Fundamentos del Liberalismo: Estado, Democracia y Sociedad Civil

La Tradición Liberal

El punto de partida del liberalismo es la creencia de que el individuo constituye el núcleo de la actuación política, y por eso el Estado ha de garantizar su libertad de actuación. De este modo, los individuos pueden perseguir sus intereses particulares de acuerdo con las reglas de la competencia económica y del libre intercambio. Desde estos presupuestos, la política se concibe como el arte de equilibrar los diferentes intereses. Las funciones básicas de este Estado liberal son:

1. Proteger la vida de sus miembros manteniendo la seguridad.
2. Reducir el miedo y la incertidumbre, fomentando la paz civil.
3. Asegurar el derecho de propiedad y facilitar el comercio.

El Estado Liberal como Estado Democrático

El liberalismo entiende que para alcanzar estos objetivos, el Estado ha de ser constitucional. En este aspecto, el liberalismo es heredero de la tradición republicana, que nació en las experiencias democráticas de la antigua Grecia y en la etapa republicana en Roma. Según esta tradición, los ciudadanos han de ser iguales ante la ley. La verdadera libertad consiste en no ser dominado por nadie, y la dominación se produce cuando alguien puede interferir arbitrariamente en la libertad de otra persona sin que nadie le castigue por dicho abuso de poder. Para evitar los abusos de poder, la tradición republicana puso en práctica varios elementos:

1. El constitucionalismo.
2. La separación de poderes, que busca la independencia y el control mutuo entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial.
3. La participación ciudadana en el funcionamiento de cada uno de esos poderes, a través de mecanismos como las elecciones de cargos públicos, el jurado popular en los tribunales de justicia, etc.

De este modo, el Estado liberal de Derecho dio lugar al Estado liberal y democrático de Derecho, puesto que se estableció el sufragio universal poco a poco.

La Sociedad Civil

La aparición del Estado como un organismo autónomo dentro de la sociedad moderna ha provocado la necesidad de distinguir lo público estatal y lo público no estatal (ámbito de la Sociedad Civil como conjunto de instituciones y mecanismos de coordinación social no dependientes del sistema administrativo estatal). El Estado se convierte en el espacio de lo político, y la sociedad, en la esfera despolitizada de las personas y sus actividades. Dos posiciones clave se distinguen en un primer momento para establecer el ámbito propio del Estado y el de la Sociedad Civil: unos la entienden como una sociedad comercial y otros como un sistema de necesidades.

La Sociedad Civil como Sociedad Comercial

Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, sostiene que la economía se ha convertido en el núcleo y motor de la vida social. El Estado es una institución que surge del conflicto de intereses entre los miembros de la sociedad, y su fin básico es asegurar el crecimiento económico del que depende la riqueza de las naciones. La Sociedad Civil se compone de individuos movidos por su propio interés y con una propensión al intercambio, buscando el mutuo beneficio. Del comercio deriva el mercado como lugar de intercambio libre de bienes y servicios. En definitiva, el Estado surge como instrumento al servicio de la Sociedad Civil, para garantizar la integridad de esta esfera, estructurada en torno a la propiedad privada y a la economía del mercado.

La Sociedad Civil como Sistema de Necesidades

Hegel, en sus Principios de la Filosofía, entiende la Sociedad Civil como un espacio donde cada uno es fin para sí mismo y los demás no son nada para él, pero sin relación con los demás no puede alcanzar sus fines. Por lo tanto, los demás son medios para el fin de un individuo particular. En la Sociedad Civil como un sistema de necesidades, los ciudadanos se relacionan solo como individuos aislados entre sí, con la única motivación de la satisfacción recíproca de necesidades. La Sociedad Civil ha de ser estructurada por una autoridad pública superior que asegure su funcionamiento, y por eso necesita un Estado que represente el interés común y el bien público.