Legítima Defensa y Error de Prohibición: Fundamentos Jurídicos en el Derecho Penal

Legítima Defensa

Concepto

La legítima defensa es el contraataque de una agresión actual, inminente o inmediata con el fin de proteger bienes jurídicos propios o ajenos. Esta acción justifica la realización de una conducta sancionada penalmente, eximiendo de responsabilidad a su autor. En caso de no cumplirse todos sus requisitos, permite reducir la pena aplicable a este último.

Requisitos

Requisitos Exigidos por el Artículo 24 del Código Penal

1. Agresión Ilegítima

   Para que se configure la legítima defensa, debe tener lugar una agresión ilegítima, ya que sin una agresión previa no puede alegarse. Para su apreciación, se debe considerar:

   • Que tenga lugar un ataque físico que genere un peligro real a alguien, aunque no es preciso que este sea consumado.
   • Que el ataque sea actual, es decir, que la defensa se produzca en el momento en el que se está consumando el ataque, no pudiendo ser ni de forma anticipada ni posterior.
   • Que el ataque sea antijurídico, es decir, que se trate de un delito o falta que afecte a la persona físicamente, así como a su morada o sus bienes.

2. Necesidad Racional del Medio Empleado

   Se exige que el medio elegido para la defensa sea el menos lesivo y utilizado con la menor intensidad posible. Si no es así, dará lugar al exceso intensivo, lo que resultará en una legítima defensa incompleta. Es crucial no confundir la racionalidad del medio empleado con la proporcionalidad, ya que un acto proporcional a la agresión sufrida, como defensa, podría, en ciertos contextos, resultar excesivo.

3. Falta de Provocación Suficiente por Parte del Defensor

   Si la agresión ha sido provocada por una infracción penal del defensor, se excluiría la legítima defensa, mientras que si la provocación no es penalmente relevante, se considerará una conducta irrelevante a efectos de la legítima defensa.

Requisitos Exigidos por la Jurisprudencia

1. Necesidad de Defensa

   Se refiere a la necesidad de defensa en sí misma. Su ausencia, o la existencia de desproporción o una agresión previa prolongada por parte del defensor, puede excluir la legítima defensa.

Supuestos de Ausencia de Requisitos para la Legítima Defensa

1. Si faltan elementos esenciales (agresión ilegítima y necesidad de defensa en abstracto), no hay causas de justificación, hay delito y no habrá lugar siquiera a eximente incompleta.
2. Si faltan elementos accidentales (necesidad racional del medio empleado y falta de provocación por parte del defensor), no hay causa de justificación, existe delito pero hay lugar a la aplicación de la eximente incompleta.

Atenuante Analógica en Legítima Defensa

Se aplica en supuestos de desproporción en los medios defensivos que impiden la apreciación de la eximente incompleta.

Legítima Defensa Putativa

La legítima defensa putativa es un error de prohibición que afecta a la culpabilidad y consiste en la creencia fundada del sujeto de actuar en legítima defensa. Esto dará lugar a la exclusión de la responsabilidad criminal si el error es invencible, o a una atenuante si es vencible.

Ausencia de Conocimiento de Antijuridicidad

El Error de Prohibición (Art. 14.3 CP)

Cuando tiene lugar un error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal, se excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados.

La creencia errónea e invencible de estar obrando lícitamente excluye la responsabilidad criminal. Quien incurre en este error cree equivocadamente que su conducta no es delito cuando en realidad sí lo es. Es fundamental tener en cuenta el principio general según el cual la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento (Art. 6.1 del Código Civil). Por ello, la aplicación del error de prohibición posee un carácter excepcional, y la ignorancia debe ser siempre probada por quien la alega.

Para la apreciación del error se deben tener presentes:

1. Las circunstancias del caso concreto.
2. Las condiciones culturales, psicológicas y jurídicas del sujeto.
3. Las posibilidades de recibir asesoramiento y de acudir a medios que permitan conocer la trascendencia jurídica de los hechos.