Isabel II (1833–1868): guerras, regencias y reformas que forjaron la España contemporánea

La Primera Guerra Carlista (1833-1840)

El reinado de Isabel II se inicia con una guerra civil. Los partidarios del Antiguo Régimen, apoyándose en la ley Sálica —que impedía el reinado de las mujeres (esta ley había sido implantada por Felipe V en 1713; Carlos IV la había derogado pero no se había publicado en el Boletín Oficial)— no reconocían como heredera a Isabel II. La regente, María Cristina, se apoyará en políticos de clara inspiración reformista. El presidente del gobierno, Cea Bermúdez, presenta un programa reformista procurando no enfrentarse con los absolutistas ni con la Iglesia. A pesar de ello, Carlos María Isidro se proclama rey (Carlos V).

El bando carlista contará con:

• El apoyo incondicional de la Iglesia, contraria a la separación Iglesia-Estado y al proceso desamortizador.
• El apoyo del pequeño propietario agrario de las zonas de predominio del minifundio, profundamente católico y temeroso de los cambios del liberalismo.
• El apoyo de las zonas de pequeños mayorazgos que ven en la revolución burguesa un peligro para sus peculiaridades.
• El apoyo de jornaleros y arrendatarios de los bienes de la Iglesia, que consideran que la desamortización puede empeorar sus condiciones contractuales.
• El apoyo de las zonas foralistas donde el pensamiento regionalista se opone a la uniformidad del sistema liberal.

Los levantamientos se producen en todo el país, pero sólo triunfa en el norte (País Vasco, Navarra, la comarca del Maestrazgo y Cataluña). Los ejércitos isabelinos son derrotados gracias a la capacidad militar de los generales carlistas Zumalacárregui y Cabrera. En el norte se crea el embrión de un nuevo Estado, con ministerios civiles y militares, funcionarios, tribunales, etc.

Carlos V ordena a Zumalacárregui tomar una gran ciudad, Bilbao, para conseguir el reconocimiento internacional y hacerse con la rica zona minera de Vizcaya. La muerte de Zumalacárregui en el sitio de Bilbao (1835) cambiará el signo de la guerra.

El general Espartero consigue levantar el primer sitio de Bilbao (batalla de Luchana) y hace retroceder en el País Vasco y Navarra a los ejércitos carlistas, que se baten en retirada desde 1836. Tras el fracaso de la Expedición Real (1837), que llega hasta Madrid, los conflictos internos dentro del bando carlista entre moderados y apostólicos originarán su debilidad. El general carlista Maroto decide firmar el Convenio de Vergara (el abrazo de Vergara). La guerra en el País Vasco y Navarra termina en 1839. En Cataluña y el Maestrazgo la guerra continuará por la oposición de Cabrera, “el tigre del Maestrazgo”, a firmar cualquier tratado. El traslado del ejército del norte a Cataluña y la mejora en el equipamiento obligará al general Cabrera a salir de España en 1840.

Regencia de María Cristina (1833-1840)

A la muerte de Fernando VII la regente se apoyó en los elementos más moderados del liberalismo español, muchos de los cuales habían colaborado en la última etapa del reinado anterior. Cea Bermúdez es nombrado presidente y Martínez de la Rosa elabora una carta otorgada, una constitución dada por el rey: El Estatuto Real de 1834. En éste el rey conservaba casi todos los poderes, aunque se reconocían ciertos derechos y la igualdad ante la ley. Las Cortes tenían dos cámaras: el Senado estaba compuesto por “los grandes de España” —nobles, clérigos y burgueses nombrados por el rey—; el Congreso era elegido por un sistema ultracensitario (censo electoral del 0,15%). El rey convocaba y disolvía las cámaras, que no podían tratar más que los asuntos presentados por él.

Los enfrentamientos entre liberales moderados y liberales progresistas llevan al poder al progresista Mendizábal. Ante la situación de la guerra carlista, lleva a cabo una amnistía general que permite el regreso de todos los liberales. Para sanear Hacienda elabora el Proyecto de Desamortización Eclesiástica que tiene como meta acabar con los restos del Antiguo Régimen, extinguir la Deuda Pública y poder formar un ejército, «la quinta de los cien mil», para frenar el peligro carlista. Ante la negativa de la regente a llevar a cabo sus reformas y a pesar de contar con el apoyo de las cámaras, Mendizábal dimitió en mayo de 1836.

En agosto de 1836 se produce el Pronunciamiento de los Sargentos de La Granja, que custodian a la regente y a la reina. Obligan a la regente a jurar la Constitución de 1812 mientras no se elaborase una nueva constitución. La regente nombra presidente a Calatrava, que tendrá como ministro de Hacienda a Mendizábal.

Este gobierno elaborará la Constitución de 1837, un texto breve que proclama algunos principios del progresismo: soberanía nacional, declaración de derechos ciudadanos y separación de poderes; se amplía el censo electoral al 2,4% de la población.

Mendizábal llevará a cabo su proyecto desamortizador; en este período desaparecen todos los restos del Antiguo Régimen: desaparece el mayorazgo, desaparece la Mesta (que se transformará en la Unión General de Ganaderos perdiendo sus privilegios), desaparecen los impuestos feudales y los diezmos de la Iglesia, desaparecen los gremios y las aduanas interiores. Se diseña una administración centralizada que no respeta los fueros y que enconará todavía más la guerra carlista en el País Vasco y Navarra.

Los conflictos originados en Cataluña en 1840 por la Ley de Ayuntamientos, que proponía la designación de los alcaldes frente a la elección como se estipulaba en la Constitución, llevarán al poder al general Espartero, vencedor de la guerra carlista y con gran soporte popular.

Regencia de Espartero (1840-1843)

La acción de gobierno de Espartero estará marcada por el exilio de María Cristina y los intentos golpistas por parte de generales moderados. Continuaron las reformas preconizadas por Mendizábal y se intentó llevar a cabo una política librecambista. Esta política se encontró con la oposición de la burguesía periférica, sobre todo catalana (se sublevó Barcelona en 1842), y de los propietarios agrarios.

En 1843 es depuesto por un nuevo levantamiento en el que participan militares moderados y progresistas. El líder del movimiento es el general Narváez. Espartero se exilia en el Reino Unido tras declarar mayor de edad a Isabel II (13 años).

La Década Moderada (1844-1854)

La Década Moderada está ligada a la figura de Narváez, el político más influyente de este periodo. Aunque hubo 16 gobiernos —lo que podría parecer una etapa de gran inestabilidad—, en realidad Narváez fue quien dominó la política moderada durante estos años.

La principal obra legislativa de los moderados fue la Constitución de 1845. En ella, la soberanía se compartía entre el monarca y las Cortes. Estas eran bicamerales: el Senado era designado por el rey y el Congreso se elegía mediante un sistema muy censitario, en el que solo podían votar los grandes propietarios, altos cargos civiles y militares y personas con elevada formación cultural. No se incluía una declaración de derechos del ciudadano y el gobierno tenía amplios poderes sobre el orden público, la prensa —sometida a censura— y la educación. Este fue el modelo de Estado liberal creado por los moderados.

Para defender la propiedad privada y reprimir los levantamientos campesinos se creó la Guardia Civil en 1844, al mismo tiempo que se disolvía la Milicia Nacional. También se elaboraron el Código Civil y el Código Penal, inspirados en el modelo napoleónico.

La burguesía en el poder consideró que la revolución ya se había completado y frenó cualquier reforma que pudiera poner en peligro su situación. Por ello, se devolvieron a la Iglesia las tierras que aún no habían sido vendidas tras la desamortización, se permitió la apertura de nuevos conventos y la adquisición de bienes inmuebles. Además, se autorizó el regreso de los jesuitas y se reforzó la unión entre Iglesia y Estado con la firma del Concordato con la Santa Sede (1851).

En política económica se aplicó un proteccionismo que favorecía a la burguesía periférica y a los grandes productores de cereal del interior. La economía se orientó hacia un perfil innovador e inversionista, ya que la mayor parte de los capitales se dedicaron a la compra de los bienes desamortizados.

Durante este periodo se amplió el uso de la bandera bicolor al Ejército de Tierra, procediéndose así a unificar la bandera española. El Real Decreto de 13 de octubre de 1843 establece la sustitución de banderas, estandartes y escarpelas del Ejército por otras nuevas rojigualdas.

La reforma de la Hacienda de 1845, debida al ministro Alejandro Mon, acabó con el viejo sistema fiscal introduciendo la «contribución de inmuebles, cultivo y ganadería», el «subsidio industrial y de comercio» y el impuesto sobre el consumo de determinadas especies (vinos, aguardientes, aceite de oliva, carnes...), que se cobraba, según unas tarifas, a la entrada de las poblaciones. Los «consumos», al contribuir a aumentar los precios de las subsistencias, eran muy odiados por las clases populares.

Los casos de corrupción económica y el despotismo de los gobiernos originaron una fuerte oposición en amplias capas de la población. Los intentos golpistas por parte de los generales progresistas fueron numerosos. Las sublevaciones campesinas y los intentos carlistas de 1847 y 1853 hicieron que los gastos militares se disparasen. La dureza de la represión y los intentos de controlar la universidad desembocaron en el aislamiento de Narváez y de la monarquía.

Durante este periodo, los intentos de modernizar España implicaron la creación y consolidación de símbolos nacionales como la bandera rojigualda (ya usada por la Marina y extendida a otros ámbitos), la Marcha Real (frente al Himno de Riego) y un escudo que unificaba los reinos, forjando una identidad nacional moderna frente a los tradicionales estandartes, consolidándose con la monarquía liberal y el ejército, aunque la oficialización total llegaría después.

En 1854 se produce un levantamiento militar en Vicálvaro en el que participan generales progresistas y moderados y Narváez fue depuesto. El joven Cánovas del Castillo escribe el Manifiesto del Manzanares en demanda de cumplimiento de la Constitución de 1845.

Bienio progresista (1854-1856)

Tras el triunfo del golpe militar liderado por el general moderado O'Donnell, la reina nombra presidente a Espartero. Éste llevará a cabo una intensa obra legislativa: la Desamortización General Civil de Madoz (bienes del Estado, bienes propios de los ayuntamientos y entidades públicas), la Ley de los Ferrocarriles (se construyeron 5.000 km en 13 años) y la Constitución «non nata» de 1856.

Mantuvo una clara postura anticlerical por el apoyo de la Iglesia a los carlistas y a los grupos más moderados de la sociedad. Se procedió a la segunda expulsión de los jesuitas y se prohibieron las procesiones católicas.

El general Leopoldo O'Donnell promovió el proyecto político más ambicioso: la formación de un partido político, la Unión Liberal, con la idea de integrar a los más moderados de los progresistas y a los elementos más renovadores de los moderados; su intento era crear un partido de centro que sirviese de puente de unión entre las dos tendencias. Durante este período, gracias a la libertad de prensa y asociación, se empiezan a formar los primeros sindicatos y partidos de inspiración socialista. Los elementos más radicales del liberalismo progresista pedirán la implantación del sufragio universal masculino y se les denominará demócratas.

El segundo período moderado (1856-1868)

Tras una serie de conflictos populares, Espartero es sustituido por O'Donnell. Lo primero que hizo fue disolver las Cortes y poner en vigor nuevamente la Constitución de 1845. O'Donnell tratará de conservar algunas mejoras legales de la constitución de 1856 (jurados para delitos de prensa, periodicidad de las Cortes, etc.). Presidió el gobierno desde 1858 a 1863 y durante su mandato se produjo un boom en la construcción de ferrocarriles. En el interior procuró un entendimiento con el liberalismo progresista y consiguió una estabilidad política.

En el exterior llevó a cabo una política muy activa: guerra contra Marruecos, participación de ejércitos españoles junto a los franceses en la ocupación de Vietnam y México, reforzamiento de la presencia española en Cuba y el Caribe, conflicto con Perú, Ecuador y Chile. Buscaba un prestigio internacional, aunque de una potencia de segundo orden.

La presión de los moderados ante la reina hizo que ésta depusiese a O'Donnell y nombrase nuevamente presidente a Narváez (1863-1868). En realidad el periodo se caracteriza por una alternancia de poder entre unionistas y moderados. Sólo el favoritismo de la Corona hacia éstos últimos y la marginación de progresistas y demócratas condujeron a la descomposición no sólo del proyecto moderado, sino también del sistema político isabelino.

La política ultramoderada de González Bravo permitió la firma del Pacto de Ostende, donde progresistas, unionistas, demócratas y líderes republicanos deciden actuar en común para acabar con la dictadura moderada y con la monarquía de Isabel II.

En 1868 se sublevan la flota dirigida por el almirante Topete, el ejército de Andalucía bajo el mando de Serrano y los ejércitos de Aragón, Cataluña y Valencia bajo el mando del general Prim. A la vez que se produce el movimiento militar, se extiende por las ciudades importantes una oleada de huelgas y manifestaciones al grito de «¡Mueran los Borbones!», lo que culminará en la Revolución de 1868 (La Gloriosa).