Impacto de la Desamortización en la Agricultura Española Decimonónica

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Introducción

El problema de la agricultura española es uno de los más importantes de su historia contemporánea. Hasta 1960 pervive una agricultura tradicional basada en las posibilidades del medio físico, el abono natural y la falta de maquinaria. En cuanto a la propiedad de la tierra predominan sus dos formas más perniciosas: el latifundismo y el minifundismo. Este atraso dificultó la industrialización y la modernización general de España, al tiempo que obligaba a vivir a la mayoría de la población en pésimas condiciones de vida.

Durante el siglo XIX hubo un tímido desarrollo pero con muchos problemas que frenaron dicho avance.

Factores Favorables

  • La desamortización, que supuso un impulso a la producción por las nuevas tierras puestas en cultivo.
  • La política comercial proteccionista.
  • El crecimiento de la población, que estimuló la demanda.
  • La existencia de un sector agrícola moderno dedicado a la exportación (aceite, vino y cítricos).

Problemas que Frenaron el Avance

  • El estancamiento tecnológico (persistencia del arado romano y el abono natural o biológico).
  • La existencia de grandes latifundios y minifundios.
  • Amplio sector de la población con bajo nivel de vida que no demanda productos industriales.
  • El predominio absoluto, sobre la agricultura con fines comerciales, de la de subsistencia.

Latifundismo y Minifundismo

Ambas estructuras eran las que predominaban en España; el minifundio en el Norte peninsular, el latifundio en el Oeste, Centro y, sobre todo, en el Sur. Solo en Cataluña y Valencia había un cierto dominio de la propiedad mediana.

Los primeros latifundios aparecen con la dominación romana y árabe, pero su consolidación se produce durante la Reconquista. En ella, los reyes recurrieron a los nobles y el clero para que les ayudasen en la guerra, dándoles a cambio grandes superficies del territorio conquistado. En el caso de los nobles, la existencia del mayorazgo provocó su concentración. Ya en el XIX la desamortización, como veremos, no hizo sino acentuar esta situación.

Si el latifundismo supone consecuencias negativas para la producción, al basarse en la explotación de cultivos extensivos, el minifundio genera una economía poco rentable dado su pequeño tamaño.

Las Medidas Desamortizadoras

La agricultura fue durante el Antiguo Régimen y buena parte de los siglos XIX y XX la base de la economía española. Hasta la desamortización del siglo XIX la propiedad de la tierra estaba en su mayor parte amortizada; es decir, vinculada (imposibilidad de venderla o dividirla) a instituciones como la nobleza (a través del mayorazgo), la Iglesia (clero regular y secular), los Ayuntamientos (bienes de propios y bienes comunales) y el Estado.

Los ilustrados del siglo XVIII consideraron que esta forma de propiedad era poco racional e impedía una explotación y unos rendimientos mayores; por ello denominaron a estas instituciones propietarias de la tierra como manos muertas.

Objetivos de las Desamortizaciones

  • Fiscales: Recaudar fondos para solucionar los problemas de la Hacienda Pública: hacer frente a los gastos ocasionados por las guerras (contra Francia, carlistas), realizar inversiones públicas (trazado del ferrocarril), y pagar la deuda pública.
  • Políticos: Crear una masa de propietarios ligados al nuevo régimen liberal.
  • Económicos: Se pensaba que modernizando la estructura de la propiedad de la tierra se producirían transformaciones agrarias, que facilitarían el desarrollo económico y la revolución industrial (objetivo que no se consiguió), al tiempo que se incrementaba el número de contribuyentes.
  • Sociales: Se pretendía reformar la estructura de la propiedad al sentar las bases para la aparición de una amplia capa de medianos propietarios, que rompiera la tradicional dicotomía latifundismo/minifundismo. Al igual que los objetivos económicos, este tampoco se logró; por el contrario, se acentuó la concentración de tierras.

Nota sobre Deuda Pública

Los estados pueden recurrir a este recurso para compensar la diferencia entre gastos e ingresos. Se emiten para ello documentos (títulos) que adquieren los ciudadanos a cambio de prestar dinero al Estado, con el compromiso por parte de la Hacienda de devolverlo en el plazo fijado, junto a los intereses correspondientes.

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