Fundamentos del Poder Político: Contractualismo y Legitimidad en la Democracia Moderna

El Conceptualismo y las Teorías Contractualistas

La mayoría de los teóricos, para explicar que el poder reside en el pueblo y que la autoridad emana de él, recurrieron a las llamadas *teorías contractualistas*. Con ellas, pretendieron explicar no solo que la autoridad recibe del pueblo el poder para dictar normas y hacerlas cumplir, sino también la orientación y el sentido que deben poseer esas normas, así como los límites dentro de los que deben mantenerse tanto las normas como la propia autoridad.

Según las teorías contractualistas, el ser humano vive en sociedad por decisión propia: le resulta más beneficioso unirse con sus semejantes que vivir aislado. Y esta decisión de vivir en sociedad la formaliza mediante un pacto, el *contrato social*, en el que se establecen las reglas que regulan la vida en sociedad posterior.

Antes de vivir en sociedad, afirman estos pensadores, los seres humanos vivían aislados, en lo que denominan el *estado de naturaleza*. ¿Significa esto que, para ellos, históricamente, ha habido un momento en el que el ser humano no ha vivido en sociedad? No, tampoco.

Rousseau, al hablar del estado de naturaleza, dice: «Es un estado que ya no existe, que quizás nunca haya existido, pero del que es necesario hacernos ideas adecuadas para juzgar bien acerca de nuestro estado presente».

Kant, de manera más clara, afirma que tanto el *estado de naturaleza* como el *contrato social* son *ficciones metodológicas*.

El Ejercicio Legítimo del Poder en el Estado Moderno

Una de las características fundamentales del Estado moderno es el monopolio del poder coercitivo y de la violencia. El Estado posee el poder de regular, mediante normas, la conducta de sus miembros y, al mismo tiempo, de imponer coactivamente el cumplimiento de esas normas.

Para que este poder sea aceptado, es necesario no solo que los componentes de esa sociedad reconozcan la legitimidad de las autoridades, sino también que estén convencidos de que las leyes que dictan son justas y que buscan el bien del conjunto de la sociedad.

Unas autoridades poseen *legitimidad de ejercicio* cuando la ciudadanía considera que legislan con justicia. Esta posición, que a primera vista parece sencilla, se complica enormemente en las sociedades democráticas actuales, sobre todo en aquellas que tienden al *bipartidismo*.

Cuando esto ocurre, la mayor parte de las leyes que provienen del partido que está en el poder son criticadas por el partido mayoritario de la oposición, labor que es deseable e incluso necesaria. Pero, en ocasiones, esas críticas llegan al extremo de afirmar que son leyes que *atentan* contra la Constitución y son, por tanto, injustas o que destruyen la nación.

Dado que en las sociedades actuales los medios de comunicación no se caracterizan, en general, por su independencia y suelen estar alineados con los partidos políticos, las actuaciones de los gobiernos son ensalzadas por los medios afines a ellos y vituperadas por los afines a la oposición.