Ley de Ferrocarriles de 1855: Impulso a la Modernización y Revolución Industrial en España

Introducción a la Ley de Ferrocarriles de 1855

Esta ley histórica, de carácter jurídico-legislativo, fue promulgada el 3 de junio de 1855 en Aranjuez por las Cortes. Fue firmada por Francisco de Luxán, entonces Ministro de Fomento, y por la Reina. Apenas tres días después, el 6 de junio, fue publicada en la Gaceta de Madrid, precursora del actual Boletín Oficial del Estado (B.O.E.), lo que confirma su naturaleza de documento público y de amplio alcance.

Contenido y Disposiciones Clave de la Ley

Principios Fundamentales

La idea principal de este texto legislativo es desarrollar la Ley General de Ferrocarriles. En ella, se establece que el Estado asume la iniciativa en la construcción de las líneas ferroviarias, pero se apoya decididamente en la iniciativa privada. La ley detalla la financiación que el Estado proporcionará a las empresas privadas y los beneficios que estas obtendrán al participar en la construcción de las líneas.

Los primeros artículos del texto (del 4 al 6) dictaminan que las empresas privadas podrán construir las líneas siempre y cuando se adhieran al plan general establecido por el Gobierno.

Financiación y Apoyo a la Iniciativa Privada

Posteriormente, el artículo 8 determina los distintos modos en que el Gobierno financiará las líneas. Estos incluyen:

• Pago directo por parte del Estado.
• Subvenciones para las empresas privadas.
• Concesión de préstamos.

Ventajas para las Empresas Concesionarias

Más adelante, se enumeran las diversas ventajas con las que contarán las empresas que participen en la construcción de las líneas. Por ejemplo, se les concedía:

• Terreno público gratuito.
• Recursos para los trabajadores y las vías.
• Exención de impuestos de importación durante la construcción y por un periodo de 10 años posteriores.

Además, el artículo 9 garantizaba la seguridad de los capitales extranjeros, un aspecto crucial para atraer inversiones.

La Cuestión de la Anchura de Vía

Finalmente, en el artículo 30, se menciona la anchura de la entrevía (ancho de vía), que se estableció diferente a la de otros países. El objetivo era estratégico: impedir una posible invasión de otro país. Sin embargo, esta medida resultó ser un error a largo plazo, ya que dificultó significativamente las conexiones ferroviarias con las redes de otros países europeos.

Contexto Histórico y Necesidad de la Ley

Para comprender plenamente esta ley, es fundamental conocer las circunstancias históricas que la rodearon.

El Reinado de Isabel II y el Bienio Progresista

En España, gracias al Manifiesto de Manzanares, los progresistas se habían hecho con el poder. En este contexto, Espartero, cuyo objetivo principal era modernizar España, fue nombrado presidente del Consejo de Ministros.

Para impulsar esta modernización, era imprescindible una ley de Ferrocarriles competente, a diferencia de la de 1844, con la que solo se habían construido 440 km en diez años. No obstante, los costes de una línea ferroviaria eran muy elevados. Para conseguir el capital necesario, los progresistas se sirvieron de la Desamortización de Madoz, vendiendo terrenos públicos de los ayuntamientos y bienes comunales.

Impacto y Legado de la Ley de Ferrocarriles

Objetivos y Logros

Los objetivos principales de la Ley General de Ferrocarriles de 1855 eran mejorar la comunicación entre las diferentes regiones de España y preparar al país para la Revolución Industrial. Aunque las líneas ferroviarias no llegaron a algunas comunidades como Galicia y Extremadura, la ley se considera un éxito rotundo, ya que propició la construcción de 5840 km de vías férreas.

Consecuencias Socioeconómicas

Asimismo, la mejora de la comunicación que trajo el ferrocarril a España tuvo numerosas consecuencias positivas, tales como:

• Mayor expansión agrícola.
• Mayor variedad de productos alimenticios.
• Mejor movilidad de personas y mercancías.
• Mayor implicación política y cultural.
• Creación de numerosos puestos de trabajo.

Conclusiones y Perspectivas Historiográficas

En conclusión, la Ley General de Ferrocarriles de 1855 trajo consigo la modernización española y fue un catalizador clave para la Revolución Industrial en el país. Por ello, muchos historiadores, como Gómez de Mendoza, la han defendido como un hito fundamental. No obstante, otros opinan que fue una oportunidad parcialmente perdida, ya que, como bien señalaba Tortella, los materiales podrían haberse obtenido en España en lugar de importarlos de otros países, lo que habría impulsado la industria nacional.