Las Guerras Carlistas: Origen, Desarrollo y Consecuencias en la España Liberal del Siglo XIX
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El Conflicto Dinástico y el Origen de las Guerras Carlistas
La Sucesión de Fernando VII y la Pragmática Sanción
En 1830, el nacimiento de una hija del rey, Isabel, parecía garantizar la continuidad borbónica. Sin embargo, existía la Ley Sálica que impedía el acceso al trono a las mujeres. Fernando VII, influido por su mujer, María Cristina, derogó la ley mediante la Pragmática Sanción, lo que abrió el camino a su hija y heredera.
Después, los carlistas se negaron a aceptar la nueva situación y presionaron al monarca enfermo para que repusiera la Ley Sálica, que beneficiaba a su hermano, Don Carlos. Alrededor de Carlos se agrupaban las fuerzas más partidarias del Antiguo Régimen y opuestas al liberalismo.
María Cristina quería asegurar el trono para su hija y buscó apoyo. Fue nombrada regente durante la enfermedad del rey y formó un nuevo gobierno de carácter reformista. Fernando murió, reafirmando en el testamento a su hija como heredera del trono y nombrando gobernadora a la reina María Cristina hasta que Isabel fuera mayor de edad. Don Carlos se proclamó rey en el norte de España, y de ahí comenzaron las primeras guerras carlistas.
Desarrollo de la Primera Guerra Carlista (1833-1840)
Fases del Conflicto Armado
Las primeras partidas carlistas se levantaron en 1833. El foco más importante se situó en las regiones montañosas de Navarra y País Vasco. Don Carlos recibió el apoyo de potencias absolutistas como Rusia, Prusia y Austria, que le aportaron los recursos que necesitaba, mientras que Isabel II contó con el apoyo de Gran Bretaña, Francia y Portugal.
El conflicto se dividió en dos fases:
Primera Etapa: Estabilización y Triunfos Carlistas
Se caracterizó por la estabilización de la guerra en el norte y los triunfos carlistas. La insurrección tomó impulso cuando el pretendiente abandonó Gran Bretaña para instalarse en Navarra, donde creó una monarquía alternativa.
Segunda Etapa: Decantación Liberal y Convenio de Vergara
La guerra se decantó hacia el bando liberal a partir de la victoria del general Espartero. Los insurrectos iniciaron una nueva estrategia caracterizada por las expediciones a otras regiones. La constatación de la debilidad del carlismo propició discrepancias entre los transaccionistas y los intransigentes. Finalmente, el general Maroto acordó la firma del Convenio de Vergara con el general Espartero. El convenio establecía el mantenimiento de los fueros en las provincias vascas y Navarra, así como la integración de la oficialidad carlista en el ejército real.
La Constitución de 1837: Un Marco de Consenso
El gobierno progresista convocó unas Cortes extraordinarias para redactar un texto constitucional que adaptase el de 1812 a los nuevos tiempos. El documento tenía como objetivo fijar un texto estable que pudiera ser aceptado por progresistas y moderados. La Constitución de 1837 proclamaba algunos principios básicos del progresismo, también recogía algunos elementos moderados, y además otras leyes vinieron a culminar el entramado jurídico constitucional:
- La Ley de Imprenta, que hizo desaparecer la censura previa.
- La Ley Electoral, que fijó un sistema de sufragio censitario y restringido.
Agrupaciones Políticas del Liberalismo Español
Los Moderados
Se definían a sí mismos como personas de orden y estaban formados por terratenientes, comerciantes e intelectuales conservadores, clero y militares. Defendían el derecho a la propiedad. Concebían la libertad como un bien individual, pero anteponían los principios de autoridad y orden social. También defendían el principio de la soberanía compartida entre las Cortes y la Corona. Se mostraban partidarios de limitar los derechos individuales.
Los Progresistas
Se consideraban los defensores de la libertad y entre ellos predominaba la mediana y pequeña burguesía, la oficialidad media del ejército y también las clases populares urbanas. Defendían el principio de la soberanía nacional como fuente de legitimidad del poder y el predominio de las Cortes en el sistema político. Eran partidarios de robustecer los poderes locales y de otorgar amplios derechos individuales. Mantenían el principio del sufragio censitario, pero también querían la ampliación del cuerpo electoral. También defendían la necesidad de una reforma agraria.