La Guerra Carlista y la Revolución Liberal en España (1833-1843)

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La Primera Guerra Carlista (1833-1843)

Dos opciones enfrentadas

Los insurrectos proclamaron rey al infante Carlos María Isidro, confiando en su persona la defensa del absolutismo y de la sociedad tradicional. El carlismo se presentaba como una ideología tradicionalista y antiliberal. El lema Dios, Patria y Fueros agrupaba a los defensores de:

  • La legitimidad dinástica de Don Carlos.
  • La monarquía absoluta.
  • La preminencia social de la Iglesia.
  • El mantenimiento del Antiguo Régimen.
  • La conservación de un sistema foral particularista.

Apoyaban el carlismo numerosos miembros del clero y de la pequeña nobleza agraria. Los carlistas también contaron con una amplia base social campesina y cobraron fuerza en las zonas rurales del País Vasco, Navarra y parte de Cataluña, Aragón y Valencia.

La causa isabelina contó con el apoyo de una parte de la alta nobleza, de los funcionarios, un sector de la jerarquía eclesiástica. La regente se vio obligada a buscar la adhesión de los liberales. La regente tuvo que acceder a las demandas de los liberales, que exigían el fin del absolutismo y del Antiguo Régimen.

El desarrollo del conflicto armado

Los carlistas no pudieron contar inicialmente con un ejército regular, actuaban según el modo de guerrillas. El foco más importante se situó en las regiones montañosas de la Borda del País Vasco, también se extendió por el norte de Castellón, el Bajo Aragón y el Pirineo. Carlos recibió el apoyo de potencias absolutistas como Rusia, Prusia y Austria. Isabel II contó con el apoyo de Gran Bretaña, Francia y Portugal.

El conflicto armado pasó por dos fases:

  • La primera etapa se caracterizó por la estabilización de la guerra en el norte y los triunfos carlistas. El general Zumalacárregui, que se hallaba al mando de las tropas norteñas, logró organizar un ejército, pero fracasó en la toma de Bilbao, donde encontró la muerte. Las partidas de las tierras del Ebro se unieron a las del Maestrazgo y el Bajo Aragón, conducidas por el General Cabrera.
  • En la segunda fase, la guerra se decantó hacia el bando liberal a partir de la victoria del General Espartero en Luchana (1836). En 1837, los carlistas intentaron tomar Madrid, pero las fuerzas carlistas fueron incapaces de ocupar la ciudad y se replegaron hacia el norte. En 1840, Maroto firmó el Convenio de Vergara con Espartero, que establecía el mantenimiento de los Fueros en las provincias vascas y Navarra.

Proceso de Revolución Liberal

La guerra carlista aceleró de forma irreversible el proceso de revolución liberal en España. Frente al absolutismo y el tradicionalismo de los insurrectos, el bando isabelino sólo podía establecer una base social sólida atrayendo a los liberales hacia su causa. Fue así como entre 1833 y 1843 se llevó a cabo el desmantelamiento jurídico del Antiguo Régimen, la consolidación de la propiedad individual y la configuración de un Estado liberal.

Los primeros gobiernos de transición

El testamento de Fernando VII establecía la creación de un Consejo de Gobierno para asesorar a la regente María Cristina, que estuvo presidido por Francisco Cea Bermúdez, un puesto en su mayoría por políticos moderados con la pretensión de llegar a un acuerdo con los carlistas. Prácticamente la única reforma fue la nueva división provincial de España. Entonces, algunos militares y asesores reales convencieron a la regente de la necesidad de nombrar un nuevo gobierno capaz de conseguir la adhesión de los liberales. Escogió para presidirlo a Francisco Martínez de la Rosa, liberal moderado, que llevó a cabo las primeras reformas, aunque muy limitadas. Su propuesta fue la promulgación de un Estatuto Real, tan sólo un conjunto de reglas para convocar unas Cortes. Se hizo evidente que estas reformas eran insuficientes. La corona y los antiguos privilegiados apoyaron a los moderados. La necesidad de conseguir apoyos sociales firmes y recursos financieros contra el carlismo forzó a la monarquía a vencer sus reticencias y aceptar un gobierno progresista que iniciara un profundo proceso de reformas liberales.

Los progresistas en el poder

Los progresistas tenían su fuerza en el dominio del movimiento popular. En el verano de 1835 y de nuevo en 1836, los progresistas protagonizaron una oleada de revueltas urbanas. Ante la situación, María Cristina llamó a formar gobierno al liberal progresista Mendizábal, que rápidamente inició la reforma del Estatuto Real y tomó medidas con el fin de conseguir los recursos financieros necesarios para organizar y armar un ejército contra el carlismo. Estallaron revueltas en muchas ciudades a favor del restablecimiento de la Constitución de 1812. También tuvo lugar el levantamiento de los sargentos de la guarnición de La Granja. Ante tantas presiones, María Cristina se vio obligada a restablecer la Constitución de Cádiz y entregó el poder al progresista Calatrava.

El desmantelamiento del Antiguo Régimen

Los progresistas asumieron la tarea de desmantelar las instituciones del Antiguo Régimen, implantar un sistema liberal constitucional y una monarquía parlamentaria.

Reforma agraria liberal

La reforma agraria tuvo tres grandes medidas:

  • La disolución del régimen señorial implicó la pérdida de las atribuciones jurisdiccionales.
  • La desvinculación significó el fin de los patrimonios unidos obligatoriamente y a perpetuidad a una familia.
  • La desamortización: En el año 1836, el presidente Mendizábal decretó la disolución de las órdenes religiosas, excepto las dedicadas a la enseñanza y a la asistencia hospitalaria, y la incautación por parte del Estado del patrimonio de las comunidades afectadas. Los bienes desamortizados fueron puestos a la venta. Mendizábal consiguió así los recursos necesarios para financiar al ejército y aminorar el grave déficit presupuestario del Estado. Los nuevos compradores constituirían apoyos sociales del liberalismo. Más a largo plazo, fomentaron el desarrollo de la agricultura.

Junto a la abolición del régimen señorial, se tomaron una serie de medidas encaminadas a liberar el funcionamiento del mercado: la abolición de los privilegios de la Mesta, la libertad de arrendamientos agrarios y también la de precios. La abolición de los privilegios gremiales, el reconocimiento de la libertad de industria y comercio, la eliminación de las aduanas interiores y la abolición de los diezmos eclesiásticos completaron el marco jurídico de la implantación del liberalismo económico en España.

La Constitución de 1837

El gobierno progresista convocó a las Cortes extraordinarias para redactar un texto constitucional que adaptara el de 1812 a los nuevos tiempos. La Constitución de 1837 proclamaba algunos de los principios básicos del progresismo: la soberanía nacional, una amplia declaración de derechos ciudadanos, la división de poderes y la aconfesionalidad del Estado. Establecía dos cámaras legislativas: el Congreso y el Senado. Esta última no era electiva, sino designada directamente por el rey. Concedía amplios poderes a la corona. La Ley de Imprenta y la ley electoral fijaron un sistema de sufragio censitario y extraordinariamente restringido.

La alternancia en el poder

A partir de este momento, quedó configurado un primer sistema de partidos (moderados y progresistas) que se alternaron en el poder durante el reinado de Isabel II. El modelo político se vio fuertemente mediatizado por la intromisión constante de los militares.

Los moderados en el gobierno

Una vez aprobada la Constitución, se convocaron nuevas elecciones en 1840, que dieron la victoria a los moderados. Prepararon una ley electoral más restrictiva, limitaron la libertad de imprenta y aprobaron una ley de ayuntamientos que otorgaba a la corona la facultad de nombrar a los alcaldes de las capitales de provincia. Se inició una legislación que tendió a devolver los bienes expropiados al clero y a la reimplantación del diezmo. La propuesta moderada provocó la oposición progresista, que impulsó un amplio movimiento insurreccional. María Cristina, en 1840, dimitió de su cargo. Los sectores afines al progresismo dieron su apoyo al general Espartero.

La regencia de Espartero

Espartero disolvió las Juntas Revolucionarias y convocó nuevas elecciones, que dieron la mayoría parlamentaria a los progresistas. Su regencia actuó con un marcado autoritarismo, gobernando más con sus colaboradores que con su camarilla de militares afines. Se aisló cada vez más del entorno progresista y perdió la popularidad. En 1842, un arancel que abría el mercado español a los tejidos de algodón ingleses provocó un levantamiento en Barcelona. Estuvieron involucrados la burguesía y las clases populares. Espartero mandó bombardear la ciudad. Los moderados aprovecharon el desprestigio de Espartero para realizar una serie de conspiraciones encabezadas por los generales Narváez y O'Donnell. En 1843, Espartero abandonó la regencia. Las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II.

Las diferentes opciones del liberalismo

Las agrupaciones políticas

Los partidos políticos del siglo XIX no eran como los concebimos en la actualidad. Constituían más bien agrupaciones de personalidades alrededor de algún notable, corrientes de opinión o camarillas vinculadas por relaciones personales o intereses económicos. Se reunían para participar en las elecciones y controlar las diferentes parcelas del poder.

Los moderados

Eran un grupo heterogéneo formado por terratenientes, comerciantes e intelectuales conservadores, junto a restos de la antigua nobleza, alto clero y los altos mandos militares. Defendían el derecho a la propiedad, restringían el sufragio según la riqueza de los electores, los principios de autoridad y orden social. Desconfiaban de la participación de las masas en la política. Destacaron Narváez y Bravo Murillo. Asimismo, defendían el principio de la soberanía compartida entre las Cortes y la corona, eran partidarios de limitar los derechos individuales, especialmente los colectivos (libertad de prensa, opinión, reunión y asociación), defendían la confesionalidad del Estado y otorgaban a la Iglesia Católica una gran influencia social.

Los progresistas

Se consideraban como los defensores de la libertad. En ellos predominaba la mediana y pequeña burguesía, la oficialidad media del ejército y también las clases populares urbanas, cuyo denominador común era su aspiración de reforma. Defendían la soberanía nacional, el predominio de las Cortes en el sistema político. Espartero y Juan Prim eran partidarios de reforzar los poderes locales y otorgar amplios derechos individuales y colectivos. Mantenían el sufragio censitario, pero defendían la necesidad de una reforma agraria para poner límites a la influencia social de la Iglesia. En 1854 se formó, con el nombre de Unión Liberal, un nuevo partido como una opción centrista, liderado por O'Donnell y Serrano.

Demócratas y republicanos

En 1849, una escisión de los progresistas dio origen a la formación del Partido Demócrata. Defendía la soberanía popular y el sufragio universal masculino, abogaba por la existencia de una única cámara electiva, la aplicación de las libertades públicas y el reconocimiento de los derechos colectivos. Exigía la libertad de culto. Su fuerza se hallaba entre las clases populares urbanas y los grados bajos de la milicia. El desprestigio de la monarquía de Isabel II hizo ganar fuerza al republicanismo. Defendían la República como la única opción verdaderamente democrática. Presentaban un fuerte carácter social y popular.

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