Integración de España en la OTAN y la CEE: Historia y Repercusiones

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Integración Internacional de España: OTAN y CEE

Incorporación a la OTAN

En enero de 1976, durante la Transición, España firmó un Tratado de Amistad y Cooperación con Estados Unidos, sin cláusula de defensa común. Se definió el área de defensa de “interés común”, incluyendo instalaciones militares en Rota, Morón, Zaragoza, Torrejón y el polígono de tiro de las Bárdenas Reales (Navarra). Se acordó la retirada del escuadrón de submarinos nucleares en 1979.

Con una duración de 5 años, en 1981 el gobierno de UCD debía decidir sobre la prórroga, la denuncia o la adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Esta organización, creada en 1949 por Estados Unidos y sus aliados europeos, buscaba defender las democracias liberales occidentales del expansionismo soviético. La decisión era crucial en el contexto de la Guerra Fría.

Tras las elecciones de 1977, UCD propuso un debate en el Congreso sobre la posible integración. El ministro de Asuntos Exteriores creía que la integración en la OTAN permitiría sustituir la relación bilateral con EEUU por relaciones multilaterales con democracias occidentales, aceleraría las negociaciones con la CEE y facilitaría un acuerdo sobre Gibraltar.

Sin embargo, Adolfo Suárez mantuvo una postura ambigua, priorizando la adhesión a la CEE por el consenso político existente.

En 1979, UCD se mostró a favor de la adhesión a la OTAN y en 1980 fijó una fecha para el debate, que se postergó por la crisis interna del partido y la oposición del PSOE.

El proceso de incorporación comenzó el 25 de febrero de 1981, tras el 23-F, con el discurso de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. El golpe evidenció la necesidad de “occidentalizar” las Fuerzas Armadas.

En agosto de 1981, el Congreso admitió a trámite la petición de adhesión, con la oposición de socialistas y comunistas. En octubre, el debate parlamentario se desarrolló en un clima de movilización popular. El Congreso autorizó la adhesión con condiciones:

  • No almacenar ni instalar armas nucleares en España.
  • Garantías para la defensa territorial, la recuperación de Gibraltar y la aceleración de las negociaciones con la CEE.

El Senado ratificó la decisión. El 30 de mayo de 1982, España se convirtió en el miembro número 16 de la OTAN.

En 1982, el PSOE prometió un referéndum sobre la permanencia en la OTAN. Tras su victoria electoral, Fernando Morán anunció la intención de detener la integración hasta analizar los intereses estratégicos de España y celebrar el referéndum, prometiendo ser un aliado fiel.

En 1984, Felipe González presentó un decálogo sobre defensa y seguridad, incluyendo el referéndum para 1986. Realizó un esfuerzo para convencer al electorado, centrándose en el compromiso y las consecuencias de un resultado negativo.

Las organizaciones anti-OTAN argumentaban que la permanencia:

  • Aumentaba el riesgo de guerra.
  • Aumentaba el riesgo de instalación de armas nucleares.
  • Restringía la capacidad de maniobra internacional.
  • Favorecía la industria armamentística.
  • Incrementaba el gasto militar.

El PCE elaboró el documento “La paz es posible. Una propuesta de política exterior y de defensa fuera de la OTAN”. Alianza Popular recomendó la abstención.

Los medios de comunicación se mostraron contrarios al referéndum. La opinión pública mostraba escaso interés en seguridad nacional y antipatía hacia las Fuerzas Armadas y EEUU.

El 12 de marzo de 1986 se celebró el referéndum con la pregunta: “¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno?”.

El Gobierno propuso:

  • No incorporación a la estructura militar.
  • Prohibición de armas nucleares.
  • Reducción de la presencia militar estadounidense.

La propuesta fue aprobada con un margen estrecho. España comenzó a participar en comités, grupos y agencias de la OTAN, excepto en la Estructura Integrada de Mandos. En 1988 se redujo la presencia estadounidense en Torrejón. En 1989, España firmó un convenio de defensa con Estados Unidos.

En 1996, el Congreso autorizó al Gobierno a negociar el ingreso en la Nueva Estructura de Mandos de la OTAN.

Integración en Europa (CEE)

En 1957, el Tratado de Roma creó la Comunidad Económica Europea (CEE), unificando la CECA y EURATOM. En 1973 se adhirieron Dinamarca, Irlanda y Reino Unido; en 1981, Grecia; y en 1986, España y Portugal.

El Tratado de Roma buscaba el progreso económico y social, la eliminación de barreras, la mejora de las condiciones de vida y la consolidación de la paz y la libertad. Se creó un mercado común, una unión aduanera y políticas comunes (agrícola, comercial y de transportes), ampliándose posteriormente a medio ambiente, regional, social e industrial.

En 1977, con el gobierno de Adolfo Suárez, se iniciaron las negociaciones para el ingreso de España. La ampliación hacia el sur tenía un carácter político: consolidar las democracias y equilibrar la CEE. El ingreso de España era controvertido por su producción agraria, que aumentaría los excedentes.

Las negociaciones se centraron en la adaptación de la economía española, exigiendo periodos transitorios para algunos sectores. En 1981, el Banco Europeo de Inversiones otorgó préstamos a España. La adhesión se postergó por la oposición de Francia.

España obtuvo el apoyo de la RFA al aceptar la instalación de euromisiles. Con la presidencia italiana, se concluyeron las negociaciones. El Acta de Adhesión se firmó en 1986, durante la primera legislatura del PSOE.

En 1986 se firmó el Acta Única Europea, que incluía:

  • Creación de un mercado único sin fronteras interiores.
  • Ampliación de competencias comunitarias.
  • Incorporación del principio de cohesión económica y social (FEDER, FEOGA, Fondo Social Europeo).

Impacto de la incorporación

Durante los primeros seis años, la economía española creció. La unión aduanera tuvo efectos negativos en sectores poco competitivos, pero impulsó la modernización. Los productos agrarios competitivos se exportaron, beneficiando a regiones como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha. Las pequeñas explotaciones del norte se vieron amenazadas. La pesca sufrió controles y limitaciones. La industria se modernizó, pero aumentó la dependencia tecnológica y de capitales europeos. El déficit comercial creció y el paro aumentó. Los Fondos Comunitarios ayudaron a la modernización de infraestructuras y la formación profesional.

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