Historia del Sexenio Democrático y las Desamortizaciones en España

El Sexenio Democrático: Primer Ensayo Republicano y su Fracaso en España (1868-1874)

Tras la renuncia al trono de Amadeo I de Saboya en febrero de 1873, comenzaron las etapas finales del difícil periodo de nuestra historia conocido como el Sexenio Democrático o Revolucionario, iniciado con la Gloriosa Revolución de 1868.

Pese a los sinceros intentos políticos y del propio monarca de origen italiano por establecer un sistema democrático, las luchas internas y los conflictos armados que fueron surgiendo impidieron darle la estabilidad necesaria. El experimento republicano de 1873-1874 heredó algunos de estos problemas, a la vez que sumó conflictos propios, lo que impidió a los líderes de esta República alcanzar los objetivos con los que llegaron al poder.

Proclamación de la Primera República (1873)

Tras la renuncia de Amadeo I, el 11 de febrero de 1873, el Congreso y el Senado se reunieron y, a propuesta de Pi i Margall, proclamaron la Primera República Española. Aunque los monárquicos eran mayoría, aceptaron la medida como una solución temporal, mientras que los republicanos la vieron como una oportunidad de cambio. Ese mismo día, Estanislao Figueras fue proclamado primer presidente del Gobierno de la República, con un gobierno formado por republicanos federales y liberales del Partido Radical.

Los republicanos no constituían una mayoría política y, además, se dividían en dos tendencias enfrentadas en la forma de Estado: unitarios (partidarios de un Estado central fuerte, conservadores en lo económico y social) y federales.

La República tuvo un fuerte impacto en los sectores populares, que esperaban que el nuevo régimen satisficiera sus aspiraciones de forma inmediata. En Andalucía, el federalismo tuvo muchos adeptos y la representación de federales andaluces en las Cortes fue mayoritaria. A nivel popular, se produjeron manifestaciones, se ocuparon ayuntamientos, se constituyeron juntas revolucionarias y en algunas zonas se proclamó la república federal.

Además, la difusión de los ideales revolucionarios de los internacionalistas impulsó levantamientos en favor del reparto de tierras.

El Proyecto de Constitución Federal y el Cantonalismo

Las elecciones de mayo dieron la mayoría en las Cortes Constituyentes a los republicanos federales, con una abstención superior al 50%. Estas nuevas Cortes se abrieron el 1 de junio y se formó un nuevo gobierno liderado por Pi i Margall, cuyo lema era "orden y progreso". Su actuación se centró en pacificar las insurrecciones que se extendieron por la Península y en elaborar un nuevo proyecto de Constitución, basado en la de 1869, que garantizaba derechos y libertades. Establecía la soberanía popular con sufragio universal masculino y creaba un sistema bicameral con un Congreso y un Senado sin iniciativa legislativa. También declaraba la libertad de culto, la separación de Iglesia y Estado, y prohibía la subvención de cualquier religión.

El cambio más radical fue en la estructura del Estado. España se definía como República federal y establecía que la nación se componía de 17 Estados, entre ellos Cuba y Puerto Rico. Organizaba el poder a nivel de los municipios, de los estados regionales y del Estado federal. Cada uno de los estados regionales tendría su propia constitución, regulaba los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), y tenía amplia autonomía económico-administrativa y política. Rompía, pues, con el modelo centralista tradicional y definía un nuevo sistema democrático. Sin embargo, la Constitución no se llegó a aprobar.

Sin embargo, algunos federalistas radicales, opuestos a que la República Federal se organizara desde el gobierno central, promovieron la sublevación cantonal. Este movimiento combinaba aspiraciones autonomistas con ideas revolucionarias del movimiento obrero. La creación de cantones independientes, con sus propios gobiernos y leyes, fue una aplicación extrema del federalismo desde abajo, buscando también reformas sociales y responder a las demandas populares.

El 12 de julio de 1873 se proclamaba el Cantón de Cartagena, que se constituía en Estado independiente y proclamaba la República Federal en España, que se impulsaba, así, desde abajo.

A partir de aquí, el movimiento se extendió a otras poblaciones del sur y el este, y se proclamaron cantones en Sevilla, Cádiz, Granada, Málaga, Andújar... Cada cantón se dotaba de su propia estructura de poder y emprendía las ansiadas reformas sociales. En esta revuelta social confluían los intransigentes, los internacionalistas y los sectores populares.

Fin de la Primera República y Restauración Borbónica

El presidente Pi i Margall se opuso a sofocar la revuelta por las armas y dimitió, siendo sustituido por Nicolás Salmerón, quien inició una acción militar contra el movimiento cantonalista, que fue rápidamente sofocado, a excepción de Cartagena, donde duró hasta enero de 1874. Con ello, el ejército y jefes como Pavía y Martínez Campos se situaban como defensores del orden.

Pero Salmerón dimitió en septiembre al negarse a firmar dos condenas a muerte para cantonalistas. Le sucedió Emilio Castelar, republicano unitario de carácter conservador, que consiguió plenos poderes de las Cortes, que no tardó en cerrar, y gobernó por decreto, lo que le permitió restablecer la autoridad.

Al problema cantonalista debemos añadir el recrudecimiento de los conflictos que la República había heredado del periodo anterior. En Cuba, se libraba una guerra por la independencia desde 1868, y en el norte de España, los carlistas apoyaban a Carlos VII, amenazando con controlar varias regiones. Estos conflictos dificultaron la estabilidad política y económica del nuevo sistema. Mientras tanto, la oposición a la República, liderada por Cánovas del Castillo y apoyada por Alfonso, hijo de Isabel II, ganaba seguidores entre terratenientes, industriales, la Iglesia y el ejército.

El 2 de enero de 1874, Castelar intentó recuperar la legalidad parlamentaria, pero se encontró con la resistencia de los federales. Ante esta situación, el general Pavía organizó un golpe de Estado, disolvió las Cortes y entregó el gobierno al general Serrano, que instauró una república conservadora y actuó de manera dictatorial, sin seguir la Constitución ni tener un plan claro, solo buscando resolver conflictos como los de Cuba y los carlistas.

A medida que pasaba el tiempo, el partido alfonsino ganó fuerza. En diciembre de 1874, tras el Manifiesto de Sandhurst de Alfonso de Borbón, el general Martínez Campos se pronunció en Sagunto a favor de su ascenso al trono. La oposición fue mínima, y Cánovas del Castillo rápidamente organizó un gobierno para preparar la proclamación de Alfonso XII como rey.

Así se concluía un periodo agitado en la historia de España, donde durante seis años se intentó establecer un sistema democrático, pero enfrentó una fuerte oposición de diferentes grupos. La inflexibilidad de los líderes de la época impidió que cualquiera de los gobiernos se mantuviera estable. La Restauración borbónica trajo la estabilidad institucional, mientras los principios democráticos pasaron a un segundo plano durante un largo periodo.

Cambios Agrarios y las Desamortizaciones en el Siglo XIX Español

La propiedad de la tierra en la España del Antiguo Régimen se caracterizaba por su concentración en pocas manos (nobleza e Iglesia principalmente). Pero no era la acumulación de tierras el mayor defecto de la estructuración agraria, sino su inmovilidad. Desde el momento en que las tierras se convertían en mayorazgo no se podían vender ni dividir. De esta forma, la tierra quedaba inmovilizada y convertida en tierra de "manos muertas". Así, la tierra se fue convirtiendo en un bien escaso y de difícil acceso para el campesinado. Uno de los principales objetivos de la revolución liberal burguesa fue movilizar todas estas tierras de manos de la nobleza y la Iglesia y ponerlas en el mercado.

En España, el problema de estas grandes propiedades fue resuelto por varios decretos relativos a la desvinculación de mayorazgos, la desvinculación de señoríos jurisdiccionales y la desamortización eclesiástica. Este proceso resultó ser largo, lento y sometido a constantes avances y retrocesos según la evolución política.

Antecedentes Históricos de las Desamortizaciones

La preocupación por mejorar la productividad y remediar la situación del campesinado se puso de manifiesto desde el siglo XVIII, a través de ministros ilustrados como Olavide y Jovellanos. Con Carlos III solo se aplicó a los bienes municipales (1767), para que los baldíos fueran arrendados a braceros, con el fin de ampliar la producción, pero la medida fue anulada tres años más tarde. La llamada desamortización de Godoy, en el reinado de Carlos IV, intentó resolver los problemas de la deuda de la Hacienda, agravados con la pérdida de la comunicación con América y la guerra con Inglaterra, expropiando y poniendo en venta las posesiones de hospitales y hospicios.

La desamortización de José I, aprobada en el año 1809, estuvo condicionada por la guerra, y la desamortización de las Cortes de Cádiz (1812) no tuvo casi ninguna repercusión debido a la reposición del absolutismo monárquico tras la vuelta de Fernando VII. De igual forma, la desamortización de tierras durante el Trienio Liberal alcanzó las tierras de manos muertas tanto de la Iglesia como de la nobleza, pero fue igualmente suspendida tras la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis.

Como hemos visto, la progresiva implantación del liberalismo trató de ir acompañada de una redistribución de los bienes de manos muertas buscando una explotación agraria más racional y dotar a la Hacienda de recursos. Será ya en pleno siglo XIX cuando se logre una efectiva desamortización en varios periodos políticos diferentes: la Desamortización Eclesiástica de Mendizábal (1836-1837) y la Desamortización Civil de Pascual Madoz (1855).

La Desamortización de Mendizábal (1836-1837)

Con la desamortización de Mendizábal se pretendían lograr varios objetivos:

• Conseguir fondos para ganar la guerra carlista.
• Disminuir la deuda pública (al ofrecer la posibilidad de que se pagaran con títulos emitidos por el Estado).
• Atraer a las filas liberales a la incipiente burguesía.
• Poder solicitar nuevos préstamos (al estar más saneada la Hacienda).
• Cambiar la estructura de la propiedad eclesiástica (que de ser amortizada y colectiva pasaría a ser libre e individual).

Estos fueron los motivos que permitieron legitimar la publicación del Decreto desamortizador de febrero de 1836 impulsado por Mendizábal, a través del que se ponían en venta todos los bienes del clero regular. Al año siguiente, en 1837, otra ley amplió los bienes afectados a los del clero secular. Sin embargo, la caída de los progresistas imposibilitó su aplicación hasta 1841, durante la Regencia de Espartero.

Además, entre 1836 y 1837 se dieron los decretos para convertir las tierras de la nobleza en propiedad privada. El primer paso fue la desvinculación de los mayorazgos, con la que esas tierras pasaban a ser propiedades privadas, libres para su circulación comercial. Esto se complementó con la abolición de los señoríos: desaparecía la situación de vasallaje del campesinado, pues los señores perdían su poder jurisdiccional, pero pasaban a disponer libremente de esas mismas tierras, con lo que la situación de los campesinos pasaba a ser más inestable.

La Desamortización de Madoz (1855)

La Desamortización de Madoz fue a través de la Ley de Desamortización general, de 1 de mayo de 1855, puesta en marcha por este ministro de Hacienda durante el Bienio Progresista de Isabel II, con la que se pusieron en venta los bienes eclesiásticos que no habían sido afectados en la etapa desamortizadora anterior, así como los bienes de los pueblos, con cuyo arrendamiento se sufragaban los gastos de los concejos, y los bienes baldíos que eran aprovechados libremente por los vecinos, constituyendo una parte bastante importante de las economías domésticas campesinas.

La desamortización de Madoz afectó a casi todas las propiedades comunales, exigiendo pago en metálico, lo que limitó la participación del campesinado y redujo el interés de la burguesía. Aunque ayudó a reducir la deuda estatal, debilitó la economía de la Iglesia y perjudicó a los campesinos al privarlos de tierras comunales.

Consecuencias de las Desamortizaciones

No se logró un aumento significativo de la producción agraria, ya que los nuevos propietarios no invirtieron en mejoras y, en su mayoría, mantuvieron el sistema tradicional, limitándose a cobrar rentas más altas. Además, el capital destinado a la compra de tierras pudo haber impulsado la incipiente industrialización en sectores como ferrocarriles e infraestructuras, pero se prefirió la inversión en propiedades.

La productividad siguió baja debido a una estructura de propiedad que desincentivaba la innovación. Las desamortizaciones reforzaron el latifundismo en el sur y provocaron la pérdida de bienes culturales.

A finales del siglo XIX, la competencia de productos agrícolas extranjeros agravó la crisis agraria, lo que llevó a políticas proteccionistas y a la diversificación de cultivos en favor del viñedo, el olivo y los cítricos.

Glosario de Términos Clave

Bienes de manos muertas

Bienes y tierras pertenecientes principalmente a la Iglesia Católica, a las órdenes religiosas y a los ayuntamientos, que no se podían vender, comprar o hipotecar. Los bienes que incautaba el Estado se conocían como “Bienes raíces” o Bienes inmuebles, es decir, tierras, edificios, caminos, minas y, en definitiva, todas aquellas propiedades que no pueden desplazarse del lugar en el que se encuentran.

Tierra amortizada

Tierra que está al margen del mercado. Sus dueños podían disponer libremente de los frutos o de las rentas que generasen, pero no podían enajenarlas. Existían tres tipos de vinculación: las manos muertas de la Iglesia, el mayorazgo y los bienes comunales.