 2 meses).
5. Don MP presenta al Ayuntamiento el día X una reclamación de indemnización por daños ocasionados a su inmueble como consecuencia de la caída de una grúa que estaba podando los árboles de la calle. A día de hoy, la administración municipal ni ha contestado ni iniciado el procedimiento, ¿qué puede hacer el particular afectado?
Se trata de un fallo de la administración ya que el daño causado es previsible por lo que sí que habrá derecho de indemnización. La administración responderá con una responsabilidad patrimonial objetiva.El afectado puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses o recurso potestativo de posición en el plazo de 1 mes. Es importante conocer que la administración dispone de una responsabilidad objetiva, independientemente de si existe culpabilidad o negligencia, si es ilícita o lícita, si es normal o anormal. Lo importante aquí es el daño causado.
La regla general es que los actos de una Administración no pueden ser impugnados por los órganos que confirman dicha Administración, ni siquiera por entidades con admisión jurídica que estén vinculadas a la misma administración. Sin embargo, hay una serie de excepcione recogidas en la ley, en la que los organismos con carácter jurídico independiente funcionalmente, por ej. CNMV, muchos de ellos podrán recurrir contra la solución de la Administración del Estado. Por el contrario, el consejo social de la UAM y el consejo de gobierno de la UAM son órganos sin personalidad de la UAM; no pueden recurrir.
Si, se puede recurrir en casación contra los autos de la sala de lo C-A de los TSJ y también cabe el recurso en las sentencias dictadas en apelación por la sala C-A. Cuando son en única instancia, inadmiten recursos, etc.. Si que cabe recurso c-a frente a los TSJ
8. ¿forma parte del sector publico, a efectos de app de la ley de contratos del sp una empresa em cuyo capital participa el sector privado en un 70% y que tiene como objeto la prestación del servicio Publico municipal de abastecimiento de agua y alcantarillado? ¿Puede formar parte del sector público una empresa cuyo capital sea X%?
Podrá formar parte del sector público una empresa cuyo capital social de este sector sea superior al 50%. Si no nos vemos ante esta situación formará parte del sector privado.
9. ¿Puede la Administración Pública adjudicar un contrato administrativo sin la previa tramitación y aprobación del expediente de contratación?
Existen 3 supuestos en los que cabe contratos sin expedientes: Contratos menores, contratos de emergencia y concesiones cuando se indica a un particular.
10. Defina brevemente el régimen jurídico de los siguientes contratos:
Gestión de viajeros: Contrato de gestión de servicio público. Aplicación íntegra de la LCSP. Regulado dentro de la actividad de fomento y bajo la dirección general del transporte terrestre, lo cual lo regula.
Gestión de limpieza de los edificios públicos municipales: Aplicación íntegra de la LCSP. lo asume y lo gestiona el ayuntamiento, mediante contratas y el ayuntamiento lo internaliza y asume él.
Compraventa de un bien inmueble patrimonial del municipio: Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Ley 33/2003 del patrimonio de las administraciones publicas y la ley de bases del régimen local. De acuerdo con esta normativa las entidades locales tienen capacidades para adquirir y transmitir bienes.
Incorporación de un informático a la plantilla municipal: Relación laboral excluida de la Ley de Contratos. Se tramita mediante la relación de puestos de trabajos y tiene que estar presupuestados en la LGPE. Esta en la actividad de Fomento a través de los ayuntamientos. Es oferta publica concurren en oferta publica a las plazas ofertadas.
11. La conserjería de F pretende contratar a una empresa privada para que realice el control de seguridad en los accesos del edificio. ¿Es ello posible? Y en ese caso, ¿cómo se denominaría el
Sí sería posible, se trataría de un contrato de servicios sujeto a la LCSP. Sin embargo, no sería posible en la contratación de esa empresa para resolución de los procedimientos de imposición de sanciones por aparcamiento incorrecto; no se podría contratar porque es una manifestación del poder público y las manifestaciones de éste no pueden ser contratadas.
12. La declaración de espacio natural protegido de un determinado lugar prohíbe la explotación de canteras dentro de su ámbito, si bien permite la explotación existente hasta que concluya el plazo concesional. ¿Tiene el titular de la cantera derecho a obtener indemnización?
No tiene derecho a indemnización ya que se le permite la explotación hasta que concluya el plazo concesional, esto ha tenido que estar acordado con antelación, sí que será indemnizado cuando concurra el plazo y se le siga explotando.
13. El propietario de una finca clasificada como suelo urbanizable sectorizado, sobre la que no se habían ejecutado obras de urbanización, asiste sorprendido a la iniciativa del Ayuntamiento que la cambia la clasificación de la parcela al suelo no urbanizable. Ante este hecho acude a usted para que le asesore sobre si tiene derecho a obtener alguna indemnización al habérsele privado de la facultad de edificar.
No por ser propietario tiene derecho a edificar, para poder edificar debería haber obras de urbanización, concesión de la edificación...Como en el caso no se han dado estas situaciones el particular no ha incorporado en su patrimonio el derecho de edificar, y por ello no se le debe de dar nada; nada se le quita, no es suyo.
14. El ministerio de defensa expropió en 1970 unos terrenos para la construcción de unos pabellones militares destinados a la vivienda de los oficiales profesores de la Escuela de guerra. El 27 de Octubre de 2017, el ministerio celebró un convenio con el ayuntamiento en donde se sitúan los terrenos cuyo objeto es clasificar el suelo expropiado como suelo urbano residencial para viviendas libres. Los descendientes de los propietarios expropiados quieren saber si tienen derecho a reversión.
Es cierto que se ha dado una desafectación, pero dado que ha estado más de 10 años implantada la finalidad para la que se destínó la expropiación, es evidente que no hay acuerdo de reversión.
15. En el centro penitenciario S de titularidad estatal se produjo un motín entre la población reclusa, sin intervención de los celadores y del personal funcionario del establecimiento penitenciario, a consecuencia del cual fallecieron dos de los presos que protagonizaron los disturbios. Sus familiares se dirigen a usted a fin de que se les asesore sobre la viabilidad de exigir indemnización a la administración penitenciario.
En este caso al ser previsible y poder ser controlado por la administración, tendrá responsabilidad patrimonial, es una responsabilidad patrimonial, es una lesión resarcible antijurídica ya que los fallecidos no tienen el deber de soportar dicho resultado, es competencia del centro penitenciario el control y la seguridad del centro. Hay una relación de causalidad entre la actuación de la administración y el daño producido.
16. Las copiosas nevadas del fin de semana pasado, que produjeron cortes en las carreteras de acceso a Madrid y en la normal circulación de los trenes, impidieron a la familia G abordar a tiempo el avión que les trasladaría a las Islas Fiji donde iba a tener lugar el matrimonio de una de sus hijas, perdiendo asimismo el importe de la reserva del hotel. ¿Considera usted que tiene derecho al resarcimiento por los daños producidos, y en concreto, qué tipo de daños?
Al tratarse de un caso de fuerza mayor no controlable, puesto que en Madrid no es normal tener ese tipo de nevadas, no habrá derecho de indemnización, en cambio, si Madrid fuese una ciudad fría con grandes nevadas en invierno, la administración deberá controlar con más importancia y prevenir de la mejor manera posible dichas situaciones. En este caso no es así por lo que no habrá derecho indemnizatorio.
No hay nexo causal entre la actuación de la Administración y los daños producidos, aunque estos sean reales y efectivos.
17. Don Higinio ha venido poseyendo desde el año 1986 un inmueble que estuvo destinado a matadero municipal de forma ininterrumpida y sin oposición por parte de los órganos municipales. Sin embargo, el actual gobierno municipal quiere reintegrar el bien a su patrimonio. Para lo que se dirige a usted para que asesore si puede hacerlo, y cuál sería el instrumento jurídico a analizar.
El bien ha estado destinado a un matadero municipal, es decir, de servicio público. En el enunciado del caso no establece en ningún momento que haya habido desafectación; sigue siendo de dominio público, y si sigue siendo de dominio público no se puede usucapir, por lo que la Administración puede recuperar el bien a través de la recuperación de oficio en cualquier momento.
18. El acceso para pasear y pescar en los muelles de carga del puerto de Valencia es libre y gratuito al tratarse de un bien de dominio público, ¿es correcto?
Es necesario conocer que dentro de los bienes de dominio público hay algunos destinados a servicios y otros destinados a uso común. En este caso los muelles de carga son de servicio por lo que no está permitida la libre entrada ni su régimen gratuito. Los bienes de dominio público de uso común, sin embargo, sí recogen la libre circulación y el aspecto gratuito, (ej. Playa).
19. Diferencias entre servicios públicos y servicios de interés económico general:
Los Servicios de interés económico general, (SIEG) son actividades de servicio comercial que cumple las misiones de interés general y que están sujetas a obligaciones específicas de servicio público, (redes de transporte, energía...).
En cambio, el Sector Público, (SP) posee un doble sentido, unas veces designa el organismo productor del servicio y otras se refiere a la misión de interés general que confía el organismo. Es el propósito para favorecer o permitir el cumplimiento del interés general.
20. Para la realización de actividades económicas o empresariales se requiere la obtención de un título administrativo previo, ¿es correcto?
Es necesaria la declaración responsable, debe cumplir los requisitos de la norma para el inicio de su responsabilidad, debe poner la documentación acreditativa a disposición de la Administración cuando le sea requerido y comprometerse al cumplimiento de las siguientes obligaciones.
La declaración responsable previa es el supuesto donde la conducta del particular hace innecesario el acto administrativo. Tiene el mismo valor que un acto administrativo de organización, pero no son actos administrativos.
21. Califique jurídicamente
Propuesta de resolución de un expediente sancionador: acto de tramite
Dictamen del consejo de estado: acto administrativo o resolución
Resolución del jefe de demarcación de costas de Canarias: acto administrativo que pone fin al procedimiento
Precinto de obras ilegales: acto de administrativo de tramite.
22. En los procedimiento iniciados a solicitud de los interesados, ¿qué efectos produce el transcurso del plazo para resolver y notificar el acto sin que se hubiera realizado?
Supone el silencio administrativo, a falta de resolución dentro de plazo. Este será siempre silencio positivo entendíéndose estimado en todos los casos excepto que se trate de procedimientos relativos al derecho de petición, que haya una norma con rango de ley o de derecho comunitario que establezca lo contrario, que su estimación transfiera al solicitante o terceras facultades relativas al dominio o servicio público o que se trate de procedimientos de impugnación de actos y disposiciones salvo que se dirija contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud.
O
Se produce un silencio el cual es desfavorable. En los procedimientos iniciados de oficio, no exime a la administración de notificar una resolución expresa pero si pasa los plazos establecidos por la ley sin haber notificado se producen silencio que en este caso es desfavorable (art 25 ley 39/2015)
23. Para celebrar la consecución de la champions league por el real Madrid, el ayuntamiento de Madrid decide condonar todas las sanciones pecuniarias impuestas or aparcamiento indebido en las zonas ORA, ¿es posible?
No, vulneraria el principio de inderogabilidad singular que regula la ley 39/2015 que impide la derogar un acto que proviene de un reglamento de manera singularizada.
24. El jurado provincial de expropiaron fijo el día 28/02/17 el justiprecio de una expropiación tramitada por el ministerio de fomento sin que hasta la fecha este hubiera abonado el justiprecio, ¿que puede hacer el particular para que se le pague?
El particular deberá esperar a los 6 meses que estable el articulo 56 LEF Artículo cincuenta y seis.
Cuando hayan transcurrido seis meses desde la iniciación legal del expediente expropiatorio sin haberse determinado por resolución definitiva el justo precio de las cosas o derechos, la Administración expropiante culpable de la demora estará obligada a abonar al expropiado una indemnización que consistirá en el interés legal del justo precio hasta el momento en que se haya determinado, que se liquidará con efectos retroactivos, una vez que el justiprecio haya sido efectuado.
25. Contra las resoluciones adoptadas por el secretario de estado de transportes del ministerio de fomento, que recursos caben y en que plazos puede interponerse?
La resolución agota la vía administrativa (art 114.2.B) ) Puesto que se ha agotado la vía administrativa con la resolución adoptada por el secretario de estado del ministerio, cabrá recurso potestativo de reposición, cuyo plazo será de una mes y recurso contencioso- administrativo cuyo plazo será de 2 meses.
26. Cual es el régimen jurídico contractual de hispasat S.A sociedad de capital en la que el sector publico estatal tiene una participación en su capital del 9.5% ¿y el régimen de la SEPI, Sociedad estatal de participaciones industriales, entidad de derecho publico cuyas actividades están sujetas al ordenamiento jurídico privado y esta adscrita al ministerio de hacienda?
27. Defina:
Contrato de concesión de obra pública: se caracteriza por la contraprestación que recibe el contratista, que podrá consistir en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado de la percepción de un precio a cargo del ente del sector público que contrata. Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público
Contrato de obras: regulado en el art. 13 LCSP 2017 que los define como aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes: La ejecución de una obra, La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público
Contrato de gestión de servicios públicos: contrato de gestión de servicios públicos era aquel en el que se encomendaba a personas naturales o jurídicas la gestión de un servicio público. • La actual Ley de Contratos del Sector Público, que deroga el anterior texto refundido del año 2011 no regula el contrato de gestión de servicios.
Contrato de servicios: aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario (artículo 17 LCSP de 2017)
28. ¿existe el riesgo y ventura en los contratos de concesión de obra publica? ¿y en los contratos de obras?
En cuanto a los contratos de concesión de obra publica, Según el articulo 7.2 de TRLCSP; 2. El contrato, que se ejecutará en todo caso a riesgo y ventura del contratista, podrá comprender, además, el siguiente contenido:
a) La adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las carácterísticas técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación de los servicios o la realización de las actividades económicas a las que sirve de soporte material.
b) Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con los elementos que ha de reunir cada una de las obras para mantenerse apta a fin de que los servicios y actividades a los que aquéllas sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las demandas sociales.
Por otra parte en los contratos de obras, no existe, y según el art 231 TRLCSP, habrá indemnización por fuerza mayor, excepto cuando haya imprudencia de la empresa privada.
29. Se puede modificar el objeto de un contrato adm pro la sola voluntad de la adm?
Según el articulo 249.1.B de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público., podrá Modificar los contratos por razones de interés público debidamente justificadas, de acuerdo con lo previsto en el título V del libro I.
También según el articulo 250 de la misma ley; El órgano de contratación podrá acordar, cuando el interés público lo exija y si concurren las circunstancias previstas en el Título V del Libro I, la modificación de la obra pública, así como su ampliación o, si concurren las circunstancias previstas en el artículo 171.B)
30. En los supuestos de contratos de concesión de obra publica, ¿existen pagos por certificaciones de obra?
no, los pagos por certificaciones de obra existen en los contrato de obra, y trata de que el funcionario que supervisa la obra, tiene que medir la parte de la Bora que se ha ejecutado, cuando contemple que se ha ido cumpliendo el contrato, va a considerar un abono inmediato.
31. Contra las resoluciones del CGPJ, ¿cabe recurso contencioso-administrativo? ¿Ante qué órgano? ¿Y contra los actos del tribunal económico-administrativo central?
La actividad de la Administración pública es susceptible de control jurisdiccional del art.24 CE, que proclama el derecho a la tutela judicial efectiva. Los tribunales están especializados por razón de la materia, la administrativa. Los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujetas al derecho administrativo, como es el CGPJ.
Contra las resoluciones dictadas por el TEAC cabe recurso contencioso-administrativo ante el TSJ.
O
Si, según el articulo 1.3.B de la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa y según el articulo 12.B, La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conocerá en única instancia.
Por otra parte contra los actos del TEAC, según el articulo 10.E, si cabe recurso c-a ante los tribunales de los C-A de TSJ e materia de tributos cedidos. Según el articulo 11.D,La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia los actos de naturaleza económico-administrativa dictados por el Ministro de Economía y Hacienda y por el Tribunal Económico-Administrativo Central, con excepción de lo dispuesto en el artículo 10.1.E).
32. ¿ Se puede interponer recurso de casación ante la sala de lo c-a del TSJ? ¿ y ante la sala de lo c-a de la AN?
si, por el art 16.4 DE LA Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa. 4. La resolución de los recursos de casación en interés de la ley, de casación para la unificación de doctrina y de revisión se encomendará a una Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala que la presidirá, por el Presidente o Presidentes de las demás Salas de lo Contenciosoadministrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en número no superior a dos; y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco miembros. No, por el art 65-66 de la LOPJ, que no lo contempla en sus competencias.
33. El acuerdo de necesidad de ocupación es un tramite que resulta siempre indispensable de forma que su omisión produce la nulidad del expediente expropiatorio, ¿correcto?
No siempre, porque se entiende implícito cuando se tata de proyectos de obra o servicio de acuerdo con el articulo 17.2 LEF, pero el beneficiario esta obligado a mencionarlo en el proyecto.
Por otra parte en el procedimiento urgente esta implícito.
34. La prohibición de construir viviendas en un parque natural constituye una verdadera privación singular de la propiedad que debe ser indemnizada.
Sera un supuesto indemnizatorio cuando produzca al propietario daños y perjuicios por alterar las condiciones de ejercicio de urbanización o se acredite la lesión patrimonial en sus bienes y derechos.
Por otro lado, no sera un supuesto indemnizarle en el supuesto de que el suelo no sea urbanizable.
35. El fuerte viento del ultimo temporal que azoto la ciudad de Huelva produjo la caída de varios arboles sobre los coches aparcados en la calle, de tal manera que les produjo graves daños materiales. Sus propietarios pretenden exigir indemnización al ayuntamiento. Que les aconseja usted?
Habría que ver primero si es fuerza mayor o no, en e caso de que si lo sea, el ayuntamiento alegará que es fuerza mayor y no indemnizara.
Por otra parte, habría que acreditar que los daños producidos obedecen a un incorrecto cumplimiento de los servicios de la adm en presencio de casos de desastres naturales, de acuerdo con la jurisprudencia en a inundación de Andalucía.
36. El bus urbano de la línea 27 de la EMT de Madrid sufríó un accidente por un error del conductor, a consecuencia de lo cual varios pasajeros de avanzada edad sufrieron fracturas de cadera, peroné y vertebras. Estos pretenden obtener indemnización de la adm publica y acuden a usted para que les aconseje que vea jurídica han de seguir, a quien tienen ue demandar y cual será el régimen jurídico aplicable.
En cuanto a la vía jurídica, sera la administrativa, mas concretamente, la contenciosa administrativa, aplicando el articulo 66-67 de la ley 39/2015. Si la administración dice que no hay responsabilidad, tendremos que acudir a la vía civil o penal.
En cuanto al régimen jurídico sera el de responsabilidad patrimonial de la administración, por la ley 39/2015, y la ley 40/2015 del Régimen jurídico del sector publico. ( artículos 36, entre otros)
37. Defina brevemente el deslinde de los bienes de la adm, la recuperación de oficio de los bienes de dominio publico y el desahucio administrativo
deslinde de los bienes de la adm: facultad de la Administración en definir ejecutoriamente los ámbitos territoriales, según los casos, de sus titularidades dominicales o de sus situaciones posesorias. No está reconocida en términos generales para los bienes demaniales, la supone sin embargo la Ley 33/2003, de 3 de Noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y aun antes la Ley de Patrimonio del Estado (Decreto 1022/1964, de 15 de Abril) y tiene numerosas manifestaciones concretas con consagración doctrinal y jurisprudencial.
recuperación de oficio de los bienes de dominio publico: definida por la jurisprudencia (STC TS 2/6/86, entre otras) como la potestad de autotutela que el ordenamiento jurídico concede a la Administración. Dirigida a la recuperación y restablecimiento de la situación posesoria anterior alterada por el particular. Atiende a la protección y defensa de la Administración por sí misma, es decir, sin necesidad de pedir la actuación jurisdiccional de los Tribunales en razón del interés público, cuya tutela le incumbe.
desahucio administrativo : La Ley 33/2003, de 3 de Noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, al regular en el artículo 41.1 las diferentes Facultades y prerrogativas con que se apodera a las Administraciones públicas para la defensa de su patrimonio, recoge junto a las de investigación, deslinde, recuperación de oficio de la posesión indebidamente perdida sobre sus bienes y derechos, la de desahucio en vía administrativa [apartado d)] «a los poseedores de los inmuebles demaniales, una vez extinguido el título que amparaba la tenencia».
38. Los bienes de derecho publico por naturaleza, se pueden desafecta? Y los bienes patrimoniales desalentados de un servicio publico, se puede vender?
no, por regla general, no obstante, se si pueden afectar a un uso privativo con las correspondientes licencias y autorizaciones.
No, debido a que una vez tengan la consideración de demanial, adquieren las carácterísticas de inalienable, imprescriptible, y inembargable.
39. Explique el principio de intervención mínima, de las adm en relación con el desarrollo de una actividad empresarial por los particulares.
Consiste en el cumplimiento de la directiva europea de servicios en eliminar las barreras que causan las comunicaciones previas. La declaración responsable y la comunicación previa permiten al interesado iniciar una actividad reservándose la administración un control posterior. De esta forma se eliminan la espera de las autorizaciones, concesiones previas que es el objetivo de la directiva.
40. Que son los servicios de interés económico general, en que medida pueden ser regulados por la adm publica?
actividades de servicio comercial que cumplen misiones de interés general y que están sujetas a obligaciones específicas de servicio público. Entre ellos figuran las redes de transporte, energía, comunicación y los servicios postales. la legislación de la UE da libertad a los países de la UE para decidir cómo organizan sus SIEG. Las normas de libre mercado y de competencia se aplican a las empresas responsables de gestionar los SIEG mientras dichas normas no impidan que cumplan con sus tareas al servicio del interés general.
41. La administración incoa de oficio un expediente de responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados por la empresa AGADISA. Transcurridos nueve meses desde que se inició sin que haya finalizado el procedimiento ¿qué efectos produce el transcurso del plazo?
Al ser un inicio de oficio se producirá una caducidad ya que el plazo en responsabilidad patrimonial es de 6 meses. Es un acto desfavorable para la empresa y una garantía para el particular.
42. El Director General de Transportes del Ministerio de Fomento impuso el 29/01/2016 una sanción a la empresa “Viajes y Excursiones”. Dicha sanción fue notificada el 31/01/2016 haciéndose constancia expresamente que se adoptaba por delegación del Ministro ¿qué recurso, en qué plazo y ante que órgano adm o judicial puede interponer la empresa la defensa de sus do?
Se trata de una delegación inter orgánica, donde los actos del delegado se imputan a la delegante. No cabrá recurso de alzada ya que los actos del ministro agotan la vía administrativa. Se podrá interponer recurso ante la sanción, potestativo de reposición (1 mes de plazo) o recurso contencioso administrativo (2 meses) y será posible frente a la Audiencia Nacional.
43. El nuevo Ayuntamiento aprobó su presupuesto general para 2017, suprimiendo todas las subvenciones que venían otorgándose para... Y fomentar los espectáculos taurinos en las fiestas patronales, por consideración de carácter ec y político La peña Taurina V, afectada por dicha decisión entiende que no les resulta de aplicación al haberse adoptado por el ayuntamiento una resolución en Abril de 2016 por lo que se les reconoce una aportación económica para los años 2016 y 2017¿Qué le parece a usted?
Se trata de un acto administrativo que le reconoce la subvención de 2016. No hay efectos retroactivos de la ley de presupuestos por lo que no se puede quitar el dinero, por un tema de seguridad jurídica. Sin embargo en este caso se presentan expectativas que además de no cumplirse los requisitos no pueden por ese motivo darte las subvenciones ni indemnizar dichas expectativas porque las expectativas no se indemnizan.
44. A efectos de la aplicación subjetiva del TRLCSP que consideración tiene: a) el CGPJ, B) el banco de España, c)la empresa municipal de la vivienda, d) entidad pública empresarial ADIF.
CGPJ: Administración PUBLICA
BANCO DE ESPAÑA: Administración PUBLICA
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA: PODER ADJUDICADOR, SP. ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL ADIF: PODER ADJUDICADOR.
45. La empresa municipal de la vivienda de “Villaparaíso” decide vender a un fondo inmobiliario las viviendas protegidas que tienen sus activos ¿Qué tipo de contrato debe celebrar y cuál es el régimen jurídico?
Compraventa si hay desafectación y se rige por derecho privado, aunque habrá actos separables: la preparación será de derecho publico, pero la ejecución, extinción y efectos será de derecho privado. Hay desafectación porque pasa de un bien de dominio publico a un bien de dominio privado.
46. Defina brevemente: contrato de concesión de obra pública, contrato de obras, contrato de servicios, contrato de suministros.
Contrato de concesión de obra pública: También se trata aquí de ejecutar una obra, pero en este caso, se adjudica al concesionario, durante un plazo, la construcción y explotación de una obra pública o solo su explotación, reconocíéndole el derecho a obtener una retribución. Esta retribución puede provenir de un precio abonado por los usuarios o por la Administración o bien puede provenir del precio abonado por los usuarios mas una aportación de la Administración, pues la Administración trata de cubrir un mínimo al concesionario (peajes en la sombra). La duración del contrato no puede exceder de 40 años o de 74 si s trata de obras hidráulicas. El contrato se ejecutara en todo caso a riesgo y ventura del contratista, según dice la Ley. Ahora bien, la ley establece el derecho del contratista al mantenimiento del equilibrio financiero.
Contrato de obras: es el que tiene por objeto la realización de una obra o trabajo asimilado, de construcción o ingeniería civil. La realización de la obra debe ser el objeto principal del contrato. El que construye la obra corre con los riesgos hasta la recepción por la Administración, cobra de ella. El contrato se ejecuta a riesgo y ventura del contratista, sin embargo, en ciertos casos de fuerza mayor, este principio no entra en juego. Es un contrato siempre administrativo, con un régimen muy singular, incluyendo determinadas prerrogativas de la Administración, la Administración puede modificar el contrato de forma unilateral interpretarlo y resolverlo.
Contrato de servicios: tiene por objeto prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o de un suministro. Este tipo de contrato cada vez va ganando mas peso porque resulta mas rentable económicamente que tener un cuerpo de abogados, ingenieros, etc. Dependiente directamente de la Administración duración máxima de 4 años.
Contrato de suministros: es un contrato administrativo que tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
47. La empresa de aguas N.S.A, sociedad participada en un 49% por la iniciativa privada en tanto que el 51% restantes es de titularidad municipal, es la entidad que gestiona el servicio público de abastecimiento y saneamiento del municipio N, y necesita ahora contratar la ejecución de las obras de..
Se tratara de un contrato publico ya que el 51% del capital de la empresa Aguas NSA es público. Se trata de una sociedad mercantil cuyo capital social perteneciente a entidad publica es superior al 50% por lo que se aplicara la LCSP.
48. RUBÉN. La Comunidad Autónoma de C. Discrepa de la resolución adoptada por el Tribunal de Recursos contractuales de su Comunidad y pretende recurrirlo en vía jurisdiccional. ¿Puede hacerlo? Y, en ese caso, ¿ante qué órgano? ¿Cabe recurso en vía administrativa?
Deberá interponer recurso contencioso administrativo ya que la vía previa agota el recurso especial y acudirá a la Audiencia Nacional o al TSJ.
49. ¿Cabe recurso de casación contra los Autos de la Sala de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia? ¿Y contra las sentencias dictadas en apelación por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional?
Sí, cabe recurso de casación contra los autos de la sala de lo contencioso-administrativo. Contra las sentencias dictadas en apelación por la sala ce lo c-a de la Audiencia Nacional también cabe en algunos casos. Si son en única instancia, inadmiten recursos, etc. Si cabe por el contencioso- administrativo.
50. El jurado Provincial de Expropiación Forzosa dictó resolución por la que fijó el justiprecio en una cantidad que, a juicio de la Administración estatal, es desorbitada, razón por la que pretende recurrir a la vía jurisdiccional. Responsa Vd. Si puede hacerlo, si el acto es recurrible directamente por agotar la vía administrativa y ante qué órgano debería efectuarlo.
El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa agota la vía administrativa, el acto es recurrible en la jurisdicción c-administrativa. La administración expropiadora tiene legitimación. Hay un mínimo por debajo del cual no se puede pedir y es el que se ofrece en la hoja de aprecio. Hay una regla en la LEF que dice que no se puede impugnar si no concurre el reglamento de la lesión 1/6 parte. Solo habrá contencioso administrativo si lo que se pretende que te paguen es de mas de 1/6 parte de la que dicta el jurado de expropiación, esto esta derogado c la CE.
51. La prohibición de construir viviendas en un Parque Natural constituye una verdadera privación singular de la propiedad que debe ser indemnizada. ¿Es correcta esta afirmación?
¿Y la prohibición de construir cualquier edificación en terrenos de propiedad privada a una distancia inferior a 25 metros en las carreteras estatales?
La primera afirmación no es correcta. Los planes delimitan el contenido de la norma del derecho de propiedad. Solamente si la delimitación normal genera un sacrificio especial es indemnizado. Son 25 metros porque cuando haces una carretera se trata de una zona de dominio publico. Hay zona de afección y zona de servidumbre. Puede ser zona expropiadora luego ahí puede haber un derecho a indemnización.
52. La nueva Ley de Aguas prohíbe a los titulares de pozos en terrenos de propiedad privada que modifiquen los usos e incrementen el caudal de los aprovechamientos que venían utilizando hasta su entrada en vigor. Don Ángel, afectado por esta disposición legal, se dirige a usted para que le asesore y, en especial, para que le aconseje si dispone de alguna vía para reclamar esta privación de sus derechos.
Al tratarse de una ley, sólo se puede impugnar ante el tribunal. Debe esperar hasta que se le aplique una ley. Cuestión de inconstitucionalidad porque la plantean con juez. Si hay una ley singular tendrán que recurrir por la otra cuenta al TC. Si solo se aplica a ti esa ley Se recurrirá al TC porque es una ley.
53. ¿Cómo se declara la utilidad pública o el interés social en una expropiación? ¿Se puede recurrir la determinación de la causa expropiandi?
Normalmente, las expropiaciones tienen lugar para la ejecución de obras públicas o para la prestación de servicios públicos; pero también las expropiaciones pueden tener lugar por causa de interés social. Para poder expropiar, tiene que haber una relación de necesariedad entre el bien objeto de expropiación y el fin de interés general. Art.33.3 CE. Esta relación debe darse en el momento de la expropiación. Si luego se produce una desvinculación entre el objeto y el fin, podemos encontrarnos ante un derecho de reversión.
Contra el acuerdo de necesidad de ocupación, cabe interponer recurso contencioso- administrativo o reposición.
54. ¿Hay alguna diferencia entre reversión y retasación en el procedimiento expropiatorio?
Si transcurren 4 años desde que se determinó por el Jurado de Expropiación el justiprecio, sin que se haya efectuado el pago, el expropiado podrá solicitar que se proceda a evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de expropiación. Esta garantía del expropiado se denomina retasación.
La reversión se da cuando, una vez que una actuación expropiatoria se ha llevado a término, puede ocurrir, por múltiples razones, que no se cumpla, en todo o en parte, la finalidad de la expropiación. Esto sucede cuando: - No se ejecuta la obra o no se establece el servicio que motivó la expropiación .
- Hay una parte sobrante de los bienes expropiados
- Desaparece o cambia el destino del bien expropiado. En estos casos, nuestra legislación de expropiación forzosa reconoce a los expropiados o a sus caushabientes el derecho a recobrar la totalidad o la parte sobrante de los bienes o derechos expropiados, mediante el abono a su titular de una indemnización correlativa al valor de los mismos.
55. La celebración de una marcha vecinal (manifestación) contra los desahucios termina con graves enfrentamientos con la policía y la producción de enormes desperfectos y daños a los locales de negocio de las calles por las que transitaba la manifestación. Los titulares de esos locales consideran que se les ha producido un daño que no tienen el deber jurídico de soportar y reclaman al Ministerio del Interior el resarcimiento de esos daños. ¿Cree usted que tienen derecho a ello?
Sí puesto que ha habido una lesión resarcible, que es antijurídica, ya que el particular no tiene el deber jurídico de soportarla de acuerdo con la Ley y a su vez la lesión es:
- Efectiva: daño real.
- Evaluable económicamente.
- Individualizable.
También es imputable al funcionamiento de los servicios públicos ya que ha sido la policía quien ha causado el daño, y no estamos en un supuesto ni de fuerza mayor ni de caso fortuito. Y por último existe relación de causalidad, hay un nexo de causalidad entre la actuación de la Administración y el daño producido.
56. El anormal descenso de las temperaturas hasta los -15o centígrados hace que se revienten las tuberías y canalizaciones de agua potable en algunos barrios de Madrid, producíéndose a continuación el anegamiento e inundación de los bajos comerciales y oficinas de varias de sus calles. Los afectados pretenden exigir indemnización por esos daños producidos a la Comunidad de Madrid, de quien depende el Canal de Isabel II. ¿Qué le parece a usted?
Se trata de una situación imprevisible, un caso de fuerza mayor, incontrolable, no se le puede imputar a la administración por lo que no hay indemnización. Si se pudiera haber previsto sí cabria indemnización.
57. Explique las diferencias entre afectación y adscripción de los bienes de la Administración General del Estado
La adscripción es un título que permite el uso por una administración distinta de la titular del bien a la que se atribuye la gestión de un bien de dominio público que no le pertenece. La adscripción no altera la titularidad del bien y si se incumplen las condiciones impuestas, los bienes revierten a la administración titular.
La afectación es el destino, la clave para convertir un bien patrimonial en un bien público, igualmente un bien puede ser desafectado cuando deja de estar al servicio público y se convierte en un bien patrimonial. Por tanto, los bienes de dominio público mediante la técnica de la afectación pueden dejar de serlo o comenzar a serlo. Esto es lo que se denomina la ‘’intercambiabilidad’’.
58. El acceso para pasear por los muelles de carga del puerto de Las Palmas es libre y gratuito, al tratarse de un bien de dominio público. ¿Es esto correcto?
Hay zonas de dominio publico y no se pueden utilizar por los particulares, por lo tanto en este casos será incorrecto ya que no es de uso común. Por ello el régimen jurídico es el correspondiente a la ley que rige ese servicio y no a la ley sobre el dominio publico.
59. La apertura y funcionamiento de una tienda de ropa es completamente libre, tras la aprobación de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de Diciembre de 2006. ¿Es correcta esta afirmación?
La Directiva tiene su reflejo en la Ley 17/2009 y en la ‘’Ley ómnibus’’, ésta última introduce:
1.Principio de intervención mínima: las Admon. Públicas tienen que procurar no sujetar las actividades económicas a licencias, etc; y si esto no es posible, deben elegir la vía menos restrictiva.
2.Declaración responsable y comunicación previa Así pues, la liberación de determinados servicios comerciales (comercio minorista por ejemplo) no es necesaria licencia previa, basta con una declaración responsable. Lo que se establece en la ley son las potestades de inspección, control y sanción. Consagra los principios de intervención mínima para el acceso a una actividad económica.
Es verdad que cada cual puede abrir un negocio vía declaración responsable o comunicación previa, pero aun así la administración conserva facultades de inspección y en su caso sanción, es decir le dices que si puede abrirse (salvo casos de orden público como urbanismo y productos tóxicos) pero el control de la administración es a posteriori.
60. Defina brevemente actos presuntos, inactividad de la administración y actuaciones en vía de hecho
Actos presuntos: Nos encontramos ante el supuesto de silencio administrativo. En los supuestos de silencio administrativo, (inactividad por parte de la administración ante de el incumplimiento de una prestación en el plazo establecido), por parte de la administración respecto del recurso de reposición o alzada, decimos que se trata de un silencio positivo al permitir al particular acceder a la vía contencioso-administrativa.
Inactividad de la administración: La administración tiene la obligación de hacer algo o de llevar la práctica de un acto firme y adopta una posición de pasividad o desidia que impide al interesado obtener la prestación que le corresponde o la ejecución del acto administrativo firme.
Actuaciones en vía de hecho: La vía de hecho es la actuación de la administración fuera de su ámbito de competencia (órgano manifiestamente incompetente), o realizada al margen del procedimiento establecido, (prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido).
61. Con fecha 1 de Septiembre el ayuntamiento de V acordó le inicio del procedimiento de revisión de oficio del acto de construcción del campo de fútbol municipal, por no haberse seguido en su adjudicación los principios de publicidad y concurrencia. Notificado dicho acuerdo al contratista, se solicitó el 1 de Octubre de 2014 al consejo consultivo de la CA su dictamen, el cual fue emitido con carácter favorable el 3 de Noviembre. A día de hoy el adjudicatario no ha recibido notificación de resolución ni notificación de resolución del procedimiento. ¿Se ha producido algún efecto jurídico?
Se ha producido la caducidad del acto, pues han pasado 3 meses sin haberse dictado resolución.
62. Tras la celebración de elecciones municipales el nuevo equipo de gobierno decide eliminar todas las subvenciones otorgadas a las asociaciones de vecinos conferidas de la semana santa y ong del municipio, dada la situación económica en que se encuentra el ayuntamiento. ¿Cómo podrá llevar a cabo esta decisión?
Las subvenciones públicas son un acto administrativo, pueden ser eliminadas por motivos de legalidad, (revisión) y por motivos de oportunidad, (revocación en el caso de que sean actos desfavorables). También podrán ser eliminadas por motivos de caducidad.
Para la revisión de actos favorables es necesario que haya una previa declaración de lesividad. En el caso de ser actos desfavorables no precisarían de declaración de lesividad y pueden ser revisados de oficio o a instancia en cualquier momento. Dado que se están quitando los derechos de los vecinos tiene que darse la motivación oportuna con sucinta referencia a hechos y derechos, sino acto anulable, pues la motivación es defectuosa. Deberá realizar esta decisión mediante acto administrativo motivado. Al tratarse de un acto que no está suficientemente motivado, se daría la anulabilidad del procedimiento y para revisar un acto anulable hay que realizar una declaración de lesividad.
Los actos favorables son irrevocables, en caso de revocación es necesaria una indemnización.
63. ¿De qué medios de ejecución forzosa puede servirse la administración para hacer cumplir sus actos y resoluciones?
La administración tiene la facultad de imponer coactivamente el contenido de sus resoluciones para hacer efectivo el interés público. Para que se pueda acceder a la ejecución forzosa han de cumplirse 2 requisitos: - Que previamente se haya dictado al resolución administrativa y – La realización de un apercibimiento al sujeto obligado por la administración.
Medios de ejecución forzosa: 1) Vía de apremio: Para el cobro de cantidades líquidas por obligaciones pecuniarias.
2) La ejecución subsidiaria: Obligaciones no personalísimas cuyo objeto son actividades materiales.
3) Multa coercitiva: medio de ejecución forzosa con carácter general, puede ser utilizado respecto de cualquier tipo de obligación, personalísima o no. Se caracteriza por su repetitividad.
4) Compulsión personal: Limitada a las resoluciones que imponen una obligación personalísima de no hacer o de soportar. Debe ser autorizada por una ley.
64. En el procedimiento administrativo en qué consiste la declaración responsable
La declaración responsable o comunicación previa son supuestos donde la conducta del particular hace innecesario el acto administrativo. Tiene el mismo valor que un acto administrativo de autorización, pero no son actos administrativos.
65. A efectos de la aplicación subjetiva de la LCSP, qué condición tienen:
Museo del Prado: Administración Pública.
Agencia de Protección de datos: resto de sector público. Instituto Cervantes: Administración Pública.
TRAGSA: Se rige por normas especiales, excluidos de LCSP.
66. ¿Quién resuelve los recursos especiales en materia de contratación, interpuestos contra la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas de concesión de obra pública, aprobados por la ministra de fomento?
Serán resueltos por un órgano especializado que realizan una actuación con independencia funcional en el ejercicio de sus competencias. Tribunal Administrativo Central de recursos contractuales. Al ser un acto aprobado por la Ministra de fomento quedaría agotada la vía administrativa, teniendo que acudir al recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.
67. En los contratos de concesión de obras públicas, ¿existen pagos por certificaciones de obra? Justifica tu respuesta.
Los contratos de concesión de obras públicas tienen por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el art. 6, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, conservación y mantenimiento,... El
contrato se ejecutará en todo caso a riesgo y ventura del contratista, podrá comprender, además, el siguiente contenido:
- La adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las carácterísticas técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación de los servicios o la realización de las actividades económicas a las que sirve de soporte material.
- Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con los elementos que ha de reunir cada una de las obras para mantenerse apta a fin de que los servicios y actividades a los que aquéllas sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las demandas sociales.
Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión de una obra pública, el órgano administrativo correspondiente acordará la realización de un estudio de viabilidad de la misma sometido a información pública.
El contrato de concesión de obras públicas podrá también prever que el concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que ésta cumpla la finalidad determinante de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que en ellos se prevean.
68. Los propietarios del suelo urbanizable sectorizado, tienen derecho a edificar? ¿Y los del suelo no urbanizable?
El suelo se tiene que dedicar a la finalidad que dictamine el ordenamiento territorial urbanístico, si es un suelo no urbanizable, según la ley el particular no debería poder tener derecho a edificar. Tiene el deber de conservarlo en las condiciones legalmente establecidas, sino la administración puede ejecutarlo de forma forzosa.
69. ¿Puede la CA de Madrid declarar la urgente ocupación de un procedimiento expropiatorio? ¿ Y el Ayuntamiento de Madrid?
El acuerdo de urgente ocupación se realiza excepcionalmente por el Consejo de Ministros. Cuando la competencia corresponde a las CCAA podrá el órgano de gobierno de la CA adecuándose al sistema estatal declarar la urgente ocupación por lo tanto sí podrá la CA pero mediante el consejo de gobierno pero no el ayuntamiento.
70. Los comerciantes de un barrio de Madrid, que llevan sufriendo durante dos años las obras de construcción de un gran equipamiento se dirigen a usted a fin de que les aconseje sobre la viabilidad de una indemnización, al haberse reducido de un modo notable sus ingresos.
Para que haya responsabilidad de la Administración tiene que haber derecho a la reparación, requisitos: Lesión resarcible: No todo el daño o perjuicio que los particulares como consecuencia de una actuación administrativa es indemnizable. Tiene que haber: perjuicio económico, que el daño sea antijurídico, ( no se tenga el deber de soportar), individual, (a título individual o de grupo), efectivo, (daños ciertos y reales únicamente) y evaluable económicamente, es decir que los daños que se imputen puedan materializarse económicamente. El daño es consecuencia de la Administración, del funcionamiento normal, (actuación de la administración en cumplimiento de la ley y esperable de los servicios públicos. En este caso, al tratarse de funcionamiento normal, se entenderá que la administración tendrá que responder únicamente en aquellos casos en los que el perjuicio sea muy grande, como en este caso, (reducción notable de los ingresos). Además existe una relación de causalidad entre la actuación de la administración y el perjuicio causado. La reparación del daño ha de ser integral, incluyendo tanto la totalidad del perjuicio causado, como el daño emergente y el lucro cesante acreditado.
71. En los bienes de la administración pública, señale las diferencias entre adscripción, afectación y mutación demanial.
Adscripción: Lleva implícita la afectación del bien o derecho que pasará a integrarse en el dominio público. La adscripción no alterará la titularidad sobre el bien. Los bienes adscritos vuelven al Estado cuando deja de ser necesario su aprovechamiento, mediante la desadscripción. Para que haya desadscripción se requiere de un acto previo de adscripción; Afectación: Determina la vinculación de los bienes y derechos a un uso general o servicio público y su consiguiente integración en el dominio público. Afectación ope legis, mediante acto formal, tácita o implícita, presunta, (usucapión) y por expropiación forzosa; La mutación demanial es el cambio que se produce e el estatuto jurídico de la demanialidad de un bien que continúa siendo de dominio público. Estos cambios pueden tener lugar por alteración del sujeto titular del bien o por modificaciones en su afectación. La mutación demanial es el acto en virtud del cual se efectúa la desafectación de un bien o derecho del patrimonio del estado, con simultanea afectación a otro uso general; Desafectación: Operación por la que un bien deja de pertenecer al dominio público, por dejar de destinarse al uso general o al servicio público. Salvo en los presupuestos llevados a cabo en la ley a desafectación deberá hacerse manera expresa. D. Por ley, mediante acto formal o degradación del dominio público natural.
72. El régimen de utilización de los bienes de dominio público, afectos a un servicio público se inspira en los principios de uso libre, público y gratuito, ¿es correcto?
No, si bien es cierto que existen los bienes de dominio público de uso común general, que corresponde por igual a todos los ciudadanos y de forma indistinta , pertenecen a todos y son libres y gratuitas. Sin embargo, también existen los bienes de uso común especial, que pueden requerir el pago de una tasa. Por otro lado, también existen los bienes de uso privativo, que se adquieren en virtud de un título administrativo, de una concesión demanial.
73. El deslinde de los bienes de dominio público presume siempre la propiedad a favor de la administración, ¿Esto es así?
El deslinde solamente presume la posesión, no la propiedad, (cuestión que corresponde a la vía civil), por lo que solamente será impugnable el procedimiento seguido y demás cuestiones formales, mientras que el fondo del asunto corresponderá a la acción civil, salvo en el caso de la Ley de Costas y de la Ley de Aguas, cuyo deslinde presume tanto la posesión como la propiedad y el acto de deslinde conformará título suficiente para su inscripción en el registro.
74. El ayuntamiento de Madrid decide construir una sociedad mercantil de capital íntegramente municipal para realizar las actividades económicas vinculadas a la promoción de Madrid como ciudad olímpica. ¿Considera usted que esta iniciativa es conforme con el ordenamiento jurídico español?
La administración en este caso no está realizando un contrato administrativo, está utilizando un medio propio de la administración territorial. La administración territorial, ayuntamiento de Madrid está creando un medio propio, la actividad la estaría realizando una empresa de capital público por lo que no se estaría dando un contrato, sino un encargo. Es conforme con el ordenamiento.
75. En la M40 de la UAM, hay una casa y quieren expropiarla. Los inquilinos quieren quedarse y la Administración actúa mediante ejecución forzosa.
En este caso estamos ante un acto administrativo material y no ante una vía de hecho puesto que la Administración tiene cobertura legal, de lo contrario sí que sería vía de hecho.
76. Nombrar al Fiscal General del Estado, disolver las cortes... Todos ellos son actos políticos emanados del Poder Ejecutivo, ¿son susceptibles de control jurisdiccional?
La tesis del Tribunal Supremo establece que estos actos no pueden escapar al control jurisdiccional puesto que esto supondría aceptar zonas inmunes de Derecho y sería una antítesis al Estado de Derecho. Por tanto, no hay actos políticos exentos de control. No obstante, se trata de un control meramente formal, es decir, si se ha seguido un correcto procedimiento puesto que son decisiones eminentemente políticas.
77. Se quiere construir la R1 y para ello hay de un trámite de no impacto ambiental
La falta de este trámite “escandaloso” provoca la nulidad.
79. El transcurso de un partido de fútbol perteneciente a una competición oficial que se celebra en un campo municipal uno de los participantes se lesiona por causa del mal estado del terreno de juego. El afectado solicita dos años después indemnización en virtud de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento.
Procedimiento de reclamación: 1 año, fuera de plazo. Pero como es una lesión, hasta que no tiene el alcance de las secuelas o se cure completamente puede no haber decidido indemnizar. Siempre hay que valorar si se cumplen los 4 REQUISITOS. Sí responde, pero es dudoso en el deporte la jurisprudencia le ha dado por decir que es responsabilidad del deporte pero al ser el campo municipal y tal se puede conseguir.
80. Como consecuencia de una persecución policial se produce un tiroteo que causa daños en los coches aparcados en la zona. Los afectados solicitan indemnización a la Administración que desestima dicha solicitud alegando que fue necesario realizar dichos disparos para cumplir adecuadamente las funciones atribuidas a los policías.
La administración responde, a pesar de haber realizado un hecho de forma normal.
81. Una explosión causada por un atentado terrorista determina importantes daños en los edificios próximos y lesiones a algunos viandantes. Los afectados reclaman responsabilidad a la Administración por culpa in vigilando, en concurrencia con los causantes materiales de los daños citados.
No hay deber jurídico de soportar, (antijuricidad), ver si hay nexo causal. En este caso no, se considera un delito penal. No consideró que había antijuricidad. No podía controlarlo. Pero del 96 en adelante se reconocíó un sistema de ayudas a pesar de no considerar que había responsabilidad administrativa.
82. Como consecuencia de un altercado en una prisión fallece un recluso. Los familiares de la víctima reclaman indemnización a la Administración por haberse producido el suceso en un establecimiento público.
Sí culpa in vigilando. Aunque si forma parte de la convivencia normal de los reclusos, no habría culpa in vigilando.
83. Un Ayuntamiento organiza para celebrar sus fiestas patronales un encierro taurino. Unos espectadores del mismo desplazan las vallas de seguridad instaladas por el Ayuntamiento para poder ver mejor la salida del encierro. Cuando salen las vaquillas se produce en la mencionada zona un accidente que causa varios heridos, los cuales deciden reclamar indemnización a la Administración municipal.
Los encierros los organiza el ayuntamiento, tiene que asegurarse de que todo está en regla. Aquí la jurisprudencia es muy exigente con el ayuntamiento.
84. En el transcurso de una intervención quirúrgica en un hospital público, fallece el paciente. Finalizado el proceso penal contra el responsable de la operación sin producirse condena alguna los herederos del fallecido plantean una reclamación indemnizatoria en virtud de responsabilidad ante la Administración, alegando que el hecho de que el médico actuara conforme a la lex artis no impide que prospere dicha reclamación ya que por imperativo constitucional la Administración responde también por funcionamiento normal de los servicios públicos.
No responde la administración, pues no genera un riesgo en este caso de funcionamiento normal, hay actuación conforme a la lex artis. Aquí es una aseguración de medios y no de resultados, pues aquí la finalidad es curativa. Si la finalidad es estética sí hay aseguración de resultados. Si es lex artis no se responde.
85. Una persona reclama daños como consecuencia de la anulación judicial de una licencia de obras con posterior demolición de lo edificado conforme a la misma. La Administración opone que la licencia fue otorgada a partir de los datos incorrectos proporcionados con dolo por el propio reclamante. Comente.
Aquí se rompe el nexo causal.
86. Una señora sufre lesiones al golpearse contra la pared de un edificio como consecuencia de un fuerte golpe de mar cuando pasaba por un muro colateral al muro de contención de un paseo marítimo en un día de fuerte temporal. La policía municipal había cortado el tráfico en esa zona y había advertido a los viandantes que extremaran su precaución si circulaban por la acera opuesta al muro.
Asumías un riesgo, aquí se excluiría. Aquí no hay causa de fuerza mayor porque es previsible, caso fortuito. Es caso fortuito, pero la AP tomó medidas. El nexo causal es imputable a ella.
Para que haya responsabilidad en el CC tiene que concurrir dolo, culpa o negligencia grave. Si no, no hay responsabilidad, con carácter general. En el ámbito del DA, la RP de la Admón se afirma por la jurisprudencia que es un campo de responsabilidad objetiva. Se ha de averiguar si existe un nexo causal entre el daño producido y la actuación de la Admón.
87. Un alumno se ve obligado a repetir COU debido a un error en la transcripción de una nota como suspenso en el Boletín de notas cuando en la certificación oficial estaba aprobada por lo que reclama indemnización por los daños causados que identifica en los perjuicios derivados del retraso en relación con su ingreso en la Universidad.
Funcionamiento normal. Daño moral, se responde.
88. El cierre de la frontera con Gibraltar decretado por el Gobierno supuso para determinados ciudadanos españoles residentes fuera de esta colonia la imposibilidad de seguir regentando sus negocios. Los afectados solicitan derecho a indemnización por las pérdidas sufridas y por el lucro cesante.
No responde la administración. NO ES UNA MEDIDA INDIVIDUALIZADA. Pero de los actos políticos sí que se puede derivar responsabilidad. Pero se suele vincular con ilegadad o inconstitucionalidad, esta es la línea que sigue el supremo. Si es legal, no hay responsabilidad.
89. La modificación del trazado de una carretera ante la imposibilidad de ampliarla de otra forma determina la pérdida de clientela de un negocio de restauración. Su titular reclama indemnización.
Pura expectativa, no puede condicionar eso la decisión de la AP. La jurisprudencia dice que es una limitación de la propiedad no indemnizable. Pero se podría ir por responsabilidad.
90. Las obras de una calle impiden la salida y entrada de vehículos en el local de exposición de un concesionario de coches y con ello la continuación de la explotación del local para dicho uso comercial durante el período de su ejecución. El titular del establecimiento reclama indemnización al Ayuntamiento para compensar las pérdidas.
Sí se indemniza. Para mejorar la calle se impone un sacrificio personal a un sujeto. Cambia mucho en función del ámbito, muy casuístico.
91. Se producen daños a terceros como consecuencia de la explosión de sustancias peligrosas negligentemente abandonadas en una obra pública que realiza un contratista para la Administración. Los afectados se preguntan ante quién deberán reclamar la indemnización que cubra los daños causados.
Art.196. No hay responsabilidad de la administración, la ley de contratos lo excluye expresamente. Salvo que provenga de orden de la administración o ejecuta el proyecto y es ordenado por la administración. Regla general, no responde la administración.
92. La rotura de la presa de Tous causó importantes daños materiales y personales a los habitantes de la zona. Los informes periciales concluyeron en que la presa había sido construida siguiendo los cánones técnicos adecuados, pero las compuertas no se abrieron en el momento adecuado. No obstante, se produjo en aquel momento un volumen y concentración de precipitaciones absolutamente excepcional tanto desde el punto de vista geográfico como temporal. Se plantea si los afectados pueden reclamar derecho a indemnización.
Fuerza mayor, la presa no pudo aguantar ese volumen de agua. El supremo dijo que a pesar de haber fuerza mayor, funcionamiento anormal. Compensación. Excepcional.
93. Defina de forma breve las actuaciones que constituyen la vía de hecho, inactividad de la Administración y silencio administrativo.
La vía de hecho es la actuación de la administración fuera de su ámbito de competencia (órgano manifiestamente incompetente) o realizada al margen del procedimiento establecido (prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido).
El silencio administrativo es la situación en la que la Administración incumple con la obligación de resolver, de dictar resolución expresa en todos los procedimientos (ya sean iniciados de oficio o a instancia de parte ) y de notificar esa resolución, entendíéndose denegada o aprobada la pretensión.
En la inactividad de la administración, por su parte, nos encontramos con una situación en la que la Administración tiene la obligación de hacer algo o de llevar a la práctica (ejecutar) un acto firme y adopta una posición de pasividad o desidia que impide al interesado obtener la prestación que le corresponde o la ejecución del acto administrativo firme, es decir, la Administración no actúa cuando tiene la obligación de actuar.
94. En los procedimientos iniciados de oficio por la Administración ¿qué efectos jurídicos produce el transcurso del plazo para resolver y ratificar el acto sin que esto se hubiera realizado?
En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados que hubieran comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.
95. ¿Se pueden impugnar en vía contencioso-administrativa los actos de trámite practicados en un procedimiento administrativo?
Sí, siempre que dichos actos se encuentren dentro del grupo de los denominados “actos de trámite cualificados”, es decir, podrán ser impugnados siempre que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o causen indefensión o un perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
96. El nuevo equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de T, surgido tras la presentación de una moción de censura al gobierno municipal anterior, decide extinguir y dejar sin efecto los permisos y autorizaciones para ocupar la vía pública con terrazas. ¿Es viable jurídicamente?
No es viable jurídicamente, porque juega el principio de irrevocabilidad de los actos administrativos favorables de derecho.
97. Un opositor a una plaza de Letrado de las Cortes españolas, que no ha obtenido plaza tras la realización de las pruebas pertenecientes, pretende impugnar los resultados que considera injustos. Por ello se dirige a usted para que le pase asesore si puede recurrir el acuerdo, ante qué órgano jurisdiccional en su caso y el plazo para ello. En este caso pueden darse dos supuestos: uno que esconda un problema de discrecionalidad técnica, según el cual, lo que hará el juez es presumir la objetividad y neutralidad del funcionario público que haya adoptado la decisión. Sin embargo, si la decisión infringe elementos reglados dentro del ámbito discrecional, se podrá interponer un recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses.
98. ¿Las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, al resolver un recurso de apelación, contra una sentencia dictada por un Juzgado de lo Contencioso-administrativo, son susceptible de recurso ulterior, y en ese caso qué recurso sería disponible? Frente al recurso de apelación, se halla el recurso de casación. El recurso de casación es un recurso extraordinario, no es una tercera instancia, desde su modificación en el año 2015. Se permite recurso frente a: sentencias dictadas en única instancia por los JCA, sentencias en única instancia o en apelación por la AN y sentencias dictadas en única instancia o en apelación por los TSJ. Existen dos modalidades del recurso de casación: a) La casación autonómica en la que se señala que la sentencia vulnera D° autonómico y quien resuelve es una Sala especial del TSJ. b) Si lo que se está infringiendo son normas de DUE o D° estatal resuelve el TS.
99. La Comunidad de Madrid adjudica a la empresa ARPEGIO, cuyo capital integro es de titularidad autonómica la gestión y construcción del parque empresarial de Las R., sin que se hubiera convocado licitación alguna. ¿Puedo hacerlo válidamente? No, puesto que el proceso de adjudicación no se ha efectuado. La fase de adjudicación de los contratos administrativos se articula en dos períodos sucesivos: uno, de licitación y presentación de ofertas (en el que se publica la convocatoria del contrato a fin de que se presenten las propuestas de quienes se encuentren interesados en participar en el procedimiento), y otro de selección del contratista durante el cual se selecciona una oferta de acuerdo con los criterios de selección que se hayan establecido previamente. En nuestro caso se ha omitido el primer período.
101. Señale las diferencias entre los contratos de concesión de obras publicas en el Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público. Igualmente, ¿hay diferencia entre el contrato de servicios y el de gestión de servicios públicos?
Los contratos de obras son aquellos que tienen por objeto la realización de una obra (el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tengan por objeto un bien inmueble.
Un contrato de concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo 6, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquél consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. El contrato, que se ejecutará en todo caso a riesgo y ventura del contratista.
Un contrato de servicios es aquel que tiene por objeto la realización de prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. En el contrato de gestión de servicios se explota y presta un servicio de la Administración (los destinatarios son los propios usuarios del servicio y el concesionario solo tiene derecho a explotar el servicio y en su caso acompañado de un precio), mientras que en el contrato de servicios se prestan servicios auxiliares o instrumentales para el funcionamiento interno de la Administración (el destinatario directo e inmediata es la Administración contratante y el concesionario asume el riesgo de su explotación.
El contrato de gestión de servicios públicos es aquél en cuya virtud una Administración Pública o una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la Administración o Mutua encomendante.
102. ¿Puede la Comunidad de Madrid decretar la urgente ocupación en un procedimiento expropiatorio? ¿y el Ayuntamiento de Madrid?
La CAM puede decretar la urgente ocupación en un procedimiento expropiatorio con autorización del Consejo de Gobierno. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, no puede decretarla ya que en el ámbito local no hay expropiaciones urgentes.
103. Doña Gabriela, propietaria de una gran finca destinada a una explotación agraria pretende solicitar indemnización por los daños ocasionados a su explotación como consecuencia del desbordamiento de una presa que arraso los cultivos. La administración considera que dieron las lluvias torrenciales la presión del caudal lo que produjo el desbordamiento, por lo que no tiene obligación de indemnizar ¿ Qué le parece a usted?
Para exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración tiene que existir un daño resarcible imputable a una actividad de la administración, y que se de una relación de causalidad entre el daño producido y la mencionada actividad. Los casos de fuerza mayor rompen la relación causal, y no son por tanto indemnizatorio. Sí lo son, sin embargo, los casos de caso fortuito (es previsible en cierto grado, y como tal, podría haberse aumentado la resistencia de la presa). En este caso, por tanto, podría considerarse caso fortuito y, por lo tanto, indemnizable.
104. Tras varios años de prescripción masiva por parte de la Administración pública sanitaria de unos medicamentos para combatir las enfermedades gastrointestinales y proteger las dolencias estomacales, se comprueba unos años más tardes que el referido fármaco produce, entre otros efectos, unas dolencias cardíacas. La asociación de afectados pretende demandar a la Administración por incurrir en un supuesto de responsabilidad patrimonial ¿qué les aconseja usted?
Les aconsejaría interponer una reclamación de responsabilidad patrimonial a la AdministraciónMismos requisitos que en el anterior ejercicio.
106. ¿Existe alguna diferencia entre servicios de interés económico general, servicios de interés general y servicios públicos?
Los servicios de interés general son servicios privados, que se pueden considerar de interés general. Como por ej. Los móviles, que necesitan antenas.
Los servicios de interés económico general se caracterizan por su diversidad. Saltan a la vista las diferencias entre las industrias en red (telecomunicaciones, energía, transportes, servicios postales), los servicios financieros, los medios de comunicación o muchas de las actividades relacionadas con la protección del ambiente.
Los servicios públicos son el conjunto de actividades y subsidios permitidos, reservados o exigidos a las administraciones públicas por la legislación en cada Estado, y que tienen como finalidad responder a diferentes imperativos del funcionamiento de la sociedad, y, en última instancia, favorecer la realización efectiva del desarrollo personal, económico, la igualdad y el bienestar social.
107. Las Sentencias dictadas en apelación por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas no son susceptibles de recurso alguno. ¿Es correcta esta afirmación?
Frente al recurso de apelación, se halla el recurso de casación. El recurso de casación es un recurso extraordinario, no es una tercera instancia, desde su modificación en el año 2015.
108. El Informe negativo del Director General de Costas, ¿es susceptible de recurso?
Ya que el Informe del Director General de Costas es un acto de trámite (cuando impide continuar el procedimiento o cuando resuelve el fondo del asunto), y se menciona que es un acto desfavorable, se considera un acto impugnable y por tanto, susceptible de recurso.
109. En los procedimientos iniciados de oficio por la Administración, el transcurso del plazo para resolver y notificar un acto (silencio), ¿qué efectos produce?
Sí produce efectos desfavorables, caducidad. Si por el contrario es susceptible de producir efectos favorables, silencio desestimatorio.
110. La omisión del preceptivo dictamen del Consejo de Estado, ¿qué efectos jurídicos tiene?
Produce la nulidad radical o de pleno derecho. Se haya dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido; la jurisprudencia lo interpreta de dos formas: a) que el acto se dicta sin procedimiento o b) que el acto se dicta omitiendo trámites esenciales aún cuando hay una tramitación como tal del procedimiento (p.Ej. Cuando no se solicita el informe preceptivo del CEo del órgano autonómico análogo)
111. La empresa municipal de la vivienda de Madrid quiere contratar la ejecución de unas obras de edificación sobre una parcela de su propiedad. ¿Debe seguir las reglas establecidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público o, por el contrario, se sujeta a las normas del Código Civil?
A estas sociedades se les aplicarán los principios en el Texto Refundido de la Ley de Contratos porque no entran dentro de ninguno de los grupos recogidos en el art. 3 (sector público, Administración Pública, poderes adjudicadores), pero sí deben ajustarse a las reglas de la publicidad, concurrencia, transparencia, etc.
112. El Ministerio de Fomento no está de acuerdo con la aplicación del justiprecio efectuada por el Jurado Provincial de Expropiación. ¿Qué puede hacer para combatir esa decisión?
Como es un órgano administrativo, y la personalidad jurídica es única podrá llevar a cabo la declaración de lesividad y posteriormente acudir a la vía contencioso-administrativa. El Jurado es un órgano sin personalidad jurídica propia que forma parte de la propia Administración.
113. Los propietarios de unos naranjales colindantes con una instalación eléctrica pretenden solicitar indemnización por los daños ocasionados como consecuencia del desbordamiento y derrame de productos químicos que conténía la obra, causado por unas lluvias torrenciales. La Administración considera que no tiene la obligación de responder. ¿Está de acuerdo?
Sí que es imputable a la Administración dado que se trata de un caso fortuito (elemento interno y previsible), por lo que ésta debería haber adoptado las medidas de cuidado oportunas para que estos hechos no se produjeran. (Ver caso presa de Tous)
114. A los propietarios de los locales de teatro de un municipio se les impone el deber de mantenerlos en las mismas condiciones y a los mismos usos que tenían destinados. Los citados propietarios entienden que dicha medida es discriminatoria por cuanto que a los propietarios de las salas de cine, discotecas y bares se les permite dividir su negocio, incluso alterar su uso, siempre que se destine a fines culturales. Es por ello por lo que pretenden solicitar una indemnización. ¿Qué les aconsejarían ustedes?
Se trata de una vinculación singular de la propiedad, no tiene carácter general. Se vincula, se delimita a unos particulares concretos. Esta reducción supone normalmente una minoración económica (lesión) que no tienen el deber jurídico de soportar. En consecuencia, están legitimados para solicitar la indemnización. (Ver caso teatro Fígaro)
115. El uso de los bienes de dominio público destinados al servicio público ha de ser siempre gratuito y abierto al uso común, general. ¿Es correcta esta afirmación?
No es correcta esta afirmación ya que sólo los bienes de dominio público destinados a un uso común o general son gratuitos, cuando en este caso se trata de bienes destinados al servicio público.
116. La iniciativa económica-pública está reconocida en la Constitución. ¿Puede un municipio constituir una sociedad pública de capital íntegramente municipal para realizar actividades económicas con ánimo de lucro?
NO, puede crear una sociedad e interactuar con el mercado pero entrañando un fin administrativo/público.
117. El Alcalde de un pueblo decide ocupar un terreno de propiedad de D. Florencio para destinarlo a un nuevo campo de fútbol municipal. Ordena a la Policía que procedan a desalojar al propietario e iniciar las obras. ¿Cómo calificaría usted esta actuación y qué medios jurídicos de defensa tiene el propietario?
Se trata de una vía de hecho ya que no se ha seguido el procedimiento expropiatorio oportuno (acuerdo de necesidad de ocupación, determinación del justiprecio, etc.), salvo que se trate de un procedimiento de urgencia, pero el alcalde no tiene potestad para expropiar de manera urgente (Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o Consejo de Ministros).
Ya que es una vía de hecho, el medio jurídico de defensa que ostenta el propietario es el recurso contencioso-administrativo.
118. Contra la Resolución del procedimiento de deslinde del dominio público marítimo- terrestre adoptado por el Director General de Sostenibilidad de la Costa por delegación del Ministro de Agricultura, ¿qué recursos caben y ante qué órganos?
Los recursos admisibles son el recurso de reposición y el recurso contencioso-administrativo.
Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
119. ¿Cuál es el plazo para entender desestimado por silencio el recurso de alzada? ¿Y el recurso de reposición?
El plazo para entender desestimado un recurso de alzada por silencio administrativo es de tres meses mientras que en el recurso de reposición es de un mes.
120. Diferencia entre contratos de servicios y contratos de servicios públicos que aparecen recogidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro (art. 10 TRLCSP). Por su parte, se entiende por contratos de gestión de servicios públicos aquellos en cuya virtud una Administración Pública o una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la Administración o Mutua encomendante (art. 8 TRLCSP).
121. Un Ayuntamiento decide declarar la urgente ocupación de unos terrenos incluidos en el Plan especial destinado a la implantación de un polígono industrial de empresas vinculadas a la industria naval ante la imperiosa necesidad de reducir el desempleo. ¿Es correcto?
Un Ayuntamiento no puede declarar la urgente ocupación (Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o Consejo de Ministros, en su defecto).
122. En las expropiaciones estatales, ¿qué órgano tiene atribuida la competencia para aprobar el Acuerdo de necesidad de ocupación?
El Acuerdo incluye la relación y descripción de los bienes que van a ser expropiados. Normalmente el órgano competente es el Delegado de Gobierno, pero en las expropiaciones del Ministerio de Fomento, la ley dice que ha de ser el Jefe de los Servicios o Demarcaciones territoriales correspondientes.
123. En un hospital de la Comunidad de Madrid, gestionado en régimen de concesión de servicio público por una entidad privada, ingresa un paciente aquejado de graves dolores abdominales. Diagnosticado por el médico de guardia, se le somete a una operación de apendicitis, en cuyo curso el paciente fallece. Posteriormente, la autopsia revela que el paciente presentaba un cuadro de infarto, y de ahí el fallecimiento. La familia se dirige a usted para que le asesore para la posibilidad de ejercer la acción de responsabilidad, la vía jurídica procedente, y en su caso, los plazos para formularla.
No se actúa conforme a la “lex artis”.
Se puede contestar de dos maneras: si la empresa es una propiedad de servicio público (concesionarios de servicio público, como en este caso) puede dirigirse a la Administración porque es la titular y tendría que responder; como es una empresa privada se acude al art. 1902 CC y se actúa contra la empresa en régimen de derecho privado.
124. Diferencia entre afectación y adscripción de bienes de dominio público
La afectación determina la vinculación de los bienes y derechos a un uso general o a un servicio público, y su consiguiente integración en el dominio público (art. 65 LPAP), mientras que los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado podrán ser adscritos a los organismos públicos dependientes de aquélla para su vinculación directa a un servicio de su competencia, o para el cumplimiento de sus fines propios (art. 73 LPAP).
125. ¿Puede el Estado expropiar un bien de dominio público destinado al servicio público?
Los bienes de dominio público no se pueden expropiar. Como mucho, puede llevarse a cabo una mutación demanial intersubjetiva, que implica el cambio de afectación de un bien de dominio público por otro distinto (desafectación y afectación simultáneas: el bien nunca deja de ser de dominio público) – art. 71.4 Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
126. ¿Qué relación jurídica existe entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y una empresa mixta de abastecimiento de aguas?
La relación jurídica existente es un contrato de gestión de servicios públicos. Si por el contrario se tratase de una empresa del Ayuntamiento en su totalidad, se estaría ante una encomienda de gestión.
127. Todos los actos administrativos, tanto definitivos como de trámite, son impugnables en vía administrativa y ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. ¿Está de acuerdo?
No estoy de acuerdo pues únicamente son impugnables aquellos actos de trámite que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Por lo que respecta a los actos definitivos, la afirmación es correcta. En vía administrativa: art 112 LPAC: “ Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuarel procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición
128. Contra las disposiciones administrativas de rango inferior a la Ley cabe siempre recurso de reposición. Coméntese.
Contra las disposiciones generales administrativas no cabe recurso administrativo según el Art. 112 LJCA. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.
129. El Subdelegado del Gobierno en Segovia concede autorización de vertidos en un solar de la provincia limítrofe de Soria, habida cuenta de que es el más idóneo para los productos que se van a depositar en el mismo. Coméntese.
El subdelegado de gobierno de Segovia no tiene competencia sobre Soria
130. ¿Podría celebrarse un contrato administrativo para la construcción de un puente sobre el río Sor entre la Diputación Provincial de Lugo y un contratista, de forma que se garantice a éste unas ganancias mínimas, aportadas en su caso, por la propia Administración?
¿Contrato de obra o de concesión de obra? En cualquier caso creo que NO.
131. A D. Juan H. Le expropian unos terrenos para la ejecución de la carretera M-2050, fijando el justiprecio en Octubre de 2011. Hoy en día no se le ha abonado el mismo. Acude a usted en busca de asesoramiento.
Le aconsejaría solicitar la retasación a la AP para que ésta evalúe de nuevo los terrenos que han sido objeto de expropiación pues han transcurrido cuatro años sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio se haga efectivo.
132. D. Antonio se halla un día tranquilamente en su casa, cuando aparecen unos operarios del Ministerio de Fomento que empiezan a derribar la valla del jardín, alegando que todo el frente, en un fondo de 2 metros, va a ser expropiado para ampliar la carretera. Coméntese.
Se trata de una actuación material constitutiva de vía de hecho por parte de la AP al no haber seguido el procedimiento legalmente establecido para el procedimiento expropiatorio (acuerdo de necesidad de ocupación, determinación del justiprecio, ocupación y pago). Podrá acudirse a la vía contencioso- administrativa.
133. Da María, ingresada en un Hospital de la Comunidad Autónoma, operada de una grave enfermedad, decide desconectar todos los tubos y vías que le mantienen con vida, aprovechando que se encuentra sola en su habitación, y fallece. ¿Tiene la Administración alguna responsabilidad?
Sí, puesto que debería haber alguien que vigilase a Doña María.....Concurrencia de culpas y moderación de la responsabilidad de la AP.
134. Por Resolución del alcalde de Santocaldes se cierran totalmente al tráfico rodado las calles que conducen a la Plaza Mayor. D. Carlos, comerciante con establecimiento en dicha plaza, tiene que cerrar su negocio, porque la recepción de las mercancías se encarece, ya que tiene que hacerse a mano. Asesórelé.
Reclamación de responsabilidad patrimonial ya que se cumplen los requisitos.
Se establece el sistema de garantía patrimonial de los D°s de los ciudadanos en la CE. Si ante el funcionamiento / la actuación administrativa que actúa para satisfacerlos interés generales de la sociedad, se provocan / producen daños a los ciudadanos, habrá que indemnizar al ciudadano perjudicado. Requisitos: a) Actuación de un servicio público, b) Esta actuación jurídica o material de la Admón tiene que haber ocasionado un daño indemnizable, d) Efectividad del daño: El daño tiene que ser un daño efectivo, por tanto no se indemnizan meras expectativas, e) Daño individualizado: Tiene que ser una persona física o jurídica (privada o pública) o un grupo de sujetos/personas en concreto.
136. Las lagunas en España son siempre bienes de dominio público. ¿Es correcta esta afirmación?
No, no siempre. Han de encontrarse en cauce público. Pueden ser de dominio privado cuando existan inscripciones expresas en el Registro de la Propiedad.