Fundamentos del Derecho Administrativo y Procedimiento Legal en España
Enviado por Chuletator online y clasificado en Derecho
Escrito el en 
español con un tamaño de 4,89 KB
El Decreto Legislativo y la Delegación de Poderes
El decreto legislativo es una norma con rango de ley dictada por el Gobierno en virtud de una delegación expresa de las Cortes Generales. Dicha delegación debe hacerse mediante una ley de bases, cuando se trate de textos articulados, o mediante una ley ordinaria, cuando tenga por objeto la refundición de varios textos legales en uno solo. La delegación debe ser concreta, para una materia determinada y por un plazo determinado, y no puede entenderse concedida de forma implícita.
La Nulidad de Pleno Derecho
La nulidad de pleno derecho se produce cuando el acto administrativo incurre en vicios especialmente graves previstos por la ley. Son nulos de pleno derecho, entre otros:
- Los actos que lesionan derechos y libertades fundamentales.
- Los dictados por órgano manifiestamente incompetente.
- Los que tienen un contenido imposible.
- Los constitutivos de infracción penal.
- Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
- Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren derechos o facultades sin reunir los requisitos esenciales para ello.
Los Interesados en el Procedimiento Administrativo
Son interesados en el procedimiento administrativo:
- Quienes lo promueven como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
- Quienes, sin haberlo iniciado, puedan resultar afectados por la resolución que se adopte.
- Quienes se personen en el procedimiento acreditando un interés legítimo.
También tienen la condición de interesados las asociaciones y organizaciones representativas cuando defiendan intereses colectivos en los términos previstos por la ley.
Recursos Administrativos y Control Judicial
El Recurso de Alzada
El recurso de alzada es un recurso administrativo que se interpone contra los actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa. Se presenta ante el órgano superior jerárquico al que dictó el acto impugnado y su resolución sí pone fin a la vía administrativa, permitiendo posteriormente acudir al recurso contencioso-administrativo.
El Recurso Contencioso-Administrativo
El recurso contencioso-administrativo permite a los jueces controlar la legalidad de la actuación de la Administración. Puede interponerse contra los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa y contra los actos de trámite cualificados que:
- Decidan el fondo del asunto.
- Impidan continuar el procedimiento.
- Produzcan indefensión o causen un perjuicio irreparable.
El conocimiento del recurso corresponde a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
Concepto de Derecho Administrativo
El Derecho Administrativo es el derecho propio y específico de las Administraciones Públicas, que regula su organización, el ejercicio de las potestades administrativas y su control judicial. Es un derecho público, estatutario, común y específico, caracterizado por el equilibrio entre los privilegios de la Administración y las garantías de los ciudadanos.
La Administración Pública
La Administración Pública es una organización social dotada de personalidad jurisdiccional y de poder público, con la finalidad institucional de servir al interés general, sometiéndose plenamente a la ley, al derecho y al control judicial.
Mecanismos de Delegación Legislativa
La delegación se realiza mediante una ley de bases, aprobada por las Cortes Generales, que fija principios y directrices, y habilita al Gobierno para aprobar un texto articulado que los desarrolle. La delegación debe ser expresa, para una materia concreta y con un plazo determinado.
Ejecución Forzosa y Autotutela Administrativa
La Ejecución Forzosa
La ejecución forzosa es la potestad de la Administración para imponer el cumplimiento de sus actos administrativos cuando el obligado no los cumple voluntariamente. Se apoya en el principio de autotutela ejecutiva y permite a la Administración ejecutar directamente sus decisiones sin necesidad de acudir previamente a los tribunales, utilizando los medios de ejecución previstos legalmente.
La Autotutela
La autotutela es la potestad de la Administración Pública para declarar por sí misma derechos y obligaciones y para ejecutar forzosamente sus actos sin necesidad de acudir previamente a los tribunales, siempre dentro de los límites establecidos por la ley.