Impacto del Gasto Social: Eficiencia, Reacciones del Mercado y Desviación de Beneficios en el Estado del Bienestar

El Gasto Social en el Estado del Bienestar

Incidencia del Gasto Social: Desafíos y Efectos

Los programas de gasto social benefician a los individuos de forma muy dispar. Como se ha dicho anteriormente, uno de los principales problemas en la aplicación de este tipo de programas radica en la dificultad para valorar en qué medida se beneficia cada persona afectada –es decir, para cuantificar la utilidad que obtiene– y, además, no siempre es fácil precisar quién se beneficia realmente.

Así, dos aspectos que tienen una notable importancia a la hora de valorar la eficiencia de los programas públicos son:

• Identificar las reacciones que puede tener el mercado.
• Detectar si los efectos recaen sobre los beneficiarios previstos o bien existe algún tipo de desviación.

Reacciones del Mercado ante Programas Públicos

Por lo que respecta a la primera de estas cuestiones –las reacciones del mercado–, hay que tener en cuenta que en las economías mixtas el Estado tiene un control limitado sobre la actividad económica, con lo cual el sector privado puede reaccionar ante un programa público de forma que distorsione significativamente sus beneficios.

Un ejemplo de esto pueden ser algunas políticas agrarias desarrolladas por la UE y por otros gobiernos del mundo (como los EEUU): las oscilaciones que registran los precios de los productos agrícolas básicos en función de la evolución de las cosechas tienen efectos negativos tanto sobre los consumidores como sobre la renta de los agricultores, lo cual se puede corregir en buena parte mediante la aplicación de precios mínimos garantizados y con la acumulación de stocks en las épocas de cosechas abundantes para ponerlas en el mercado en los momentos de escasez. El objetivo de este tipo de mecanismos, por tanto, es el de estabilizar el precio de estos productos, así como minimizar las fluctuaciones en la renta de los agricultores.

Sin embargo, estas políticas reducen los incentivos del sector privado para efectuar una acción reguladora de stocks por su cuenta y obligan al sector público a asumir costes importantes –de administración, financiación y almacenamiento–. Además, se comprueba que también se producen efectos colaterales adicionales: la desaparición del riesgo por parte de los agricultores incrementa el estímulo para cultivar aquellos productos con precio garantizado, con los consiguientes aumentos de producción que se añaden a la tendencia histórica de mejora de la productividad derivada de los progresos de la tecnología.

Como resultado de todo esto, se puede generar una espiral en la que los aumentos de la producción presionan a la baja los precios de mercado, con lo cual el Estado se ve obligado a absorber costes cada vez más elevados por la acumulación de stocks y para mantener el nivel de precios pagado a los agricultores. Este ejemplo permite apreciar la importancia de tener en cuenta no solamente las consecuencias inmediatas de las intervenciones públicas, sino también los efectos a largo plazo, una vez que todos los productores y los consumidores han ajustado su comportamiento a las nuevas condiciones del mercado.

Desviación de Beneficios y Filtración de Recursos

Otro aspecto importante a considerar en las acciones del sector público es si efectivamente los beneficios de un programa recaen sobre los destinatarios previstos o si existen efectos de desviación relevantes. Así, en el caso de las políticas agrícolas indicado anteriormente, se ha constatado que una parte significativa de los recursos públicos que se dedican a esos programas es absorbida por agentes que no son en absoluto sus destinatarios, como grandes distribuidores, almacenistas intermediarios, propietarios de la tierra absentistas e incluso entidades financieras.

Pueden existir efectos de filtración de recursos hacia sujetos no previstos que, en alguna medida, se puede considerar que parasitan los programas. Por ejemplo, si nos preguntamos a quiénes beneficia la construcción de una nueva línea de metro en una zona urbana, probablemente la respuesta inmediata que tendemos a aceptar es que a los usuarios del área afectada. Aun así, una valoración más cuidadosa incluye que los propietarios de las viviendas de la zona verán revalorizarse sus inmuebles y previsiblemente se registrará un aumento en los precios de los alquileres. En consecuencia, quienes pueden resultar más favorecidos son los propietarios de inmuebles de la zona que tengan prevista su venta o alquiler.