Fundamentos del Derecho Civil: Norma Jurídica, Ordenamiento y Derecho Civil Catalán
Lección 1: El Derecho Civil
Disponemos de dos puntos de vista desde donde definir el derecho: subjetiva y objetivamente.
Subjetivamente, podemos definir el derecho como el poder o la facultad que se concede a la persona, por ejemplo, el derecho de propiedad. El derecho, en sentido objetivo, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la convivencia en la comunidad social.
Es importante distinguir entre la norma jurídica en la comunidad y otros tipos de normas, como las normas morales, éticas, sociales, religiosas, etc.
1. La norma jurídica en general
De acuerdo con esto, definimos la norma jurídica como mandato mantenido por el poder público (poder judicial) que se orienta a regular la conducta del individuo. Sus características son:
- Imperatividad: toda norma jurídica impone o prohíbe alguna cosa.
- Coercibilidad: el mandato contenido en la norma puede ser coactivamente impuesto, en caso de no ser cumplido voluntariamente. Solo las normas jurídicas pueden ser impuestas coactivamente por el poder judicial (esta es la diferencia con otras normas de regulación social).
- Carácter general y abstracto: toda norma jurídica es susceptible de aplicación a cualquier supuesto o situación prevista en la propia norma y a cualquier sujeto o persona que se encuentre en esta situación.
Podemos distinguir entre dos tipos de normas jurídicas:
- Normas jurídicas dispositivas: son las que, en determinados supuestos, la propia norma jurídica permite a las personas afectadas por la norma modificar e incluso suprimir el mandato que contiene.
- Normas jurídicas de derecho necesario: son las que no admiten alteración de su contenido.
Cuando la norma jurídica admite explícitamente su posible modificación, será la norma dispositiva; no obstante, que no se admita explícitamente la posibilidad de modificación no implica que sea la norma de derecho necesario.
1.1. La estructura de la norma jurídica
Hay dos elementos que configuran la norma jurídica:
- El supuesto de hecho: es la descripción de la situación que se produce o puede producirse en la realidad social, por ejemplo, un hecho o la conducta.
- La consecuencia jurídica: es el efecto que se produce a partir del supuesto de hecho, el efecto que se deriva del supuesto de hecho que se describe en la norma.
Siempre que sucede el supuesto de hecho se aplicará la consecuencia jurídica. Además, podemos añadir que es necesario que exista una relación de causa y efecto entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica.
1.2. El destinatario de la norma
Se puede hablar de dos tipos de destinatarios:
- Destinatario en sentido propio: es quien aplica la norma jurídica (jueces y tribunales).
- Destinatario en sentido impropio: es a quien se aplica la norma jurídica.
2.1. La distinción entre derecho público y derecho privado
El derecho público se puede definir como aquel conjunto de normas jurídicas que regulan la organización del Estado y la administración pública, así como también la relación entre particulares, Estado y administración pública.
Entendemos el derecho privado como el conjunto de normas jurídicas que regulan la relación entre ciudadanos o particulares; por tanto, no intervienen la administración.
2.2. El derecho privado general y los derechos privados especiales
Dentro del derecho privado, distinguimos entre dos tipos:
- Derecho privado general: regula las situaciones y relaciones que afectan a la persona considerada en abstracto. Es el derecho civil.
- Derecho privado especial: es el que regula la situación y las relaciones que afectan a la persona considerada con algún tipo de calificación o característica (empresario, trabajador por cuenta ajena, etc.). Es el derecho mercantil y el derecho laboral.
La supletoriedad del derecho civil sobre el derecho mercantil y laboral significa que el derecho mercantil o laboral tiene sus propias normas jurídicas que se ocupan de las materias que conciernen al derecho mercantil y laboral. No obstante, estas normas no regulan todas las materias propias de estos derechos; cuando las normas de estos derechos no regulan todas las materias propias, hay que acudir a su derecho supletorio, en este caso, el derecho civil.
3. La ordenación sistemática del derecho civil
El derecho civil se define como el derecho privado general; por tanto, podemos decir que el derecho civil es el derecho general de la persona considerada en abstracto. El derecho civil contempla a la persona desde tres formas:
- Sujeto de derecho: trata cuestiones relacionadas con el nacimiento de la persona, su muerte, su capacidad jurídica, su capacidad de obrar, etc.
- Titular de bienes: trata los denominados derechos sobre las cosas o sobre las propiedades y formas de adquirir, transmitir o extinguir estos derechos.
- Titular de relaciones de carácter personal y familiar: trata las denominadas relaciones obligatorias (contratos) y todas las cuestiones que afectan a la familia, en especial las relaciones conyugales y de afiliación.
Desde este triple punto de vista, el derecho civil se ocupa de todas las materias referidas a las personas.
Lección 2: El ordenamiento jurídico
1. El concepto y las características del ordenamiento jurídico
Podemos definir el ordenamiento jurídico como un conjunto sistemático de normas jurídicas que están vigentes en un ámbito territorial y en un momento temporal determinado.
Este concepto añade tres ideas al concepto de derecho:
- Conjunto sistemático de normas jurídicas: en el sentido de que se trata de un conjunto ordenado de normas. Se ordenan según dos criterios:
- Deficitividad: se aplica a todas las normas del ordenamiento.
- Jerarquía: se aplica a un tipo de norma, las leyes.
- Conjunto cerrado de normas jurídicas: el conjunto de normas que integran el ordenamiento es suficiente para resolver cualquier supuesto o situación que se plantee. Por tanto, el ordenamiento jurídico niega la supletoriedad. (El derecho civil es un ordenamiento frente al derecho mercantil, que no lo es).
- Vigencia: entendido como el valor jurídico de una norma, en el sentido que comporta la obligación de los ciudadanos a cumplir la norma y el deber de los jueces y tribunales a aplicarlas. La vigencia tiene dos conceptos añadidos:
- Vigencia territorial: obligan dentro de un determinado territorio; esto se corresponde con el espacio de soberanía estatal del Estado que las promulga. En España, no solo hay normas estatales, sino que también hay normas autonómicas. La vigencia territorial de las normas autonómicas se corresponde con el territorio donde la autonomía ejerce sus competencias.
- Vigencia temporal: obligan durante un período de tiempo determinado; no tienen vigencia indefinida. Durante este período de vigencia han de ser aplicadas a cualquier supuesto que se presente durante este período.
2. Las fuentes del ordenamiento jurídico español
El ordenamiento jurídico tiene dos tipos de fuentes:
- Fuentes materiales: son los órganos o instituciones cuya misión es crear normas jurídicas (el Parlamento, el Jefe del Estado, un tribunal, etc.).
- Fuentes formales: son los medios a través de los cuales se exteriorizan las normas jurídicas (la ley, la costumbre, la sentencia, principios generales del derecho, etc.).
Las fuentes del ordenamiento jurídico varían de un ordenamiento a otro, es decir, lo que puede ser la fuente de un ordenamiento no necesariamente lo es de otro.
Según el artículo primero del Código Civil español, las únicas fuentes formales del ordenamiento jurídico español son: las leyes, costumbres y principios generales del derecho. No hay ninguna fuente más de exteriorización del ordenamiento jurídico. No existe una total correspondencia entre las fuentes formales y las materiales.
Las normas jurídicas del ordenamiento se ordenan según el criterio de deficitividad; esto significa que, cuando se plantea un caso ante un tribunal, el juez debe recurrir en primer lugar a las leyes; solo si no hay ninguna ley aplicable, puede recurrir a las costumbres, y solo si no hay ni leyes ni costumbres aplicables se acude a los principios generales del derecho.
2.1. La ley
La podemos definir como aquella fuente formal del ordenamiento jurídico que procede del poder estatal; por tanto, la ley es la fuente estatal del derecho.
La ley procede, principalmente, del poder legislativo, pero también puede proceder del poder ejecutivo del Estado. Podemos diferenciar entre dos tipos de leyes:
- Leyes formales: son las que provienen del Parlamento. Dentro de estas tenemos dos categorías de leyes:
- Leyes orgánicas: tratan materias importantes (como las que afectan los derechos fundamentales y las libertades) y exigen muchos requisitos para su aprobación y modificación (se necesita mayoría absoluta en el Parlamento).
- Leyes ordinarias: no tratan las materias importantes y no necesitan tantos requisitos como las orgánicas (solo necesitan mayoría simple).
- Leyes materiales: son leyes promulgadas por el Gobierno. Dentro de estas encontramos tres categorías:
- Decretos-leyes: son normas jurídicas que elabora el Gobierno ante una situación de extraordinaria y urgente necesidad. Han de cumplir unos requisitos:
- No pueden afectar a determinadas materias (por ejemplo, a los derechos fundamentales).
- Si bien adquieren vigencia al día siguiente de su publicación, a los 30 días tienen que ser sometidas al control del Congreso, y este tiene la facultad de confirmar o derogar el decreto-ley.
- Decretos legislativos: son normas jurídicas elaboradas por el Gobierno por delegación expresa del Parlamento. Sus requisitos son:
- Han de regular materias concretas determinadas en la delegación o encargo que hace el Parlamento.
- Han de seguir los criterios que marca el Parlamento en el encargo.
- El Gobierno ha de cumplir el encargo durante el plazo de tiempo que determine el Parlamento.
- Reglamentos: con carácter general son cualquier tipo de normas jurídicas procedentes del Gobierno que no adoptan forma de decreto-ley o decreto legislativo.
- Decretos-leyes: son normas jurídicas que elabora el Gobierno ante una situación de extraordinaria y urgente necesidad. Han de cumplir unos requisitos:
Dentro del Estado español hay que distinguir entre leyes estatales y autonómicas. Las leyes de las comunidades autónomas pueden ser de dos tipos:
- Leyes formales: son aquellas elaboradas por el Parlamento autonómico correspondiente. Solo se pueden elaborar leyes ordinarias.
- Leyes materiales: son las elaboradas por el Gobierno de la comunidad autónoma. El Gobierno autonómico puede elaborar decretos legislativos y reglamentos, pero no decretos-leyes.
En el proceso de formación de una ley formal se pueden distinguir dos etapas:
- Elaboración material o redacción de la ley: se desarrolla en el Parlamento, normalmente a partir de un proyecto o de una proposición de ley. La redacción corresponde no al pleno del Parlamento, sino a una comisión de parlamentarios. Una vez redactada, se somete a la aprobación del Congreso y el Senado.
- Sanción y promulgación: corresponde al Jefe del Estado (en España, el Rey). La sanción es un acto de ratificación de la ley promovida por el Parlamento. La promulgación es el acto en el que el Jefe del Estado ordena a los ciudadanos que cumplan la ley y a los jueces que la apliquen.
Una vez superadas estas dos etapas, significa que la ley existe, pero no que esté vigente. Para que la ley tenga valor jurídico es necesario otro requisito que se detalla en el artículo segundo del Código Civil: las leyes entran en vigor a los 20 días de su publicación en el B.O.E., si en ellas no se dispone lo contrario. La ley puede suprimir, acortar o ampliar este plazo.
La existencia y vigencia de las leyes no implica su validez, pues esta no debe contradecir a una ley anterior de rango superior. El criterio de ordenación jerárquico significa que entre las leyes existe un rango, que es el siguiente:
- Constitución.
- Leyes orgánicas.
- Leyes ordinarias, decretos-ley y decretos legislativos.
- Reglamentos.
2.1.1. La vigencia y la aplicabilidad de la ley
Las leyes están vigentes hasta que una ley posterior de igual o superior rango así lo establezca. Para que una ley deje de estar vigente debe existir otra ley que la desautorice. Este proceso se denomina derogación. La vigencia de las leyes depende de otra ley; por tanto, la costumbre no puede afectar a la vigencia de una ley, aunque sí puede suceder al contrario.
La derogación de una ley implica la existencia de dos leyes:
- Ley derogatoria: es la ley nueva y posterior que establece que la ley anterior deja de ser vigente.
- Ley derogada: es la ley antigua y anterior que deja de estar vigente por orden de la derogatoria.
La derogación de una ley, por parte de otra, se puede producir de dos maneras:
- De forma expresa: se produce cuando la ley derogatoria, en uno de sus preceptos, establece específicamente que la ley o leyes anteriores van a quedar derogadas a partir de su publicación. Es lo que sucede normalmente en la actualidad.
- De forma tácita: se produce cuando, aunque la ley derogatoria no diga que las leyes anteriores quedan afectadas, establece una reglamentación que es incompatible con la establecida por la ley anterior.
Existen otros dos casos en los que una ley pierde su vigencia aunque no haya una ley posterior que lo indique:
- Leyes temporales: son aquellas en las que mismas establecen el plazo de tiempo en el que están vigentes. Por ejemplo, la ley de presupuestos del Estado (un año).
- Inconstitucionalidad sobrevenida: solo se produce con leyes anteriores a la Constitución de 1978. Cuando esto sucede hay que promover un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, para que declare si esa ley deja de estar vigente o no.
De la vigencia de las leyes se deriva su cumplimiento; por tanto, se excluye o prohíbe el incumplimiento de dichas leyes. El Código Civil (artículo 6) establece dos casos de incumplimiento:
- Ignorancia de la ley: no es la causa que justifique su incumplimiento. Para evitar esta ignorancia las leyes se publican en el B.O.E.
- Infracción de la ley: es actuar algo contrario a lo que se dispone en la ley. Sin embargo, tenemos que distinguir dos casos:
- Leyes dispositivas: permiten su modificación ya que así lo exprese la propia ley.
- Leyes de derecho necesario: no se pueden incumplir en ningún caso. Su infracción se puede dar de dos maneras:
- Forma directa: la forma directa de infracción supone la nulidad de la conducta.
- Fraude de ley: consiste en realizar una serie de actos o conductas que formalmente son válidas, pero cuya finalidad es incumplir la ley.
2.1.2. La interpretación de la ley
Interpretar la ley consiste en averiguar el sentido de la ley para determinar si procede aplicarla en un caso concreto. En el Código Civil (artículo 3) se detallan los medios para interpretar la ley:
- Interpretación literal y gramatical: se basa en interpretar el sentido propio de las palabras. Normalmente, las palabras utilizadas al redactar la ley coinciden con las del registro estándar de la lengua. Pero a veces hay palabras que tienen un significado distinto en el contexto jurídico (por ejemplo: rentir → reclamar; desde luego → inmediatamente).
- Interpretación sistemática: consiste en atender al contexto en el que se encuentra la norma. La norma no puede ser interpretada en abstracto, sino que hay que interpretarla poniéndola en relación con otras normas jurídicas.
- Interpretación histórica: hay que atender a los antecedentes históricos y legislativos de la propia norma. Se deben tener en cuenta el proyecto de la propia ley, leyes anteriores, antecedentes históricos, legislativos, etc.
- Interpretación sociológica: trata de considerar la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas las normas. Esto es especialmente importante cuando ha pasado mucho tiempo desde la creación de la norma hasta su aplicación.
- Interpretación teleológica: atender al espíritu y finalidad de la ley.
Cuando se habla de aplicación de la ley a un caso concreto, podemos distinguir dos tipos de aplicación:
- Aplicación inmediata: se da en que la situación a la que se aplica la ley coincide exactamente con el supuesto de hecho descrito por la norma.
- Aplicación analógica (analogía legis): se utiliza cuando no existe una situación exactamente igual recogida en las leyes; entonces se aplica la ley que regula un supuesto de hecho muy parecido. Sin embargo, hay determinadas leyes que no se pueden aplicar por analogía (leyes penales).
2.2. La costumbre
La costumbre es la segunda de las fuentes del ordenamiento jurídico español y tiene carácter deficitivo con relación a la ley. Esto significa que la costumbre solo puede ser aplicada en defecto de ley.
La costumbre se puede definir como aquella conducta reiterada y constante que se desarrolla dentro de una comunidad o grupo social, a cuyos individuos reconocen eficacia jurídica, entendida como valor obligatorio.
Importa destacar dos características de la costumbre:
- La costumbre es una norma jurídica creada por la comunidad o un grupo social; es decir, la crean los propios individuos a quienes va a ser aplicada.
- El valor jurídico de la costumbre lo atribuyen los mismos miembros de la comunidad que la han creado.
La costumbre, para ser aplicada por los jueces y tribunales, tiene que cumplir los siguientes requisitos:
- Inexistencia de una ley.
- La persona a la que le interesa lo que plantea la costumbre tiene que demostrar ante el juez que esta costumbre existe.
- Se exige que la costumbre no sea contraria ni a la moral ni al orden público.
2.3. Los principios generales del derecho
Los principios generales del derecho se pueden definir como las reglas o criterios que subyacen en las normas jurídicas y que justifican la regulación establecida por la norma. Existen diferentes principios generales del derecho, como por ejemplo:
- El principio de la buena fe en el ejercicio del derecho.
- Prohibición del abuso de derecho.
- Prohibición del enriquecimiento sin causa.
- Responsabilidad por la causa de daños.
Estos principios generales del derecho constituyen una fuente del ordenamiento jurídico español de carácter deficitivo, pues solo se aplican si no hay ni ley ni costumbre aplicable.
Si no existe ni ley ni costumbre, el juez tiene la obligación de buscar un principio general del derecho que resuelva el caso. Llegado este punto, podemos ver en el Código Civil (artículo 1) que los jueces y tribunales tienen la obligación de resolver cualquier caso que se les plantee atendiendo a las fuentes del ordenamiento jurídico español. Por tanto, ya que todo caso expuesto ante el poder judicial se resolverá, se denota el carácter cerrado del ordenamiento. Las normas que garantizan esta característica son los principios generales del derecho.
Los principios generales del derecho se obtienen por deducción de lo establecido en las normas jurídicas. A este procedimiento se le llama analogía iuris.
3. Elementos de complementación. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Los elementos de complementación son los que tienen la función de atribuir un significado determinado a las normas jurídicas del ordenamiento. Los elementos de complementación son:
- La jurisprudencia del Tribunal Supremo español.
- La jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas.
De forma muy esquemática, podemos decir que la estructura judicial de nuestro país tiene tres niveles:
- Tribunal de primera instancia.
- Audiencia Provincial.
- Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas.
Si una persona tiene un conflicto jurídico con otra, tiene que presentar la demanda en el tribunal de primera instancia; si quiere presentar un recurso de apelación, tiene que dirigirse a la Audiencia Provincial. Si esta sentencia tampoco se ajusta a derecho, se puede presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Si la materia sobre la que se discute es una materia propia de la comunidad autónoma, se puede presentar el recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma.
La jurisprudencia se define como el conjunto de sentencias o decisiones dictadas por un tribunal.
Si consideramos la jurisprudencia una fuente del ordenamiento jurídico, los jueces y tribunales tienen la obligación de aplicar el mismo criterio a la hora de resolver determinados supuestos que el utilizado en casos anteriores. Si no la consideramos fuente del ordenamiento, las sentencias del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia no crean precedente.
En la justicia anglosajona se da el primer caso; en el ordenamiento jurídico español, el segundo.
En el Código Civil (artículo 1, apartado 6) se define la jurisprudencia como el criterio del Tribunal Supremo al aplicar las fuentes del ordenamiento jurídico, a saber, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Por tanto, queda claro que no se puede utilizar la jurisprudencia como fuente del ordenamiento.
Cuando se presenta un recurso de apelación (ante la Audiencia Provincial) o un recurso de casación (ante el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas) se pueden alegar dos tipos de motivos:
- Infracción de normas jurídicas: cuando la sentencia infringe la norma jurídica.
- Infracción de jurisprudencia: cuando la sentencia va en contra del criterio seguido por el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, es decir, en contra de la jurisprudencia de estos tribunales.
No obstante, si un recurso se presenta por infracción de norma jurídica, el Tribunal Supremo tiene la obligación de aplicar esta norma. Pero si se presenta alegando infracción de jurisprudencia, no tiene por qué seguir el mismo criterio que en sentencias anteriores y puede sentar un nuevo precedente.
El hecho de que la jurisprudencia se defina como una doctrina reiterada implica que un criterio tiene que ser utilizado en más de una ocasión; en concreto, en el ordenamiento jurídico español tienen que haber dos precedentes al menos para que ese criterio sea jurisprudencia.
4. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional tiene como misión fundamental conseguir que las fuentes del ordenamiento jurídico (principalmente las leyes) se adecuen a lo establecido en la Constitución, que no existan contradicciones entre la ley y la Constitución.
Si una ley es contradictoria a la Constitución, el Tribunal Constitucional anula esta ley y la excluye del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico. Esta exclusión se realiza a través de una sentencia que contiene lo que se denomina la declaración de inconstitucionalidad.
Existen dos vías para obtener la declaración de inconstitucionalidad:
- Recurso de inconstitucionalidad: es la petición para que una ley sea declarada inconstitucional. Se establece que solo determinadas personas o instituciones pueden presentar el recurso. En concreto: el Presidente del Gobierno central, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores, órganos colegiados del gobierno de la comunidad autónoma y el parlamento de la comunidad autónoma. El camino que debe seguir un particular para acudir al Tribunal Constitucional es el de presentar un recurso de amparo porque una ley vulnera sus derechos fundamentales.
- Cuestión de inconstitucionalidad: es la solicitud que presenta un juez o un tribunal pidiendo que una determinada ley sea declarada inconstitucional.
Cuando se acude al Tribunal Constitucional, pueden ocurrir dos cosas:
- Si el tribunal admite la cuestión o el recurso, entonces emite una sentencia estimatoria y la ley queda derogada y se excluye del ordenamiento jurídico.
- Si el tribunal no admite la cuestión o el recurso, se emite una sentencia desestimatoria; la ley queda declarada como válida y pasa a formar parte del ordenamiento jurídico. En este momento, ya no se pueden presentar más recursos o cuestiones de inconstitucionalidad.
5. El derecho de la Unión Europea y su influencia en el derecho interno
La Unión Europea tiene la facultad de crear normas jurídicas. Existen dos tipos de normas que emanan de la Unión:
- Reglamento comunitario: es la norma jurídica que vincula tanto a los Estados miembros de la UE como a los ciudadanos de estos Estados. Además, es de aplicación directa desde el momento en que entra en vigor.
- Directiva comunitaria: es la norma jurídica que vincula a los Estados miembros y a sus ciudadanos. No tiene, sin embargo, aplicación directa porque necesita de una ley del Estado a través de la cual se incorpore su contenido al ordenamiento jurídico del Estado (ley de incorporación o transposición); sin esta, la norma no tiene carácter obligatorio. Esto es así porque la directiva contiene una serie de orientaciones o criterios que el Estado miembro deberá utilizar al redactar la ley en la materia correspondiente. Lo que se pretende es que, al utilizar todos los Estados los mismos criterios, la orientación jurídica de las leyes sea común.
Lección 3: El ordenamiento jurídico de Cataluña
1. La coexistencia de ordenamientos jurídicos en el Estado español
En España, además del derecho civil general que tiene vigencia en todo el Estado, existen derechos civiles propios de determinadas comunidades autónomas que solo se aplican en su territorio. Esta situación no es nueva; proviene de la Edad Media. Aunque en el siglo XVIII desaparecen los antiguos reinos, se mantiene la existencia de los derechos civiles propios. Sin embargo, no existen los órganos que puedan regular este derecho civil y, por tanto, la única forma de mantener actualizado el ordenamiento es mediante las costumbres. El segundo problema es el de regular la coexistencia del derecho civil del Estado y los propios de las comunidades autónomas. Hay dos criterios para determinar qué código civil se aplica a cada supuesto:
- El de el Código Civil español (1889): esta solución pasa por distinguir en qué materias se aplica cada código:
- Aplicación del Código Civil español en materia de:
- Efecto y aplicación de leyes.
- Efectos personales del matrimonio:
- Forma.
- Requisitos.
- Convivencias → obligaciones.
- Crisis del matrimonio.
- Aplicación del Código Civil catalán en todas las materias no especificadas anteriormente. Pero como estos códigos no están muy desarrollados, lo que se aplica es la supletoriedad del Código Civil español para regular las materias que no aparecen en el Código Civil catalán. En 1960 se promulga la Compilación del Derecho Civil de Cataluña, que regula el derecho familiar y el de sucesiones.
- Aplicación del Código Civil español en materia de:
- El de la Constitución española (1978), que parte de tres grandes ideas:
- Reconoce la existencia de las comunidades autónomas y su derecho civil.
- Atribuye competencias legislativas a las comunidades autónomas.
- Mantiene la supletoriedad del derecho civil estatal con respecto al derecho civil de las comunidades autónomas.
El artículo 148.1 (8.º) de la Constitución española establece un reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Con lo relativo a la legislación civil, parte de la idea de que es competencia exclusiva del Estado. Sin embargo, se establece una excepción que dice que esta competencia se dará sin perjuicio de la capacidad exclusiva de las comunidades autónomas de conservar, modificar y desarrollar su propio derecho civil. Pero resulta que se establece otra excepción que dice que, aunque las comunidades autónomas tengan código civil propio, hay algunas materias que no pueden ser reguladas por ellas; estas son:
- Aplicación y eficacia de las normas jurídicas.
- Forma del matrimonio.
- Ordenación de registros e instrumentos públicos.
- Bases de las obligaciones contractuales.
- Conflicto de leyes.
- Fuentes del ordenamiento jurídico, si bien el Estado tiene que respetar los códigos civiles que establezcan sus propias fuentes.
El Gobierno estatal reconoce la capacidad del Gobierno catalán de desarrollar su derecho civil, pero entendiendo que solo puede regular las materias contenidas en la Compilación del Derecho Civil Especial de Cataluña (1960). Sin embargo, desde Cataluña se entiende que desarrollar significa simplemente la capacidad de regular todas las materias civiles. En cualquier caso, en Cataluña se han dictado leyes sobre materias civiles que no se contemplan en la Compilación.
La solución de la Constitución ha permitido a las comunidades autónomas ampliar el ámbito de aplicación de sus derechos civiles propios. También, con el reconocimiento de la facultad de legislar, ha permitido que las autonomías puedan regular materias que la solución del Código Civil no contemplaba.
2. El ordenamiento civil de Cataluña: su carácter incompleto
El derecho civil de Cataluña se puede definir como el conjunto de normas jurídicas que se aplican en Cataluña y a los catalanes. Sus fuentes coinciden con las del derecho civil español: la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La ley no ha tenido importancia hasta bien entrado el siglo XX; hasta la Compilación (1960) se puede decir que el derecho civil de Cataluña no había tenido leyes propias. Pero desde la Constitución (1978) se han promulgado muchas leyes y, por tanto, se han convertido en la fuente principal. En 2002 se empezó la publicación del Código Civil catalán, que pretende regular todas las materias civiles.
Si en Cataluña se aplica derecho civil español y catalán, nos podemos plantear si con esto estamos negando el carácter cerrado (y por tanto ser un ordenamiento jurídico) del derecho civil catalán. Para resolver esta cuestión hay que distinguir las formas de aplicación de la legislación estatal:
- Aplicación necesaria: se aplica la legislación estatal en materias no reguladas por el derecho civil de Cataluña porque el legislador catalán (la Generalitat) no tiene competencias para regularlas (todas las materias que la Constitución reserva al Estado). Esta aplicación no es supletoria, no se niega el carácter cerrado.
- Aplicación supletoria: se aplica la legislación estatal en materias no reguladas por el derecho civil catalán porque la Generalitat no ha ejercido las competencias que tiene para regularlas.
Podemos concluir que el derecho civil de Cataluña no es un ordenamiento jurídico completo, pues no tiene carácter cerrado, ya que la Generalitat no ha legislado todas las materias en las que tiene competencias. Por tanto, a medida que el legislador catalán ejerza sus competencias, el ámbito de aplicación supletoria se reducirá, y llegará un momento en que desaparecerá; es decir, la aplicación supletoria es provisional.
3. La relación entre el derecho civil catalán y el derecho civil estatal en Cataluña
La cuestión de cuándo se aplica cada derecho civil en Cataluña se resuelve, prácticamente, con la distribución de competencias en materia civil:
- Regulación de competencias exclusivas del Estado (Constitución, artículo 149):
- Aplicación directa de la legislación estatal.
- Regulación que corresponde a las comunidades autónomas (Cataluña) y no corresponde al Estado; podemos distinguir tres casos:
- Existe legislación catalana y no estatal.
- Existe legislación catalana y estatal. → Aplicación preferente del derecho civil catalán.
- No existe legislación catalana y sí estatal. → Aplicación supletoria del derecho civil estatal.
Una última situación a tener en cuenta es la aplicación supletoria del derecho civil catalán o del derecho civil estatal con respecto a los derechos privados especiales (mercantil y laboral). Cuando se produce un supuesto en el que es necesario utilizar la supletoriedad, esta función la desempeña el derecho civil de la comunidad autónoma.
4. La relación entre el derecho civil catalán y el resto de derechos civiles territoriales
Cataluña no es la única comunidad autónoma con derecho civil propio: Aragón, Baleares, Galicia, Navarra y el País Vasco también lo poseen. En principio podríamos pensar que no pueden existir relaciones entre los derechos civiles propios, ya que cada uno tiene un ámbito territorial determinado. No obstante, la aplicación no solo viene marcada por el ámbito de vigencia territorial, sino también por la vigencia personal. Veamos las características de cada vigencia:
- Vigencia territorial: determinada por el territorio de competencia de la comunidad autónoma.
- Vigencia personal: determinada por la pertenencia personal a la comunidad autónoma con derecho civil propio. Se determina a partir de la vecindad civil.
Hay dos tipos de vecindad civil:
- Vecindad civil común: es la de toda persona que no pertenezca a una comunidad autónoma con derecho civil propio. Se aplica a esta persona el derecho civil estatal.
- Vecindad civil especial: es la de las personas que pertenecen a una comunidad autónoma con derecho civil propio, y determina que a esa persona se le aplica el derecho civil de la comunidad autónoma.
La adquisición de la vecindad civil se establece en el Código Civil (artículo 14), que establece tres criterios de adquisición:
- Nacimiento: el hijo de padres de una determinada vecindad civil adquiere esa vecindad civil. En el caso de vecindades civiles distintas, los padres, en los seis meses siguientes al nacimiento, pueden atribuir la vecindad del hijo. Si no realizan esta atribución, el hijo tiene la vecindad del lugar de nacimiento.
- Residencia: toda persona que resida durante diez años en una comunidad autónoma obtiene automáticamente la vecindad civil de esa comunidad autónoma si no manifiesta lo contrario. Con residencia de dos años, si se manifiesta la voluntad de adquirir la vecindad civil, también se obtiene.
El conflicto entre dos derechos civiles propios puede plantearse cuando la aplicación del derecho viene determinada por la vigencia personal.
La parte del derecho que se ocupa de regular situaciones jurídicas que son susceptibles de ser reguladas por dos derechos civiles distintos es el derecho interregional. Esta situación se denomina conflicto de leyes y se resuelve con la norma de conflicto.
La norma de conflicto es aquella norma jurídica que nos dice qué derecho civil es aplicable para resolver la situación que puede ser regulada por dos derechos civiles distintos. Las normas de conflicto que resuelven el derecho interregional se reconocen en el Código Civil español (artículo 16), que a su vez nos remite a los artículos 9 y siguientes.