Fundamentos y Tipos de Legitimidad en el Acceso al Poder Político

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El acceso legítimo al poder

En primer lugar, la legitimidad tradicional, la que denomina «legitimidad del eterno ayer»; basada en las costumbres antiguas, de las que ni siquiera se recuerda el origen en muchas ocasiones, pero que se respetan. En este tipo de legitimidad se integran prejuicios, soluciones prácticas y experiencias positivas del pasado. Es la legitimidad que se da en las sociedades patriarcales y en los regímenes monárquicos no constitucionales. El poder lo detentan, además del monarca, personas dependientes de él, pero con cierta independencia y autonomía.

Esta forma de legitimar el acceso al poder ha sido la mayoritaria en Europa a lo largo de su historia, en concreto hasta la Revolución francesa, y ha estado casi siempre vinculada a la concepción del origen divino del poder. Era Dios el que había concedido a la familia del rey y, por tanto, a sus herederos, el poder para gobernar a un determinado pueblo en su nombre.

La legitimidad carismática

En segundo lugar, la legitimidad carismática. Es la legitimidad que produce el carisma: la autoridad de la gracia personal y extraordinaria de una persona, que provoca una confianza grande en sus capacidades y una entrega total a su persona y sus proyectos. Esta autoridad es la que detentan los jefes guerreros elegidos, los gobernantes plebiscitarios, los grandes demagogos y, también, en ocasiones, los jefes de los partidos políticos. Esto conduce muchas veces a excesos de culto a la personalidad de los líderes políticos.

Normalmente, los que ayudan a ejercer el poder a los que poseen este tipo de autoridad son personas muy vinculadas a ellos y sin apenas independencia. Esta forma de legitimar el acceso al poder fue seguida, por ejemplo, por los pueblos germanos hasta que se instalaron en el Imperio romano y también por este Imperio en varios momentos de su historia. Suele ser muy frecuente en las revoluciones: los que se ponen al frente de ellas poseen normalmente este tipo de autoridad. En muchas ocasiones, sobre todo en el pasado, han estado también unidas a la concepción del origen divino del poder.

La legitimidad legal racional

Y, por último, la legitimidad legal racional, que es la manera que caracteriza a las sociedades democráticas y, por lo mismo, la que se sigue y se considera adecuada en este tipo de sociedades. Está basada en la creencia en la validez de los procedimientos que en la ley se establecen para elegir a las personas que van a desempeñar la autoridad.

Si el poder reside en el pueblo, si el pueblo es soberano, solo se poseerá el poder legítimamente cuando haya sido el pueblo quien, mediante los procedimientos establecidos en las leyes electorales, se lo haya concedido a unas determinadas personas. Votar y elegir se convierten en el camino exclusivo para llegar al poder. La autoridad, en este tipo de legitimaciones, no está vinculada a una sola persona, como en las anteriores, sino a varias, cuyas competencias están determinadas también por las leyes.

Condiciones para la democracia real

Hay que tener en cuenta que las elecciones, por sí solas, no crean sistemas democráticos: son condición necesaria, pero no suficiente, para la instauración de regímenes políticos democráticos. Solo adquieren consecuencias democráticas si se insertan en sistemas de gobierno que poseen:

  • Estructuras limitadoras de poder.
  • Constituciones que establecen frenos y contrapesos para el ejercicio de la autoridad.
  • Una clara separación entre los poderes del Estado.

Persistencia de modelos de legitimidad en la actualidad

La legitimidad legal racional es la única compatible con la idea de que el poder es del pueblo, lo que no quiere decir que en los sistemas democráticos no haya restos de la legitimación tradicional o de la carismática. Hay países, por ejemplo España, en los que el papel de Jefe del Estado lo detenta el rey y, cuando deje de serlo, pasará a sus herederos; pero hay que tener en cuenta que la autoridad que posee el rey le viene no de su padre, como ocurría en la legitimación tradicional, sino de la ley aprobada por el pueblo.

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