La Guerra Civil Española: De la Sublevación a la Represión

Camino Sublevación

El camino hacia la sublevación militar en España estuvo marcado por una serie de factores que contribuyeron al clima de tensión y conspiración. Por un lado, persistieron los problemas de orden público y la agitación social, especialmente con la radicalización del anarcosindicalismo en las zonas rurales. A pesar de los intentos del gobierno por controlar la situación, la falta de una respuesta efectiva generó un clima de inestabilidad. Además, la Ley Azaña provocó descontento en ciertos sectores del ejército, alimentando el sentimiento antirrepublicano y la propagación de la conspiración. Aunque algunos mandos militares se resignaron y otros se mantuvieron neutrales, una minoría compartía el ideario republicano.

La conspiración militar se gestó con la participación de varios generales, entre ellos Emilio Mola, destinado en Navarra. El plan de sublevación fue coordinado desde Pamplona y contó con la colaboración de la Falange Española (FE), a pesar de que su líder, Primo de Rivera, estaba preso en ese momento. Paralelamente, la crisis interna en el PSOE debilitó al principal partido del Frente Popular. La división entre las facciones de izquierda lideradas por Largo Caballero y la centrista encabezada por Prieto exacerbó las tensiones políticas y contribuyó a la inestabilidad.

La escalada de violencia política, incluyendo el asesinato del teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo y del líder de la oposición, Calvo Sotelo, aumentó aún más las tensiones y precipitó los eventos que llevaron a la sublevación militar. En resumen, una combinación de problemas sociales, tensiones políticas y conspiraciones militares creó un ambiente propicio para la sublevación militar que finalmente desencadenó en la Guerra Civil Española.

Guerra Civil: Contexto

En julio de 1936, Europa se encontraba en una situación de crisis y tensión, con varios países liderados por regímenes autoritarios que buscaban expandir su influencia y territorio. Hitler, en Alemania, desafiaba el tratado de Versalles y militarizaba Renania, mientras reivindicaba la devolución de territorios perdidos. Por su parte, Mussolini en Italia había iniciado una expansión territorial en África con la conquista de Abisinia y buscaba extender su dominio a Túnez y Argelia con el apoyo de Hitler. En Francia, la crisis económica y el ascenso del fascismo llevaron a la formación del Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda liderada por Léon Blum, que alcanzó el poder en mayo de 1936. Blum promovió mejoras laborales y salariales con los Acuerdos de Matignon en junio de ese año. Aunque simpatizaba con el gobierno republicano español, la presión de Inglaterra y la oposición interna limitaron su capacidad para ayudar a la España republicana tras el estallido de la Guerra Civil. La propuesta de ayuda de Blum se vio obstaculizada por la oposición interna en Francia, así como por las amenazas de Chamberlain de no cumplir con la alianza franco-británica en caso de que se brindara apoyo al gobierno republicano español. Finalmente, se firmó un acuerdo de no intervención en España en el que 27 países se comprometieron a abstenerse de interferir en el conflicto. Sin embargo, Alemania e Italia incumplieron este acuerdo y apoyaron activamente a las fuerzas sublevadas lideradas por Franco. El contexto internacional de la Guerra Civil Española reflejó la polarización ideológica en Europa entre el comunismo y el fascismo. Mientras la Unión Soviética proporcionaba apoyo material y humano al bando republicano en su lucha contra el fascismo, Alemania e Italia respaldaban al bando sublevado de Franco. Esta confrontación entre ideologías encontró su antesala en el conflicto español y fue un indicio de la Segunda Guerra Mundial que se avecinaba.

Tres Semanas Cruciales: La Guerra Civil Española de Julio a Agosto de 1936

La sublevación en España comenzó el 17 de julio, con la detención de las principales autoridades militares en las plazas africanas por oficiales de la Legión y los Regulares. Franco fue esperado por todas las unidades del ejército colonial para ponerse al frente del levantamiento. El general Mola decretó el estado de guerra en Pamplona y, con ayuda de los requetés, rápidamente controló la situación. En el norte de Castilla, Alonso Vega desde Vitoria logró conectar con Mola y Cabanellas, tomando el control de las tres capitales aragonesas a pesar de la resistencia de la UGT y la CNT. En Galicia, hubo puntos de resistencia, pero fueron sofocados, permitiendo que la región quedara bajo control de los sublevados. En Andalucía, Cádiz y Sevilla estaban bajo control rebelde. En Baleares, con Goded, también triunfó la sublevación. Aunque hubo puntos aislados donde inicialmente triunfó la sublevación y luego cayeron ante las tropas gubernamentales.

Por otro lado, no todo el ejército se sublevó. La mayoría de la aviación y la marinería permanecieron leales a la República. En Madrid y Barcelona, el levantamiento fracasó, en parte debido a la falta de apoyo de algunas unidades como los Guardias de Asalto y la Guardia Civil, y también gracias a la ayuda de milicianos de la UGT y la CNT.

El fracaso del levantamiento en Madrid y Barcelona fue un revés importante para los insurrectos, que tampoco lograron controlar la zona levantina, Asturias, Santander y el País Vasco, excepto Álava. En todas estas provincias, la Guardia Civil desempeñó un papel crucial para sofocar el levantamiento. Mantener el puerto de Valencia fue un gran alivio para la República, ya que se convirtió en un punto vital para el suministro de armas y alimentos durante la guerra. Después de diez días de levantamiento, la República controlaba dos tercios del territorio y los principales núcleos urbanos, a excepción de Sevilla y Zaragoza. Las regiones más industrializadas, como Cataluña y el País Vasco, estaban en la zona republicana, mientras que las zonas rurales menos desarrolladas, donde el movimiento insurreccional había triunfado, estaban en manos de los sublevados.

En cuanto a las fuerzas militares, los sublevados contaban con el ejército de África, las tropas mejor entrenadas, incluyendo a la Legión. La mayor parte de la Guardia Civil también se unió al levantamiento. Además, se formaron milicias populares en el bando republicano, compuestas principalmente por socialistas, comunistas y seguidores de la UGT y la CNT. En la marina, solo una minoría permaneció en el bando republicano, mientras que en la fuerza aérea la mayoría permaneció leal a la República. El apoyo de la marina era crucial para los sublevados, ya que carecían de transporte naval para llevar a cabo una operación logística. El paso del ejército de África a la península se convirtió en una operación crucial para Franco, con la ayuda de aviones de transporte enviados desde Alemania. La presencia de barcos republicanos en el Estrecho obstaculizaba el tráfico marítimo, pero la llegada del acorazado alemán y la protección proporcionada por buques británicos permitieron completar la operación con éxito.

La España Republicana: Reforma y Revolución

Durante la Guerra Civil Española, la España republicana se encontró inmersa en una compleja red de desafíos políticos, económicos y sociales que impactaron profundamente en el desarrollo y el desenlace del conflicto. Tras el fracaso del golpe militar del 18 de julio en Madrid y Barcelona, el gobierno republicano se vio obligado a hacer frente a una situación de emergencia nacional. Sin embargo, la respuesta inicial del gobierno no fue suficientemente contundente para evitar el avance de los sublevados en otras regiones del país, lo que llevó a una división territorial marcada por zonas bajo control republicano y zonas controladas por los sublevados.

En el ámbito político, la España republicana se caracterizó por una fragmentación política que obstaculizó la unidad y la eficacia del gobierno. Desde la constitución del gobierno provisional en 1931, los partidos republicanos no lograron superar sus diferencias ideológicas y tácticas, lo que debilitó la capacidad de respuesta del gobierno frente a la sublevación militar y contribuyó a la radicalización de los partidos de izquierda.

En el plano económico, la guerra tuvo un impacto devastador en todos los sectores de la economía republicana. A pesar de los esfuerzos por implementar medidas de reforma agraria y colectivización de la industria, la falta de experiencia y coordinación en la gestión económica condujo a una disminución de la producción y una grave escasez de alimentos en las ciudades. La colectivización agraria, en particular, se vio marcada por la aplicación desigual de los principios anarquistas en algunas regiones, lo que generó conflictos y desorganización en la producción agrícola. Además, la administración pública republicana llevó a cabo una serie de purgas y depuraciones para eliminar a los funcionarios considerados como enemigos del régimen. Estas depuraciones afectaron a diversos sectores, desde la educación hasta la justicia, y tuvieron como objetivo consolidar el control del gobierno sobre la burocracia estatal y asegurar la lealtad de los funcionarios durante la guerra.

En resumen, la España republicana durante la Guerra Civil se enfrentó a una serie de desafíos políticos, económicos y sociales que pusieron a prueba la capacidad del gobierno para resistir el avance de los sublevados y mantener la cohesión interna del país. La fragmentación política, la gestión económica problemática y las purgas en la administración pública fueron elementos clave que influyeron en el desarrollo y el desenlace del conflicto.

La Economía Durante la Guerra Civil

Durante la Guerra Civil Española, la economía republicana se vio profundamente afectada por el conflicto bélico, lo que llevó a la implementación de una serie de medidas y cambios significativos en diversos sectores.

Política Agraria

Desde la llegada al poder del Frente Popular, se reactivaron las medidas de reforma agraria. Se emitieron decretos para intervenir explotaciones rurales abandonadas y expropiar fincas pertenecientes a los sublevados. Además, se promovió la colectivización de la tierra, especialmente en Aragón, bajo los principios del comunismo libertario. Sin embargo, estas medidas no estuvieron exentas de problemas, como la desorganización y la disminución de la producción agrícola.

Industria

Se llevaron a cabo colectivizaciones de fábricas y empresas por parte de los trabajadores, especialmente en Cataluña. Estas iniciativas, aunque buscaban seguir los postulados del comunismo libertario, enfrentaron dificultades en su gestión y coordinación. La Generalitat intentó controlar estas colectivizaciones y, eventualmente, pasaron a ser gestionadas de manera más centralizada por el gobierno.

Depuraciones en la Administración

Se realizaron depuraciones en la administración pública para eliminar a los funcionarios considerados como enemigos del régimen republicano. Estas depuraciones se extendieron a distintos sectores, incluyendo la administración local, la universidad y la administración de justicia. Se buscaba consolidar el control del gobierno y asegurar la lealtad de los funcionarios durante la guerra.

En resumen, la economía republicana durante la Guerra Civil Española se enfrentó a una serie de desafíos y cambios significativos, marcados por la intervención estatal, la colectivización de la tierra y la industria, y las depuraciones en la administración. Estos factores reflejan la complejidad de la situación económica y política durante el conflicto.

Fuerzas de Orden Público: Composición Militar

Durante la Guerra Civil Española, las fuerzas de orden público sufrieron importantes transformaciones. Previamente al conflicto, existían tres cuerpos principales encargados del mantenimiento del orden: el Cuerpo de Seguridad, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, cada uno con responsabilidades específicas en la vigilancia y control de disturbios. Sin embargo, la lealtad de estos cuerpos se vio dividida durante la guerra. Mientras una parte de la Guardia de Asalto permaneció fiel a la República, la Guardia Civil y otra parte de la Guardia de Asalto se unieron al bando sublevado.

Ante esta situación, surgió la necesidad de reorganizar las fuerzas de seguridad. Se planteó un proyecto de unificación bajo el Consejo Nacional de Seguridad, que buscaba consolidar un único Cuerpo de Seguridad. Este nuevo cuerpo, dividido en diversas secciones, tenía como objetivo coordinar y fortalecer las labores de vigilancia y control en todo el territorio republicano. Entre estas secciones se encontraban:

• Seguridad Urbana: encargada de mantener el orden en áreas urbanas.
• Seguridad Rural: responsable de la vigilancia en zonas rurales.
• Seguridad de Asalto: destinada a hacer frente a situaciones de disturbios y desórdenes públicos.

Además de estas divisiones uniformadas, se establecieron secciones civiles para tareas específicas, como la policía interior, la policía exterior y la policía especial. Estas secciones civiles se encargaban de funciones como la persecución de delitos comunes, la vigilancia de fronteras y la recopilación de información sobre actividades contrarias al régimen republicano.

Estas reformas buscaban dotar al gobierno republicano de una estructura de seguridad más eficiente y centralizada, capaz de hacer frente a los desafíos planteados por la guerra civil. Sin embargo, la implementación completa de este proyecto se vio obstaculizada por la complejidad del conflicto y la falta de recursos y estabilidad política en medio del enfrentamiento armado.

Tribunales Populares Especiales

Los Tribunales Populares surgieron como respuesta a la sublevación militar de julio de 1936 y se establecieron de manera espontánea en diferentes regiones de la República. Estos tribunales, creados bajo la premisa de administrar justicia, pronto se convirtieron en instrumentos de represión y violación de los principios legales. En Madrid, por ejemplo, se formó el Comité Provincial de Investigación Pública, junto con milicias populares, que establecieron las temidas"checa", lugares donde se llevaban a cabo arrestos, torturas y ejecuciones sumarias de personas consideradas enemigas de la República. En otras áreas, como Lérida, Barcelona y Valencia, surgieron directamente Tribunales Populares, que, en teoría, tenían la misión de juzgar a los acusados por su presunta participación en el levantamiento militar. Sin embargo, estos tribunales también se utilizaron para perseguir a aquellos que no estaban alineados con el régimen republicano, convirtiéndose en instrumentos de represión política.

En Madrid, el asalto a la Cárcel Modelo en agosto de 1936 marcó un punto de inflexión. Este suceso llevó al gobierno a establecer el Tribunal Popular de Madrid, con el objetivo de canalizar la justicia extralegal y poner fin a los abusos cometidos por las milicias populares. Este tribunal se encargaría de juzgar los delitos de sedición y rebelión, definiendo la sedición como cualquier acto de violencia pública para derrocar al gobierno, y la rebelión como la acción abierta y hostil contra las autoridades constituidas.

En el resto de provincias de la República se crearon Tribunales Especiales, compuestos por jueces de derecho y jurados populares, que tenían competencia para juzgar los delitos de rebelión y sedición. Con el tiempo, estas instancias judiciales se convirtieron en los principales órganos de la jurisdicción ordinaria, asumiendo competencias más allá de los delitos políticos para incluir delitos militares y comunes.

La ampliación de competencias de estos tribunales en septiembre de 1936 permitió que también pudieran juzgar delitos como traición, espionaje, saqueo y devastación, propios de un contexto de guerra. Además, se crearon los Tribunales de Responsabilidades Civiles para gestionar las implicaciones civiles de los delitos juzgados por los Tribunales Populares. La creación de los Jurados de Urgencia y los Jurados de Guardia en Madrid fue una respuesta a la necesidad de agilizar la justicia y ampliar el alcance de las sanciones. Estas nuevas instancias judiciales tenían competencia para juzgar conductas consideradas hostiles al régimen republicano, incluso si no estaban tipificadas como delitos en el Código Penal común. Esta ampliación de competencias y la flexibilización de los procedimientos judiciales evidenciaron la grave crisis política y social que atravesaba la República durante la Guerra Civil.

Compilación de Leyes Penales de Mayo de 1937

La Compilación de Leyes Penales de mayo de 1937 fue una medida adoptada por el gobierno de Largo Caballero para intentar organizar el caos que se había generado debido a la proliferación de tribunales y la acumulación de competencias en materia judicial tras el levantamiento militar de 1936. En esta compilación, se establecieron las competencias de los distintos tipos de tribunales, con el objetivo de clarificar su función y evitar superposiciones. Los Tribunales Populares, por ejemplo, quedaron investidos de competencias para juzgar no solo delitos comunes, sino también delitos de espionaje, rebelión y contra la seguridad del Estado. Se crearon también los Juzgados Especiales de Instrucción, que servían para llevar a cabo la investigación preliminar de los delitos antes de que fueran remitidos a los tribunales pertinentes. Estos juzgados estaban al servicio de los Tribunales Populares, los Jurados de Urgencia y los Jurados de Guardia. El Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles, inicialmente con competencias limitadas a Madrid, extendió su jurisdicción a toda la zona republicana. Su función era exigir responsabilidades civiles derivadas de los delitos juzgados por los Tribunales Populares. Además, se establecieron los Jurados de Seguridad, encargados de instruir supuestos regulados por la Ley de Orden Público de 1933, como atentados contra derechos constitucionales o actos de alteración de la paz pública. Una de las novedades más significativas fue la creación de los Tribunales Populares de Guerra, destinados a conocer los delitos ocurridos en el frente y los delitos militares, como la sedición, la insubordinación o el abandono del servicio, cometidos por militares. Con esta compilación, se buscaba dar un marco legal más claro y coherente a la administración de justicia durante la Segunda República, aunque la complejidad del contexto político y social seguía siendo un desafío para su aplicación efectiva.

Milicias Populares

Las milicias populares durante la Segunda República y la Guerra Civil española desempeñaron un papel crucial en la defensa de la República frente al levantamiento militar fascista de julio de 1936. Estas milicias, formadas por voluntarios pertenecientes a diversos partidos políticos y organizaciones obreras, surgieron de manera espontánea y autónoma en respuesta al llamado de contener la sublevación. Inicialmente, las milicias adoptaron distintas denominaciones y operaron de manera descentralizada, con sus propios líderes y estructuras de mando. La CNT en Barcelona, por ejemplo, reclutó rápidamente voluntarios bajo el liderazgo de figuras como Durruti y Pérez Farras. Sin embargo, la euforia inicial por haber sofocado la sublevación pronto dio paso a la necesidad de organizar un ejército regular para enfrentar la guerra. El gobierno de Giral intentó entonces organizar todas estas milicias en un ejército de voluntarios bajo la supervisión de oficiales profesionales. Largo Caballero asumió el mando de todas las fuerzas armadas y se crearon los comisarios políticos, inspirados en el modelo soviético, para asegurar la disciplina y obediencia dentro de las milicias. Sin embargo, las organizaciones sindicales como la CNT y la UGT se opusieron a perder su independencia operativa y establecieron consejos para mantener el control sobre sus milicias. Se mantuvo una estructura jerárquica democrática, donde las decisiones tácticas y estratégicas eran tomadas democráticamente por los milicianos. La militarización completa de las milicias populares no se logró hasta 1937, con la creación de la Escuela Militar de Milicias Antifascistas. A pesar de los esfuerzos por integrarlas en un ejército regular, el control nunca fue total, y algunas milicias, como la Columna de Hierro, actuaron de manera indisciplinada y se enfrentaron con otras unidades. Además, se formaron las Brigadas Internacionales a instancias de la Internacional Comunista, reclutando voluntarios de varios países para combatir en defensa de la República. Aunque inicialmente hubo reticencias por parte de algunos sectores, la urgencia de la situación llevó a su aceptación, y las Brigadas Internacionales llegaron a integrar entre 30,000 y 37,000 voluntarios durante todo el conflicto. En resumen, las milicias populares desempeñaron un papel fundamental en los primeros momentos de la Guerra Civil española, pero su integración en un ejército regular y su control total fueron desafíos constantes debido a la diversidad de ideologías y la resistencia a la militarización.

El Auge del Partido Comunista

El auge del Partido Comunista durante la Guerra Civil española fue significativo y se debió en gran medida a la intervención directa de la Unión Soviética en los asuntos de España. Desde finales de julio de 1936, Moscú reorganizó el Partido Comunista español (PCE) con delegados de la Internacional Comunista y agentes del Servicio Secreto enviados a España con fondos para fortalecer su aparato de propaganda y acción. El discurso del PCE se modificó para enfatizar la defensa de la República frente al fascismo extranjero, presentando la lucha como una batalla entre demócratas y dictadores. Para lograr esta defensa, se priorizó la unidad de la clase obrera y se mantuvieron buenas relaciones con los partidos republicanos, aunque sin renunciar a sus objetivos revolucionarios. José Díaz, líder del PCE, abogó por dejar de lado los experimentos libertarios y enfocarse en ganar la guerra antes de hacer la revolución. Este discurso conservador permitió al PCE ganar influencia rápidamente, especialmente en Cataluña y otras regiones de España. Se presentaron como defensores del orden y la propiedad frente a las colectivizaciones anarquistas, reclutando incluso a personalidades intelectuales. El PCE ganó la confianza de los republicanos y de los socialistas como Largo Caballero y Prieto, y se hizo con puestos clave en el ejército, la policía y la administración. En este contexto, la Junta de Defensa de Madrid, controlada por el PCE, desempeñó un papel crucial en la defensa de la capital durante la guerra. La Junta de Defensa no solo tuvo un carácter militar, sino que también tuvo plenas facultades ejecutivas en ausencia del gobierno. Aunque estaba representada por todos los partidos del Frente Popular, fue controlada por el PCE, que se opuso a la presencia del POUM en la Junta y su exclusión del gobierno de la Generalidad. La defensa de Madrid se convirtió en una cuestión crucial para el prestigio del PCE y de la URSS. La ciudad fue abastecida de armas y pertrechos como nunca antes, y el aparato de propaganda del PCE se puso en marcha con carteles y comités de propaganda por toda la ciudad. Sin embargo, los recelos hacia las fuerzas del orden público provocaron tensiones, especialmente entre la Guardia Civil y los guardias de asalto, y las evacuaciones dieron lugar a la masacre de Paracuellos. En resumen, el auge del PCE durante la Guerra Civil española se debió a su capacidad para adaptarse a las circunstancias y ganar influencia tanto en el ámbito político como militar.

La Represión Durante la Guerra Civil

La represión durante la Guerra Civil española fue llevada a cabo por ambos bandos con diferentes tendencias y métodos. Las fuentes de información sobre este tema son variadas y a menudo incompletas, con una parte significativa proveniente de relatos verbales transmitidos de generación en generación.

En la zona republicana, tras el fracaso del alzamiento militar, se ejecutó a militantes directamente implicados en la sublevación, incluyendo a sus mandos, oficiales y soldados que les siguieron. Estos actos se llevaron a cabo en diferentes ciudades como Madrid, Barcelona, Guadalajara, Albacete, Málaga, Almería, entre otras. En ocasiones, fueron los propios milicianos quienes llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales y sacas de las cárceles.

Después de la emigración de los participantes directos en el alzamiento, fueron reprimidos políticos de partidos de derechas, sacerdotes, religiosas, propietarios de tierras, entre otros. Se justificaba esta represión como necesaria para preservar la República y la revolución, considerando que cualquier esfuerzo era poco para acabar con la reacción.

La masacre de Paracuellos es un ejemplo destacado de la represión en la zona republicana, donde cientos de presos, en su mayoría militares y simpatizantes de la sublevación, fueron fusilados tras ser sacados de las cárceles. Este suceso generó controversia y fue motivo de protestas por parte del cuerpo diplomático y del presidente del Tribunal Supremo.

Además de las ejecuciones y sacas, se establecieron campos de trabajo como medida represiva en la zona republicana. Estos campos tenían como objetivo el castigo y la redención de los reclusos, quienes eran obligados a trabajar en diferentes actividades, incluyendo la construcción de instalaciones militares. En resumen, la represión durante la Guerra Civil española fue un fenómeno complejo y generalizado, con diferentes actores y métodos en ambos bandos. Los actos de violencia, ejecuciones extrajudiciales y la creación de campos de trabajo fueron algunas de las formas en que se manifestó esta represión.

La Caída de Largo Caballero

La caída de Largo Caballero como presidente del gobierno durante la Guerra Civil española fue el resultado de una serie de eventos y tensiones que se desencadenaron en diferentes frentes:

1. La pérdida de Málaga: La conquista de Málaga por las tropas nacionales supuso un revés para el gobierno de Largo Caballero. Esta situación llevó a exigir responsabilidades, y el general José Asensio tuvo que dimitir, lo que debilitó la posición de Largo Caballero.
2. Tensiones entre comunistas y anarquistas: El desastre de Málaga exacerbó las tensiones entre comunistas y anarquistas. Ambos bandos se acusaban mutuamente, lo que aumentó las divisiones dentro del bando republicano.
3. Escándalos y enfrentamientos internos: Se revelaron escándalos relacionados con el trato a prisioneros y las actividades de grupos vinculados al PCE. Largo Caballero intentó limitar el poder del PCE y enfrentarse a estos problemas, lo que generó más tensiones dentro del gobierno.
4. El papel del POUM: El POUM desempeñó un papel importante en la oposición revolucionaria y denunció las acciones contrarrevolucionarias del PSUC y del PCE. Esto provocó tensiones adicionales y llevó a la expulsión del POUM del Frente Popular.
5. La Guerra Civil catalana: En Cataluña, donde la revolución anarquista tenía más fuerza, surgieron conflictos internos, especialmente con el PSUC, que contaba con el respaldo de la Generalidad. Estos enfrentamientos, como el incidente en la central telefónica, contribuyeron a la inestabilidad.
6. Presión de otros sectores: La situación económica precaria y la presión de otros sectores políticos y militares llevaron a una campaña contra el gobierno de Largo Caballero.

En resumen, la caída de Largo Caballero fue el resultado de una combinación de factores, incluidas las derrotas militares, las tensiones internas entre diferentes facciones políticas y militares, los escándalos y las presiones externas. Todo esto contribuyó a su dimisión y al ascenso del Doctor Negrín como nuevo presidente del gobierno republicano durante la Guerra Civil española.