Fuentes del Derecho Procesal Penal: Constitución, Tratados, Ley y Principios Clave
1. Las fuentes del derecho procesal penal
Las fuentes del derecho procesal penal están integradas por la Constitución, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y las leyes especiales.
La Constitución
La Constitución constituye la norma suprema, a la cual debe adecuarse la totalidad del ordenamiento procesal penal. De tal suerte que, si un juez o tribunal penal estima que algún precepto no se adapta a ella, puede plantear la cuestión de inconstitucionalidad, para que el Tribunal Constitucional lo expulse del ordenamiento.
Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos
Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos constituyen fuente de producción de derecho procesal penal. Cabe destacar los Pactos Internacionales de Derechos Humanos según lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Constitución.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal
La Ley de Enjuiciamiento Criminal constituye nuestro código procesal penal, a cuyas prescripciones deben someterse los tribunales de conformidad con lo dispuesto en el principio de legalidad procesal, según el artículo 1 de dicho código.
Las leyes especiales
Las leyes especiales también son fuente del derecho procesal penal. Debe distinguirse, tras la promulgación de nuestra Constitución, las materias que afectan al desarrollo de los derechos fundamentales, las cuales deberán ser objeto de ley orgánica.
2. El principio de legalidad
Por dicho principio de legalidad cabe entender el derecho de toda persona a no ser condenada a una pena privativa de libertad que no se encuentre prevista en la norma de rango de ley orgánica, anterior a la comisión del hecho punible o posterior, si es más favorable, y que permita la predeterminación suficiente de la conducta ilícita y de la sanción aplicable, para que pueda ser conocida por su autor, así como a no ver incrementada su condena por obra de la revisión legislativa o jurisprudencial.
3. El derecho a los recursos
Es un derecho fundamental que asiste exclusivamente al condenado en el proceso penal, consistente en obtener la revisión jurisdiccional de su sentencia condenatoria.
El derecho a recurso del condenado se encuentra previsto en el artículo 2.1 del Protocolo nº 7 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 22 de noviembre de 1984, en vigor desde el 1 de noviembre de 1988, conforme al cual: «Toda persona declarada culpable de una infracción penal por un tribunal tendrá derecho a que la declaración de culpabilidad o la condena sea examinada por un órgano jurisdiccional superior.» El ejercicio de dicho derecho, incluidos los motivos por los que podrá ejercerse, se regularán por la ley. El contenido de dicho derecho se reduce a someter a un tribunal superior el fallo condenatorio y la pena, conforme a lo prescrito en la ley.
Dichas declaraciones, que forman parte de nuestro ordenamiento interno en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Constitución, vienen a integrar o interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales y, dentro de ellas, naturalmente, el derecho al proceso debido del artículo 24.2 de la Constitución.
4. Competencia funcional en el proceso penal
Se entiende por competencia funcional los criterios legales de atribución del conocimiento del objeto procesal en atención a las distintas fases procesales que integran el procedimiento penal: la fase declarativa, la de impugnación y la de ejecución.
Fase declarativa
Debido a la circunstancia de que el proceso penal se descompone en tres fases (instructora, intermedia y de juicio oral), debemos distinguir a qué órganos jurisdiccionales corresponden dichas subfases del proceso de declaración:
- Instrucción: corresponde a los juzgados que llevan dicho nombre, es decir, los juzgados de instrucción, centrales de la Audiencia Nacional incluidos, y en determinados delitos, a los juzgados de violencia sobre la mujer.
- Fase intermedia: según su índole, el procedimiento distingue:
- a) En el procedimiento abreviado, en el procedimiento con jurado y en los juicios rápidos, la competencia corresponde a los juzgados de instrucción.
- b) En el denominado sumario ordinario, dicha competencia corresponde a la Audiencia Nacional.
Fase de impugnación
- a) Juzgados de instrucción.
- b) Audiencias provinciales.
- c) Tribunales Superiores de Justicia (Sala de lo Civil y de lo Penal).
- d) Audiencia Nacional (Sala de lo Penal).
- e) Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (Sala 2.ª).
Fase de ejecución
Como regla general, la competencia funcional para conocer del proceso de ejecución corresponde al órgano jurisdiccional que haya dictado sentencia en primera o única instancia.