Ley Contra la Corrupción en Venezuela: Prevención y Sanciones
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La Corrupción Pública y la Ley
La corrupción pública o administrativa se refiere a la acción de un funcionario que, investido de funciones públicas otorgadas por el ordenamiento jurídico, utiliza el poder que le ha sido atribuido para su interés personal.
Ley Contra la Corrupción: Objetivos y Alcance
El objetivo principal de la Ley Contra la Corrupción es establecer mecanismos tanto preventivos como represivos para combatir eficazmente este problema.
Fundamentos de la Ley
El artículo 1 de la Ley Contra la Corrupción establece:
"La presente Ley tiene por objeto el establecimiento de normas que rijan la conducta que deben asumir las personas sujetas a la misma, a los fines de salvaguardar el patrimonio público, garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos, con fundamento en los principios de honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la tipificación de los delitos contra la cosa pública y las sanciones que deberán aplicarse a quienes infrinjan estas disposiciones y cuyos actos, hechos u omisiones causen daño al patrimonio público".
Diferencias con la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
A diferencia de la derogada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, la Ley Contra la Corrupción no es solo represiva. No se limita a establecer sanciones administrativas y penales, sino que también busca crear mecanismos preventivos para fomentar una mayor transparencia en la administración de los recursos públicos.
Desarrollo de los Principios Constitucionales
La Ley Contra la Corrupción desarrolla los principios del artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estos principios (honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad) son la base para salvaguardar el patrimonio público y asegurar el manejo adecuado de los recursos.
Objetivos Específicos: Prevención y Represión
La ley persigue dos objetivos fundamentales:
- Preventivo: Crear herramientas para prevenir la corrupción, evitando las condiciones que propician estos actos.
- Represivo: Tipificar los delitos contra la cosa pública y establecer sanciones para quienes causen daño al patrimonio público. Se busca disuadir la comisión de hechos de corrupción mediante sanciones administrativas y penales.
Sanciones Administrativas (Artículo 33)
El Artículo 33 establece sanciones, independientemente de la responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria, con multas de 50 a 500 unidades tributarias (U.T.) para los siguientes casos:
- Omisión de la presentación de la declaración jurada de patrimonio dentro del plazo.
- Omisión de la presentación de documentos solicitados en un procedimiento de verificación patrimonial.
- Incumplimiento de la presentación de la declaración jurada de patrimonio tras ser exigida por resolución.
- Falta de notificación de nombramientos, designaciones, tomas de posesión, remociones o destituciones.