Fundamentos del Derecho Procesal en Chile: Teoría, Fuentes y Solución de Conflictos

Introducción al Derecho Procesal

El derecho procesal es la disciplina que regula la organización y atribuciones de los tribunales, la forma en que se desarrollan los procedimientos judiciales, la actuación de jueces, partes y demás intervinientes, y las garantías necesarias para obtener una decisión racional, justa y fundada.

El proceso no tiene una finalidad única. Puede orientarse a resolver conflictos, aplicar correctamente el derecho, establecer la verdad probable de los hechos, proteger derechos fundamentales, entre otros objetivos.

El derecho procesal no es estático, neutral ni puramente formal. Está condicionado por diversos factores: sociales, políticos, económicos, históricos, constitucionales e internacionales.

Naturaleza y Características del Derecho Procesal

La lectura rechaza una concepción completamente unitaria del Derecho procesal, porque el proceso civil y el penal cumplen funciones diferentes. Aunque comparten ciertos elementos estructurales, se diferencian por su dialéctica funcional y teleológica: poseen distintos objetos de tutela, finalidades, formas de legitimación y garantías predominantes.

1. El Derecho Procesal como Derecho Público

El Derecho procesal se considera una rama del Derecho público porque regula el ejercicio de potestades estatales, especialmente las de los tribunales. Sin embargo, esto no significa que todas sus normas sean necesariamente de orden público.

• Normas de orden público: Son normas imperativas, irrenunciables, no modificables libremente por las partes e interpretadas restrictivamente. Ejemplos: Competencia absoluta, composición de los tribunales, y formas y fases esenciales del procedimiento.
• Normas de orden privado: Son normas que pueden ser modificadas por las partes, regulan derechos disponibles y pueden ser objeto de renuncia o acuerdo. Ejemplos: Competencia relativa en materia civil y acuerdos reparatorios en materia penal dentro de los límites legales.

En conclusión, el Derecho procesal es una categoría del Derecho público, pero dentro de él pueden coexistir normas de orden público y normas de orden privado.

2. El Derecho Procesal como Derecho Adjetivo

Para comprender su función, es útil contrastarlo con el derecho sustantivo:

• Derecho sustantivo: Establece derechos, obligaciones, prohibiciones, sanciones y relaciones jurídicas de fondo.
• Derecho adjetivo: Regula el curso del procedimiento, la forma de hacer efectivos los derechos sustantivos, la actuación de los tribunales y las etapas y actos procesales.

Crítica a la concepción adjetiva: La visión tradicional consideraba al Derecho procesal como una disciplina accesoria, subsidiaria y dependiente del Derecho material, parecida a “la sombra” del Derecho sustantivo.

3. Rol Instrumental y Autonomía

• Rol instrumental: El Derecho procesal constituye un medio para alcanzar fines jurídicos y sociales, tales como la justicia, la paz social, la estabilidad normativa, la tutela judicial efectiva, la protección de derechos e intereses difusos, la solución racional de controversias y la obtención de conocimiento sobre los hechos. Ser instrumental no significa ser inferior, secundario o irrelevante.
• Autonomía: La autonomía puede entenderse de dos maneras: autonomía formal (el Derecho procesal tiene normas, instituciones y técnicas propias) y autonomía integrada (esas normas deben coordinarse con el Derecho sustantivo y los derechos fundamentales). La perspectiva preferida es la segunda: la autonomía no equivale a neutralidad o aislamiento, sino a complementariedad y reciprocidad.

Derecho Orgánico y Funcional

• Orgánico: Estudia el órgano jurisdiccional, la organización y estructura de tribunales, la competencia y atribuciones, prohibiciones, limitaciones y prerrogativas, y los auxiliares de la administración de justicia. En Chile, se vincula principalmente con el Código Orgánico de Tribunales y con la Constitución.
• Funcional: Estudia el ejercicio de la jurisdicción, los procedimientos y rituales, la forma de tramitar y resolver, los presupuestos y efectos de la tutela judicial, y la actuación procesal concreta.

Fuentes del Derecho Procesal

Las fuentes del derecho son las formas de crear normas jurídicas, identificar su fundamento de validez, interpretarlas y aplicarlas a casos concretos. Se dividen en dos grandes grupos:

1. Fuentes Directas o Principales (Formales)

Contienen mandatos generales, abstractos y coactivos. Entre ellas destacan:

• Constitución Política: Es una fuente directa y principal porque organiza los tribunales, establece sus atribuciones, reconoce derechos y garantías, fija límites al poder estatal, exige tutela judicial efectiva y sirve de base para interpretar el Derecho procesal. El artículo 19 N.º 3 de la Constitución reconoce, entre otros, la igual protección de la ley, el derecho a defensa jurídica, la asistencia de abogado y el tribunal establecido previamente por la ley.
• Tratados internacionales: Refuerzan las garantías nacionales. La Constitución, en su artículo 5 inciso segundo, impone al Estado el deber de respetar, promover y garantizar los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes.
• La ley procesal: Es fundamental porque solo mediante ella deben establecerse los tribunales, competencias, procedimientos, fases procesales, facultades de los intervinientes, formas de impugnación y ejecución de las resoluciones. La ley procesal tiene una doble dimensión: Orgánica (organización y atribuciones de tribunales) y Funcional (desarrollo de procedimientos y tutela judicial).
• Autos acordados: Son normas generales y abstractas dictadas por tribunales superiores para regular materias no suficientemente determinadas por la ley, complementar la regulación legal y facilitar una pronta y cumplida administración de justicia. No pueden regular materias reservadas constitucionalmente a la ley. Los autos acordados de las Cortes de Apelaciones rigen en el territorio de su competencia, mientras que los de la Corte Suprema tienen aplicación nacional.

2. Fuentes Indirectas o Supletorias (Materiales)

Ayudan a delimitar, interpretar y aplicar las normas:

• Jurisprudencia, precedente y doctrina: La jurisprudencia es el conjunto de decisiones de los tribunales sobre una materia determinada. En Chile, como regla general, no tiene fuerza obligatoria general, posee efecto relativo entre las partes y un valor persuasivo que orienta la interpretación. Por otro lado, el precedente es una decisión concreta que contiene una regla aplicable a casos posteriores y puede tener fuerza vinculante u otra autoridad normativa. La ratio decidendi es la razón o regla jurídica central que fundamenta la decisión y que puede utilizarse para resolver casos posteriores.
• Doctrina jurídica: Sistematiza y ordena conceptos, estudia la jurisdicción, la acción y el proceso, identifica garantías y mejora la interpretación y aplicación del derecho. La doctrina contemporánea debe ser crítica, abierta, contextual, contingente y aplicable al caso concreto.
• Costumbre y usos forenses: La costumbre jurídica requiere de un elemento material u objetivo (repetición constante, uniforme y pública de una conducta) y un elemento psicológico o subjetivo (convicción de obligatoriedad, llamada opinio iuris). Los usos y prácticas procesales son actuaciones repetidas en la tramitación judicial que ayudan a aplicar la ley (por ejemplo, introducir la petición principal con “En lo principal” y las adicionales como “Otrosí”). Una práctica reiterada no puede contradecir la ley.
• Derecho extranjero o comparado: Puede servir como fuente de inspiración legislativa, elemento de comparación, antecedente para reformas procesales y apoyo en materias internacionales. Sin embargo, no se aplica automáticamente en Chile: una cosa es utilizar el Derecho extranjero para crear o interpretar normas, y otra distinta es pretender aplicarlo directamente ante tribunales chilenos, caso en el cual debe ser acreditado, incluso mediante informes periciales.

Conflictos y Vías de Solución

Frente a los conflictos intersubjetivos de intereses, existen tres vías principales de solución:

1. Autotutela

Es la reacción directa y personal de quien se hace justicia por mano propia. Como regla general, la autotutela está prohibida porque favorece al más fuerte, puede implicar violencia, no garantiza imparcialidad, genera riesgo de venganza y sustituye indebidamente a los tribunales (por ejemplo, las “funas”, que buscan exponer públicamente a una persona para obtener reproche social).

Excepciones lícitas: La autotutela puede ser lícita excepcionalmente cuando la ley la autoriza, cumpliendo requisitos legales y debiendo ser revisada posteriormente por un tribunal. Ejemplos:

• Legítima defensa (artículo 10 N.º 4 del Código Penal), considerando la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado y la falta de provocación suficiente.
• Derecho de huelga y lock-out.
• Corte de raíces (artículo 942 del Código Civil).
• Derecho legal de retención en casos determinados.

2. Autocomposición

Es el método en que las partes solucionan el conflicto mediante consentimiento, acuerdo, renuncia o concesiones recíprocas. Puede ser extraprocesal o intraprocesal, directa o asistida, y unilateral o bilateral. Está permitida respecto de derechos disponibles dentro de los límites legales. La Ley N.º 21.394 incorporó al Código de Procedimiento Civil el artículo 3 bis, estableciendo el deber de promover métodos autocompositivos.

• Transacción: Contrato mediante el cual las partes, efectuando concesiones recíprocas, ponen término extrajudicialmente a un litigio pendiente o previenen uno eventual. Produce efecto de cosa juzgada y puede alegarse como excepción perentoria o mixta.
• Conciliación: Comparecencia de las partes ante el juez, quien actúa como amigable componedor y propone bases de arreglo. Es intraprocesal, bilateral y se formaliza en un acta que produce efectos equivalentes a una sentencia ejecutoriada, constituyendo título ejecutivo y teniendo efecto de cosa juzgada. En el juicio ordinario civil puede ser un trámite obligatorio y esencial.
• Avenimiento: Acuerdo directo de las partes por el cual ponen término a un litigio pendiente y lo comunican al tribunal. Requiere homologación o autorización judicial para producir plenamente sus efectos y cosa juzgada.
• Mediación: Mecanismo en que un tercero imparcial, llamado mediador, facilita la comunicación y búsqueda de una solución, pero no tiene poder decisorio. Es flexible, confidencial y las partes conservan el control del acuerdo.

3. Heterocomposición

Es el método en que un tercero imparcial e independiente emite una decisión suprapartes. El tercero puede ser un tribunal unipersonal, un árbitro o un órgano jurisdiccional colegiado.

Diferencia con la autocomposición: En la autocomposición, la solución proviene de las partes. En la heterocomposición, la solución proviene del tercero a través del ejercicio de la jurisdicción (conocer, resolver y hacer ejecutar lo juzgado), función que la Constitución reserva exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley.