1. Conclusiones e informes orales

El trámite de conclusiones e informes se prevé de manera específica en las normas del juicio ordinario: artículo 433, apartados 2 a 4, LEC. Este precepto determina que las partes, en este acto, podrán ―de forma oral e inmediatamente después de la práctica de la prueba― expresar qué hechos entienden que han quedado probados, cuáles consideran admitidos o notorios y en consecuencia exentos de prueba, qué hechos deben quedar fijados por presunción, y cuáles han de considerarse no probados y cuya carga de la prueba correspondía a la parte contraria (art. 433.2). A la vez, se concede a las partes la posibilidad final de «informar sobre los argumentos jurídicos en que se apoyen sus pretensiones, que no podrán ser alteradas en ese momento» (art. 433.3). 

En cambio, las normas del juicio verbal no contemplaban la existencia de conclusiones e informes en el juicio verbal. Sin embargo, como la diferenciación en este punto entre el juicio ordinario y el juicio verbal carecía de una justificación objetiva y razonable, la ley 42/2015 ha modificado el artículo 447.1-I de la LEC, para conceder al juez la potestad de permitir o no las conclusiones en el juicio verbal común y en la mayoría de los juicios verbales especiales: «[una vez] practicadas las pruebas, el tribunal podrá conceder a las partes un turno de palabra para formular oralmente conclusiones. A continuación, se dará por terminada la vista y el tribunal dictará sentencia dentro de los diez días siguientes.

En el juicio ordinario, como el destinatario de las conclusiones e informes es el tribunal, «si no se considerase suficientemente ilustrado» el órgano judicial podrá requerir a las partes para que aclaren o amplíen sus afirmaciones finales, cuando lo estime necesario para resolver el asunto (art. 433.4 LEC). A falta de una autorización legal expresa, como la prevista para el juicio ordinario, en el juicio verbal el tribunal no podrá efectuar a las partes preguntas o requerimientos de ninguna clase.

2. Diligencias finales

En el juicio ordinario, el Tribunal dispone del plazo de veinte días para dictar sentencia, desde que finalice el acto del juicio (art. 434.1 LEC). Durante este plazo las partes pueden solicitar y el Tribunal acordar ciertas actuaciones de prueba, llamadas diligencias finales, reguladas en los artículos 435 y 436 LEC. Si se acordasen tales diligencias «quedará en suspenso el plazo para dictar [sentencia]» (art. 434.2 LEC). No obstante, a tenor del apartado 2 del artículo 436, el plazo de veinte días para dictar sentencia no se suspende sino que se interrumpe puesto que «volverá a computarse» cuando transcurra el plazo otorgado para concluir las diligencias finales.

Las diligencias finales están habilitadas para practicar pruebas cuando concurran circunstancias especiales, pues «no se practicarán como diligencias finales las pruebas que hubieran podido proponerse en tiempo y forma por las partes» (art. 435.1 1ª LEC). El tribunal podrá acordar mediante auto y solo a instancia de parte, como diligencias finales, la práctica de las actuaciones de prueba siguientes:

i)Las pruebas admitidas que no se hubiesen practicado por causas ajenas a la parte que la

hubiese propuesto (art. 435.1 2ª LEC).

ii)Las pruebas sobre hechos nuevos o de nueva noticia (art. 286 LEC), declaradas

pertinentes y útiles y admitidas por el tribunal (art. 435.1 3ª LEC).

3. La sentencia

La sentenciaes el acto judicial por el que se resuelve la cuestión litigiosa, poniendo fin a la instancia o al recurso de que se trate tras la tramitación ordinaria prevista en la Ley (art. 206, regla 3.ª LEC. Así pues el proceso declarativo, normalmente, finaliza mediante una sentencia que pone fin a su primera instancia y, en la medida que la misma ha podido resolver sobre la cuestión de fondo, sin perjuicio de que contra la misma pueda existir un recurso ordinario (apelación) o extraordinario (casación). Por otra parte se habla de sentencia firme (y se da el efecto de cosa juzgada) cuando frente a la misma no cabe la posibilidad de interponer recurso; mientras frente a las sentencias definitivas sí existe la posibilidad de recurrir, aunque en los términos y condiciones previstos por el legislador.

La sentencia ha de dictarse en el plazo de veinte días desde que finaliza el acto del juicio, de ser un juicio ordinario (art. 434.1 LEC); y en el plazo de diez días desde que finaliza la vista, en el juicio verbal (art. 447.1 LEC). Para respetar la inmediación en sentido estricto, la sentencia se impondrá por el Juez o los Magistrados que hayan presenciado el juicio o la vista, y en particular la práctica de la prueba (art. 194 LEC). En los órganos colegiados, la sentencia se adoptará por mayoría de votos; sí algún miembro del Tribunal discrepa del parecer mayoritario tendrá que firmar la sentencia igualmente, que es del órgano y no de sus integrantes, pero podrá expresar su distinto criterio mediante un voto particular.

La sentencia de fondo puede ser totalmente estimatoria, si acoge todas las pretensiones del actor; o bien desestimatoria, si rechaza todas las acciones ejercitadas y absuelve al demandado, y, en su caso, parcialmente estimatoria por un lado y parcialmente desestimatoria por otro. 

4. La terminación anticipada del proceso civil

A)Renuncia del actor.― La primera de estas formas es la renuncia del actor: si el actor dispone de la iniciativa en el inicio del proceso civil, es razonable que también puede adoptar la decisión de prescindir definitivamente de sostener o mantener la petición de tutela formulada en la demanda, de forma que tras el acto que contiene su manifestación de voluntad de renunciar, el Tribunal dictará sin más actuaciones una sentencia absolutoria para el demandado o desestimatoria de la pretensión del actor (art. 21.1 LEC

B)Desistimiento del actor. El desistimiento, es un acto del actor o demandante por el que manifiesta su voluntad de abandonar el proceso iniciado por él, pero reservándose la posibilidad de comenzarlo de nuevo más

C)Allanamiento del demandado. Es el acto procesal por el que el demandado se conforma con la petición de tutela del actor; en este caso, y a la inversa de lo que sucede en la renuncia

D)Transacción. Como es sabido, el Código Civil (art. 1809) regula el contrato de transacción, por medio del cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan un pleito o ponen fin a uno ya iniciado.

E)Satisfacción extraprocesal de la pretensión: El actor inicial o el reconvencional formulan, respectivamente, una petición de tutela jurisdiccional que se sustenta en un interés legítimo en obtenerla que ha de mantenerse durante la litispendencia

F)Caducidad de la instancia. para garantizar que la situación de litispendencia no se va a prolongar indefinidamente; y guarda relación con la posibilidad que tienen las partes de solicitar la suspensión del proceso, lo que podrán hacer, de común acuerdo, por un plazo no superior a sesenta días (art. 19.4 LEC.

G)Sobreseimiento del proceso. La falta de un requisito o presupuesto procesal, es decir, cuando de oficio o a instancia de parte se aprecie la ausencia de alguno de ellos, originará un auto de sobreseimiento, que deja la cuestión litigiosa sin resolver y permite un nuevo proceso sobre el mismo

Lección 15ª. LOS RECURSOS

1. Los recursos. Generalidades

Clasificación.― Los recursos regulados por la ley pueden clasificarse:

―En atención al órgano que resuelve la impugnación:

•Recursos no devolutivos: el propio juez/magistrado/secretario judicial que ha dictado la resolución, conoce del procedimiento impugnativo y dicta la resolución en la que se pronuncia sobre la impugnación. En esta clase de recurso, el órgano a quo y el órgano ad quem son el mismo órgano. A esta clase pertenece el recurso de reposición.

•Recursos devolutivos: El órgano ad quem es siempre un órgano distinto y superior del que dictó la resolución impugnada (órgano a quo). Son recursos devolutivos la revisión, apelación, la casación, el extraordinario por infracción procesal y la queja.

― Según los motivos de impugnación:

•Recursos ordinarios: las razones o motivos para impugnar la resolución son genéricos y no específicos. Reposición, revisión, apelación y queja son recursos ordinarios.

•Recursos extraordinarios: determinadas resoluciones sólo pueden ser recurridas por los motivos tasados legalmente. A esta clase pertenecen los recursos de casación y el extraordinario por infracción procesal.

2. ¿Existe el derecho subjetivo-procesal a recurrir cualquier resolución?

Cuando el legislador ha establecido un sistema de recursos contra las resoluciones de los órganos jurisdiccionales ¿toda resolución debe ser recurrible? O lo que es lo mismo: ¿las partes tienen derecho a recurrir cualquier resolución? Aun cuando la parte procesal se sienta perjudicada por una resolución judicial^[1], no existe un derecho sin más a disponer de un recurso, puesto que el mismo se ha tenido que contemplar expresamente por el legislador con arreglo a determinados requisitos de acceso. Es por eso que cada recurso tiene su ámbito de aplicación y la ley procesal determina los supuestos en los que podrá ser utilizado por las partes.

El TC considera que el derecho subjetivo procesal de recurrir las resoluciones del órgano jurisdiccional se inserta dentro del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la CE. Tanto uno como otro son derechos de configuración legal de modo que no se vulnera el derecho a la tutela porque el legislador no haya establecido la procedencia de un recurso contra una determinada resolución de un órgano jurisdiccional. Las partes tienen derecho a utilizar los recursos determinados por el legislador, en los supuestos y con los requisitos establecidos. Si el legislador procesal no permite recurso alguno, no hay infracción del derecho a la tutela judicial efectiva. Un 

3. Requisitos generales que se han de cumplir para que el recurso pueda ser admitido por el órgano a quo

•El órgano a quo ha de tener competencia funcional para conocer de la interposición del recurso, en cuyo caso procederá a admitir o no el recurso interpuesto.

•El sujeto que recurre ha de tener la condición de parte procesal, en la instancia o en un grado anterior, y podrá recurrirla si la resolución le ha causado un perjuicio o gravamen

•La resolución debe ser recurrible, es decir, que no sea firme por naturaleza.

•Plazo de interposición.

•El escrito de interposición debe contener la fundamentación mínimamente exigida

•El depósito para recurrir. Se exige el depósito para todos los recursos que se interpongan por escrito en el orden jurisdiccional civil.

4. Efectos de los recursos 

•La interposición del recurso impide la firmeza de la resolución recurrida. Por tanto, se consigue la suspensión de la cosa juzgada formal.

•Asimismo, si no se indica otra cosa, el acto de interposición del recurso suspende la eficacia o la ejecución de la resolución recurrida (efecto suspensivo).

•Cuando el órgano ad quem es distinto y superior del órgano a quo se dice que hay efecto devolutivo

5. La impugnación de las resoluciones del Secretario Judicial

Contra las resoluciones del secretario judicial, diligencias de ordenación y decretos, las leyes procesales articulan dos tipos de recursos, el recurso de reposición y el recurso de revisión recurso de revisión (art. 454 bis LEC): fue introducido en la LEC por la reforma de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de implantación de la nueva oficina judicial.

Es un recurso ordinario, regulado en el artículo 454 bis LEC, de carácter devolutivo (el Secretario judicial es el órgano a quo y el tribunal es el órgano ad quem) sin efectos suspensivos, del que conoce el tribunal del proceso.

Procede contra los decretos que pongan fin al procedimiento o impidan su continuación (decretos definitivos) y contra los decretos no definitivos contra los que la ley prevea recurso directo de revisión. La admisión corresponde al Secretario Judicial que, en caso de hacerlo, concederá a las demás partes un plazo común de cinco días para que puedan impugnarlo; sin embargo, si el Secretario judicial aprecia que se ha incumplido el plazo previsto o la clase de resolución que cabe impugnar, trasladará las actuaciones al Juez o Magistrado para que sea él, mediante providencia, quien inadmita el recurso. Contra las resoluciones que decidan sobre la admisión de la revisión, no cabrá recurso de ningún tipo. El auto del tribunal que resuelve el recurso de revisión será apelable si se trata de un auto definitivo.

6. El recurso de reposición

Es un recurso ordinario, regulado en los artículos 451 a 454 LEC, de carácter no devolutivo y sin efectos suspensivos, que conoce el órgano que dictó la resolución recurrida. Procede contra las:

•Providencias y autos no definitivos del tribunal. Éste resuelve mediante auto.

•Diligencias de ordenación y decretos no definitivos dictados por el Secretario judicial. Éste resuelve por medio de decreto.

Como se trata de un recurso ordinario, la LEC no especifica los motivosconcretos en que deba fundarse, pero al tratarse de impugnaciones de decisiones procesales, los preceptos infringidos ―que, en todo caso, deben especificarse (art. 452.1 LEC)― han de ser de esa misma naturaleza.

Se ha de interponer por la parte perjudicada por la resolución de que se trate en el plazo establecido desde que se le notifique dicha resolución (art. 452.1 LEC), debiendo acompañar el correspondiente depósito (25 euros). La interposición no tiene efecto suspensivo (art. 451.3 LEC), lo que significa que lo acordado en la resolución producirá los efectos establecidos legalmente. Si el recurso resulta admitido a trámite por haberse presentado en plazo, se da traslado del mismo a las demás partes para que en el mismo plazo aleguen lo que consideren pertinente (art. 453.1 LEC). Sin más trámites, el Tribunal o el Secretario Judicial, según el caso, resolverán en otro plazo idéntico estimando o no la reposición, el primero mediante auto y el segundo mediante decreto (art. 453.2 LEC).

Frente al auto que resuelve un recurso de reposición no cabrá otro recurso posterior, pero la cuestión controvertida se podrá reproducir al recurrir

7. Recurso de apelación: Apelación y segunda instancia

El recurso de apelación es un recurso ordinario y devolutivo, regulado en los artículos 455 a 465 LEC, del que conoce la Sección de lo Civil de la Audiencia Provincial, si la resolución la hubiera dictado un Juzgado de Primera Instancia o un Juzgado de lo Mercantil, o el Juzgado de Primera Instancia, cuando la resolución la haya dictado un Juzgado de Paz de su partido (art. 455.2

LEC; obsérvese que los Juzgados de lo Mercantil no aparecen en el apartado 2 número 2º). La interposición del recurso de apelación suspende la ejecución de la sentencia apelada, pero este efecto suspensivo puede neutralizarse si se solicita y se obtiene la ejecución provisional (art. 456.3 LEC).

Procede contra i) autos definitivos, ii) autos no definitivos que la ley expresamente señale y iii) sentencias dictadas en cualquier proceso declarativo.

Apelación y segunda instancia.― Es cierto que el recurso de apelación, como acto de parte, puede abrir o generar la segunda instancia, y que ésta no tiene lugar sin la interposición previa del recurso de apelación. Si el proceso declarativo se encuentra en segunda instancia es porque se ha interpuesto y admitido el recurso de apelación. Hay una relación de causa (recurso) a efecto (segunda instancia).

Sin embargo, no siempre que se interpone el recurso de apelación se abre la segunda instancia: i) en la ejecución forzosa o ii) en las medidas cautelares el recurso de apelación no permite una segunda instancia (por razones obvias); iii) el recurso de apelación contra las resoluciones que deniegan las diligencias preliminares solicitadas (258.2 y 260.4 LEC), tampoco permite la apertura de la segunda instancia porque ni siquiera ha comenzado la primera; iv) ni en los casos de los arts. 41 y 43 LEC (prejudicialidad).

La segunda instancia supone un nuevo examen del objeto del proceso ante un órgano jurisdiccional de grado superior, una revisión del juicio de primera instancia, tanto en sus aspectos fácticos como en los jurídicos, pero exclusivamente sobre la base de los materiales de la primera instancia [revisio prioris instantiae (revisión de la anterior instancia)]. No se trata de revisar los errores fácticos y los errores jurídicos, que también, sino de ofrecer una segunda oportunidad, un segundo examen de las peticiones formuladas de tutela jurisdiccional, aduciendo cualquier fundamento o razón. No solo se trata, pues, en la segunda instancia de resolver el mismo problema que se planteó en la primera, sino que además únicamente pueden emplearse para ello los datos con los que operó el Tribunal cuya sentencia se impugna.